Lo que no se cuenta no cuenta

La reducción de la pobreza, la protección social y el empoderamiento femenino todavía no son temas prioritarios en la agenda del gobierno. La pobreza nunca se estudió directamente en el país, mientras la elevada deuda pública y los problemas crónicos de déficit recibieron más atención que los derechos humanos de la mujer y la baja participación femenina en la vida política y económica.

Pobreza poco medida

No existe una idea integral y precisa de la pobreza en el Líbano. Hasta la fecha no se realizaron estudios ni encuestas científicas dirigidas a medir y analizar la pobreza en el país.[1] La limitada información disponible se obtuvo en estudios con otros fines de instituciones oficiales como el Ministerio de Asuntos Sociales, la Administración Central de Estadísticas (ACE) o cálculos de instituciones de investigación o expertos individuales.

Según un estudio hecho por la ACE en 1998 sobre las Condiciones de vida en los hogares del Líbano, más de 37% de los hogares declaró que sus ingresos eran insuficientes, en muchos casos inferiores a LBP 800.000 (USD 533).

Un estudio adoptado oficialmente por el gobierno y los organismos de la ONU en el país es el Mapeo de las condiciones de vida en el Líbano (MCV),[2] de 1998, que usó el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y utilizó cinco categorías. La población que integra la categoría muy baja y baja es considerada pobre pues sus necesidades básicas se perciben como insatisfechas, por lo que 35% de la población vive por debajo del umbral de la necesidad y 7,09% en situaciones de extrema necesidad. El MCV también reveló disparidades entre Líbano central y las regiones periféricas y rurales y señaló que la mayor proporción de población pobre vive en regiones urbanas, más específicamente en los bolsones que rodean a las grandes ciudades.

Los resultados según el método de NBI y los indicadores de ingreso del MCV exhiben resultados similares. De acuerdo con el NBI, 32% de la población es pobre, pero la proporción sube a entre 37% y 43% al usar el método del indicador del ingreso.

Quince años después del fin de la guerra civil de 1975-1990 es prácticamente imposible saber si hubo mejoras en las condiciones de vida de la población. No obstante, a partir de la información sobre el desempeño económico y las intervenciones del gobierno se desprende que no hubo mejoras significativas.

Líbano padece recesión. El crecimiento económico descendió de 4% en 1996 a -0,5% en 2000 para después repuntar levemente, pero sin superar 2%.[3] El desempleo también va en aumento, de 8,5% en 1997 a 11,5% en 2001.[4] En este período no se aplicó ninguna política de redistribución del ingreso ni se modificó el valor del salario mínimo (USD 200). En cambio, con el objetivo de aumentar el ingreso público, el gobierno incorporó dos impuestos nuevos, el Impuesto al Valor Agregado, un impuesto indirecto sin consecuencias para la redistribución de la riqueza y la renta que muchos consideran regresivo y un impuesto fijo sobre los intereses de la renta que tampoco tiene un efecto progresivo. De hecho, las políticas del gobierno en los últimos años se dedicaron particularmente a contener la elevada deuda pública y el déficit fiscal crónico adoptando varias medidas de austeridad.

El marco político no contribuye a crear y aplicar una estrategia integral para el desarrollo social y la reducción de la pobreza. El alivio de la pobreza y la protección social siguen sin tener prioridad en la agenda nacional. Las intervenciones públicas se orientaron a curar los síntomas de las malas condiciones de vida mediante la prestación de servicios sociales y la atención social en lugar de crear mecanismos sostenibles para el desarrollo y la reducción de la pobreza.

Análisis de género

Este panorama general muestra que Líbano todavía no tiene una medida precisa de la pobreza y que los estudios existentes solamente proporcionan mediciones aproximadas. Resulta incluso mucho más difícil analizar los aspectos de género de la pobreza, especialmente la unidad de análisis es el hogar. Para evaluar la pobreza femenina y decidir si hubo avances deben utilizarse los indicadores de desarrollo existentes. Es necesario determinar si los logros son sostenidos y si las mujeres tienden a recaer en la pobreza cuando están bajo presión social y económica.

Líbano participó en los principales foros internacionales sobre equidad de género y ratificó los principales acuerdos, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Plataforma de Acción de Beijing y, más recientemente, la Cumbre del Milenio. Para realizar el seguimiento de los asuntos de la mujer en coordinación con organismos de gobierno y no gubernamentales, el gobierno creó el Comité Nacional de Mujeres Libanesas. Se creó un Plan Nacional de Acción para la Mujer con el fin de empoderar a las mujeres y enfrentar la discriminación social mediante varios proyectos. A pesar de algunas reservas,[5] este tipo de participación indica el compromiso del gobierno para resolver los obstáculos que padecen las mujeres y ayudarlas a generar capacidades.

