Extractivismo vs. bienestar

Publication_year: 
2012
Summary: 
El planeamiento económico promovido por el Presidente Juan Manuel Santos, que no cuestiona el modelo extractivista aplicado por la previa administración Uribe, es una opción equivocada. La globalización centrada en la liberalización de la economía, la movilidad del capital sin controles eficaces, la pérdida de autonomía política, los programas de ajuste estructural de Estado y el aumento de los gastos militares bajo la coartada del conflicto armado interno son obstáculos que impiden el desarrollo. El bienestar de la población y el medioambiente siguen en peligro. La producción de biocombustibles ha empeorado la economía campesina, desplazado poblaciones enteras y destruido ecosistemas naturales.

Corporación Cactus,
Coordinación Nacional de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Aura Rodríguez

El planeamiento económico promovido por el Presidente Juan Manuel Santos, que no cuestiona el modelo extractivista aplicado por la previa administración Uribe, es una opción equivocada. La globalización centrada en la liberalización de la economía, la movilidad del capital sin controles eficaces, la pérdida de autonomía política, los programas de ajuste estructural de Estado y el aumento de los gastos militares bajo la coartada del conflicto armado interno son obstáculos que impiden el desarrollo. El bienestar de la población y el medioambiente siguen en peligro. La producción de biocombustibles ha empeorado la economía campesina, desplazado poblaciones enteras y destruido ecosistemas naturales. 

Tras ser electo en 2010, el nuevo presidente Juan Manuel Santos, quien se había desempeñado como Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) ha establecido, como uno de los pilares de su administración, la “sustentabilidad ambiental y la gestión del riesgo”[1], y un Plan Nacional de Desarrollo. El documento oficial del plan establece una relación directa entre el aumento de la pobreza y el deterioro ambiental, razón por lo cual se deben implementar dos estrategias conjuntas para superar estos fenómenos: por un lado, una política económica enfocada a la generación de ingresos y aumento de la producción y, por el otro, la conservación y protección de la diversidad biológica y de los servicios ecosistémicos que contribuyen al bienestar humano[2].

En concreto, el Gobierno nacional estima que el sector minero-energético y la generación y transmisión de electricidad se incrementarán un 588%, las reservas permanentes de hidrocarburos un 335%, la producción de petróleo y gas un 79%, la construcción de poliductos y oleoductos un 78%, la producción de carbón un 70%, y la producción de oro un 51%. La primera estrategia asume que el país crecerá en el futuro inmediato 1,7 puntos porcentuales por año, cifra que reduciría en 1,2% la pobreza y 1,0% la indigencia. Al respecto, es preciso recordar que, si América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, Colombia está a la cabeza de la desigualdad en la región[3]. Mientras el 50% más pobre de la población percibe apenas un 13.8% de los ingresos, el 10% más rico cuenta con un ingreso equivalente al 46.5% del total[4].

La segunda estrategia, de conservación y protección de la diversidad, se fundamenta en la necesidad de incorporar consideraciones ambientales a lo largo de los procesos de planificación territorial y de gestión de las políticas sectoriales. La meta planteada por el Gobierno en este aspecto es reducir la huella ambiental de 1,9 gha/cápita.  Esta unidad hace referencia a la demanda humana de recursos puesta en relación con la capacidad de regeneración del ecosistema; una huella ambiental de 1,9 gha/cápita implica que Colombia explota su ecosistema 1,9 veces más rápido de lo que éste puede renovarse a sí mismo, en tanto el estándar de desarrollo humano sustentable se encuentra en 1,8[5]. La política ambiental también contiene dos actividades de especial relevancia para aumentar el crecimiento económico y, de forma paralela y según el plan oficial, mejorar las condiciones medioambientales: el aumento en la producción de los biocombustibles y el uso alternativo de carbón[6].

La base no cambia

El cambio de gobierno ha puesto al país en una situación confusa. En ciertos asuntos (como la relación con el poder judicial o la oposición), el presidente Santos ha marcado una distancia con relación a su antecesor; en política económica, sin embargo, lo mismo que en las políticas de desarrollo medioambiental, los lineamientos de uno y otro mandato, pese a las intenciones anunciadas, parecen ser los mismos.

Durante los dos periodos del gobierno de Uribe, según la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP), la cifra de la desigualdad en Colombia, medida por el coeficiente de Gini,se mantuvo igual al dato registrado en 2002 (0,59)[7].  Que la inequidad se mantenga en los mismos niveles de 2002 revela la ineficacia de los programas gubernamentales aplicados hasta el momento – y continuados por la actual administración[8].

