COSTA RICA

Una crisis, dos visiones de país

Programa de Participación Ciudadana
CEP-Alforja1
Mario Céspedes y Carmen Chacón

La sociedad costarricense ha venido asistiendo al enfrentamiento entre dos formas antagónicas de imaginar y proyectar el país. Mientras unos sectores abogan por el modelo de mercado, otros reclaman el del Estado solidario que atienda, entre otras cosas, los derechos sociales, económicos y culturales de la gente. La crisis, y las posibles  formas de salida, conforman el nuevo campo en el que estas dos visiones chocan. Mientras el Gobierno propone un paquete de medidas que parece tímido y tardío, la sociedad civil apuesta a la inclusión social y productiva.

En Costa Rica los impactos de la crisis mundial comenzaron a ser visibles desde el segundo semestre de 2008. Algunos datos relevantes de estos impactos se encuentran en el decrecimiento (interanual) del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) expresado en un -1.0% en octubre de 2008, un -2.5% en noviembre, un -3.7% en diciembre y un -4.5% en enero de 2009. “Un análisis por sectores, con base al mismo IMAE, indicaría que los sectores de agricultura, industria manufacturera, comercio y hoteles ya estarían en recesión dado que el valor del IMAE al mes de diciembre de 2008 sería menor al logrado en diciembre de 2007”2.

En julio de 2008 la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) reportó 1.376.667 trabajadores(as) asegurados; seis meses después reportó 1.385.350, lo que representa un aumento de solo 0,1% de promedio mensual. En total hubo 8.683 nuevos trabajadores. Esto significa que la reducción en el crecimiento productivo ya habría impactado la generación de fuentes de empleo durante el segundo semestre de 20083.

Siendo el empleo una de las principales preocupaciones de la población, veamos dos ejemplos concretos relacionados con las personas migrantes y las mujeres. El reporte de la CCSS precisa que existían casi 90.000 trabajadores asegurados en la construcción, pero que en enero de 2009 fueron apenas 74.000 empleados4, es decir una pérdida de 16.000 empleos en 6 meses.

Según un estudio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en su componente migratorio, concluye que hace dos años el 65% de unos 150.000 trabajadores de la construcción eran nicaragüenses5. Cabe destacar que las cifras reportadas a la CCSS se encuentran muy por debajo de los números reales, pues la mayoría de población migrante contratada en la construcción no cotiza en la CSSS, lo que les deja en una situación de extrema vulnerabilidad.

Crisis y género

En cuanto a los impactos en las mujeres, aumenta el desempleo y crece la brecha salarial entre sexos. Un informe de OIT dado a conocer el 8 de mayo de 2009 asegura que casi medio millón de personas – la mayor parte de ellas mujeres – perderán sus empleos en América Central durante 2009, con lo cual la tasa de desempleo femenino subirá 3,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar 14%.

El salario promedio por hora de las mujeres respecto al de los hombres ha venido cayendo, desde 99,1% en 1999 a 83,9% en 2007. La brecha salarial es mayor en las actividades agropecuarias y la pesca – donde dedican 13 horas más al trabajo no remunerado –, luego siguen las profesionales y las trabajadoras no calificadas, con una diferencia de 10 horas. Es decir que, a pesar de que el tiempo efectivo de las mujeres en el trabajo remunerado es similar al de los hombres y a su creciente participación en el mercado de trabajo, la dimensión no remunerada del trabajo que es socialmente necesario para reproducir y cuidar tanto a la fuerza de trabajo como a las personas mayores y enfermas sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres, de modo que invierten una jornada de trabajo adicional y una hora más en atender esta demanda social6.

La respuesta del Gobierno

En enero de 2009, el Presidente Oscar Arias presentó el llamado “Plan Escudo” en respuesta – que parece tardía e insuficiente – a la crisis. El proyecto, que apunta a apoyar a las familias, los trabajadores, las empresas y el sector financiero, consiste en la implementación de nuevas medidas – como la Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis – y en la continuación de otras ya vigentes – entre ellas, el aumento de 15% en las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS, el programa de alimentación para los niños y niñas más vulnerables durante los fines de semana, el Programa “Avancemos”7, el subsidio de vivienda y el perdón de deudas atrasadas a 2.100 familias de escasos recursos.
 
Algunas de las propuestas refuerzan las estrategias focalizadas de atención de la pobreza, que consolidan el asistencialismo y que corren el riesgo de convertirse en ofrecimientos clientelares para el período electoral. Particularmente graves son las omisiones del Plan en cuanto a la atención de las necesidades de las  mujeres. En efecto,  no se menciona ninguna medida que elimine la discriminación por sexo en el mercado laboral y la explotación de las mujeres en el ámbito del trabajo reproductivo y de cuidados, así como la calidad de sus empleos8.

