La vía hacia la prosperidad es invertir en la gente y en la igualdad de género
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Instituto del Tercer Mundo (ITeM)
La siguiente declaración fue presentada por el Instituto del Tercer Mundo (ITeM), organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ante el quincuagésimo cuarto
período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, del 1 al 12 de marzo de 2010.
El Secretario General de Naciones Unidas ha recibido la siguiente declaración, que se distribuye de conformidad con los párrafos 36 y 37 de la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.
Treinta años después de la adopción de la CEDAW y 15 años después de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, las mujeres de todo el mundo siguen luchando por la igualdad de género y el respeto de sus derechos humanos y libertades. A pesar de algunos progresos, la discriminación contra la mujer sigue prevaleciendo en todas las esferas de la vida pública.
Los Estados miembros de la ONU todavía no han implementado plenamente sus compromisos por la igualdad de género como una condición esencial para el desarrollo económico y social sostenible.
El ITeM es la organización sede del Secretariado Internacional de Social Watch, una red de coaliciones de la sociedad civil en más de 70 países que monitorean las políticas de erradicación de la pobreza y de promoción de la equidad de género desde 1995.
Los informes de Social Watch se basan en las conclusiones de organizaciones ciudadanas de todo el mundo que monitorean a sus propios gobiernos y en el análisis y el procesamiento de estadísticas internacionales.
Social Watch calcula anualmente un Índice de Equidad de Género que proporciona una medida de progreso hacia la equidad en educación, empoderamiento económico y participación política de las mujeres, que es comparable a nivel internacional.
La evolución del Índice de Equidad de Género muestra que, en la mayoría de los países, se han logrado avances notables en materia de participación política de las mujeres y el establecimiento de cuotas de género, inclusión en el mercado laboral, desarrollo de mecanismos institucionales para la igualdad de género y legislación para abordar la igualdad de género y la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y la trata de personas.
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LAS MUJERES Y LA REFORMA DE LA ONU En 2006 las Naciones Unidas anunciaron el nombramiento de un nuevo Panel de Alto Nivel sobre la Coherencia Inter-Sistemas de la ONU en las áreas del desarrollo, la asistencia humanitaria y el medio ambiente. Este panel tuvo la tarea de recomendar cambios a la ONU en una amplia gama de asuntos estructurales, operacionales y de políticas. Los temas de género y derechos de las mujeres no fueron incluidos de forma transversal. El trabajo de la ONU sobre los derechos de las mujeres ha sido y es importante, pero se basa en estructuras fragmentadas en diferentes organismos, con presupuestos mínimos y escasa presencia en los países. Además, los liderazgos de las agencias de mujeres carecen de relevancia dentro de la estructura de la ONU y por tanto no tienen posibilidad de incidir en las instancias significativas. Ante esto, en ese mismo año, organizaciones de la sociedad civil impulsaron la Campaña para la Reforma de la Arquitectura de Igualdad de Género (GEAR, por sus siglas en inglés), una iniciativa mundial reclamando una agencia de las Naciones Unidas más fuerte, con más poder, que defienda los derechos de las mujeres. Así nació GEAR, una coalición de alrededor de 300 organizaciones de 80 países. El 14 de septiembre de 2009, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que atiende este reclamo: la creación de una nueva y única entidad para la mujer. Con la resolución de la Asamblea General, este nuevo organismo estará conformado por las cuatro agencias de la ONU abocadas a temas de género: UNIFEM, la División para el Avance de las Mujeres (DAW), el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) y la Oficina del Asesor Especial sobre Asuntos de Género (OSAGI). Quien se haga responsable de la nueva entidad, equiparable al Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), ocuparía el rango de subsecretario general, el más alto dentro de la jerarquía administrativa del organismo mundial tras el de secretario general. Pero, para alcanzar realmente sus objetivos, esta nueva entidad necesita del compromiso político de todos los gobiernos, además de fondos inmediatos y sustanciales que aseguren sus resultados. |
Sin embargo, la brecha entre la legislación y la implementación es evidente. Las coaliciones nacionales de Social Watch informan sobre retrocesos en la lucha contra la pobreza y la igualdad de género. La crisis financiera y económica actual agravó las desigualdades de género en todo el mundo. Esta regresión se destaca también en el Informe de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2009. En éste se concluye que la crisis también puede retrasar el progreso hacia la igualdad de género al crear nuevos obstáculos para el empleo de las mujeres. Su menor control sobre los bienes y recursos, su presencia desproporcionada en empleos a destajo o de la economía informal, sus menores salarios y menor nivel de protección social hacen a las mujeres y a sus hijos más vulnerables ante la crisis financiera y económica.
Las reacciones a la crisis económica implicaron recortes en la financiación de los servicios sociales en muchos países, como la atención de la salud, el cuidado de los niños, la protección social y la educación. Estos recortes contribuyen a aumentar el riesgo de la feminización de la pobreza. Se estima que las mujeres entrarán en el período posterior a la crisis con una mayor carga de trabajo no remunerado dentro de la familia y un acceso más difícil a empleos dignos y servicios sociales, si no se garantiza plena y efectivamente la protección de sus derechos y necesidades, tal como lo exigen los documentos internacionales de derechos humanos.
También es preocupante la ausencia de participación de la mujer en la resolución de la crisis y en la toma de decisiones económicas. Los mecanismos de igualdad de género, los grupos de mujeres y las expertas se encuentran, por regla general, excluidos del proceso de elaboración de las decisiones y contextos económicos, tanto a nivel nacional como internacional.
Los informes nacionales de Social Watch señalan que las respuestas a la crisis mundial, tanto nacionales como internacionales, contienen enfoques del tipo “más de lo mismo” que son ciegos a las cuestiones de género e incluyen una mayor desregulación y liberalización de los mercados y el comercio como soluciones para diluir la crisis. La falta de referencia a la rendición de cuentas de los Estados respecto de sus compromisos de implementar las normas internacionales de derechos humanos indica que los Estados consideran que pueden rebajar las exigencias en tiempos de crisis.
La CEDAW y la Plataforma de Acción de Beijing, así como las demás normas de derechos humanos, deberían proporcionar un marco vinculante para la rendición de cuentas de los Estados y los actores no estatales, así como las instituciones financieras internacionales. Los mecanismos de rendición de cuentas deben incluir estadísticas de género, indicadores sensibles al género y presupuestos sensibles al género para ser utilizados junto con un enfoque basado en los derechos humanos para fortalecer el empoderamiento de la mujer y contribuir al logro de la igualdad de género y la justicia social. La hoja de ruta hacia la prosperidad para todos y todas es invertir en las personas y en la igualdad de género.
