La necesidad de reintegrar la seguridad social a la agenda política

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2007
Valentin Burada
Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile

El acceso de Rumania a la Unión Europea (UE) el 1º de enero de 2007 se promovió como garantía de mejores condiciones de vida, pero en lo que concierne a la seguridad social se vislumbran pocas soluciones. Si bien sólo 22% de los rumanos cree que el sistema nacional de bienestar social proporciona una cobertura suficientemente amplia, el interés por la seguridad social fue barrido de la agenda política por asuntos como la corrupción. En este contexto, la sociedad civil debe jugar un rol en defensa de la seguridad social como derecho de todos.

Luego de largos años deinseguridad, la membresía en la UE se ha presentado y promocionado como unagarantía de que la vida mejorará para todos los ciudadanos. Sin embargo en loque se refiere a la seguridad social, no podrá esperarse que las solucionesprovengan de la UE*.

Según un informe reciente del Banco Mundial, la pobreza absoluta disminuyó de35,9% en 2000 a 13,8% en 2006, ya que el número estimado de personas que vivíacon menos de USD 3 por día cayó a menos de tres millones (en una poblacióntotal de aproximadamente 22 millones). Mientras tanto, la pobreza relativa crecióde 17% a 19% (Banco Mundial, 2007).

Sin embargo, sólo 22% de la ciudadanía cree que el sistema nacional debienestar social proporciona una cobertura suficiente (Comisión Europea,2007a). Según la encuesta Eurobarómetro de la primavera boreal de 2007, eldoble de rumanos (17%) se interesa por pensiones que el promedio en otrosestados de la UE, y esta cifra salta a 45% entre rumanos en las áreas urbanas(Comisión Europea, 2007b). Además, 27% de la población se preocupa por elsistema de atención de salud (comparado con un promedio de apenas 15% entre lospaíses miembros más antiguos de la UE).

Si bien estos temas han tenido un perfil muy alto en los últimos años, losdecisores políticos no les han dado prioridad. Es más, en el contexto de lasnegociaciones de Rumania para unirse a la UE, se les dio un perfildeliberadamente bajo: de los temas prioritarios para el acceso a la UE, sólo lalucha contra la corrupción figuraba en los primeros lugares de la agenda política.


Emigración de mano de obra e informalidad

En enero de 2007 el salario mínimo fue USD 157. En 2005, según datos deEurostat, 9,7% de los trabajadores percibieron el salario mínimo. Sin embargo,este porcentaje no refleja totalmente la realidad, dado que es común que losempleadores registren a sus empleados con el salario mínimo y ofrezcan formassuplementarias de pago para evadir el pago de impuestos.

Con una tasa de desempleo de 7,2%, el país está cerca del promedio de la UE de7,1%. La tasa de desempleo relativamente baja se debe a una emigración masiva aestados miembros más antiguos de la UE, en especial Italia y España.

Según datos proporcionados por el banco central rumano, los ciudadanos quetrabajaron en el exterior en 2006 enviaron remesas a sus familias por valor deEUR 5.300 millones (USD 7.000 millones). Tanto empleadores como sindicatos hanmanifestado su preocupación por el déficit sin precedentes de trabajadores envarios sectores económicos importantes, incluyendo la industria textil y de laconstrucción. A esto se agrega un gran número de personas trabajando en elmercado negro (o gris).


Aumento de las pensiones: necesario peroabrupto

La reforma de la política de pensiones se inició en 2000 como intento delidiar con el pronunciado declive en la cobertura que ocurrió durante la últimadécada. Actualmente, sin embargo, uno de los mayores retos que enfrenta elsistema público de pensiones es asegurar la sustentabilidad económica a largoplazo. Programas de pensiones facultativas y fondos gestionados de maneraprivada han sido las soluciones potenciales propuestas por el gobierno. Desde2004 se ha introducido legislación para crear planes alternativos privados depensiones. Los sindicatos se han preocupado especialmente por las fallas en lalegislación y han demandado ajustes para asegurar un trato igualitario ahombres y mujeres en esta área, una distribución justa de los ahorros, menorescostos administrativos y más tiempo para que las personas se informen yconozcan las reformas. También se calcula que la introducción de las pensionesprivadas causará al sistema público de pensiones un déficit equivalente a0,8% del PBI (Voinea, 2007).

