La sociedad civil va cobrando forma

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2008
Alianza Yemenita del Foro Social

Las prácticas de las autoridades contradicen, en los últimos años, los compromisos asumidos en materia de derechos humanos por razones diversas, entre ellas el autoritarismo, la corrupción, la falta de transparencia, el mal uso del poder por parte de la mayoría de los funcionarios gubernamentales, la debilidad económica y la falta de atención a temas como la equidad de género. Aunque escasas y no especializadas, las organizaciones de la sociedad civil han logrado ser tomadas en cuenta por órganos de toma de decisiones, incidiendo así en la elaboración de nuevas leyes

La República de Yemen ha ratificado la mayoría de las convenciones internacionales o regionales sobre derechos humanos, en tanto la Constitución y las leyes consagran el respeto a todos los derechos humanos, el gobierno creó un ministerio de derechos humanos en 2003 y autorizó la creación de diversas organizaciones e instituciones de la sociedad civil de defensa de los derechos humanos. En los últimos años la democracia se ha debilitado debido a las muchas trabas y obstáculos, sanciones y prohibiciones, a la opinión y la libre expresión. Muchos de los diarios independientes han sido llevados a juicio y sufrido clausuras. Se emplea extrema violencia para reprimir manifestaciones y marchas pacíficas; las personas arrestadas han sido llevadas a juicio y el pronunciamiento de sentencias llega hasta la pena de muerte en el caso de algunos presos políticos en juicios excepcionales (aunque la Corte Suprema ha dictado sentencia de clemencia después).

Los partidos de oposición no pueden competir en pie de igualdad porque el partido gobernante utiliza todos los medios del Estado a su favor durante la campaña electoral, incluidas finanzas, funcionarios públicos, la fuerza militar y los medios de comunicación. Como resultado, el partido gobernante detenta actualmente 80% de los escaños en el parlamento y consejos locales.

El Informe sobre Desarrollo Humano 2007/2008 del PNUD clasifica al país en el puesto 153 entre 177 países, y el Índice de Percepción de la Corrupción 2007 de Transparencia Internacional coloca a Yemen en el puesto 131 de un total de 180.

Situación económica y social

Desde la unificación de Yemen el 22 de mayo 1990, la situación económica es frágil. Con el tiempo se agravó por muchas razones, entre ellas:

Estas y otras razones explican que 42% de los habitantes viva bajo la línea de pobreza, según estimaciones del programa de alimentación de 2006, porcentaje que se augura crezca en 2008, debido al aumento de los precios de los productos alimenticios, principalmente el trigo. La mayoría de las fuentes civiles (de investigación y organizaciones) considera que las políticas oficiales no se basan en políticas y bases económicas estudiadas, sino que se aplican de forma desordenada y se transforman en herramientas de protección para una minoría corrupta, que juega con los recursos del Estado y su riqueza, y arroja sobre la mayoría pobre de la población el peso de las llamadas “reformas económicas”, que no tienen ningún efecto visible.

Efecto de los acuerdos comerciales

Yemen liberalizó su comercio totalmente de acuerdo al programa de reforma económica, adoptado con el apoyo y la asistencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1985. El país se comprometió a bajar los aranceles aduaneros a 5% en el mínimo y a 25% en el máximo. Estos aranceles han tenido efectos devastadores sobre la producción local que no puede competir frente a las importaciones. Yemen es importador de alimentos y su comercio agrícola sufre un déficit comercial permanente en los distintos grupos alimentarios. La importación de alimentos representa 33% del total de las importaciones y una carga pesada sobre la balanza comercial y de pagos.

El sector industrial se caracteriza por su debilidad y escasa participación en la formación de la producción nacional y ocupación de mano de obra. La industria depende, en gran medida, de materias primas e intermedias importadas. Se observa una regresión de la inversión privada y la participación del sector privado (que sigue en estado embrionario, funcionando en un ambiente que no favorece las inversiones) en la producción total.

Situación de la mujer

Educación

Los indicadores de participación general de la mujer muestran un descenso importante. Las mujeres conforman 25,7% de la fuerza laboral, y el resto trabaja en las tareas tradicionales (agricultura y pastoreo). La brecha en educación se materializa de una forma aguda ya que la tasa de analfabetismo femenino es de las más altas registradas en los países en desarrollo. Las analfabetas de más de 10 años, constituyen 78% en el medio rural y 40% en el medio urbano; eso significa  más de 65% de analfabetismo entre las mujeres.

