Participación accionaria crítica: cómo apoyarse en las finanzas para promover los derechos humanos y el medioambiente

Andrea Baranes – Campaña por la Reforma de la Banca Mundial (CRBM)
Mauro Meggiolaro – Fundación Cultural Responsabilidad Ética

En varios países, las organizaciones y redes de la sociedad civil han comenzado a comprar algunas acciones de empresas acusadas de producir impactos sociales y medioambientales negativos, particularmente en el Sur global, a fin de participar activamente en la vida de la empresa. Esta es una nueva forma de cabildeo y una nueva herramienta de campaña: la participación accionaria crítica. Se critica a las empresas seleccionadas por su mala gobernanza democrática y su polémico historial de sostenibilidad y desempeño. Si los actores y administradores financieros todavía quieren invertir en empresas no sostenibles, que violan los derechos humanos y dañan el medioambiente jugando en una economía de casino, dejémosles en claro que no queremos ser sus cómplices y evitemos que ellos jueguen con nuestras fichas.

El “Pioneer Fund”, creado en Boston en 1928 se considera habitualmente como el primer caso de un inversor institucional que consideró parámetros no económicos en sus estrategias de inversión. El fondo alentó la inversión de acuerdo con creencias religiosas, prescindiendo de las “acciones pecaminosas” de empresas que operaban en sectores como el tabaco, el juego y las armas.

A fines de la década de 1960 surgió en los Estados Unidos una nueva concepción de finanzas éticas cuando los derechos civiles, y posteriormente las protestas contra la guerra, comenzaron a generalizarse. En 1968, los estudiantes de la Universidad de Cornell exigieron que el consejo se deshiciera de las acciones de empresas dedicadas al comercio con Sudáfrica. Unos años más tarde se creó el “Pax World Fund”, que excluyó a las empresas involucradas en la guerra de Vietnam.

El fundamento para excluir algunas inversiones fue ampliado, y comenzó a incluir consideraciones sociales. Más importante aún, desde finales de la década de 1960, no sólo se excluyeron algunos sectores específicos como armamento o juegos de azar, sino a las empresas y bancos que participaban en dichas actividades. Más tarde comenzaron a tenerse en cuenta algunos nuevos criterios, específicamente el historial de las empresas en cuanto a derechos humanos y medioambiente.  Esta resultó ser una poderosa manera de boicot a las empresas que hacían negocios con regímenes racistas (por ejemplo, Sudáfrica durante el Apartheid) o con dictaduras (como Chile bajo Pinochet).

Boicot versus participación

Históricamente, estos primeros casos fueron extremadamente importantes para poner de relieve el papel que pueden desempeñar los accionistas para influir en el comportamiento de una empresa. Varios casos de desinversión y boicot a empresas específicas, países o sectores lograron resultados impresionantes.  Es un hecho ampliamente reconocido, por ejemplo, que la campaña masiva contra empresas que mantenían relaciones económicas y comerciales con el régimen del apartheid en Sudáfrica jugó al menos cierto papel en impulsar el cambio a un sistema moderno y democrático.

Sin embargo, la desinversión en acciones de una sociedad significa cortar toda relación con la misma, junto con la oportunidad de intentar influir en su comportamiento. En contraste, ser accionista significa poseer una parte de la sociedad, por pequeña que sea, manteniendo así una relación y participando activamente en la vida de la misma para tratar de cambiar  su historial social en general.

El papel de los mercados financieros

Esta idea se está volviendo cada vez más importante en el contexto de los mercados financieros modernos. El alcance y el papel de las finanzas han crecido enormemente en los últimos años, como se ve en la llamada “financiarización” de la economía global. Más allá de unas pocas excepciones, la mayoría de las acciones de las empresas que cotizan en las bolsas de valores de hoy son propiedad de los fondos de inversión, fondos de pensiones y otros inversores institucionales. En consecuencia, para satisfacer las demandas y expectativas de estas instituciones, el valor diario de las acciones de la compañía se convierte en el objetivo principal de sus directores, reemplazando lenta pero sostenidamente al objetivo a largo plazo del desarrollo sostenible. Las opciones de compra sobre acciones y otros beneficios para la alta dirección han aumentado drásticamente esta tendencia.

