Avances y retrocesos en la defensa de la Pachamama

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)
Wálter Arteaga

Pese al compromiso expresado por el actual Gobierno en favor de una política coherente sobre cambio climático, el modelo implementado en Bolivia está basado en el extractivismo y consagra la producción petrolera y minera como la base de la economía nacional y el eje de las estrategias para superar la pobreza. El espaldarazo del Gobierno al sistema de créditos de carbono y la iniciativa REDD ha generado, además, importantes dudas acerca del rumbo tomado por la administración Morales.

El territorio de Bolivia alberga una extraordinaria diversidad de especies de plantas y animales, así como también de culturas, con 36 pueblos indígenas. En el ámbito mundial, el país ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales y es el décimo quinto en cobertura boscosa[1]. Alrededor del 80% de sus tierras forestales se encuentra en la región de los llanos o “tierras bajas”, que comprende las subregiones Amazónica, Platense y del Gran Chaco y coincide con los territorios titulados a favor de los pueblos indígenas.  

Las políticas públicas del presidente Evo Morales reconocen que los bosques son ecosistemas estratégicos; asimismo, el país se ha convertido, desde fines de la década pasada, y de la mano de Morales, en uno de los países líderes en demandar un urgente desarrollo integral en armonía con la naturaleza, con la Pachamama (diosa madre de los pueblos indígenas andinos, equivalente al conjunto de la Tierra y la naturaleza) como sujeto de derechos.

Una apuesta incierta

Si bien el Gobierno de Evo Morales ha expresado su compromiso a favor de una política sobre cambio climático coherente con su postura ambientalista, el sesgo extractivista del modelo de desarrollo que ha implementado hace dudar sobre su “real” adhesión a los principios del desarrollo sustentable. En otras palabras, su apuesta gubernamental es altamente incierta, dada la notoria discrepancia entre el discurso en pro de la madre naturaleza y la filosofía del “vivir bien” con su postura extractivista, que ha convertido a la producción petrolera y minera en la base de la economía nacional, en el sustento de las finanzas públicas[2] y en el eje vital para intentar superar la aguda pobreza que afecta al 60% de la población[3].

De hecho, los datos oficiales procesados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) permiten establecer que en los últimos cinco años se ha verificado un incremento en la dependencia de la economía de las exportaciones de materias primas. Las ventas externas de productos primarios provenientes de las ramas de hidrocarburos y minería han pasado a ser dominantes, concentrando aproximadamente el 69% del total, frente a una participación más equilibrada vigente en el quinquenio anterior, donde estos sectores representaban el 47%[4].

Del mismo modo, el análisis del CEDLA sostiene que el crecimiento del producto nacional ha estado jalonado en la última década por la irrupción renovada de las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales. En el período 2001-2005, el crecimiento del PIB se explica en gran parte por el aumento de la producción de hidrocarburos, especialmente de gas natural. En cambio, en los cuatro años siguientes, 2006-2009, ese lugar fue ocupado por la actividad minera, que alcanzó una tasa promedio anual para el período de poco más de 20%[5].

Los planes oficiales de instalar mega-represas hidroeléctricas en la Amazonía boliviana para exportar electricidad a Brasil, junto a la adscripción a los proyectos carreteros transoceánicos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) y la presión para monetizar la riqueza forestal a través de la explotación maderera son otros factores que ponen en riesgo el equilibrio ambiental y ecológico y los “derechos adquiridos” por la madre naturaleza.

Por ello, la expansión de las actividades extractivas, con su secuela de daño ambiental e impacto socioeconómico en los territorios y comunidades indígenas y campesinas, ilustran la magnitud del reto gubernamental y los peligros siempre latentes de convertir el discurso ambiental-indianista en simple demagogia o, por el contrario, de llevar a la inviabilidad sus propias políticas económicas desarrollistas.

El mercado de carbono

Uno de los desafíos de la administración Morales es el desarrollo de una ingeniería institucional que, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado y el ejercicio de las autonomías indígenas en el Estado Plurinacional, le permita acceder a los mecanismos de compensación económica establecidos para los países que preserven y hagan sostenibles sus bosques. Esto es especialmente importante a la hora de considerar el rol estratégico de los bosques en la disminución de los índices de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ha sido dado en llamar el “secuestro del carbono”[6].

El protocolo de Kioto estableció el mecanismo de descontaminación conocido como “créditos (o bonos) de carbono”, como medida para reducir o contrarrestar las emisiones de gases de invernadero que inciden directamente en el calentamiento global. Cada crédito equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir o es absorbida gracias a mecanismos de forestación o reforestación, y es objeto de comercio dado su valor monetario asignado[7].

