Siguiendo la receta neoliberal, la política económica de gobierno aboga por estabilidad a nivel macro, atracción de inversiones y exportaciones y expansión de la infraestructura. Pero este modelo ha incubado impactos sociales negativos y es necesario cambiar hacia un desarrollo que genere riquezas que queden en el país, a través de encadenamientos productivos. El Estado debe recuperar su función democratizadora, al tiempo que se necesitan nuevas visiones de convivencia con principios basados en la ética, la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad
Históricamente, Costa Rica ha presentado índices respetables de desarrollo social y humano. Esto ha sido el producto de consensos políticos y sociales que, años atrás (y con mayor fuerza desde mediados del siglo XX), permitieron una mayor inversión pública en temas importantes como la salud, la educación y la infraestructura vial, en un masivo proceso de electrificación y en la universalización de las telecomunicaciones. Es el resultado de una visión integradora del país, donde el modelo político de convivencia garantizaba la “resolución” de los conflictos entre diferentes sectores sociales y económicos, lo que a su vez contribuía a fortalecer la conciencia sobre los derechos humanos.
En la década de 1940, una gran alianza con fuerte presencia de sectores obreros dio paso a un nuevo tipo de Estado, distinto del resto de los países centroamericanos y caracterizado por una gran intervención en lo social e impulso de políticas transformadoras: la Caja Costarricense del Seguro Social, el Código de Trabajo, la apertura de la Universidad de Costa Rica y la consolidación y ampliación de la cobertura de la educación media.
Este Modelo Solidario de Estado abolió el ejército como institución permanente, nacionalizó la banca, puso en marcha una política estatal de desarrollo energético, gravó el capital como medio de fortalecer las finanzas públicas y fomentó una industria nacional que sustituyera las importaciones y garantizara un desarrollo menos dependiente de los inestables mercados internacionales de la época. Se creó así una plataforma financiera, producto de la recaudación tributaria, que complementada con un marco jurídico en favor de la implementación políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de sectores sociales, contribuyó a la creación de capacidades de movilidad social.
Sin embargo, tras el período de liberalización, iniciado en los años 1980, se registró un cambio sustancial, marcado por la apertura de la economía, la liberalización financiera, la promoción de las exportaciones, y una redefinición del papel jugado por el Estado en la sociedad y en la economía. La reducción del tamaño del Estado, sumado a la apertura de la economía a las importaciones, la liberalización de los mercados y la atracción de la inversión extranjera tanto directa como financiera (en sintonía con las propuestas económicas que por ese entonces promovían para América Latina los organismos financieros internacionales) han producido una creciente incapacidad política y financiera para sostener lo acumulado por la Reforma Social, deteriorando el entramado de políticas sociales y vaciando de contenidos las garantías consagradas en la Constitución Política de 1949. Desde entonces, el desarrollo costarricense transita una doble vía. Aunque (producto de su impulso inicial) los indicadores sociales siguen por encima del promedio centroamericano y de muchos países latinoamericanos, la ruta escogida ha incubado impactos negativos en lo social que se harán evidentes en los próximos 10 a 15 años.
Liberalismo comercial y derechos humanos
El modelo neoliberal se ha profundizado con la negociación de tratados de libre comercio (TLC) con Canadá, Chile, México, la Comunidad de países del Caribe, Panamá y Estados Unidos, así como con las actuales negociaciones con la Unión Europea. [1] En muchos campos, y especialmente en el del comercio, los procesos globales exigen nuevos instrumentos y mecanismos que favorezcan el tránsito libre de mercancías y personas, afectando así las legislaciones específicas, los marcos constitucionales y la vigencia de los derechos humanos en el país. Se globalizan las mercancías pero no los derechos; asistimos a la construcción de sociedades “liberales” en cuanto a comercio, pero conservadoras en cuanto a participación, democracia, derechos humanos, el respeto a la diversidad, la conquista de la equidad y la eliminación de la desigualdad.