En términos más generales, el “interés de los accionistas” está reemplazando rápidamente al “interés de las partes interesadas”. Algunas de las peores consecuencias de las finanzas modernas, inclusive la excesiva volatilidad y especulación, podrían estar al menos parcialmente vinculadas con este cambio. A la vez, el enorme poder del mundo financiero podría ser utilizado para desafiar el comportamiento social y medioambiental de las empresas individuales.

Los principios de la participación accionaria crítica

En varios países, las organizaciones  y redes de la sociedad civil han comenzado una nueva forma de cabildeo y una nueva herramienta de campaña: la “participación accionaria crítica”. La idea es muy simple: comprar algunas acciones de empresas acusadas de tener un impacto social y medioambiental negativo, particularmente en lo que respecta a sus inversiones en el Sur global, a fin de participar activamente en la vida de la empresa. En general, las empresas se seleccionan por su historial negativo social, medioambiental y de derechos humanos, su polémico impacto en los procesos de desarrollo locales y nacionales, su falta de transparencia, débil gobernanza democrática y por su total falta de rendición de cuentas.

El objetivo de la participación accionaria crítica es por lo menos triple:

En primer lugar, ofrece la oportunidad de hacer llegar directamente la voz de las comunidades del Sur y de las organizaciones internacionales de la sociedad civil a los directorios y accionistas de la empresa. Demasiados proyectos llevados a cabo por empresas transnacionales del norte producen un impacto negativo en la vida y los derechos fundamentales de grupos locales en el Sur global. Estos últimos no tienen oportunidad de hacer oír su voz en el país donde tiene su sede la empresa matriz. La iniciativa de participación accionaria crítica puede, por tanto, ser una herramienta eficaz para intentar hacer llegar esta voz directamente a los directorios, administradores y accionistas de la empresa. Desde un punto de vista de campaña, habida cuenta del papel destacado de los mercados financieros y el valor de las acciones, la actuación directa como accionista obtendrá una mayor atención de la empresa. Esto es tanto más cierto para los altos directivos, cuyo ingreso anual depende cada vez más de las opciones de compra sobre acciones y otros beneficios directamente vinculados al comportamiento de la compañía en el mercado de valores. Este tipo de compromiso puede, por tanto, servir para destacar el desempeño social y medioambiental de la empresa con el fin de reducir las mayores repercusiones negativas sobre el desarrollo y fomentar un diálogo más activo entre la compañía y todos los interesados.

En segundo lugar, con respecto a la cultura financiera general, la participación accionaria crítica es un instrumento de “democracia económica” que aumenta el conocimiento y la participación de pequeños accionistas y del público en general en cuestiones financieras. Ser accionista no significa meramente buscar los beneficios y dividendos más altos en el menor tiempo. La crisis actual ha puesto de manifiesto las amenazas de un sistema financiero basado en la maximización de los beneficios a corto plazo. Ser accionista implica derechos así como deberes, como la participación activa en la vida de la empresa, lo que se considera fundamental en todo proceso de desarrollo tanto en el norte como en el sur, dado el papel destacado que desempeña el sector privado en la mayoría de las sociedades.

Por último, desde el punto de vista de los inversores, la participación accionaria crítica aumenta la representación de los pequeños accionistas en la vida de la empresa. Un informe de 2009 de la OCDE señala que una de las principales razones de la crisis fue la mala planificación de la gobernanza corporativa de muchas compañías[1]. Este mismo informe de la OCDE se compromete a aumentar la participación de los pequeños accionistas en la vida y las decisiones de las empresas. La participación accionaria crítica va precisamente en esa dirección y puede contribuir al aumento de la democratización y rendición de cuentas del sector privado.

Redes internacionales y resultados iniciales

En varios países europeos, así como en los Estados Unidos, el compromiso activo de los accionistas se ha convertido en una práctica generalizada. Las intervenciones y propuestas de los pequeños accionistas activos han ayudado en muchos casos a mejorar la responsabilidad medioambiental y social, la gobernanza, rendición de cuentas y la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. Esta estrategia ya ha sido utilizada en campañas orientadas a la responsabilidad de corporaciones del norte, en solidaridad con las comunidades afectadas en el Sur global, a fin de promover su derecho al desarrollo.

