La movilización estudiantil en reclamo de mejoras educativas se hizo eco del descontento generalizado ante la inequidad social. El nuevo Gobierno, por primera vez encabezado por una presidenta, ha anunciado medidas para mejorar el sistema de fondos privados de pensiones, con la especial intención de equiparar la situación de las mujeres.
“El cobre por el cielo y la educación por el suelo” fue la consigna más representativa de la mayor protesta social que ha vivido Chile desde el regreso a la democracia en 1990 tras 17 años de dictadura militar. Entre abril y junio de 2006, las movilizaciones tuvieron como protagonistas a unos 600.000 estudiantes secundarios de todo el país y exigieron al gobierno una mejora en la calidad de la educación.
La consigna es una clara alusión a los USD 11.000 millones extra que el Estado recaudará este año gracias al aumento del precio del cobre, principal producto de exportación del país. La “Marcha de los pingüinos” – como se denomina a los estudiantes en razón del uniforme blanco y azul que los identifica – no solo puso de manifiesto la deficiente calidad de la educación, sino que además se hizo eco del descontento que embarga a cientos de miles de chilenos y chilenas, cada vez más concientes de la desigualdad de oportunidades que genera la aguda inequidad social.
Hijos de la democracia descontentos
El estallido estudiantil tuvo el efecto de un balde de agua fría en las esferas de gobierno. Primariamente, debido a los indudables esfuerzos que en materia educativa ha efectuado la coalición de gobierno desde que asumiera la conducción del país después de la dictadura. De hecho, el presupuesto para educación se incrementó de CLP 619,9 millones (aprox. USD 1,66 millones) en 1990 a CLP 2.281 millones (USD 3,94 millones) en 2005; la Constitución fue modificada, extendiendo de 8 a 12 los años de escolaridad obligatoria y gratuita impartida por el Estado; está en curso la implementación de la jornada escolar completa, lo que ha significado que más de 2 millones de escolares de 7.000 establecimientos dispongan de mejor infraestructura y más horas de clases. En 1990, 245.000 jóvenes cursaban estudios superiores y en la actualidad la matrícula supera 600.000 alumnos. Del primer grupo, 72.000 recibían ayudas para sus estudios por un total de CLP 28.000 millones (aprox. USD 75,03 millones); a fines de 2005 los beneficiados eran 160.000 y las asignaciones de apoyo superaban CLP 28.000 millones (USD 48,35 millones). En suma, el aporte fiscal a la educación superior ha pasado de CLP 123.000 millones (aprox. USD 329,58 millones) en 1990, a alrededor de CLP 290.000 millones (USD 500,69 millones) en 2005.
Entonces ¿de dónde proviene el descontento estudiantil? De las nulas o mínimas probabilidades que como egresados de colegios municipalizados tienen de ingresar a la educación técnica o superior o, en el mejor de los casos, de adquirir un oficio que les permita optar por un trabajo calificado. En la práctica, estos jóvenes de entre 14 y 17 años están exigiendo a las autoridades cambios radicales en el sistema educativo chileno, cuyas desigualdades son evidentes. Existen alrededor de 3 millones de estudiantes secundarios, de los que apenas 8,5% asiste a colegios privados pagados. En estos colegios el país invierte un promedio de CLP 140.000 (USD 267) mensuales por alumno. El 91% restante de los jóvenes – que asisten a colegios municipalizados y particulares subvencionados – apenas recibe CLP 30.000 (USD 57) mensuales para su educación. No es sorprendente, entonces, la fuerza y consistencia que ha cobrado el movimiento de estudiantes secundarios y el eco y simpatía que ha encontrado en el resto de la población.
Situación inversa: avalancha de dólares
La movilización estudiantil interrumpió un debate provocado por una situación inédita en la historia del país, marcada por décadas de endeudamiento y déficit en la balanza de pagos. Con el precio del cobre cercano a USD 4 la libra, el debate que primaba en la agenda pública – y en los titulares de prensa – se concentraba en cómo manejar o dónde invertir provechosamente la avalancha de dólares provenientes del alza persistente del precio del metal, en lugar de discutir sobre la mejor manera de aliviar y administrar la deuda pública.
Chile continúa distanciándose de los demás países de la región, convirtiéndose por primera vez en la historia en un país netamente acreedor. Es decir, está contribuyendo a financiar el déficit de otras economías.