Asimismo, uno de los pilares del crecimiento económico durante las dos administraciones de Uribe, vigente en el gobierno Santos, es el incremento en la explotación minera. Durante la presente década se han venido ampliando las actividades de extracción de recursos mineros en detrimento de la producción agrícola. Antes de 2001, por ejemplo, se expedían entre 80 y 100 títulos mineros por año, pero desde entonces han venido expidiéndose en promedio más de 400[9]. La profundización de la actividad extractiva por sobre la vocación productiva, los cambios drásticos ejercidos sobre el suelo a raíz de las actividades mineras y la reducción del apoyo a la pequeña producción campesina son tres momentos de un mismo proceso que afecta gravemente a los pequeños productores rurales.

Biocombustibles

Es igualmente preocupante que el capítulo sobre medio ambiente y desarrollo sustentable del Plan Nacional de Desarrollo vincule conservación y protección con la expansión de los biocombustibles. En los últimos años se ha profundizado el apoyo gubernamental a las actividades basadas en monocultivos agroindustriales por encima de la agricultura campesina de pequeña escala[10], ocasionando el desplazamiento de poblaciones enteras.

Los biocombustibles fueron propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo como una opción de energía “limpia”, presuntamente libre de consecuencias negativas a nivel medioambiental [11]. Al mismo tiempo, se los presentaba como la mejor opción productiva para países en vías de desarrollo, acompañados por una serie de estrategias comerciales de Washington, que veía en la posibilidad de comprar biocombustibles a bajo precio a países de Latinoamérica una manera de resolver algunos de sus problemas energéticos sin tener que derivar a la producción de biocombustibles parte de su producción alimentaria[12].

Entre octubre de 2005 y marzo de 2006 entraron en funcionamiento cinco plantas de etanol en Colombia (Ingenio del Cauca, la de Providencia y Risaralda, Ardila Lulle, más Mayagüez y Manuelita), que producen 1.050.000 litros diarios de etanol que abastecen el 60% del mercado nacional.  Sin embargo, las consecuencias negativas fueron evidentes de inmediato. Para empezar, la producción de biocombustibles requiere de grandes monocultivos de azúcar, maíz, palma aceitera o soja, y esta práctica productiva erosiona el suelo y agota sus nutrientes[13]. Además se ven comprometidos los recursos hídricos debido a la contaminación producida por los procedimientos de extracción y refinamiento, y se ve disminuida la extensión de tierra cultivable dedicada a la producción de alimentos, lo que aumenta los precios de los mismos y agrava las carencias alimenticias de los sectores más pobres de la sociedad[14].

El uso de la soja y el maíz para la producción de biocombustibles, por ejemplo, está afectando el precio de estos productos en el mercado de alimentos. El impulso dado por EEUU al uso del etanol ha hecho que el maíz haya superado picos históricos de precios. En 2007, el Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI) presentó un informe que incluía estimaciones sobre la posible repercusión internacional de la creciente demanda de biocombustibles. El precio del maíz, por ejemplo, aumentaría en un 41% para 2020, y la soja y el girasol podrían alcanzar hasta un incremento del 76% para el mismo año, mientras que el trigo llegaría a aumentar un 30%[15].

Asimismo, entre las múltiples posibilidades de empleo energético de la biomasa, los biocombustibles son una de las opciones menos atractivas en cuanto a emisión de gases de invernadero. Si bien las emisiones de CO2  se ven significativamente reducidas con el empleo de biocombustibles, no sucede lo mismo con otros gases de invernadero, especialmente el metano y aquellos que contienen nitrógeno y azufre (NOx y SOx)[16]. Todo esto sin contar que, dado que el cultivo de palma de aceite es de tardío rendimiento, el retorno de la inversión inicial no se da sino hasta cinco años después de la siembra, lo cual lo vuelve rentable sólo en unidades de producción superiores a las 50 ha, por lo cual este tipo de cultivos sólo puede pertenecer a medianos y grandes propietarios.

Discriminación a los afrodescendientes

Por añadidura, la expansión de los biocombustibles también ha afectado gravemente a la población afrodescendiente. En varios casos ha podido corroborarse que estas comunidades se han visto ilegalmente expropiadas por empresarios de los biocombustibles vinculados con grupos paramilitares. En lugares como Curbaradó, donde existe una importante mayoría afrodescendiente, los pueblos afro han perdido 29.000 hectáreas por accionar paramilitar. Hoy, 7000 de esas hectáreas expropiadas están sembradas de palma de aceite[17].   