El pionero en las prácticas de participación de los accionistas es sin duda el Interfaith Center on Corporate Responsibility (Centro Interreligioso sobre Responsabilidad Corporativa, o ICCR por su sigla en inglés) con sede en Nueva York[2]. Como coalición de 275 órdenes religiosas, católicas, evangélicas y judías, el ICCR involucra a compañías estadounidenses en las que invierte, presentando y votando resoluciones en las Asambleas Generales Anuales (AGA) de las empresas y reuniéndose con los directores y administradores de las mismas. La primera de esas resoluciones se presentó a principios de la década de 1970, solicitando a compañías como General Motors que retiraran su apoyo financiero y comercial a la Sudáfrica del Apartheid. Las resoluciones de ICCR sobre Sudáfrica, presentadas por la Iglesia Episcopal, nunca obtuvieron más del 20% de los votos de los accionistas, pero sí ayudaron a influir en la opinión pública y a poner el Apartheid bajo la atención de los mercados financieros. En los años previos al fin del Apartheid (1994), las inversiones directas de compañías estadounidenses en Sudáfrica se redujeron en un 50% y, como expresó Timothy Smith, uno de los primeros directores ejecutivos de ICCR: “Sin iniciativas de participación accionaria responsables la lucha contra el Apartheid habría sido mucho menos eficaz”.

La declaración de misión del ICCR expresa: “Creemos que las inversiones deberían ofrecer algo más que un retorno financiero aceptable… En lugar de vender las acciones de compañías que actúan en contra del medioambiente, los derechos humanos o la gobernanza, preferimos actuar como accionistas y presionar por un cambio”. A partir de 2010 ha presentado más de 200 resoluciones diferentes en las AGA de compañías estadounidenses en cuestiones tales como compensaciones excesivas a los ejecutivos, sustancias químicas tóxicas en los productos, experimentación con animales, utilización del espacio con fines militares o ventas de armas en el extranjero. Se han retirado muchas resoluciones antes de las asambleas generales porque las compañías aceptaron negociar con los miembros de ICCR. El porcentaje de accionistas que votaron resoluciones del ICCR a favor varía desde casi el 40% - en las resoluciones presentados en las AGA del Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs, pidiendo más transparencia en las transacciones con derivados financieros - al porcentaje récord de 97,9% en las resoluciones sobre VIH/SIDA presentadas en la AGA de Coca Cola en 2004, pidiendo a la multinacional que divulgara un informe sobre las posibles repercusiones económicas del VIH/SIDA y otras pandemias en el balance y estrategias comerciales de la compañía en los países en desarrollo. Después de la resolución, que estaba pensada para concientizar a Coca Cola sobre la emergencia del VIH/SIDA en el este de África, la compañía comenzó a publicar un informe detallado, como requirieron los accionistas activos, invirtiendo en prevención y atención sanitaria para sus empleados en los países pobres.

Resoluciones similares del ICCR han convencido al gigante de la vestimenta de Estados Unidos, The Gap, de revelar la lista completa de sus subcontratistas en los países en desarrollo así como a realizar una evaluación de riesgos sociales y medioambientales para cada uno de ellos.

Pero no sólo los inversores religiosos están poniendo a las empresas bajo el foco en las asambleas de accionistas. En los últimos 10 años también los grandes fondos de pensiones han comenzado a alzar su voz. En Estados Unidos el más conocido es Calpers (Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California). Calpers, con 1,4 millones de miembros y casi 200.000 millones de dólares en administración, ha comenzado a utilizar sus inversiones en acciones como una forma de comprometer a las corporaciones estadounidenses. Las campañas de Calpers, dirigidas principalmente a condenar las malas prácticas de gobernanza (por ejemplo, compensaciones excesivas a los ejecutivos), han obtenido un éxito amplio e inesperado, por lo que Sean Harrigan, presidente de Calpers hasta 2004, tuvo que renunciar debido a la creciente presión de las multinacionales estadounidenses. En septiembre de 2006, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que apoyaba al Equipo de Trabajo para la Desinversión en Sudán, adoptó una política dirigida de desinversión en las compañías que operan en el sur de Sudán (donde continúa la guerra civil en Darfur) para el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California (Calpers) y para el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California (Calstrs) y decidió compensar a los consejos de administración de ambos fondos por esta acción.

