El (limitado) tiempo del denominado “bono demográfico”

Coordinadora Civil[1]
Adolfo Acevedo

El Gobierno está desaprovechando el denominado “bono demográfico”, que ofrece una oportunidad histórica de desarrollo en los próximos 20 años. Dado que los niños, niñas y adolescentes serán un porcentaje cada vez menor de la población total, es el momento de invertir en educación para las nuevas generaciones, lo cual permitiría incrementar los niveles de ingresos per cápita. Los planes para el desarrollo deben priorizar el gasto en educación pública y destinar a ese sector al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos 10 años, a los efectos de alcanzar los objetivos básicos. Si Nicaragua no invierte en educación ahora, será demasiado tarde.

Nicaragua muestra un enorme rezago en los niveles educativos de la población, tanto en términos de cobertura como de la calidad de la misma. Sólo el 86% de los niños y niñas en edad escolar se matriculan en enseñanza primaria, y apenas un 40% de los niños y niñas que se matriculan en el primer grado logran llegar al sexto[2]. Sólo un 45% de los jóvenes y adolescentes en edad de asistir a la educación secundaria se matriculan en este nivel educativo, y apenas un 44% de los que se matriculan logran culminar sus estudios[3]. Si se tiene en cuenta que la secundaria completa representa el umbral mínimo necesario para comenzar a superar la línea de pobreza, hay sólo una conclusión posible: Nicaragua no está preparando debidamente a su población para la vida que deberían llevar.

Esto tiene otras consecuencias negativas para el desarrollo del país, si se tiene en cuenta la problemática demográfica. De acuerdo al Censo de Población de 2005[4] la población en edad laboral (15 a 59 años) está creciendo rápidamente. Entre 1995 y 2005, este grupo experimentó un aumento sin precedentes del 29,2%, y creció a un ritmo cercano al 2,6% promedio anual, significativamente mayor que el promedio de la población total de 1,78%. En 1990, el 46% de los nicaragüenses tenía menos de 15 años, el 49,3% estaba en edad de trabajar y sólo un 4,8% había sobrepasado la edad de retiro. Había 1,1 personas en edad de trabajar por cada niño menor de 15 años.

Sin embargo, desde ese entonces, el porcentaje de la población menor de 15 años se redujo en relación a la población total – y eso es una disminución en términos absolutos –; de manera que ya en 2005 sólo representaba el 34,6% de la población. Mientras tanto la población en edad de trabajar aumentó hasta conformar un 56,5% del total, y las personas mayores de 60 años pasaron a representar el 5,6% del total. En 2005, por cada menor de 15 años, había 1,53 personas en edad laboral.

Lo más relevante de este proceso de cambio demográfico es que, al mismo tiempo que se reduce con rapidez la población infantil dependiente como porcentaje de la población total, se está produciendo un crecimiento acelerado en la cantidad de personas en edad de incorporarse a la fuerza laboral.

El “bono demográfico” y la reducción de la pobreza

Se estima que, como promedio, cada año 118.000 jóvenes de ambos sexos alcanzan la edad de trabajar, esto representa el más grande crecimiento de la población en edad laboral en la historia de Nicaragua. Este proceso, conocido como “bono” o “dividendo demográfico”, se está produciendo tanto en las zonas urbanas como rurales, aunque en estas últimas el proceso está un poco más rezagado.

En términos macroeconómicos, si esa fuerza de trabajo en aumento encuentra empleos caracterizados por una alta productividad, se puede producir la aceleración del ritmo del crecimiento económico. Al aumentar éste mientras la tasa de crecimiento de la población disminuye, aumentaría el ingreso promedio o per cápita que reciben los habitantes del país, generando – al haber cada vez menos niños y niñas – la posibilidad de aumentar la inversión en educación por niño y niña. De esta manera se genera la posibilidad de combinar un crecimiento económico más rápido y una reducción significativa de la pobreza.

Un ejemplo exitoso de esto es el de Corea del Sur, que en 1950 era un país muy pobre – más pobre que la mayoría de los países latinoamericanos – y, en el lapso de unas décadas se convirtió en un país que eliminó casi completamente la pobreza.

Sin embargo, el aprovechamiento del “bono demográfico” presupone no sólo el fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar sino también que un mayor porcentaje de dicha población se incorpore efectivamente al mercado de trabajo. Una de las mayores restricciones para esto es la baja incorporación de la mujer al mercado laboral, al verse obligada a dedicarse al cuidado del hogar, principalmente de los niños. Sólo el 36,7% de las mujeres en edad de trabajar se incorporan al mercado laboral[5]. Esto significa que el 63% restante no tiene ninguna fuente de ingresos, lo que limita su autonomía y su facultad para influir en la economía familiar.

Pero este “bono demográfico”, cuyo aprovechamiento le permitió a los países del sudeste asiático reducir la pobreza en un lapso de tiempo relativamente corto, además de convertirse en países con un elevado ingreso per cápita, implica que las personas en edad de trabajar hayan recibido una calificación adecuada que las prepare para desempeñarse en empleos formales de alta productividad, bien remunerados. Y, por otro lado, que efectivamente el mercado de trabajo les provea estos empleos.

