De la eficacia de la ayuda a la justicia fiscal
Barbara Adams
En lo que respecta a una fuente de financiamiento para el desarrollo – AOD, resulta claro que en este momento pocos países dependen de la AOD y los contribuyentes tradicionales se están volviendo cada vez más explícitos acerca de asegurar sus propios intereses como contribuyentes – a través del comercio, los derechos de propiedad y el apoyo a sus propios actores económicos en el sector privado. La situación ahora resulta más complicada debido a la aparición de nuevas fuentes de financiación para el desarrollo, tanto públicas como privadas. La cambiante situación financiera desafía a la totalidad de los actores a indagar si el desarrollo sustentable requiere un enfoque completamente nuevo – yendo más allá, de financiación para el desarrollo (FPD) a financiación para el desarrollo sustentable (FPDS).
Que haya transparencia respecto a los flujos de ayuda e inversión ha sido algo largamente solicitado por los grupos de mujeres y por las OSC que monitorean quién se beneficia de los flujos de AOD y de los procedimientos, y abogan por una mayor equidad. Su incidencia ha contribuido a obtener mayor cantidad, aunque de forma limitada, de financiación para sectores socialmente excluidos y cuyos derechos han sido identificados a través de procesos de la ONU y promovidos en instrumentos legales.
El área internacional y multilateral ha sido de gran valía para impulsar los derechos de la mujer y ha generado compromisos legales, programas de acción y apoyo institucional para trasladar la lucha a los dominios de la gobernanza nacional.
El proceso, que se ha venido dando a lo largo de los años desde 1975, el Año Internacional de la Mujer y la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer en la Ciudad de México, han generado también una serie de desafíos, no siendo el menor de ellos cómo hacer operativo el enfoque de los derechos humanos y la universalización de los derechos de las mujeres, cómo ir más allá de la promulgación de comunicados y de la legislación a resultados y objetivos específicos, a la implementación y financiamiento.
La política fiscal es un instrumento clave que tienen los gobiernos para llevar a la práctica el enfoque basado en los derechos. Las prioridades de los gobiernos se ven reflejadas más claramente en los presupuestos públicos que en las declaraciones gubernamentales y en los programas de acción. Los activistas pro igualdad de género han marcado en el proceso de FpD la importancia de la gestión de las finanzas públicas y de la política fiscal en lo que respecta a la igualdad de género para establecer un piso de protección social universal.
Incluso con un sistema fortalecido de finanzas públicas, con aumento de los ingresos fiscales y reasignados al gasto público, el máximo de los recursos disponibles no será suficiente para cumplir con los derechos sociales, económicos, culturales y ecológicos de numerosos países. La financiación externa continuará siendo necesaria y esto requiere un nuevo sistema mundial de distribución de la carga. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ofrece un modelo para desarrollar un régimen mundial de financiación, dado que la realización de esos derechos es una responsabilidad de los gobiernos "individualmente y a través de la asistencia internacional y la cooperación, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles".
Hoy en día no solo somos económicamente interdependientes, sino que también estamos conectados ecológica y socialmente. La capacidad de un gobierno para proporcionar a su gente seguridad económica, a través de un trabajo digno y a través de la protección social tiene que ser negociada, y negociada a través de una multitud de normas que muy a menudo no rinden cuentas a los procesos políticos nacionales. La AOD debería ser gobernada por un proceso de restauración que rinda cuentas a la gente. No eligiendo ganadores y perdedores ni colocando los derechos de algunas personas por encima de los de otras.