Además de Calpers y Calstrs, muchos otros fondos de pensión de empleados públicos han comenzado a ejercer presión sobre las empresas de Estados Unidos en las AGA, incluido el Fondo de Jubilación Comunitario del Estado de Nueva York, los Planes de Jubilación y Fideicomiso de Connecticut y la Oficina del Contralor de la Ciudad de Nueva York. “En los últimos años”, según una encuesta realizada por el Foro de Inversión Social de los Estados Unidos, “estos fondos han presentado decenas de resoluciones sociales basadas en las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre cuestiones de cambio climático o igualdad de oportunidades”.

En Canadá la atención de los fondos de pensión para asuntos sociales y medioambientales es estimulada por Batîrente, los fondos de pensión de la Caja de Economía Desjardins con sede en Quebec (un banco creado y totalmente controlado por los sindicatos) [3]. Batîrente administra cerca de EUR 350 millones, tiene más de 20.000 miembros y selecciona las acciones en las que invierte de acuerdo con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. “Al principio apoyamos las resoluciones presentadas por otros fondos u organizaciones”, dice Daniel Simard, coordinador de Batîrente. “Pero en los últimos años hemos comenzado a presentar nuestras propias resoluciones”. Junto con Oxfam, Batîrente ha convencido a Metro, una tienda en la que el fondo invierte, para que venda café de comercio justo, al tiempo que ha pedido a Sears, otra cadena minorista, que publique un informe social de acuerdo con los lineamientos de la GRI (Iniciativa Mundial para la Elaboración de Informes).

Con la excepción de Gran Bretaña, donde algunas instituciones financieras como el Banco Cooperativo, Hermes o F&C Asset Management han promovido la participación accionaria, en Europa esta práctica es aún marginal y rara vez alcanza los titulares. En el continente del capitalismo familiar y bancario, las bolsas de valores nunca han jugado un papel importante. Y, como consecuencia, los activistas han preferido otras maneras de presionar a las empresas. Pero algo está cambiando también en la Europa continental. La noticia más interesante viene de Suiza. Su nombre es Ethos. Nacida en 1997 por iniciativa de dos fondos de pensiones públicas, la Fundación Ethos para la inversión sostenible administra en la actualidad EUR 500 millones en nombre de unos 90 fondos de pensiones públicas en Suiza. Los fondos de pensiones delegan en Ethos el ejercicio del derecho de voto (asociado a las acciones en las que los fondos invierten) en las AGA de compañías suizas. Las remuneraciones excesivas de los gerentes, la reputación y la mala gestión de los directores, y la escasa transparencia a la hora de negociar con productos financieros “tóxicos”, son los principales problemas que presenta Ethos. La mayor parte de los objetivos son sociedades financieras o farmacéuticas, como UBS o Roche. En algunos casos las propuestas de Ethos están respaldadas también por otros inversionistas o por accionistas ordinarios y son capaces de obtener más del 50% de los votos de los accionistas, como sucedió este año en la Asamblea General Anual de UBS, en la que el Directorio propuso que se liberara a los miembros del anterior directorio de UBS de su responsabilidad en el colapso financiero de la empresa. Ethos votó en contra, y con ella la mayoría de los accionistas, quienes ahora están considerando demandar a la empresa por mala gestión y perjuicios financieros a sus clientes. Ethos vota en más de 100 asambleas generales de compañías suizas cada año. Para las empresas que no son suizas delega en sus socios internacionales que pertenecen al European Corporate Governance Service (ECGS, Servicio Europeo de Gobernanza Corporativa).

En algunos casos la participación de los accionistas está asociada con las estrategias tradicionales de campaña. En marzo de 2010, una coalición de sindicatos del Reino Unido, ONG e inversores intentó conseguir que miles de miembros de los planes de pensiones se unieran a una campaña de bombardeo de correos electrónicos destinada a forzar a los gigantes petroleros BP y Royal Dutch Shell a reconsiderar inversiones en la explotación ambientalmente polémica de arenas petrolíferas en la provincia de Alberta, Canadá. La coalición incluía a UNISON, el sindicato del sector público más grande del Reino Unido y Europa, con más de 1,3 millones de miembros y al Public and Commercial Services Union (PCS, Sindicato de los Servicios Públicos y Comerciales), el quinto sindicato más grande del Reino Unido. En lo que llamaron una “movilización pública sin precedentes”, la coalición pidió a los ahorristas que enviaran correos electrónicos a los administradores de sus fondos de pensiones para obligarlos a apoyar las resoluciones de los accionistas en contra de los proyectos de arenas petrolíferas que debían votarse en las AGA de BP y Shell en mayo. Otros miembros de la coalición incluían a Greenpeace, la World Wildlife Foundation y el grupo de la banca cooperativa. Más de 140 planes de pensiones, administradores de los fondos e inversores privados unieron fuerzas con FairPensions, un grupo de cabildeo con sede en Londres, para presentar una resolución de accionistas en la asamblea general de Shell el 18 de mayo.