Buenos indicadores en salud y educación

Líbano logró que las mujeres disfruten de dos de los derechos humanos más básicos: la salud y la educación. Ese es un buen paso en la lucha contra la feminización de la pobreza. La esperanza de vida de la mujer asciende a 75,1 años, comparada con 71,9 años para los hombres, lo que otorga a las mujeres una ventaja de 3,2 años. Este indicador está al nivel de los países de medianos ingresos.[6] También se avanzó en pos de la equidad de género en materia educativa. La brecha de género en el acceso a la educación es mínima en todos los niveles. La matrícula escolar en 1997 era igual para varones y niñas en todas las edades hasta los 16 años, y luego de esa edad la matrícula femenina era superior en el grupo de 16 a 18 años. A nivel universitario, más de la mitad de los alumnos matriculados eran mujeres. Las mujeres también llevan la ventaja sobre los varones en lo que respecta al desempeño. En 1997-1998 y 2000-2001 los hombres estaban rezagados frente a las mujeres en todos los niveles de la enseñanza.[7]

No obstante, la discriminación de género debe señalarse al tomar en cuenta otras necesidades. Mediante el método NBI las mujeres constituyen 54% de las personas con una satisfacción muy baja de las necesidades básicas y 51% de las personas con satisfacción baja de necesidades (las mujeres constituyen 50,4% de la población). Los hogares con jefatura femenina siguen siendo los más pobres, y representan 14% de todos los hogares.[8]

Gráfico 1. Distribución de hombres y mujeres según grado de satisfacción de necesidades básicas

Escasa participación en la economía formal

Es importante analizar si las mujeres fueron capaces de convertir sus capacidades en logros sostenibles, o lo que Amartya Sen llama “funcionamientos”, que pueden protegerlas de recaer en la pobreza. Eso se puede evaluar analizando los valores de participación económica.

La participación económica femenina fue de 21% en 1997 y subió a 25% en 2001. A pesar de ese avance, la participación económica sigue siendo muy débil cuando se toman en cuenta la proporción femenina de la población y los logros educativos femeninos. Los bajos valores pueden atribuirse a obstáculos como la discriminación salarial y la segregación laboral. La distribución de mujeres trabajadoras por sector muestra que la mayoría toma empleos asociados a su rol tradicional de madre y cuidadora (27,8% y 29,4% de las mujeres trabajaron en la profesión docente en 1997 y 2001 respectivamente). Las mujeres también ocupan cada vez menos cargos directivos, ya que la proporción de mujeres en ese tipo de trabajos descendió de 13,7% en 1997 a 6,4% en 2001.[9] Como se ignora por completo el costo de oportunidad de la labor doméstica de las mujeres y el tiempo que insume, las mujeres siguen en desventaja económica y tienen menores incentivos para alcanzar su potencial absoluto.

La participación económica aumenta decididamente el potencial de bienestar y seguridad económica, sin mencionar sus beneficios no materiales. Pero incluso como parte de la fuerza de trabajo, las mujeres en Líbano son más vulnerables al empobrecimiento como consecuencia de la desfavorable situación macroeconómica imperante desde 1997.

Durante este período de recesión la creación de empleos fue insignificante y el desempleo afectó más a las mujeres que a los hombres. En 1997 el desempleo femenino era de 7,2% frente a 9% para los hombres, aumentando a 18,2% en 2001, casi el doble del desempleo masculino (9,3%). La emigración brindó una opción a los hombres desempleados, pero las trabajadoras emigrantes fueron la mitad que los hombres en la franja de edad más importante para la actividad económica (30 a 54 años). Por lo tanto, cada vez más mujeres se vieron empujadas al sector informal, lo que aumentó el empobrecimiento.

Dado que los servicios básicos se prestan principalmente a quienes trabajan en el sector formal, la baja participación económica femenina y el impacto de la recesión económica mantiene a las mujeres más vulnerables a merced de sus familias y organizaciones de beneficencia (particularmente de las comunidades religiosas). Este tipo de apoyo recibe la influencia de las relaciones dentro del hogar, que inclinan la balanza a favor de los hombres tanto legalmente como en la práctica. La legislación familiar (matrimonio, divorcio, herencia, custodia de los hijos) sigue regida por la religión, una situación que perpetúa la dependencia de la mujer de sus parientes masculinos.

