La sociedad civil a la vanguardia
SW Benin
La múltiple crisis ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de las poblaciones, en particular las más pobres. La sociedad civil ha colaborado como socio y enlace del gobierno en la promoción de medidas de combate a la crisis, al tiempo que promueve, entre otras, la revolución verde, la universalización de la alimentación escolar, la inversión en investigación agrícola y sobre cambio climático, así como sobre transferencia de tecnología.
La crisis múltiple ha tenido variado impacto sobre la productividad y economía beninesas, volviendo mayor la vulnerabilidad de pueblos y aldeas, en particular, las más pobres. Ya se han reducido los márgenes de maniobra y podrían reducirse los recursos para la financiación de pequeñas y medianas empresas, la ayuda pública al desarrollo y los flujos de inversiones extranjeras directas.
El Presidente Yayi Boni, banquero de profesión, manifestó su indignación cuando el saliente presidente de Estados Unidos, George Bush buscó suprimir la crisis financiera en los Estados Unidos poniendo a disposición de los grandes bancos estadounidenses en quiebra USD 710.000 millones, medida imitada por Europa, que para lo mismo ha dispuesto más de EUR 1,3 billones (USD 1,7 billones). Boni se preguntó de dónde Bush podría sacar ese dinero y declaró que, al fin y al cabo, son los países pobres los que van a terminar pagando los costos de la crisis. Reclamó una mejor gobernanza mundial y una reforma de las Naciones Unidas que incluya dos asientos para África en su Consejo de Seguridad.
Crisis financiera y alimentaria
En Benín la canasta familiar ya no está surtida, el transporte rural de los productos alimenticios hacia las ciudades se ha vuelto infrecuente y el coste de los materiales para la construcción aumentó. Varias obras, se han detenido, entre ellas las del Estado, que ha tenido que hacer uso de su poder para adquirir los materiales de construcción y seguir con las obras más importantes, en detrimento de los de las poblaciones rurales – en particular, las más pobres. Estas poblaciones se han visto obligadas a agotar sus recursos económicos y no cuentan con capacidad de invertir en la educación y la salud de sus familias.
El alza en el costo del barril de petróleo, el desarrollo de los agro-combustibles y la especulación internacional condujeron al mundo entero, y especialmente a África, a una crisis sin precedentes en 2008. Benín fue afectado por un alza generalizada de los precios de los productos de primera necesidad que, por ejemplo en el producto de mayor consumo, el maíz, llegó a un 220%. La actual crisis se hace sentir incluso más, en particular por una escalada en los precios y por la escasez de los productos locales. La baja productividad agrícola y la creciente demanda condujeron a la sobrepuja de los productos alimenticios locales y a dificultar la llegada de alimentos a los hogares, sobre todo a los más vulnerables.
Las medidas del Estado
Como en 2008, el Gobierno ha respondido por medio de desgravaciones fiscales y la constitución, por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria, de un stock tapón (stock temporal, utilizado como margen de reserva). Estas medidas permitieron reabsorber en algo los efectos de la crisis en 2008, si bien, por sobre todo, enriquecieron a los comerciantes, quienes siguieron vendiendo caro y lograron importantes beneficios que cargaron sobre las espaldas de los consumidores y del Estado.
Del mismo modo, procedió a la supresión del IVA y a la subvención de algunos productos alimenticios (25% por ejemplo para el arroz, la leche y el azúcar), a la institución del control de los precios, a una campaña de sensibilización sobre toda la extensión del territorio nacional, a la instauración de tiendas-testigo por parte de la Oficina Nacional para la Seguridad Alimentaria en los 77 municipios del país, y a la creación de un Comité nacional de gestión de la carestía de la vida, descentralizado en Comités departamentales y comunales. El país fue favorecido, además, por importantes subvenciones de cereales (arroz y maíz) y azúcar que venían de Libia y países del Golfo.
A pesar de estas medidas, los consumidores más pobres y más vulnerables siguen teniendo gran dificultad para acceder a los alimentos, sin recibir reales beneficios de las subvenciones. Los Comités establecidos funcionan muy poco a causa de la no disponibilidad de los recursos financieros prometidos por el Estado cuando fueran instalados. Para el largo plazo, se elaboraron y se aplicaron dos programas: el Programa Urgente de Apoyo a la Seguridad Alimentaria, con un costo total de unos USD 128 millones y el Programa de Diversificación Agrícola por la Valorización de los Valles estimado USD 20,5 millones.
El papel de la sociedad civil
Las campañas de interpelación del Gobierno con respecto a la carestía de vida fueron organizadas a través de las organizaciones de la sociedad civil. Las asociaciones del consumidor acompañaron al Estado en una supervisión estratégica permanente sobre la evolución de los precios y ayudaron a elaborar propuestas a través de su participación en los trabajos de los comités de gestión de la carestía de la vida, la publicación de comunicados de prensa y la organización de ruedas de prensa.
Crisis energética
El alza en el precio del barril ha llevado a que las poblaciones, ya acostumbradas al uso de combustible “kpayo” (adulterado), incrementaran su consumo. Hay una muy escasa frecuentación de las estaciones oficiales de productos derivados del petróleo, lo que redunda en una reducción de los ingresos del Estado.
Por otra parte, en 2002 los resultados del censo general de la población y el hábitat (RGPH-3) pusieron de manifiesto que apenas algo más de uno de cada 5 hogares (22,4%) tiene acceso a una fuente pública de electricidad, por lo que el alumbrado a petróleo sigue prevaleciendo en un 77% de los hogares. Al respecto, todo parece indicar que Benín no ha aprendido ninguna lección de la crisis anterior. Después de haber hecho la vista gorda durante un año, esperando que la solución viniera del exterior – en particular la interconexión entre la Transmission Company of Nigeria y la Comunidad Eléctrica de Benín – el país por fin se comprometió a comprar turbinas a gas, algo que tarda en convertirse en realidad.