En Italia, la Fondazione Culturale Responsabilità Etica (Fundación Cultural de Responsabilidad Ética, FCRE), controlada por el banco ético-ecológico Banca Etica, también ha decidido combinar las herramientas tradicionales de campaña de las ONG con una nueva forma de participación a través de la inversión en grandes compañías[4]. Ya en 2008, FCRE compró algunas acciones de empresas petroleras y de servicios públicos italianas (Eni y Enel, respectivamente) con el fin de participar en sus Asambleas Generales Anuales, dando voz a las ONG medioambientales y sociales, como Greenpeace Italia y CRBM, con sede en Italia y en países en desarrollo. En los últimos tres años, la Fundación ha cuestionado el historial social y medioambiental de ambas compañías apoyada por una serie de asociaciones en Nigeria, Chile, Congo-Brazaville, Kasajistán y otros países donde Eni y Enel tienen actividad, junto con sus operaciones subsidiarias en países señalados como paraísos fiscales.

La participación accionaria crítica como herramienta de campaña

Si bien se han logrado varios resultados mediante la participación activa de pequeños accionistas, no se pueden subestimar algunos aspectos críticos. En primer lugar, no hay que reconocer que el diálogo con una compañía debe pasar únicamente a través de la propiedad de acciones. Este supuesto reforzaría precisamente la idea de que los accionistas están ganando cada vez más peso con respecto a las demás partes interesadas. Ser inversionista podrá garantizar algunos derechos, pero de ninguna manera debe sustituir otros canales de diálogo y formas de presión sobre una empresa. Esto es tanto más cierto si el diálogo o la confrontación con la empresa abordan algo tan fundamental como los derechos humanos.

Por el contrario, la participación accionaria crítica debe ser considerada como una herramienta más entre una serie de instrumentos diferentes que tienen que ponerse en marcha en una campaña, y debería utilizarse en conjunto y reforzar otras herramientas de campaña.

Es más, los pequeños accionistas no deberían esperar resultados impresionantes y cambios en el comportamiento de las empresas por el simple hecho de participar en apenas algunas asambleas. La participación accionaria crítica es un instrumento que podría dar resultados en el largo plazo, insistiendo año tras año en un diálogo difícil con la empresa y los demás inversores.

Otro aspecto crítico importante es la dificultad de reunir información ajustada sobre empresas o proyectos específicos. Esto es tanto más cierto dado el flujo de la información que hay que abordar. La mayor parte de la información sobre la compañía, y que se entrega a los inversores y medios especializados, generalmente proviene de la propia empresa.

Casi todas las empresas que cotizan en los mercados de valores han desarrollado fuertes políticas de responsabilidad social corporativa con el fin de mostrar que se comportan correctamente, y a menudo se describen a sí mismas como “verdes” o “sostenibles”.  Más aun, el papel importante y creciente de las agencias especializadas en calificar a las empresas según su historial social y medioambiental no debería subestimarse. Estar definitivamente incluido en algunos índices, como el Índice de Sostenibilidad Dow Jones o el FTSE, se destaca a menudo como un argumento trascendental para “demostrar” el compromiso con la sostenibilidad. De hecho, aunque varios de estos índices y agencias calificadoras han sido criticados por no proporcionar un análisis serio entre las compañías, y por no investigar a fondo el comportamiento general, representan una importante fuente de información para la comunidad financiera.

Para superar este flujo de información, las actividades deberían por tanto llevarse a cabo en estrecha cooperación con las comunidades afectadas. En términos generales, es necesario un trabajo formal de investigación para obtener resultados.