La deuda pública neta consolidada del país tendrá este año un saldo positivo de 2,5% del PBI, estimado por el Banco Central entre USD 2.500 y USD 3.000 millones. Esto se debe a la aplicación de la regla fiscal de superávit estructural, que permite un gasto público más expansivo solo en períodos bajos del ciclo económico, enfatizando el ahorro fiscal en la fase alta[2].
Tabla 1. Desempeño macroeconómico de Chile
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
Tasa de crecimiento (%) |
4,5 |
3,4 |
2,2 |
3,9 |
6,2 |
6,3 |
Demanda interna (%variación real anual) |
6,0 |
2,4 |
2,4 |
4,9 |
8,1 |
11,4 |
Ingreso nacional (%variación real anual) |
4,4 |
2,4 |
2,8 |
3,9 |
8,6 |
9,1 |
Ahorro nacional (% PBI) |
20,6 |
20,6 |
20,7 |
20,7 |
23,0 |
23,6 |
Inflación (a diciembre de cada año) |
4,5 |
2,6 |
2,8 |
1,1 |
2,4 |
3,7 |
Tasa de desocupación (%) |
9,2 |
9,1 |
8,9 |
8,5 |
8,8 |
8,0 |
Exportaciones (millones de USD) |
19.210 |
18.272 |
18.180 |
21.664 |
32.215 |
40.574 |
Importaciones (millones de USD) |
17.091 |
16.428 |
15.794 |
17.979 |
23.020 |
30.394 |
Saldo de la cuenta corriente (millones de USD) |
-897 |
-1.100 |
-580 |
-964 |
1.586 |
702 |
Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas.
Pensionistas a la espera de cambios
Uno de los sectores con mayor posibilidad de beneficiarse de esta bonanza del fisco chileno son los cientos de miles de personas mayores que podrían ser favorecidas por la Reforma Previsional que la presidenta Michelle Bachelet, del Partido Socialista, se comprometió a realizar durante su período presidencial, iniciado en 2006 y reducido tras la última reforma constitucional a solamente cuatro años de gobierno.
El lugar de privilegio de esta reforma en las prioridades gubernamentales se debe a que, tras 25 años de vigencia, actualmente hay evidencias de que el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) – basado en la capacidad individual de capitalización de las personas – nunca va a proporcionar por sí mismo pensiones a todos los chilenos[3]. De hecho, solo una quinta parte de los afiliados a las AFP va a lograr pensiones superiores a la mínima garantizada por el Estado, equivalente a unos USD 85 mensuales, y más de la mitad no va a obtener pensión alguna, sino tan solo la posibilidad de retirar los exiguos fondos acumulados en su cuenta individual al momento de jubilarse. En síntesis, todo parece indicar que el Estado se verá obligado a subsidiar a los millones de chilenas y chilenos que desde 1981 ingresan parte de sus salarios a un sistema creado durante el régimen militar y administrado por el sector privado bajo el supuesto de que aseguraría a los individuos un ingreso vitalicio suficiente durante la vejez.
Desde su entrada en vigencia, las AFP se han convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía, acusando una rentabilidad cercana al 25% anual[4]. En contraste con esta floreciente realidad, el sistema acusa problemas cuya gravedad hace ineludible la aplicación de una cirugía radical, entre otras razones porque la relación entre el número de los afiliados que realiza aportes y la fuerza de trabajo no alcanza 60%. En su mayor parte, la fuerza de trabajo recibe remuneraciones menores a USD 370 mensuales. La mitad de los afiliados trabajan como asalariados y cotizan menos de 4,2 meses por año en el caso de los hombres y de 3,6 meses en el caso de las mujeres, lo que conduce a que los saldos acumulados en sus cuentas sean muy pequeños y disten mucho de los USD 26.415 requeridos para obtener una pensión mínima. Alrededor de 90% de los trabajadores independientes no efectúa aportes y si bien 78,2% de los adultos mayores y 90% de los mayores de 70 años recibe pensiones, solo 4,3% son financiadas por las AFP con fondos acumulados en cuentas individuales, los que a su vez están constituidos en gran parte por recursos aportados por el Estado.
Perjuicios de género
La situación de los pensionistas en general no es alentadora y menos lo es en el caso de las mujeres. Las cifras son explícitas. La densidad de aportes general del sistema es 52,1%, una proporción bastante baja que implica que un individuo que trabajó durante 40 años solo cotizó alrededor de 21 años). En lo relativo a las mujeres, la situación es aún más precaria. Al desagregar la información por sexo, la densidad de cotización de las mujeres – o sea la periodicidad de su capitalización individual – es 43,4%, en contraste con 59,6 % en el caso de los hombres.
