Social Watch news

The Czech branch of the social watchdog group, Social Watch, has given a mixed appreciation of the Czech Republic’s moves to foster a more equitable and fairer country and world over the last year. The grouping of NGOs praised moves to increase the minimum wage and to take some steps to dealing with those profiting from citizens falling into the debt trap. However, it also highlighted the government’s failure to push through a bill on social housing, the continued wide gender gap on pay, and the high level of Czech arms exports to dubious regimes and low levels of development aid. The assessment was carried around in the context of the United Nations’ 2030 strategy for sustainable development.

Erradicar la pobreza extrema para el año 2030, una aspiración central de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, es posible, pero sería necesario cambiar los actuales enfoques de política pública impulsados en el mundo, de acuerdo con un estudio.

Elaborado por una coalición de organismos civiles y sindicatos, el documento señaló que la erradicación es posible con los recursos económicos actuales en el mundo, pero las políticas públicas que podrían lograr ese propósito han sido severamente debilitadas en las últimas décadas.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país: paz, equidad y educación”, el gobierno de Colombia plantea que los sectores minero-energético, de hidrocarburos y transporte, jugarán un papel clave para garantizar el desarrollo económico sostenido e inclusivo ya que generará importantes recursos para financiar las inversiones que sirvan para la consolidación de la paz y la lucha contra de la desigualdad. Sin embargo, "estos mismos sectores productivos han sido uno de los principales focos de conflictividad social en el país por sus impactos en los derechos humanos y en el ambiente", sostiene el informe nacional alternativo. Por ejemplo, el gobierno ha priorizado el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional Estratégicos (PINES) que presentan dificultades en la adquisición de predios, la consulta previa a comunidades, los permisos y trámites ambientales, las relaciones con las comunidades locales, y las dificultades de las entidades públicas en la solución de problemas jurídicos.

Foto: Maailma Kylässä

El gobierno finlandés publicó el plan nacional de implementación de los ODS en febrero de 2017. El crecimiento económico y las oportunidades de negocios se resaltan en todo el plan. Varios grupos ciudadanos han criticado este enfoque, ya que no va a reducir la desigualdad global ni ayudará a conservar los recursos naturales para las generaciones futuras.
¨La economía debe ser una herramienta que permita el logro del crecimiento sostenible y el bienestar no debe ser visto como un valor absoluto en sí mismo" sostienen. Las organizaciones finlandeses de la sociedad civil destacan que la responsabilidad social y ecológica empresarial requiere, además de diálogo, una legislación vinculante. Francia y los Países Bajos han legislado recientemente que las empresas activas en estos países deben hacerse cargo de los derechos humanos a lo largo de la cadena de producción. Finlandia debe seguir este ejemplo tan pronto como sea posible. Actualmente la responsabilidad social y económica juegan un papel marginal en el plan de implementación. Además de los impactos ecológicos los temas de derechos humanos deben ser tomado más en cuenta y de manera efectiva.

Una coalición global de organizaciones de la sociedad civil y de sindicatos presenta hoy en Nueva York el informe "Spotlight 2017" sobre desarrollo sustentable, coincidiendo con la apertura del Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas. El informe brinda una evaluación independiente exhaustiva y amplia sobre la implementación de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

"En la Agenda 2030 los gobiernos se comprometieron a revitalizar una asociación mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas tienen que desempeñar un papel esencial en el logro de los ODS. Pero en décadas recientes, la combinación de la ideología neoliberal, grupos de presión de las corporaciones, políticas fiscales regresivas, y la evasión de impuestos han dado lugar a un debilitamiento masivo del sector público y su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales."

Sarah Makau, Kenia

"Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Tenemos en África control de nuestros recursos ó estamos enredados en este sistema global de acumulación que fue traído durante el colonialismo? ¿Cómo podemos escapar de esa esclavitud?" Resumió Mela Chiponda, participante de la Segunda Escuela Feminista Anual WoMin, organizada por Netright Ghana.

"No teníamos títulos de propiedad, la tierra no estaba delimitada, nadie conocía la superficie de sus fincas, así que cuando nos enteramos de esto, el gobierno entró y empezó a demarcar y hubo una pausa en las actividades mineras. Pero estamos preocupados. Te sientes como que hemos arrinconado a un león que está esperando en el pasto", dijo Sarah Makau, de Kenia.

Foto: CEM-H

El Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) junto a la Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras impulsan la formación de la Escuela de Formación "Somos trabajadoras". El objetivo de la escuela es crear un espacio de encuentro de mujeres para conocer y defender sus derechos laborales.

Trabajadoras domésticas de diferentes regiones participaron de la primera jornada de trabajo y socialización de la Escuela de Formación “Somos trabajadoras” que tuvo lugar el 27 y 28 de mayo.

Foto: Maailma kylässä

El informe de seguimiento de los logros del gobierno en la implementación de la Agenda 2030 se presentó en Helsinki a fines de mayo. El informe fue preparado por diez organizaciones finlandesas (The Finnish League for Human Rights, Kepa, Save the Children Finland, Plan International Finland, The Finnish Blue Ribbon, SOSTE Finnish Federation for Social Affairs and Health, The Finnish Association for Nature Conservation, Finnish Olympic Committee, Finnish Red Cross and WWF Finland), siendo cada una responsable de su respectiva área de especialización, y contó además con contribuciones de otras organizaciones.

Representantes de la sociedad civil entregaron el informe al Ministro de Comercio Exterior y Desarrollo, Kai Mykkänen, y al Ministro de Vivienda, Energía y Medio Ambiente, Kimmo Tiilikainen.

Los tratados de inversión otorgan derechos especiales a las empresas extranjeras por sobre los que tienen los nacionales, como por ejemplo la posibilidad de que el inversor demande al gobierno ante un tribunal comercial internacional. Sin embargo, muy pocas veces los inversores toman en cuenta los tratados de inversión al invertir capital en el extranjero, ni tampoco a la hora de decidir el destino y el monto de las inversiones. Kinda Mohamadieh, investigadora del Centro Sur demuestra que la existencia o ausencia de un tratado de inversión rara vez influye en la disponibilidad y el coste de los seguros de riesgo politico, tanto públicos como privados.

El Informe sobre violaciones a los derechos humanos al agua potable y saneamiento en México documenta las distintas formas en que el Estado mexicano viola dichos derechos a lo largo de todo el país.

El informe detalla el contexto nacional de disponibilidad y cobertura del agua potable y saneamiento, así como las distintas políticas y modelos de gestión del agua en México. De igual manera y como parte central de este documento, se aborda de forma detallada las distintas estrategias que el Estado mexicano ha implementado para impulsar políticas públicas que buscan la privatización, que en lugar de buscar la reducción de la desigualdad de su acceso, privilegia a empresas vinculadas a la industria extractiva y de megaproyectos.


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