Conclusiones

La mayoría de las compañías que cotizan en bolsa son propiedad de una multiplicidad de accionistas: inversores institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones y accionistas minoritarios. Esta extrema fragmentación, entre otras cosas, proporciona un enorme poder a los grupos financieros que tienen apenas un pequeño porcentaje de participación en diferentes compañías. Un problema relacionado tiene que ver con el excesivo poder en manos de los altos directivos con respecto a los accionistas. Por otra parte, esta misma multiplicidad de pequeños accionistas abre nuevas oportunidades. En los últimos años, millones de mujeres y hombres en todo el mundo han comenzado a virar hacia un consumo más responsable. Cada vez las personas están más conscientes de que tienen el poder de “votar por medio de la canasta del supermercado”. Podemos elegir los productos de algunas compañías y no de otras, dependiendo de su comportamiento. El movimiento por un comercio justo ha demostrado cuán importante se ha vuelto el consumo crítico. Este es un cambio cultural trascendente, que comenzó hace algunas décadas y que aún se está desarrollando.

Ahora debe producirse un cambio cultural similar en relación con nuestro dinero e inversiones. ¿Cuántas personas le prestarían dinero a alguien para financiar un negocio de armas anti-personales o de bombas de racimo? ¿Cuántas personas prestarían su dinero a alguien que tuviera la intención de apostarlo en un casino? Por otra parte, ¿cuántos de nosotros preguntamos a nuestros bancos, fondos de pensiones o de inversión en qué se utiliza nuestro dinero? En pocas palabras, nuestro dinero, canalizado a través de inversiones financieras, tiene un enorme poder y puede influir en gran medida, tanto positiva como negativamente, en el historial social y medioambiental de empresas y bancos.

Se requiere una fuerte alianza para tomar el control de este poder. Los inversores responsables tienen la capacidad técnica para intervenir en la participación accionaria crítica. Las ONG tienen el conocimiento y las relaciones con las comunidades afectadas por las inversiones de las corporaciones transnacionales. Los medios de comunicación tienen la oportunidad de informar a los pequeños inversores y a los trabajadores sobre el uso que podrían hacer de sus ahorros. Potencialmente, se podría movilizar una enorme cantidad de personas y capital para actividades de participación accionaria crítica, lo que llevaría a cambios concretos en el comportamiento de las compañías más grandes del mundo.

La participación accionaria activa ya ha producido algunos resultados en varios casos, y ha llevado a una mejor gobernanza corporativa y más participación de los pequeños accionistas. Al mismo tiempo, se necesita un mayor involucramiento y coordinación de la sociedad civil, inversores socialmente responsables y pequeños accionistas a fin de lograr mejoras concretas en el historial social y medioambiental de las empresas en el mediano plazo.

Por último, pero lo más importante, participación accionaria crítica no significa únicamente mejorar el historial social y medioambiental de las compañías que cotizan en bolsa. La promoción de una “democracia económica” significa mucho más. La reciente crisis financiera ha demostrado que nuestros ahorros fueron puestos en riesgo en una economía de casino. Tenemos que recuperar el control de nuestro dinero y nuestras inversiones. A través de la participación accionaria crítica se puede aumentar la cultura financiera de los pequeños inversores. No es sólo una cuestión de mejorar el comportamiento de una empresa. Hace falta una nueva cultura financiera.

Para resumir el impacto de la crisis financiera: primero, nuestro dinero no se utilizó para promover una mejor economía; segundo, se lo puso en riesgo; tercero, la inversión en el casino financiero contribuyó a explotar la burbuja y precipitar la crisis financiera; cuarto, la crisis ha tenido un impacto enorme en la vida de las personas en todo el mundo; quinto, se han producido enormes operaciones de rescate para salvar al sistema financiero que causó la crisis. En definitiva, estos rescates se pagarán con el dinero de nuestros impuestos.

Ya es suficiente. Si los actores financieros y los directivos desean seguir invirtiendo en empresas insostenibles, violando los derechos humanos y perjudicando el medioambiente, si todavía insisten en utilizar nuestro dinero para jugar en una economía de casino, levantemos nuestra voz y dejemos en claro que no queremos ser sus cómplices e impidamos que ellos jueguen con nuestras fichas.

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