Un país atascado en las fisuras de la Cuestión Nacional

Luego del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales del 30 de diciembre de 2007 que otorgaron un segundo período en el poder a Mwai Kibaki, Kenia padece la peor crisis política desde su independencia. Más de 1.000 personas han muerto y casi medio millón han sido desplazadas violentamente. Si no se pone en práctica una justicia restaurativa para atender las profundas raíces históricas de esta calamidad, el impacto en el tortuoso camino hacia la democracia que atraviesa el país puede ser indeleble

Los conflictos sociales violentos a menudo se perciben como conspiraciones o bien como expresiones de brotes espontáneos de acción política, en la mayoría de los casos desencadenados por algún acontecimiento extraordinario. Por lo general se presta menos atención a las condiciones sociales previas a la crisis, incluidas las estructuras políticas y económicas, así como a los procesos y percepciones que hicieron posible tales acciones. Tal vez esto pueda comenzar a explicar por qué los medios internacionales redujeron la crisis de Kenia a rivalidades entre los luo y los kikuyu, a un acto electoral dudoso o al malestar africano arraigado en el tribalismo guerrero, lo que demuestra una falta de comprensión de la dialéctica luo-kikuyu. En las sociedades postcoloniales de África los problemas irresueltos giran en torno a la propiedad de la tierra, la distribución de los recursos públicos, el idioma, la marginalización política y la discriminación de género, entre otros; todos se expresan en términos de lo que se podría llamar ‘etnicidad negativa’, y no en forma inversa. En la Kenia postcolonial estos problemas han constituido desafíos para la construcción del Estado: su resolución hubiera impedido el desarrollo sistemático de escisiones étnicas en general.

Los procesos coloniales y neocoloniales han derivado en el crecimiento y la concentración del poder del Estado como instrumentos fundamentales en la organización de la sociedad, al estilo de una dicotomía centro-periferia. En Kenia, como en otros países africanos, los vestigios de la construcción estatal colonial y postcolonial dieron lugar a un sistema etnocéntrico de opresión política y marginación económica puesto en práctica por las élites étnicas y subétnicas que se definieron a sí mismas y a otras según criterios étnicos para encubrir las tensiones de clases subyacentes. Mientras que en otros países, como en Somalia, este sistema ha resultado en el total desplome y desintegración del estado, en Kenia ha dejado problemas latentes, los cuales habrán de manifestarse inevitablemente debido a la concentración de la presión tectónica que resulta de los aspectos sin resolver de la Cuestión Nacional.

Para entender la política perjudicial de la etnicidad negativa es necesario comprender el contexto político-económico dinámico dentro del cual ocurren las interacciones étnicas. Los cambios de poder estatal que transforman las relaciones político-económicas fomentan nuevas formas de solidaridad, mientras que las configuraciones étnicas y subétnicas de cualquier tipo, lejos de expresar tendencias primordiales, son cultivadas en gran medida por las transformaciones dentro de la economía política misma. Cierto es que las afinidades culturales y geográficas pueden suministrar un fundamento importante para la solidaridad y para escisiones que, en circunstancias excepcionales, podrían hacer posible la movilización de identidades subnacionales que afecten el contexto más amplio de la acción política.

Impunidad presidencial y comicios defectuosos

Durante el período anterior a las infaustas elecciones del 28 de diciembre de 2007, miembros de los partidos de oposición anunciaron que las elecciones que se aproximaban no serían libres ni justas a no ser que la Comisión Electoral de Kenia, fuera reconstituida de modo que reflejara los intereses de los partidos políticos involucrados en la contienda. Haciendo oídos sordos a este justo reclamo, el Presidente, mediante el uso de poderes no democráticos, nombró a ciertos individuos (sus compinches, según se creía) para integrar la Comisión. Estos nombramientos fueron percibidos como una forma de inclinar la balanza a favor del Partido de Unidad Nacional, el partido de gobierno. Esta Comisión ahora ha sido acusada, por observadores tanto extranjeros como internos, de interferir con el recuento de votos y comprometer la integridad de los resultados. En reacción a la demora injustificada en anunciar los resultados en algunos distritos y a presuntas anomalías en el proceso de recuento, los seguidores del partido de oposición, el Movimiento Demócrata Naranja (MDN), que estaba claramente a la cabeza, anunciaron que se volcarían a las calles si se declaraba que el presidente Kibaki había resultado ganador.

CUADRO 1. Distribución demográfica de los DI (por sexo y edad), 12 de febrero de 2008

Fuente: Sociedad de la Cruz Roja de Kenia

Desde el inicio de la crisis, analistas políticos y comentaristas de los medios han debatido sobre a) si el anuncio de los resultados desencadenó la violencia interétnica en forma espontánea; b) si fue el resultado de una conspiración política bien planificada con el propósito de efectuar una limpieza étnica de ciertas comunidades, o por último, c) si el conflicto respondió a las fisuras históricas de la Cuestión Nacional – fisuras que se abren violentamente para exponer los resultados fraudulentos de un acto electoral por demás histórico.

Un análisis más a fondo de todos los factores pertinentes demuestra que sólo es posible encontrar una explicación razonable del conflicto si se toman los puntos a) y b) en conjunto.

La cuestión nacional sin resolver

Kenia se independizó del Imperio Británico en 1963, luego de una sangrienta guerra que dejó a los pueblos postcoloniales más unidos como nación-estado que como sociedad. En lugar de marcar el comienzo de un proceso democrático nacional, la guerra de liberación sembró las semillas de un proceso de diferenciación de clases basado en una política de privatización de la tierra que favoreció la formación de líderes caracterizados por lealtades tribales extremas y la concentración excesiva del poder [1] .