En esta política, la clave del diseño y alcance de las iniciativas radica en definir cuáles serán los mecanismos de distribución de estas compensaciones económicas por el secuestro de carbono. Quiénes pagan las compensaciones, quiénes obtienen la titularidad de los “créditos de carbono” y quiénes son los beneficiarios directos que reciben los recursos económicos de compensación son los ejes que definen si estas iniciativas se inclinarán más por la visión indianista o por el mercado capitalista.

Según la visión Gubernamental, el Estado plurinacional y los pueblos indígenas y comunidades campesinas deberían ser los receptores directos de estas compensaciones económicas. Esto no implica, por supuesto, que se libere a los países industrializados de su obligación de bajar sus emisiones de carbono, aunque lamentablemente muchas empresas en la actualidad optan por la compra de créditos de carbono en lugar de reducir efectivamente sus emisiones.      

Para viabilizar esta propuesta el país deberá dotarse de una nueva política nacional de bosques que enfrente las causas de la deforestación y degradación y contemple una estrategia específica para estos mecanismos de compensación, conocidos como REDD (reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosques). En la construcción de una política pública específica para REDD, Bolivia debería superar, además, barreras institucionales, legales y políticas, incluyendo las vinculadas al desarrollo de capacidades de las organizaciones nacionales gubernamentales, de las entidades territoriales y de la sociedad civil.

En este esquema gubernamental, la clave estriba en fortalecer en capacidades y financieramente el Programa Nacional de Cambios Climáticos: con este programa fortalecido es viable la puesta en marcha de un sistema de monitoreo de bosques y uso de suelos. Por otro lado, la actualización de los niveles de referencia de las emisiones de carbono permitirá elaborar un plan  de acción para la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación de bosques.

El análisis de la visión gubernamental muestra que otros de los desafíos pendientes en esta estrategia son:

• Involucrar e incorporar a las comunidades y pueblos indígenas en estas iniciativas.
• Dar apertura y participación de otros actores.
• Recuperar los conocimientos y experiencias en las iniciativas REDD ya desarrolladas en el país.
• Impulsar el saneamiento de tierras y el catastro rural.
• Diseñar los mecanismos para que los recursos obtenidos sean gestionados y administrados como inversión pública que mejore las condiciones de vida de las comunidades indígenas en las áreas donde se concreten esas iniciativas.

Con todo, el diseño de esta estrategia permitiría establecer cuán cerca o cuán lejos está el gobierno boliviano de llevar a la práctica sus postulados de una convivencia armónica con la naturaleza y las posibilidades reales del “buen vivir”[8].

Perspectivas e interrogantes

El examen detallado de las iniciativas REDD arroja una serie de coincidencias y divergencias con respecto a una perspectiva ideológica y a un modelo de desarrollo que se nutra de las prácticas y los saberes indígenas apostando por la sustentabilidad. Algunas de las coincidencias serian:
•      Las iniciativas REDD fomentan el manejo sustentable de los bosques.       
•      Son una oportunidad para que las comunidades indígenas consoliden sus derechos a  la tenencia de sus territorios.

Y las divergencias:
•      Las iniciativas REDD no afectarían las causas directas de la degradación forestal y la deforestación.
•      Generarían conflictos centrados en la titularidad de los créditos de carbono.

Las iniciativas REDD adquieren, además, una dimensión especial al considerarlas desde el diseño de políticas públicas referidas al acceso y uso de los recursos forestales. De hecho, estas iniciativas son una manera de analizar la intencionalidad política del Gobierno respecto al ejercicio del derecho sobre las tierras y recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas. Por tanto, es relevante interrogarse cuánto aportan las iniciativas REDD al desarrollo de las economías comunitarias indígenas en tres temas fundamentales:

• La recuperación del dominio ancestral del territorio mediante autonomía y autogobierno
• La redistribución de recursos y de los medios de producción en los territorios indígenas
• La administración y aprovechamiento de los recursos naturales.

En contra de implementar REDD se han esgrimido varios argumentos. Por ejemplo, que esta iniciativa se trata de un mecanismo destinado a incentivar la tala de bosques nativos y el establecimiento de plantaciones de monocultivos e incluso el uso de árboles transgénicos. Así, REDD no solamente estaría favoreciendo la privatización de la atmósfera[9], sino que estaría además sometiendo a los bosques del Sur a nuevas formas de apropiación en manos de los contaminadores, de los especuladores del mercado de carbono o de los mercaderes de servicios ambientales[10].

La preocupación radica más que nada en la posibilidad de que los países en desarrollo sean obligados a aplicar este mecanismo, y que de esa manera los países desarrollados no asuman un compromiso serio de reducción de las emisiones.