Las estadísticas señalan que 366 mujeres por cada 100 mil embarazadas y parturientas mueren a causa de las complicaciones y falta de asistencia médica. Principalmente en las zonas rurales, 55% no recibe ningún cuidado durante el embarazo y el parto. La tasa de fecundidad, según el censo del presupuesto familiar, es de 6,2. La mayoría de las mujeres no accede a los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva, y se agrega a eso el problema de los casamientos precoces.

Participación política

A pesar de que representan más de 42% en las listas de electores, la participación de las mujeres entre candidatas y vencedoras en las elecciones parlamentarias (1993, 1997, 2003) y locales (2001, 2006) ha sido apenas de 0,5%.

Aunque Yemen aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la brecha entre los géneros sigue siendo amplia y aguda, y existen textos de leyes que discriminan a la mujer. Muchas organizaciones de la sociedad civil, personalidades, líderes mujeres y hombres, que creen en la importancia de la igualdad, hacen esfuerzos apreciables para difundir la conciencia y convencer a las autoridades y partidos políticos de la importancia de modificar las normas y adoptar políticas que impulsen la participación de la mujer, entre ellas la adopción del principio de cuotas en las elecciones y designaciones.

Goce de los derechos sociales

Derecho a la educación

La Constitución y la ley general de educación y enseñanza insisten en la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica. Sin embargo, el Gobierno no ha implementado mecanismos y políticas específicas para hacer de este derecho básico una realidad, y mucho menos mejorar la calidad de la educación y la oferta de oportunidades igualitarias entre los géneros y entre el medio rural y la ciudad, etc. El Gobierno destina 17% del presupuesto general a educación, en tanto que gasta en defensa y seguridad más de 26% del presupuesto.

El tercer informe de desarrollo humano de Yemen describe el nivel de eficiencia de la enseñanza como muy bajo, tomando en cuenta el aumento de la deserción y fracaso académico, y la falta de aprovechamiento correcto del esfuerzo de los docentes. Una parte importante de ellos se concentra en la ciudad mientras escasea en las escuelas rurales, en tanto el número de alumnos por clase supera los 100. Los trabajadores en la enseñaza representan 54% del aparato administrativo del Estado, pero 78,8% de los directores de escuelas no tienen formación universitaria y 4,4% no poseen ninguna calificación escolar. Las maestras representan 17,5% del total de los maestros. El ingreso de un maestro/a con educación universitaria no supera los USD 150, lo que los lleva a buscar otros trabajos para mejorar sus niveles de vida.

Si bien el número de escuelas alcanza 14.632,  20% están cerradas por reforma o funcionan sin techo, y bajo árboles, o en construcciones de lata, la mayoría sin equipamientos ni insumos escolares suficientes. Todo eso hace que una parte importante de las escuelas sean ambientes no aptos para la enseñanza.

Los métodos de docencia y práctica de clase no están al día y no se adecuan a las necesidades del mercado de trabajo. Según el Informe sobre Desarrollo Humano, los métodos y estilos de enseñanza en uso no alientan el desarrollo ni el pensamiento crítico.

Derecho a la salud

Sólo se destina a salud 3,5-4% del presupuesto general del Estado, lo que representa 1,2-1,5% del PBI Los servicios de salud son incapaces de acompañar las necesidades crecientes como resultado de la expansión demográfica, que se debe, en parte, al retroceso en el uso de métodos de planificación familiar. Otros problemas que aquejan al sector incluyen la mala distribución de los servicios de salud, equipamiento deficiente, ineficaz administración de los recursos humanos, insuficiente entrenamiento y capacitación de los trabajadores del sector,  situación sanitaria precaria y regresión de la conciencia del personal sobre precauciones sanitarias.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2006 había siete camas de hospital por cada 10 mil habitantes; en 2004 había aproximadamente 6.700 médicos, un promedio de tres por cada 10 mil habitantes. A pesar de que los habitantes del medio rural representan 75% de la población, la cobertura sanitaria no supera 30%.