Es este marco el que da cuenta del estado de los derechos humanos en el país. A continuación compartimos un resumen de lo que distintas redes ciudadanas han constatado sobre los que consideramos serían los derechos con mayor deterioro en el país.
Deterioro del derecho a la participación
Aunque el TLC con Estados Unidos era la piedra angular del gobierno electo en 2006 y encabezado por el Presidente Oscar Arias, para 2007 Costa Rica era el único país signatario que no había aprobado el TLC y éste naufragaba en el marco de un debate nacional en el que prácticamente el país se partía por la mitad. Para algunos sectores el TLC era la coronación del proyecto neoliberal; para otros era el desmantelamiento final del Estado de Derecho. Finalmente el Tribunal Supremo de Elecciones en abril del 2007 dio luz verde a la iniciativa de un grupo de ciudadanos/as de recoger firmas que permitieran convocar el primer referendo nacional en la historia del país, pero los sectores partidarios del TLC propiciaron un conjunto de violaciones de la normativa electoral, la Constitución Política y la propia Ley de Referendo que lesionaron, tal vez de manera irremediable, los derechos políticos de la ciudadanía. Todas estas violaciones fueron justificadas por el Gobierno en alianza con los sectores empresariales y mediáticos y avalados jurídicamente, vía “interpretación”, por el Tribunal Supremo de Elecciones y una “mayoría mecánica” de Magistrados de la Sala Constitucional. Con este entramado el fraude fue ejecutado mucho antes de la votación.
A pesar de que el Vicepresidente renunció ante la evidencia pública, la campaña por el Sí aplicó con precisión y sincronía cada uno de sus puntos.
Derecho al trabajo
El TLC amenaza el derecho al trabajo, garantizado por los artículos 56 a 71 de la Constitución Política y los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues promueve dos tipos de trabajo: de “punta”, para una minoría, y de mano de obra barata para la mayoría, modificando la legislación laboral y por consiguiente los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras. Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que plantea la ampliación de la jornada ordinaria, bajando costos, es decir, sin necesidad de pagar la jornada extraordinaria. El proyecto permite mantener empleados trabajando durante más tiempo por día, sin que esto implique mayores remuneraciones ni necesidad de generar más puestos de trabajo.
Derecho a la soberanía alimentaria
Siguiendo las políticas neoliberales del plan de ajuste estructural (PAE), Costa Rica perdió su soberanía alimentaria al abandonar la producción de alimentos para consumo nacional, en aras de una agricultura de exportación basada principalmente en monocultivos de alto impacto ambiental y social. Esto, que se verá acrecentado con la aprobación del TLC con Estados Unidos y posteriores tratados para los cuales ya se han iniciado negociaciones con Europa y China, a) afecta el derecho de la sociedad costarricense a definir su política agraria y alimentaria, sin competencia desleal frente a países terceros; b) niega, disminuye o elimina las capacidades para definir políticas propias y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos; c) disminuye su capacidad para garantizar el derecho a una alimentación sana basada en la pequeña y mediana producción, respetando culturas y la diversidad de los modos indígenas y campesinos de producción agrícola, comercialización y gestión de los espacios rurales, y d) amenaza el derecho a contar con acceso a la tierra, a cultivarla mediante prácticas tradicionales con semillas criollas biodiversas, representantes de la herencia cultural y la identidad.
Derecho a la inclusión y la no discriminación
Para los grupos que promueven el modelo económico imperante, el único interés que parece legítimo es el de la mercancía, y sus acciones fomentan la exclusión de amplios sectores de la sociedad, no sólo en el escaso acceso a los recursos, sino también a través de mitos y estereotipos que sostienen un sistema cultural basado en el estigma y la discriminación, que abarca a sectores importantes de la niñez y la juventud, mujeres, migrantes, indígenas, campesinado, personas con limitaciones visibles, así como personas que por sus prácticas sexuales, identidad de género y orientación sexual se consideran no aptas dentro del esquema imperante, impuesto a partir de ideas patriarcales. Basados en postulados acientíficos y una fuerte tendencia al control social, los grupos de poder promueven ideas represivas de los derechos de poblaciones en situación de exclusión, como por ejemplo en lo relativo a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Leyes aisladas, pobremente ejecutadas, y falta de voluntad política para el cambio hacia la inclusión son la tendencia actual.