Un gobierno que ha hecho de la paridad entre los géneros uno de sus principales baluartes distintivos no podía pasar por alto la situación de desventaja y discriminación de las mujeres en el sistema de pensiones. Entre otras razones, esta desventaja se debe a la creciente relación entre los ingresos autogenerados después de la jubilación y los percibidos durante la vida activa de los individuos. En este cálculo resulta evidente que las mujeres salen perjudicadas por partida triple: por las características de su inserción y permanencia en el mercado de trabajo – supeditada a la crianza de los hijos – por los menores salarios que perciben por razones de género y por las altas tasas de desocupación que las afectan.
Tabla 2. Participación, desocupación y salarios,
hombres y mujeres entre 20 y 60 años de edad (2002)
|
Educ. básica |
Educ. media |
Más que media |
Ingreso por trabajo (CLP)
Hombres |
141.065 |
210.268 |
467.007 |
Mujeres |
95.126 |
144.321 |
293.909 |
Posibilidad de estar trabajando (%)
Hombres |
77,6 |
84,5 |
88,6 |
Mujeres |
45,8 |
59,2 |
74,9 |
Tasa de participación (%)
Hombres |
91,2 |
95,4 |
94,4 |
Mujeres |
59,8 |
71,4 |
83,7 |
Tasa de desocupación (%)
Hombres |
14,9 |
11,4 |
6,6 |
Mujeres |
23,4 |
17,2 |
10,5 |
Fuente: Superintendencia de AFP.
A lo anterior se añade que en el sistema público de pensiones, ni el sexo ni el estado civil influyen en la determinación del monto de la pensión de los beneficiarios, pues se parte de la base de que a iguales salario final y número de cotizaciones, las pensiones son las mismas para hombres y mujeres. Pero en el sistema de las AFP no ocurre lo mismo. A las jubiladas mujeres se les exige más ahorros que a los hombres al momento de calcular su pensión pues viven más años. A su vez, a los hombres casados se les exige más ahorros que a los solteros, para cubrir los años de sobrevida de su esposa[5].
Compromisos para la equidad
El compromiso de la actual administración con los pensionistas quedó de manifiesto recientemente con la difusión de las propuestas elaboradas por la Comisión de Reforma Provisional, grupo de expertos de todo el espectro político convocados para la elaboración de recomendaciones en la materia. De las nueve principales propuestas del panel de especialistas (entre ellas, creación de un pilar solidario destinado a garantizar una pensión básica universal de USD 142, indicaciones para incentivar la cotización entre trabajadores independientes y jóvenes, licitación de carteras de afiliados que recién se incorporen al mercado laboral y subsidios a las cotizaciones mensuales efectivas de los trabajadores de menores ingresos) dos recibieron una respuesta inmediata de la mandataria chilena. Por un lado, el rechazo categórico a la propuesta de igualar la jubilación de las mujeres a la de los hombres en 65 años. Por otro, la acogida positiva de la recomendación de subsidiar con un año de cotizaciones por cada hijo nacido vivo a 60% de las mujeres más pobres de la población. Para los grupos feministas, el hecho constituye una señal indudable de que Chile se estaría acercando a la vieja aspiración de “la pensión para las amas de casa”.
[1] El presente informe se realizó en consulta con integrantes de la Coalición Chile.
[2] El régimen de superávit fiscal estructural, introducido en 2000, es una regla anticíclica que implica que el gasto fiscal se mantiene en un nivel que entregaría un superávit de 1% del PBI si la economía estuviera creciendo acorde a su potencial y el precio del cobre mantuviera el promedio previsto para 10 años.
[3] El Decreto Ley N° 3500, de 1980, puso en vigencia un régimen obligatorio de pensiones basado en la capitalización individual, sin beneficios definidos, con administración privada y competitiva y libertad de elección para los afiliados. Este régimen reemplazó al antiguo sistema con financiamiento de reparto, basado en la solidaridad generacional, la administración estatal y unos beneficios definidos.
[4] Según las estimaciones del economista Marcel Claude, “las AFP administran fondos que superan los 40 mil millones de pesos, lo cual representaba en 2004 el 64% del producto bruto interno de Chile. Es decir, de cada 100 pesos que se generaron ese año en el país, 64 fueron manejados por las AFP”. Radio Universidad de Chile. 22 de marzo de 2006.
[5] Bernstein, S. y Tokman, A. (2005). Brechas de ingreso entre géneros: ¿perpetuadas o exacerbadas en la vejez? Serie de Documentos de Trabajo N° 8. Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Santiago de Chile.