La aplicación de políticas adecuadas respecto a la tierra y a los reasentamientos podría haber ayudado a evitar los conflictos que se gestaban, pero ninguno de los presidentes que se sucedieron en el poder – desde Keniatta, pasando por Arap Moi hasta Kibaki – adoptó tales políticas.

Bajo el mandato del presidente Jomo Keniatta el estado postcolonial emergente se valió de cuanto recurso estuvo a su alcance para reproducir las prácticas del gobernador colonial: era una presidencia imperial que presidía sobre el desarrollo económico desigual de las regiones étnicas. Usando como base la política de la satrapía, el Estado implementó una política de tierras fuertemente sesgada a favor de las camarillas reinantes, dadas a la expansión del poder étnico-territorial, y presidió sobre la distribución desigual de empleos (tanto en la burocracia estatal como en el sector privado) y también desigual distribución de los recursos nacionales.

La enajenación de la tierra ha afectado principalmente a la fértil región kikuyu, en las tierras kalenjin/pokot, mjikenda y masai de las provincias Central, Coast y Rift Valley respectivamente. Estas grandes extensiones de tierra se perdieron inicialmente a manos de los colonizadores británicos y los mercaderes árabes de la costa y luego por los ajustes postcoloniales de tenencia/uso de la tierra y la necesidad acuciante que tenía el nuevo gobierno de reubicar a los miembros de comunidades que habían soportado lo peor de la enajenación de tierras colonialista. Los Kikuyu fueron los primeros en hacer constar sus quejas contra el gobierno de Keniatta, ya que habían perdido sus minifundios a manos de miembros de su propia comunidad quienes se creía habían colaborado con la represión colonial de la guerra de liberación Mau Mau liderada por los Kikuyu, entre 1952 y 1960.

En la provincia de Rift Valley, los kalenjin, que habían perdido sus tierras a manos de los colonizadores, esperaban ser beneficiarios del reasentamiento postcolonial. En lugar de ello, los Kikuyu, con la ayuda de Keniatta, también kikuyu, compraron grandes extensiones de tierras desocupadas por los colonizadores, atemorizados ante la perspectiva de la inminente descolonización [2] . También eso era contrario a lo que se esperaba, ya que se suponía que se iba a reasentar a los Kikuyu en la provincia Central y se produjo una diáspora interna de Kikuyu a más de 100 millas (160 kms.) al oeste de su tierra de origen tribal alrededor del Monte Kenia. Esta situación se repitió en la provincia de la costa, en donde las élites asociadas a los regímenes anteriores echaron mano a tierra costera potencialmente muy rentable en términos comerciales, dejando a los ocupantes indígenas mjikenda sin tierras propias.

De ese modo, los grupos que habían perdido sus tierras a manos de los colonizadores, entre ellos los kalenjin, los masai y los mjikenda, salieron perdiendo nuevamente ya que las compañías e individuos kikuyu, con el apoyo del Estado, compraron casi todos los establecimientos rurales desocupados por los colonos. Los sucesivos gobiernos han reaccionado a las quejas resultantes con indiferencia calculada. El presidente Moi debía su presidencia al proyecto expansionista Kikuyu. El presidente Kibaki, ahora envuelto en el torbellino, suponía que se podría resolver cualquier estallido por medio de la fuerza estatal.

Por otra parte, los luo guardan un rencor de larga data como resultado de la marginalización postcolonial. Como muchos otros grupos étnicos y subétnicos, los Luo se quejan de la pobreza de la infraestructura, de su exclusión del gobierno y de la pérdida de sus líderes prominentes por asesinatos organizados y ejecutados por las élites reinantes. El reciente fraude electoral les ha dado una oportunidad de dar rienda suelta a sus contenidas frustraciones.

Es decir, el fraude electoral ha dejado al descubierto las heridas históricas que supuraban bajo las cicatrices de los conflictos interétnicos, liberando en forma espontánea la ira contenida, el odio y las sospechas que son el resultado de la Cuestión Nacional no resuelta. En consecuencia, la autoridad estatal se ha desplomado en los baluartes del partido opositor MDN. Los seguidores del líder del partido Raila Odinga se volcaron a las calles en todo el país en violentas protestas y buscaron vengarse de la comunidad kikuyu que se percibe como leal a Kibaki. Las fuerzas de seguridad reaccionaron con brutalidad y los miembros de comunidades que apoyaban al MDN fueron atacados con violencia por las fuerzas armadas y los seguidores de Kibaki.

Justicia restaurativa

El enfoque instrumentalista que supone que el conflicto étnico de Kenia fue el resultado de los esfuerzos de algunos sectores de la élite política para movilizar la solidaridad étnica a través de escisiones políticamente motivadas, no ha logrado dar fin al conflicto. La justicia acusatoria retributiva de la que depende como forma de devolver la paz a la nación, ha contribuido a aumentar la polarización.

Un enfoque no arbitral de resolución de problemas -aunque no es lo que prefiere el ala dura de ninguno de los dos lados- ha encontrado expresión popular en el punto número cuatro del programa [3] redactado por el Comité de Diálogo y Negociación. El programa depende de la buena voluntad de los principales actores para guiar el proceso de reasentamiento posterior al conflicto y es más que probable que proporcione el marco adecuado para reexaminar la dinámica del ambiente socioeconómico y político. Es ahí donde reside la eficacia indudable de la justicia restaurativa como forma de asegurar la paz duradera en una nación postcolonial, multiétnica, capitalista y propensa a los conflictos como Kenia. En este enfoque, se reúnen el supuesto transgresor y la víctima para ayudar a ambas partes a comprender el contexto, su impacto en la vida social en todos sus aspectos, pero sobre todo, para establecer mecanismos restaurativos que atiendan al bien común. Es de esperar que la implementación del punto número cuatro del progra