La OMS indica que 60% de los yemeníes viven en regiones afectadas por la malaria y que los infectados alcanzan los tres millones por año. Según un informe elaborado por la Comisión de Agua y Ambiente del Parlamento, alrededor de 12 millones de habitantes sufren enfermedades que se relacionan con la contaminación del agua, que 10% sufre de esquistosomiasis, y que tres millones han sido infectados por el virus de la hepatitis. Además, 50% de la mortalidad infantil es por causas también relacionadas con la contaminación del agua (20% por diarrea, 30% por malaria y fiebre tifoidea).

Derecho al trabajo y la protección social

La Constitución y las leyes laborales y del servicio civil se comprometen a acompañar las convenciones internacionales aprobadas en cuanto al derecho natural al trabajo para cada ciudadano y el derecho a un nivel de vida digno a través de un sueldo justo, pero las políticas gubernamentales de los últimos años han abandonado estos compromisos. En la actualidad, el Estado sólo emplea 20% de los egresados; el resto debe buscar trabajo en el sector privado, fuera de sus especialidades en la mayoría de los casos, o forma parte del creciente desempleo.

El régimen de seguro social cubre la totalidad de los funcionarios gubernamentales, pero a sólo 70 mil trabajadores del sector privado, lo que deja sin cobertura a cuatro millones de personas económicamente activas. Hasta el momento, no existe régimen de seguro de salud. El régimen de previsión y protección social se destina a personas mayores, viudas y huérfanos y, según se estima, daba cobertura a 603 mil personas en 2005. Más de 500 mil niños en edad escolar (6-14 años) desertan del sistema educativo y la mayoría de ellos va a ayudar a sus padres en los trabajos reservados para ellos (agricultura, pastoreo). Buena parte de ellos se dedica a la mendicidad y muchos son llevados, ilegalmente, a los países vecinos para hacerlos trabajar en la mendicidad o trabajo doméstico.

El rol de las organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos

El Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, a cargo de autorizar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, declara que su número ronda las 6.000. Más de 75% de ellas son organizaciones caritativas que distribuyen ayudas a las familias pobres y brindan servicios diversos. Las organizaciones que trabajan en pro de los derechos humanos son escasas y trabajan sobre los derechos humanos en general. Así, la misma organización trabaja por los derechos de la mujer, el niño y los derechos civiles, políticos y económicos, etc. A pesar de su bajo número y falta de especialización, han organizado numerosos ciclos de adiestramiento a sectores diversos, conferencias, actividades y discusiones de problemas en el campo de los derechos humanos. Han generado también una suerte de movimiento, aunque limitado a la clase intelectual de la sociedad, ya que la temática sigue ajena al público general.

Este movimiento influyó sobre organismos de decisión del Estado, como el Parlamento y el Ejecutivo, y éstos empezaron a exponer y discutir diversos problemas con los aportes de la sociedad civil. A pesar de que no haber generado grandes y notorios cambios, hay sí cambios sencillos en los temas de la mujer, la niñez y los discapacitados y han sido promulgadas algunas leyes sobre transparencia y combate a la corrupción. Se ha desarrollado en los últimos tiempos un número de alianzas y redes de activismo en temas y campos diversos (políticos, civiles, sociales, económicos e intelectuales) que, en un futuro, podría favorecer la influencia de la sociedad civil en materia de derechos humanos.


 


[1] Se trata de la guerra entre una coalición internacional e Iraq para desalojar este último de Kuwait. Esta guerra, conocida como la primera guerra del Golfo, es en realidad la segunda, ya que la primera es la guerra entre Iraq e Irán (1980-1988).

[2] Catha edulis: Un estimulante vegetal que se masca, parecido al tabaco, usado tradicionalmente en Yemen y otros países árabes vecinos.

La Alianza está formada por el Foro Social Democrático, el Centro de Información y Habilitación de los Derechos Humanos y el Observatorio Yemenita de los Derechos Humanos. El Foro Social Democrático hizo la propuesta y coordinó la preparación del informe. La comisión de redacción estuvo formada por: Nabil Abdelhafid Majad, Mohamed Yahia Assabri, Rena Ahmed Ghanim y Dr. Abdelbaki Chamsan.