Entre enero y junio de 2007 el gobierno aprobó una serie de decisionesincluyendo un aumento en el número de empleados públicos y aumentos en lossalarios del sector público, pensiones militares y beneficios de asistenciasocial para familias e hijos. Todos estos compromisos constituyen un 3%adicional del PBI nacional (Voinea, 2007).

Entre tanto, mientras los políticos se preparan para dos ruedas consecutivas deelecciones – las europeas en 2007 y las nacionales en 2008 – también se tomóla decisión de aumentar las pensiones públicas en 100% para 2009. Para llegara ese nivel, a partir del 1º de enero de 2008 las pensiones públicas seaumentarán en 43%. La pensión promedio en 2008 será alrededor de USD 230,casi 3,6 veces más alta que en 2002 (USD 65). Sin embargo, este monto es todavíapor lo menos tres a cuatros veces menor que las pensiones en otros ‘nuevos’estados miembros de la UE, como Hungría, Polonia y Eslovaquia. Las subvencionespara el casi millón de pensionistas del sector agrícola también se duplicarána partir de septiembre de 2007.

Muchos argumentan que si bien es necesario, este aumento tan rápido tendráefectos negativos a mediano y largo plazo. Tanto los analistas económicos comolos políticos han expresado dudas de que puedan recaudarse los recursosfinancieros necesarios para cumplir estos compromisos, estimados en alrededor deUSD 3.000 millones (Bobocea, 2007). Los expertos sostienen que el aumento de laspensiones públicas debió introducirse gradualmente a partir de 2005, encontraposición a esta implementación riesgosamente abrupta (Cabat, 2007).


Salud pública plagada de problemasnuevos y viejos

Durante los últimos 17 años de transición, las estadísticas y la investigaciónhan revelado un deterioro de la salud de la población, incluyendo una caída enla expectativa de vida y la reaparición o agravamiento de enfermedadesrelacionadas con la pobreza. Rumania tiene la mayor incidencia de tuberculosisde la UE, y la mortalidad infantil es cuatro veces el promedio de la UE.

En 1990 el sistema médico rumano era exclusivamente público, altamentecentralizado y financiado por el presupuesto del Estado; los servicios ofrecidosa la población eran oficialmente gratuitos. No obstante, debido a la merma delos niveles de financiación, la calidad de los servicios sufrió una caídaabrupta, con el personal médico trabajando en edificios ruinosos que carecíande los equipos necesarios, así como insuficientes medicamentos producidoslocalmente y medicamentos importados caros y no disponibles para la mayoría dela población. El resultado fue que la mayor parte de los costos setransfirieron, directa o indirectamente, a los beneficiarios, incluso medianteel pago informal al personal médico (Dobos, 2006). Mientras los centrosuniversitarios ofrecían hospitales excelentes, la asistencia médica primariano cubría la totalidad del país, y especialmente las áreas rurales quedarondesconectadas de los servicios. El sistema de salud estaba centrado en la atenciónhospitalaria, por lo que 70% de un presupuesto ya empobrecido tuvo queadjudicarse a los hospitales.

En ese contexto los decisores políticos decidieron cambiar a un sistema basadoen el seguro de salud. El marco legislativo comenzó a modificarse en 1996, y elsistema comenzó a funcionar en 1999 (Dobos, 2003). También fue necesarioreestructurar el conjunto básico de servicios médicos porque el sistema no podíacubrir todos los costos. El número de camas en los hospitales bajó de 207.000en 1994 a 142.500 en 2004. Entre tanto, hasta ahora no hubo una mejoraconsiderable del sistema de salud ambulatorio.