Derecho a la educación
El TLC convierte la educación en un servicio, es decir en una mercancía que se compra y se vende. El modelo educativo costarricense, factor importante para sus índices de desarrollo humano, se ve amenazado por la disminución de las capacidades del Estado para atender financiera, técnica y políticamente el derecho a una educación libre, humanista, e inclusiva. Por el contrario, el sistema educativo padece desarticulación entre los diferentes ciclos, disminución dramática de la cobertura en el campo y en los sectores más empobrecidos, aumento de la deserción y la repetición, discriminación curricular de poblaciones específicas (indígenas, afrodescendientes, personas con capacidades especiales), deterioro de la infraestructura educativa, y métodos y contenidos pedagógicos desactualizados.
Recomendaciones
La restauración plena de los derechos humanos requiere que el Estado recupere su función democratizadora, incluyendo una estructura tributaria progresiva y un gasto público equitativo, así como políticas de empleo y producción justas, basadas en el interés social. [2]
Los poderes de la República deben comprometerse a un exhaustivo trabajo de reformulación de diversos instrumentos nacionales para que se ajusten a los principios no discriminatorios de la Constitución (códigos, leyes específicas, reglamentos de las Instituciones públicas del país entre otros) que permitan transitar hacia nuevas visiones de convivencia con principios basados en la ética, la igualdad, la inclusión y el respeto a la diversidad. Debe existir voluntad política para asignar los recursos financieros y mostrar avances en la aprobación de leyes (hoy “congeladas”) que beneficien a sectores sociales excluidos y discriminados.
La ciudadanía aspira a un trámite equitativo y equilibrado de una agenda de derechos humanos que incluya, además, a las personas con discapacidad, la unión civil de personas del mismo sexo, los derechos de las trabajadoras domésticas, la niñez y juventud, la seguridad ciudadana, los derechos de la población migrante, indígena y afro descendiente, los derechos de las mujeres, los recursos financieros dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, así como la ratificación de convenios internacionales que beneficiarían al conjunto de la sociedad.
En el marco de la celebración del 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos durante 2008, se deben promover campañas por los derechos humanos con el objetivo de contribuir a la promoción de la democracia participativa, inclusiva y plena en el país. Es necesario que cualquier ley, decreto, plan o propuesta institucional dirigidos a algún sector específico sean consultados, discutidos y consensuados con la ciudadanía para su aprobación o rechazo. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, en tanto espacio multipartidario, debe convocar a un Foro Ciudadano sobre Derechos Humanos en el que se discuta la adopción de todas aquellas leyes sobre derechos humanos propuestas en la Asamblea Legislativa, junto con los contenidos y operativa de un imprescindible Plan de Acción y No Discriminación que contribuya al avance político y cultural de la sociedad. Este Foro debe brindar la oportunidad a la ciudadanía de exigirle al Estado y su equipo de gobierno el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales e internacionales, así como también de contribuir a la construcción de nuevas formas y valores de convivencia en las que el respeto a la diversidad sea subrayado como medular para la creación de una cultura nacional que resguarde, promueva y respete los derechos humanos.
[1] Como justificativo para esta “manía” por firmar TLCs se presenta el falso dilema entre “incorporarse al mundo” o “aislarse de él”. En efecto, el contexto internacional modifica las condiciones que hasta ahora han sido un punto de referencia para dar sustento legal a un determinado modelo de relaciones comerciales internacionales.
[2] Memoria del taller: “Análisis critico del informe nacional de los ODM desde la perspectiva de organizaciones sociales” Red de Control Ciudadano. Coronado, 2 y 3 de febrero de 2005.