Tradiciones e inequidad

Mientras las autoridades no tomen en cuenta la división cultural del trabajo dentro de la familia y su dinámica derivada, las mujeres seguirán siendo más vulnerables a las amenazas y no podrán gozar de sus derechos básicos. Desde el momento en que los hombres asumen el papel de proveedores de ingresos y las mujeres de cuidadoras de la familia (trabajo no remunerado), los hombres automáticamente se convierten en los administradores de derechos básicos y seguridad a los integrantes de la familia, mientras las mujeres se limitan a ser las receptoras y dependen de la calidad de las relaciones dentro del hogar para adquirir sus derechos humanos. Las leyes vigentes en materia de trabajo y seguridad social siguen siendo discriminatorias, especialmente en cuanto a la licencia por maternidad, las asignaciones familiares y el impuesto sobre la renta, a pesar de las ratificaciones positivas realizadas en los últimos años para lograr la equidad absoluta entre hombres y mujeres en el trabajo.

El modelo patriarcal y la identidad religiosa se combinan con la identidad política como lo refleja la ley que aún prohíbe a las mujeres libanesas pasar la ciudadanía a sus hijos y esposos. Con estas normas culturales y sociales las mujeres son ciudadanas iguales solo en la letra de la ley.

Representación política

En cuanto a la participación real en la vida política en los niveles superiores de toma de decisiones, por primera vez en la historia libanesa el gabinete ministerial incluyó a dos mujeres a fines de 2004. No obstante, eso no puede considerarse un gran paso para la participación de las mujeres en la toma de decisiones porque las dos ministras sustituían a dos hombres políticos. Asimismo, solo tres integrantes del Parlamento de 128 legisladores son mujeres. Eso podría considerarse una señal positiva, si no fuera porque los cargos políticos de esas mujeres se obtuvieron gracias a vínculos de parentesco con un destacado político. Las últimas estadísticas sobre las elecciones municipales se remontan a 1998, cuando solamente 505 mujeres fueron candidatas y 335 resultaron elegidas, representando apenas 2% del total de 7.704 concejales municipales.[10] La participación relativamente activa de las mujeres en el trabajo municipal se puede explicar por la misma naturaleza de la labor pública y su vínculo con el desarrollo de la comunidad, que encaja en la imagen estereotipada de la mujer.

Conclusión

Todo esto demuestra que Líbano está lejos de cumplir sus compromisos con los principios de la CEDAW por causa de la gran cantidad de violaciones a los derechos de la mujer, tanto en la ley como en la práctica. Incluso las modificaciones jurídicas realizadas para reducir la discriminación de género necesitan mecanismos de control que aseguren su adecuada aplicación. La reducción de la pobreza y la feminización de la pobreza no son todavía una prioridad para el gobierno libanés.

Esta ausencia de voluntad gubernamental, combinada con una infraestructura que no atiende adecuadamente las necesidades y derechos de las mujeres, asigna a las organizaciones no gubernamentales (ONG) un papel fundamental en este sentido. Las ONG realizaron esfuerzos significativos en la aplicación de convenciones internacionales en Líbano. El plan nacional de acción se dedicó al empoderamiento femenino a través de servicios y actividades proporcionadas por ONG, como microcréditos, educación y capacitación.

Aunque el sector de las ONG fue responsable de gran parte del avance realizado en este campo, su labor sigue siendo polémica. En general, la labor de las ONG constituye un microesfuerzo dedicado a comunidades específicas. Muchas ONG son instituciones religiosas y otorgan ayuda bajo la forma de beneficencia a las madres, hijas o hermanas de los hombres por razones religiosas y no a las mujeres por derecho propio. Asimismo, debido al gran número de ONG existentes en Líbano, sus esfuerzos son dispersos y a menudo superpuestos. Las prioridades de muchas ONG son impuestas por las instituciones que las financian y, por lo tanto, no responden a las necesidades imperantes.

La ayuda y la caridad simplemente no bastan para crear un cambio sostenible. Se requieren cambios estructurales que ningún actor puede asumir por su cuenta. El Estado, que es el único legislador y garante de las responsabilidades y los derechos, debe proporcionar un medio adecuado para que el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los hombres y las mujeres puedan cumplir con su cuota de responsabilidad y crear incentivos que permitan a las mujeres cambiar la realidad que las rodea y reclamar activamente sus derechos como seres humanos en igualdad de condiciones.

Notas: