En general, el grueso de la población ha sufrido abusos a los derechos económicos, sociales y culturales que incluyen el derecho a ganarse el sustento, a una alimentación adecuada y a verse libre del hambre, a vivienda, salud y educación adecuadas, y los de mujeres y niños. El derrocamiento de la monarquía y las elecciones para la creación de una Asamblea Constituyente permiten esperar que el largo período de violencia y conflicto haya al fin terminado. El nuevo Gobierno enfrenta importantes desafíos inmediatos, tanto políticos como económicos.
Nepal ha firmado 20 tratados de la Organización de Naciones Unidas (ONU), incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y siete convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, hasta el momento, el país no ha logrado avances significativos en cuanto al tratamiento de las violaciones de los derechos humanos.
Una década de violencia y desigualdad
El Partido Comunista–Maoísta de Nepal (PCN-M) anunció su lucha armada para derrocar al gobierno existente y establecer uno nuevo el 13 de febrero de 1996. Los maoístas declararon que era ésta la única manera de liberar genuinamente a los nepaleses de siglos de explotación feudal, privaciones, exclusión y discriminación en base a clase, casta, género, etnia, religión, idioma y aislamiento geográfico que siguieron arraigados a pesar del restablecimiento del gobierno democrático en 1990. En los años subsiguientes, las causas que dieron origen al conflicto – pobreza, injusticia, hambre y otras formas de privación socioeconómica – siguieron, mayormente, desatendidas (Karki y Bhattarai 2003). Al no lograr el Estado satisfacer las necesidades de la mayoría pobre, el PCN-M ganó amplio apoyo, particularmente entre los sectores más marginados de la sociedad rural.
Quienes esperaban que el conflicto diera lugar a una sociedad mejor y más equitativa pronto se vieron decepcionados. Por consiguiente, el país cayó en un torbellino de tortura, embargos de la propiedad, intimidación, detenciones ilegales, extorsión, secuestros, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, agravadas por la pobreza y la miseria ya extendidas (Karki y Seddon 2003; Karki y Bhattarai 2003).
El período de autocracia: “guerra contra el terror” versus derechos civiles
Luego de que el Rey asumiera la autoridad ejecutiva directa como Presidente del Consejo de Ministros y restringiera las libertades civiles el 1º de febrero de 2005, la situación de los derechos humanos se deterioró aún más. Las autoridades cortaron todos los vínculos de comunicación dentro de Nepal, así como con el resto del mundo. La libertad de expresión, la de movimiento y la de reunión pacífica fueron suspendidas, junto con muchos otros derechos. A pesar de que el Gobierno aseguró que estas medidas drásticas le permitirían poner fin a la rebelión liderada por los maoístas, el conflicto continuó con la misma brutal intensidad. Aunque las fuerzas opositoras renovaron su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y las leyes humanitarias, ambos continuaron cometiendo graves violaciones.
En los meses posteriores a haber tomado el control total del Gobierno, el Rey consolidó su control sobre instituciones clave, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el poder judicial, la administración pública y los medios. Una reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos facultó al Rey a cambiar la composición del comité de designación de la CNDH, socavando su autonomía. Human Rights Watch, organización con sede en Nueva York, informó que el Gobierno y el Ejército Real de Nepal blandían puños de hierro debajo de guantes de terciopelo, interfiriendo en forma constante con el trabajo del poder judicial, los medios, la sociedad civil, los partidos políticos que actúan legalmente y la CNDH. Estrictas reglamentaciones impuestas a los medios prohibían la transmisión de cualquier noticia que contuviera críticas al Rey y a su familia. Durante un estado de emergencia que se prolongó por tres meses, en 2005, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 333 personas, incluyendo a 13 niños (Pyakurel 2007).
Cientos de miles de personas, furiosas ante esta represión, se volcaron espontáneamente a las calles exigiendo el fin del sistema monárquico feudal. A pesar de la represión violenta del Gobierno, que dejó un saldo de 21 personas muertas y más de 6.000 heridas, las manifestaciones continuaron. Luego de 19 días consecutivos, este extraordinario estallido de fuerza popular (generalmente llamada Movimiento del Pueblo-II, o Jana Aandolan-II en nepalés) derribó al régimen autocrático el 24 de abril de 2006. El Parlamento electo retomó su actividad, en tanto todas las partes involucradas políticamente en el violento conflicto accedían a acordar la paz, por el bien del pueblo y del país.
Período de democracia interina, o Loktantra
Las expectativas generales de que la violencia llegaría a su fin con el colapso de la monarquía y el establecimiento de un “gobierno democrático interino” se vieron muy pronto decepcionadas. Muertes, secuestros, torturas, intimidación y extorsiones persistieron, incluso una vez formada una Asamblea Constituyente. El hecho de que el Gobierno no tomara medidas enérgicas contra quienes perpetraban los crímenes y no lograra mantener la ley y el orden dio lugar a la continuidad de la cultura de la impunidad. El combate armado y las violaciones generalizadas a los derechos humanos continuaron en todo el territorio del país. La lucha se hizo especialmente encarnizada en Terai, región de las tierras bajas cerca de la frontera con India. Los representantes de Terai (de etnia madhesi), descontentos con la constitución interina, exigieron el establecimiento inmediato de un sistema federal de gobierno y representación proporcional. Ante la ausencia de una rápida respuesta del Gobierno, surgieron más de 20 pequeños grupos armados en la región, algunos de carácter político y otros de accionar delictivo.
Afortunadamente, luego de haberse llevado a cabo, con éxito, las elecciones para la Asamblea Constituyente en la primavera boreal de 2008, el país parece estar logrando una transición de la autocracia a la democracia y del conflicto armado a la paz. Y, más importante aún, esta transición transmite el mensaje de que los nepaleses quieren verdadera democracia y alienta la esperanza generalizada de que los futuros gobiernos promoverán los derechos económicos, sociales y culturales, además de los civiles y políticos.
El presupuesto nacional: seguridad versus desarrollo
Nepal se encuentra entre los 49 países menos desarrollados del mundo, y en el puesto número 142 del Índice de Desarrollo Humano (PNUD 2007). Aproximadamente 31% de los nepaleses vive por debajo de la línea de pobreza, ganando menos de un dólar estadounidense por día (NLSS-II 2004). El conflicto con los insurgentes maoístas prácticamente paralizó la economía nacional. Una vez declarada la paz, el Gobierno esperaba un crecimiento de 4,5% para el año siguiente, sin embargo el PBI aumentó apenas 2,5% en 2007 (UNESCAP 2008). El presupuesto de ese año asignaba sólo 3,44% del gasto total de NPR 168.990 millones (USD 2.540 millones) al desarrollo agrícola, a pesar de que este sector es responsable por 39% del PBI del país. Esto es una violación de la Observación General Nº 3 del Comité ESCR de la ONU, el cual establece que, cuando no se cumplen los mínimos estándares de subsistencia, los estados partes tienen la responsabilidad de utilizar “todos los recursos que estén a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas.”
Liberalización comercial y derechos sociales, económicos y culturales
Nepal se convirtió en el país número 147 en incorporarse a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en septiembre de 2003. Funcionarios gubernamentales predijeron que la consiguiente liberalización comercial, potenciada por el hecho de que Nepal es miembro de dos acuerdos regionales de comercio – el Área de Libre Comercio en Asia Meridional y la Iniciativa de la Bahía de Bengala para la Cooperación Multisectorial Técnica y Económica – contribuiría a un crecimiento alto y sostenido, y a la reducción de la pobreza. Sin embargo, los beneficios de la liberalización comercial se han limitado a unas pocas industrias manufactureras y centros urbanos, y no han llevado a una transformación del sector agrícola, que emplea a más de 75% de los 26,4 millones de personas que integran la población del país y representa 13% de su comercio exterior.