¿Bono o catástrofe social?

En Nicaragua, las personas que actualmente conforman o se están integrando a la población en edad de trabajar fueron en su momento niños, niñas y adolescentes que recibieron, en gran parte de los casos, un nivel de calificación extremadamente bajo y deficiente. Esto puede apreciarse observando los años promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años, que oscila entre 3,2 y 5,1 años para los estratos más bajos en la distribución del ingreso[6].

En el 60% más pobre de los hogares sobrevive el 76% de los menores de 18 años, es decir, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes del país. Esto significa que la mayoría de los jóvenes, que son quienes sobreviven en los hogares de menores ingresos, alcanzaron niveles de escolaridad extremadamente bajos. Teniendo en cuenta la correlación entre el nivel promedio de escolaridad alcanzado por las personas y el ingreso laboral que perciben una vez dentro del mercado laboral, esto significa que por los siguientes 50 años de su vida adulta sólo van a poder encontrar empleos precarios e informales que los mantendrán bajo la línea de la pobreza.

El último “Reporte de Pobreza” para Nicaragua del Banco Mundial sostiene que las personas con un nivel de escolaridad inferior a la secundaria completa, es decir aquellas con menos de 11 años de escolaridad, están condenadas, con casi certeza absoluta, a vivir bajo el umbral de la pobreza[7]. Es hasta que alcanzan 11 años de escolaridad – secundaria completa - que los ingresos laborales comienzan a superar (apenas) el umbral de la pobreza.

El análisis de la estructura del mercado laboral nicaragüense muestra que casi 7 de cada 10 empleos son precarios en el sector informal. El 65% de la ocupación actual la generan auto empleados o pequeñas unidades económicas individuales o familiares, urbanas o rurales, sin ningún tipo de acceso a los recursos, que apenas ocupan entre 1 a 5 personas, y que con frecuencia reflejan la necesidad de gran parte de los hogares de emprender, por sus propios medios, algún tipo de actividad económica para sobrevivir.

Este es el resultado de un modelo de desarrollo basado en “ventajas comparativas” que ha prevalecido en el país durante dos décadas, en el cual si bien la fuerza de trabajo es comparativamente abundante, también es de bajísima calificación, lo que deviene en salarios míseros. Este es un mecanismo fundamental a través del cual opera la reproducción intergeneracional de la pobreza y las desigualdades.

El mayor crecimiento en la historia de Nicaragua de su población en edad de trabajar es una oportunidad demográfica que le podría permitir al país superar la pobreza en un período histórico relativamente corto. Pero esta oportunidad se está desaprovechando, en primer lugar, porque la mayor parte de estos jóvenes que ingresan en la edad de trabajar lo hacen con niveles de escolaridad muy bajos, condenándolos a la pobreza. En segundo lugar, porque sólo el 53% de la población en edad de trabajar se incorpora al mercado laboral. El determinante fundamental es la baja incorporación del sexo femenino.

Las repercusiones de este desaprovechamiento del bono demográfico se extienden mucho más allá de los efectos inmediatos, e incluso de mediano plazo. Nicaragua no sólo está desaprovechando esta oportunidad, sino que se está sembrando la semilla de una futura catástrofe socio-demográfica.

Del bono a la desventaja demográfica

En Nicaragua, sólo el 20% de la fuerza de trabajo está afiliada al Seguro Social, de tal manera que el 80% de las personas que integran la fuerza laboral cuando llegan a edad de retiro lo hacen sin ningún ahorro. Estas personas mayores dependerán, para sobrevivir, de la asistencia de sus familiares o del Estado. Esa dependencia podría acentuarse debido a que, de acuerdo al sistema de reparto “de facto” que prevalece en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), las pensiones en curso de pago se cubren esencialmente con los aportes de los afiliados activos, y en los próximos años, el número de jubilados y el monto del pago de pensiones va a crecer hasta un punto en que ya no será cubierto totalmente por las cotizaciones de los afiliados activos.

Según la limitada información disponible, aproximadamente a partir de 2016 el INSS ya no será capaz de hacer frente a sus obligaciones de pago con los afiliados con sus ingresos corrientes, y va a comenzar a aparecer un déficit de caja que seguirá aumentando. El INSS tendrá que recurrir a las reservas técnicas acumuladas para hacer frente a sus compromisos con los asegurados, pero se estima que estas reservas se habrán agotado a inicios de la década de 2020. Se han propuesto “reformar los parámetros” que, en el mejor de los casos, permitirían al INSS asumir sus compromisos por otras dos décadas.

De esta manera, si las actuales tendencias no cambian, dentro de unas dos y media, o tres décadas, cuando cobre fuerza la fase del envejecimiento de la población, las personas que pasen la edad de retiro van a depender cada vez más de las personas en edad de trabajar – cuyo porcentaje mientras tanto comenzará a reducirse – para sobrevivir y cubrir sus necesidades.