En 2003 se introdujeron los pagos adicionales en algunos servicios, y estamedida limitó aún más el acceso a la atención médica de la poblaciónpobre. A numerosas categorías de personas vulnerables se les retiró laobligación de contribuir al sistema de salud pública. Si bien fue un cambiopositivo, redujo aun más el volumen de las contribuciones al sistema (Dobos,2003). Actualmente, los aportes al fondo de seguro de salud se realizan mediante6,5% del sueldo bruto de los empleados y 7% pago por los empleadores.

En general, los expertos consideran que el proceso de reforma ha llevado a unincremento de los costos, confusión entre el personal médico, demoras en lacreación de un marco legislativo que defina las responsabilidades de losactores dentro del sistema, y un mal funcionamiento en el pago de los fondos. Setomaron muchas decisiones sin una evaluación previa de su impacto social.Aunque el porcentaje de las personas no aseguradas no es muy alto (entre 5% y10%), el nuevo sistema disminuyó el acceso de la población a los servicios médicosa través de la existencia de una categoría de personas que solamente puedebeneficiarse de la asistencia de emergencia (Dobos, 2006).

Las familias pobres, especialmente en áreas rurales y de la comunidad gitana,tienen acceso limitado a los servicios de salud (Bleahu, 2006). No están encondiciones de pagar los pagos adicionales necesarios para la provisión deciertos servicios y la compra de medicamentos, así como el pago extra a médicosy personal auxiliar. Para 40% de las personas en áreas rurales, el transporte ysus costos presentan un nuevo obstáculo para acceder a los servicios médicos(Dobos, 2003).

También hay problemas heredados del viejo sistema que no han sido solucionadosy que limitan el acceso a los servicios de atención de la salud o reducen sucalidad. Esto incluye la falta de asistencia médica primaria en muchaslocalidades rurales, la falta de infraestructura y equipos médicos, lossalarios de los trabajadores de la salud y la práctica del pago informal alpersonal médico. La crisis del sistema de salud ha alcanzado proporciones talesque hay momentos en que se vuelve imposible asegurar a los pacientes de loshospitales ni la internación ni la comida apropiadas. Muchos hospitales nollegan a los niveles básicos de salud pública y funcionan en condiciones muyprecarias. Por ejemplo, en junio de 2007 sólo en un condado se aplicaron multasa 22 hospitales por esos incumplimientos (Crisan, 2007).

Los problemas del sistema de salud pública han aumentado en los últimos añosa causa de su incapacidad para proveer de medicamentos gratuitos osubvencionados a quienes los necesitan. La liberalización del mercado farmacéuticoy el descenso en la producción local han llevado a un aumento excesivo de losprecios de productos farmacéuticos, limitando aún más el acceso de la poblaciónpobre incluso a tratamientos obligatorios y vitales.

Con frecuencia se interrumpe el abastecimiento de medicamentos a los hospitalesdebido a conflictos comerciales entre el sistema de salud pública y los grandesdistribuidores de productos médicos. En esta guerra territorial, los afectadosson los pacientes. Para recuperar sus deudas, los abastecedores de medicamentoshan llegado a detener sus operaciones y subir sus precios aún más (David,2007). A estos problemas se agregan tácticas de mercadeo agresivas que lascompañías farmacéuticas dirigen a los médicos. A cambio de ser patrocinadospara participar en conferencias y seminarios internacionales, los médicosrecetan medicamentos más caros. Las farmacias por lo tanto llegan con másrapidez al límite de medicamentos subsidiados o gratuitos que se les permiteofrecer por mes, dejando a los pacientes más pobres sin la posibilidad deacceder a la medicación necesaria.

En 2004 sólo había 22,2 médicos por cada 10.000 habitantes, o un médico porcada 450 personas. El sistema educativo médico está subfinanciado y se havisto afectado por un descenso en la matrícula de las facultades para permitiruna mayor inscripción en otros departamentos universitarios. Como consecuenciade esto, año a año disminuye el número de nuevos médicos que ingresan alsistema. Una encuesta reciente organizada por la asociación de médicos enIasi, la segunda ciudad de Rumania, arroja como resultado que más de 50% de losmédicos y 75% de otros trabajadores de la salud han considerado dejar el paíspara radicarse en Europa Occidental. Comparado al sueldo inicial de un médicode Europa Occidental, un médico rumano gana 10 veces menos. A su vez, los paísesde Europa Occidental tienen un déficit de médicos y han abierto sus sectoresde salud a médicos de los nuevos países miembros.