La discriminación a los afrodescendientes es un problema de larga data en Colombia. Estas comunidades, que representan un 26% de la población del país, padecen condiciones de vida significativamente inferiores a las del resto de los colombianos. Por ejemplo, el 79% de los municipios con mayoría afrodescendiente se ubica en la franja de menor desarrollo económico y social, con hasta un 85% de sus pobladores en situación de pobreza, mientras que en el resto de los municipios este indicador no rebasa el 38%. De hecho, se estima que el 72% de la población afrodescendiente está ubicada en los estratos socioeconómicos más bajos de Colombia [18], padeciendo una tasa de mortalidad infantil que duplica la registrada a nivel nacional. Asimismo, los afrodescendientes tienen menos acceso a servicios básicos como educación y salud, así como a los mejores empleos y a la participación en la vida pública[19]. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado en mayo de 2009 denunció la falta de esclarecimiento judicial en la mayoría de los hechos de violencia que han afectado a muchos afrodescendientes y causado su desplazamiento, a la vez que valoró algunos esfuerzos del Gobierno por mejorar esta situación.

Recientemente se han experimentado algunos avances en este sentido. En marzo de 2011, por ejemplo, fueron restituidas más de 25.000 hectáreas a comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el noreste del país. Estas tierras habían sido expropiadas para la producción de biocombustibles por la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, que se disolvió en 2006; su devolución es parte de un programa de la administración Santos para la restitución de unos 2,5 millones de hectáreas expropiadas por organizaciones paramilitares[20].

 

[1] Gobierno de Colombia, Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para todos, p. 420

[2] Ibídem, p. 423

[3] Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Informe sobre Colombia, A/HRC/16/22, (febrero de 2011), párr. 99.

[4] Ricardo Bonilla e Iván Jorge (coordinadores), Bien-estar y macroeconomía 2002-2006: el crecimiento inequitativo no es sostenible, (Bogotá, CID, Universidad Nacional de Colombia, Contraloría General de la República, 2006), pág 23 y ss.

[5] Ibídem, p. 424

[6] Ibídem, p. 463

[7] Departamento Nacional de Planeación, Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) entrega series actualizadas al Gobierno Nacional, (24 de agosto de 2009), <www.dnp.gov.co>.

[8] Diario El Universal, Familias en Acción va a seguir y se va a fortalecer, (Popayán, 5 de marzo de 2011), <www.eluniversal.com.co>.

[9] Houghton, Juan (editor), La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales en los pueblos indígenas, (Bogotá, Centro de Cooperación al Indígena, 2008).

[10] Diario El tiempo, “Ley para sufrir menos por el dólar”, (viernes 24 de julio de 2009), pág 1-8.

[11] Álvarez Roa, Paula, “La política del Gobierno colombiano en la promoción de biocombustibles”, (2008), <confraternizarhoy.blogspot.com>

[12] Valencia, Mario Alejandro, Los biocombustibles en Colombia: El modelo de Robin Hood al revés y los precios de los alimentos, (2008), <mavalencia.blogspot.com/2008/03/los-biocombustibles-en-colombia-el.html>

[13] Ecoclimático, “El monocultivo y sus consecuencias”, (noviembre 2008), <www.ecoclimatico.com/archives/el-monocultivo-y-sus-consecuencias-822>

[14] Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, Biocombustibles, un desastre en potencia, <www.wrm.org.uy/actores/CCC/Nairobi/Biocombustibles.html>

[15] Greenpeace, Biocombustibles, <http://www.greenpeace.org.ar>

[16] Ibídem.

[17] Revista Semana, “Los usurpados del Choco”, (Revista Semana nº 1402, 16 a 23 de marzo de 2009), pág 49.

[18] Romaña, Geiler, Afrocolombianos en busca de leyes contra el racismo y la desigualdad, (noviembre de 2005), <www.revistafuturos.info/futuros14/afrocolombianos.htm>

[19] Globedia, Padece población afrodescendiente de Colombia marginación, (15 de mayo de 2009), <uy.globedia.com/padece-poblacion-afrodescendiente-colombia-marginacion>

[20] Vanguardia.com, Restituyen más de 25 mil hectáreas a colombianos afrodescendientes, (19 de marzo 2009), < www.vanguardia.com>

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