La productividad agrícola es baja y la pobreza particularmente grave en las áreas rurales. La mayoría de la población rural se dedica a la agricultura de subsistencia, y la productividad permanece baja. La plantación, cosecha y producción y almacenamiento de semillas son mayormente realizados por mujeres. En consecuencia, ellas son quienes han sufrido la competencia de los alimentos importados que, al amparo de las políticas de liberalización comercial, han invadido el mercado. Esto constituye una violación de los derechos de los granjeros a la seguridad alimentaria y al sustento basado en la agricultura. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha proclamado que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y, en especial, la alimentación” De la misma forma, el PIDESC enfatiza “…el derecho de toda persona a… una alimentación adecuada…” El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho.
Conclusión
Varios tratados de derechos humanos de la ONU y convenios de la OIT, firmados por Nepal, obligan al Estado a realizar previsiones presupuestarias y esfuerzos de implementación para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Sin más demoras, el Estado tiene la obligación de asegurar a todos los ciudadanos el derecho a desagravio o compensación si estos derechos se les niegan o se infringen. Finalmente, debe adoptar medidas contra el problema del hambre, que está muy extendido y es cada vez peor, los precios de los artículos de primera necesidad, que se han disparado, y la degradación ambiental, incluyendo las consecuencias del cambio climático.
El país celebró recientemente las muy esperadas elecciones para la conformación de una Asamblea Constituyente de 601 miembros, Los ex rebeldes del PCN-M obtuvieron el mayor número de escaños. De los 575 electos, anunciados antes de la preparación de este informe, 191 (33,2%) fueron mujeres, un verdadero hito en la historia política de Nepal. En su primera sesión, el 28 de mayo de 2008, la Asamblea Constituyente abolió la monarquía que rigió el país durante casi 240 años (1769-2008).
La nueva República Federal Democrática de Nepal tiene enormes desafíos por delante. Estos incluyen la redacción de una nueva constitución; la institucionalización de la democracia; la promoción de los derechos humanos; asegurar que toda la población goce de los beneficios de la paz, con especial énfasis en la población rural; y el establecimiento de la paz duradera que los nepaleses ansían y esperan. El nuevo Gobierno deberá introducir reformas rápidamente, dirigidas a corregir los abusos a los derechos humanos que sufren los grupos tradicionalmente excluidos y marginados; de lo contrario, se corre el riesgo de que estos problemas, una vez más, no reciban la atención que merecen.
Referencias
ADB (2005). Measuring the Economic Costs of Conflict: The Effect of Declining Development Expenditures Serie de documentos de trabajo No. 2. Katmandú: Banco Asiático de Desarrollo, Misión Residente en Nepal.
GoN (2006). Economic Survey: Fiscal Year 2005/2006. Katmandú: Gobierno de Nepal, Ministerio de Finanzas.
Karki, A. y B. Bhattarai (eds.) (2003). Whose War? Economic and Socio-Cultural Impacts of Nepal's Maoist-Government Conflict. Katmandú, Federación de ONG de Nepal.
Karki, A. y D. Seddon (2003). The People’s War in Nepal: Left Perspectives. Delhi, Adroit.
NLSS (2004). Nepal Living Standards Survey 2003/04 (NLSS-II). Katmandú: CBS (Oficina Central de Estadística).
PNUD (2007). Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008. Nueva York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Pyakurel, S.R. (2007). Human Rights Situation in Nepal after Loktantra. Katmandú: Centro de Servicios para el Sector Informal (INSEC).
Subcomité de DESC (2006). Status and Trends – Economic, Social and Cultural Rights in Nepal: A Civil Society Report. Katmandú: Comité Coordinador del Monitoreo del Tratado de Derechos Humanos (HRTMCC), Nepal.
UNESCAP (2008). Economic and Social Survey of Asia and the Pacific. Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico. Disponible en: <unescap.org/survey2008/notes/nepal.asp>, acceso el 15 de abril de 2008.