Una mención especial merece el proyecto de Ley de Protección al Empleo en Momentos de Crisis, que compromete a las empresas a bajar el número de horas de trabajo sin reducir su valor ni realizar despidos.

Otras medidas anunciadas se relacionan con el impulso de micro, pequeñas y medianas empresas, la capitalización de los bancos del Estado y las inversiones en infraestructura pública, particularmente en educación y red vial nacional, para lo cual se gestionan préstamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos financieros internacionales.

De acuerdo al Dr. Luis Paulino Vargas9, el endeudamiento externo para enfrentar la crisis según el Plan, ascenderá a USD 1.400 millones solo en gastos de obra pública. “Esto implica, de un solo golpe, un aumento de alrededor del 25% en el monto de la deuda externa (…). Como mínimo ello exige planificación meticulosa en el uso de tales recursos”10. Otro problema es el contraste entre la urgencia por dichos recursos y el complejo y lento proceso de negociación de préstamos, aprobación parlamentaria y concesión de la obra pública respectiva.

Los sectores sociales, políticos y empresariales – quizás disconformes con la forma en que el Gobierno planteó la iniciativa – dicen que, hasta el momento, los resultados del Plan Escudo están por debajo de las expectativas. El presidente Arias no generó procesos de diálogo nacional que permitieran construir consensos sociales amplios. Además, la iniciativa fue lanzada precisamente en año pre-electoral, lo que complejiza la ejecución de las medidas, distorsiona el debate parlamentario y profundiza la desconfianza de la ciudadanía sobre las “buenas intenciones” del presidente y su partido de gobierno.

La propuesta de las organizaciones sociales

Tres meses después de la presentación del “Plan Escudo”, diversas organizaciones sociales presentaron a la opinión pública nacional una propuesta llamada “Diez medidas para enfrentar la Crisis con Inclusión Social y Productiva”11.

Esta propuesta se inscribe en un contexto en el que las organizaciones sociales han logrado fortalecer sus capacidades de resistencia frente al modelo neoliberal como, por ejemplo, en la resistencia contra el Tratado de Libre Comercio con EEUU, mayor capacidad de incidencia en el debate nacional sobre la orientación del país, y una mayor capacidad de propuesta. Sus puntos son:

1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero. Redireccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.
2. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario. Reactivación de la agricultura y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.
3. PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente. Frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental.
4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados. Frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.
5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.
6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas. Es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego flexibilizarse en alguna medida.
7. “Hecho en casa”. Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos. Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización.
8. Estabilidad en el empleo público. En esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el Gobierno central y el descentralizado deben brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.
9. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo — de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular.
10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad. En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha o paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable.

A la espera del diálogo nacional

La sociedad costarricense está dividida en dos visiones de país que se han venido enfrentando – por ejemplo, en la resistencia y movilizaciones contra el “Combo” del ICE12 (2000), en el proceso electoral 2006 y en la lucha contra el TLC a través del referéndum de 2007. Por un lado hay sectores que impulsan el modelo de libre mercado. Por otro, están los que impulsan el modelo de Estado solidario pero que, además, quieren avances en la ampliación de los derechos sociales, económicos y culturales y en la profundización de la democracia.

En cuanto a las tímidas respuestas del Gobierno, las organizaciones sociales advierten que “…de no asumir estos retos a partir del diálogo social y con un verdadero golpe de timón, la persistencia en las soluciones tradicionales (asistencialismo y recorte de gasto público, así como disminución de derechos) se traducirán sin duda alguna en una mayor desigualdad y pobreza, y en el ya señalado riesgo de convertir pobreza coyuntural por pérdida de ingresos en pobreza estructural, así como en la profundización de la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas y las personas adultas mayores”13.

Queda aún por verse cuál es la capacidad de las organizaciones sociales de superar con sus propuestas las interpretaciones economicistas de la crisis, centrando el énfasis en la vida misma de las personas, en cómo se sitúan y son reconocidas en la producción, el trabajo, la recreación o la administración del hogar, entre otros. De no incluir este abordaje, la pretendida visión alternativa resultaría coincidente con los paradigmas económicos dominantes que excluyen una diversidad de actividades tradicionalmente consideradas propias del “ámbito privado” en el cual, recurrentemente, se invisibiliza a las mujeres en tanto sujeto del desarrollo y la reproducción de la vida, multiplicando su exclusión, subordinación y la utilización de su trabajo productivo y reproductivo para el funcionamiento del propio sistema.