Dados los recursos financieros insuficientes en el sector de la salud, unamanera poco ortodoxa de retener al personal médico en el país ha sido latolerancia de la corrupción, que es la plaga del sistema de salud pública atodo nivel. Una encuesta financiada por el Banco Europeo para la Reconstruccióny el Desarrollo reveló que en lo que va de 2007, 30% de los ciudadanos rumanosha realizado pagos informales al personal médico. El sistema de salud del paísestá en primer lugar en la lista de pagos ilegales realizados por la poblacióna instituciones públicas. De acuerdo a un estudio de un proyecto del BancoMundial, en 2004 los rumanos pagaron USD 360 millones al personal de la salud pública.Esto representa 10% del presupuesto total de salud de 2004. Las familias máspobres pagan cantidades mayores (hasta 78% de sus ingresos mensuales).


Devolver el significado al derecho a laseguridad social

Durante latransición de una economía socialista a una de mercado y la preparación parael acceso a la UE, se perdió por el camino el Artículo 22 de la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos. Hoy la frase “Toda persona, como miembrode la sociedad, tiene derecho a la seguridad social” parece haberse vaciado designificado para la mayor parte de la población. Aunque la protección socialrepresenta una necesidad crítica para la mayoría de las personas, ya no se lapercibe como un derecho. Se la ha eliminado de la agenda pública, y estáausente de la agenda política. Es en este contexto que la sociedad civil haceun llamado a la acción y a la promoción de un debate sobre la seguridad socialcomo derecho, y por lo tanto una prioridad esencial para la que deberán crearsepolíticas públicas al servicio de una sociedad saludable.


REFERENCIAS


Banco Mundial (2007). Poverty Monitoring inRomania. Junio.

Bleahu, A. (2006). “Mecanisme ale excluziunii de la serviciile de sanatate, cuaccent pe problematica romilor” en CalitateaVietii, XVII, No. 1-2.

Bobocea, M. (2007). “Vosganian: Majorarea pensiilor nu inseamna aplicarea CASpe toate veniturile” en Ziarul financiar,4 de julio.

Cabat, D. (2007) “Pensii, Populism, Politica” en Ziarul financiar, 2 de julio.

Comisión Europea (2007a).“European Social Reality”. Special Eurobarometer 273 / Wave 66.3. TNSOpinion & Social. Febrero. Disponible en:<ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_273_en.pdf>.

Comisión Europea (2007b). “Eurobarometer67. Public Opinion in the European Union. Spring 2007”. TNS Opinion& Social. Junio. Disponible en:<ec.europa.eu/public_opinion/standard_en.htm>.

Crisan, R. (2007). “22 de spitaleamendate” en Evenimentul Zilei.21 de junio.

David, I. (2007). “Distribuitorii demedicamente au imprumutat 500 de milioane de euro in acest an” en Ziarulfinanciar, 5 de julio.

Dobos, C. (2003). “Accesul populatiei la serviciile publice de sanatate” en CalitateaVietii, XIV, No. 3-4.

Dobos, C. (2006). “Dificultati de acces la serviciile de sanatate publice inRomania” en Calitatea Vietii, XVII,No. 1-2.

Eurostat (2007). “Minimumwages 2007 - variations from 92 to 1570 euro gross per month”. Statisticsin Focus collection, issue 71/2007. Disponible en:<epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-071/EN/KS-SF-07-071-EN.PDF>

INER (Instituto Nacional de Estadística de Rumania) (2007). Comunicado deprensa No. 100, abril.

Voinea, L. (2007). “Ce se poate si ce nu se poate” in Ziarul financiar, 6 de julio.


Nota:

* Uno de loscomponents del ICB fue imputado en función de información de países de nivelsimilar.