A su vez, quienes estén en edad de trabajar lo harán, en su mayor parte y con toda probabilidad, en empleos informales y precarios, y por lo tanto estarán condenados a vivir en la pobreza. En este caso el “bono demográfico” se habrá agotado, ya que el porcentaje de personas en edad activa no sólo no seguirá creciendo en comparación a las personas dependientes, sino que el proceso comenzará a revertirse: el número de dependientes (principalmente las personas mayores) crecerá cada vez más respecto del número de personas en edad activa. Esto provocaría una disminución progresiva de los ingresos laborales por persona dependiente, o lo que es lo mismo, una disminución del ingreso per cápita de los hogares, debido al aumento de la relación de dependencia, y el período de bono demográfico daría paso a un período de acentuada “desventaja demográfica”.

El futuro debe cambiar ya

En palabras de Jorge Campos, funcionario del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Nicaragua: “La oportunidad demográfica que se está abriendo es por una única vez y por un tiempo limitado. Su aprovechamiento exige desde ahora flujos de inversión suficientes y bien dirigidos. Exige también políticas públicas adecuadas para garantizar que los jóvenes entren a los mercados laborales y lo hagan con un buen nivel de educación, capacitación y salud. Si esto no se hace a tiempo, es decir, desde ahora, la oportunidad se convertirá en una catástrofe social por los altos niveles de desempleo, inseguridad ciudadana y de emigración masiva al exterior que sin duda se agudizarían”.[8]

Es necesario invertir por lo menos el equivalente al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el sistema educativo público[9], de manera de alcanzar una serie de metas fundamentales en el campo de la educación:

  • Un 100% de matrícula primaria neta – es decir que el 100% de los niños y niñas en edad de acceder a la educación primaria efectivamente se matriculen.
  • Que por lo menos el 80% de los niños y niñas nicaragüenses logren culminar el ciclo completo de la enseñanza primaria.
  • Que por lo menos el 75% de los jóvenes y adolescentes en edad de asistir a la enseñanza secundaria se matriculen en este nivel educativo.
  • Alcanzar un nivel promedio de escolaridad de la población nicaragüense de al menos 9 años.

Para alcanzar el 7% del PIB en inversión pública en educación – en todos los niveles educativos – es necesario duplicar el actual presupuesto del Ministerio de Educación, o que este alcance, como mínimo, el equivalente al 6% del PIB. Pero las proyecciones presupuestarias oficiales indican que el presupuesto de este ministerio – que alcanzó el 4% del PIB en 2009[10] – en vez de continuar incrementándose se reducirá como porcentaje del PIB en los años subsiguientes, hasta un 3,55% del PIB en 2013, es decir, apenas dos años antes del plazo establecido para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En los ODM se establecía como plazo el 2015 para que todos los niños y niñas lograsen culminar el ciclo completo de la enseñanza primaria. A esta altura podemos discutir ese plazo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de invertir lo que se requiere en la educación para cambiar el rumbo descrito, el cual parece hasta ahora inevitable teniendo en cuenta que el país no está haciendo el esfuerzo mínimo indispensable para alterarlo.

Dado que la población infantil será un porcentaje cada vez más pequeño de la población del país, ya no existirán tantos niños, niñas y adolescentes en quienes invertir para que puedan sacar en un futuro al país de la pobreza. El momento de invertir en los niños, niñas y adolescentes y de cambiar las perspectivas del futuro es ahora, de lo contrario será demasiado tarde.

[1] Coordinadora Civil reúne a unas 600 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), redes e individuos de toda Nicaragua.

[2] IPS, “A la caza del último analfabeto”, 20 de julio de 2007. Disponible en: <www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=41582>.

[3] La Prensa, “Nicaragua con bajo acceso a educación secundaria”, 14 de marzo de 2010. Disponible en: <www.laprensa.com.ni/2010/03/14/economia/19086>.

[4] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), VIII Censo de Población y IV de Vivienda, mayo de 2006. Disponible.

[5] La Prensa, “Nicaragua desperdicia sus mejores años”, 16 de julio de 2010. Disponible en <www.laprensa.com.ni/2010/07/16/nacionales/31702>.

[6] Adital, “Nicaragua en la encrucijada de la ‘transición demográfica’”, 3 de noviembre de 2009. Disponible en: <www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=42527>.

[7] El Nuevo Diario, “7% del PIB a Educación nos sacará de la pobreza”, 12 de marzo de 2010. Disponible en: <www.impreso.elnuevodiario.com.ni/2010/03/12/nacionales/120649>.

[8] Adital, op. cit.

[9] El Observador Económico, “Sociedad Civil demanda 7% del PIB para Educación”, 4 de septiembre de 2009. Disponible en: <www.elobservadoreconomico.com/articulo/846>.

[10] Ibid.

Human Rights International Treaties
ABCDEFGHI
ILO Conventions
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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