Entre tanto, las actividades de la población en general se han visto paralizadas, y en particular las de industrias y microempresas, lo que redunda, entre otras cosas, en el alza del precio del cemento, la interrupción en la distribución de agua potable, la avería repetida de los aparatos (electrodomésticos, informáticos etc.) en los poblados, la imposibilidad de los empresarios de honrar sus compromisos frente a las instituciones financieras y la reducción del rendimiento en las administraciones ya sean públicas o privadas.
Durante mucho tiempo el Estado subvencionó los precios del petróleo, hasta que se declaró “desarmado” por el peso de esta subvención sobre el presupuesto. Tras la caída del costo del barril del petróleo, el Estado renunció a ganancias para desalentar la venta informal del kpayo, que causa múltiples males a las poblaciones.
En respuesta a los compromisos de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), en las conferencias cumbre, de diciembre de 2001 y enero de 2002, para instituir un sistema de intercambio de energía eléctrica que atendiera la creciente demanda de la región, los estados miembros crearon el Proyecto de Interconexión Eléctrica 330kV Ghana-Togo-Benín. El mismo, que requiere una enorme inversión financiera, está pensado para favorecer la comercialización de la electricidad, mejorar su suministro, ayudar a reducir los costos de producción y a colmar el déficit en las centrales hidroeléctricas durante los períodos de sequía.
Por otra parte, en el marco de la Estrategia de la Creciente de la Reducción de la Pobreza (SCRP), el Gobierno inició reformas en el sector de la electricidad que deberían a largo plazo aumentar la eficacia de su gestión para permitir una distribución satisfactoria en calidad y en cantidad. Por otra parte concedió ventajas fiscales a los operadores privados para incitarles a dotarse con unidades de producción de la Sociedad Beninesa de Energía Eléctrica (SBEE).
Crisis climática
La crisis climática se manifiesta en Benín por una mayor variación de las precipitaciones, una disminución de la pluviosidad en relación a la media anual (15% hasta 2025) en el noroeste del país, mayor recurrencia de fenómenos extremos, como fuertes lluvias y tormentas, acortamiento de la duración temporada lluviosa, retraso e irregularidad del comienzo de precipitaciones, aumento a largo plazo de la temperatura media (+1 a +2 hasta el final del siglo XXI). Esto compromete la agricultura, los recursos acuíferos, los ecosistemas lacustres del bajo-Benín, el litoral y los parques y reservas naturales del país. Las tres cuartas partes de la ciudad de Grand-Popo ya se encuentran sumergidas en el mar. La capital Cotonou, al este del Puerto, se encuentra en plena erosión. Se proyectan escenarios, para 2035-2050, en los que la erosión alcanzará los 40 cm.
Además, se prevén impactos en la biodiversisdad: una sensible disminución de las precipitaciones al norte del 8º paralelo habrá de modificar sensiblemente el ritmo de recambio de las capas (reducción de 20% al 40%), y la sobreexplotación de las reservas de agua de la meseta de Calavi, que va a aumentar la intrusión salina.
Las proyecciones prevén que, para 2025, un 52% de los benineses vivirán en las ciudades (hoy lo hace el 37%). Es necesario, desde ya, reconsiderar los medios de transporte urbano y el consumo de energía, para volverlos menos contaminantes. Por otra parte, el cambio climático tendrá repercusión directa en la producción rural. Se anticipa que el rendimiento del arroz bajará un 25% y el de la judía de vara un 15%, en tanto que el ñame, alimento básico de Benín central, aumentaría en un 4% para 2050. En este escenario, entre el 50% y 60% de las poblaciones del Benín meridional estarían sumidas en inseguridad alimentaria en tanto en la zona central del país entre un 25,9% y un 33%.
En términos de estrategias para una adaptación al cambio climático en la explotación duradera de las cuencas vertientes al Norte Occidental, el Gobierno, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana, inició el proyecto-piloto del ProCGRN. Los ejes de intervención de este proyecto son los siguientes:
Por otra parte, Benín elaboró su Programa de Acción Nacional para la Adaptación (PANA) al cambio climático. En la aplicación de las actividades previstas en el programa, el país ya se benefició de USD 3.100 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. En el marco de la 15ª reunión del grupo de expertos de los Países Menos Avanzados (PMA) de marzo de 2009 se discutió sobre cambio climático y se buscó garantizar el éxito de la aplicación de las medidas prioritarias, inmediatas y urgentes contenidas en los PANAs al cambio climático. Se constató entonces que, a diciembre de 2008, 39 de los 48 PMA habían terminado la elaboración de su PANA pero, hasta entonces, solamente Bután había comenzado la aplicación de su primera medida de adaptación. Esto muestra la dificultad y la complejidad de aplicación de las medidas prioritarias de adaptación. Según el Ministro beninés de medio ambiente y protección de la naturaleza, Justin Adanmayi, uno de los puntos críticos en la aplicación del PANA es el acceso a los recursos del fondo PMA y la movilización de las financiaciones complementarias necesarias, en particular, la contrapartida nacional para garantizar la realización in situ de las actividades de adaptación.
La sociedad civil ha realizado campañas de sensibilización en distintas poblaciones respecto a la degradación de las formaciones de manglares que reducen considerablemente la productividad de las lagunas y amenazan su ecosistema.
Recomendaciones
Crisis alimentaria
Crisis climática
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