El desarrollo militarizado es siempre insostenible Décadas
Burma Lawyers' Council
Leslie Choi
Décadas de Gobierno militar han fomentado un ámbito político represivo en el que los principios democráticos son desobedecidos, los recursos públicos son explotados para beneficio de la elite militar y hay escaso respeto por los derechos humanos y el mandato de la ley. Sin derechos básicos, las personas sin voz del país padecen las consecuencias de la mala administración económica que menoscaba el medio ambiente y retrasa el desarrollo sustentable. Birmania necesita de manera urgente instituciones democráticas sólidas que promuevan el desarrollo sustentable, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
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A pesar de la abundancia de recursos naturales en el país, la mayoría de los birmanos se enfrenta a condiciones de vida desafiantes como resultado de la mala administración económica del Gobierno. Más del 32% de la población vive por debajo la línea de pobreza[1]. Birmania se ubica en el lugar Nº 132 entre 169 países en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 2010[2]. La falta de participación pública en el desarrollo de las políticas económicas se ve reflejada en la asignación por parte del Gobierno de sólo el 0,5% del producto interno bruto (PIB) para la salud, y el 0,9% para la educación[3]. Mientras tanto, el Gobierno invierte más del 60% de su gasto en empresas estatales[4].
La falta de instituciones democráticas impide al público participar de manera eficaz en la toma de decisiones sobre políticas económicas, sociales y medio ambientales. El abuso de poder es endémico. Los proyectos de desarrollo son utilizados para llenar los bolsillos de los funcionarios militares en detrimento de los ciudadanos.
El régimen militar, conocido como Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (SPDC, por sus siglas en inglés), organizó una elección nacional en noviembre de 2010 – la primera en 20 años – pero la misma estuvo caracterizada por leyes electorales deficientes y por prácticas represivas. El SPDC continúa sosteniendo las riendas del Gobierno en Birmania, y los funcionarios abusan con regularidad de su poder para promover sus propios intereses. Los funcionarios sienten escaso temor por las repercusiones: dado que no existen medios para hacerlos responsables de sus actos, estas son escasas.
La Constitución de 2008 y las elecciones de 2010
La Constitución de 2008 atrincheró al Gobierno militar mediante la reserva de un cuarto de los escaños parlamentarios nacionales y un tercio de los escaños parlamentarios estatales y regionales para los representantes militares designados por el Comandante en Jefe[5]. El ejército nombró a todos los miembros de la Comisión Electoral de la Unión (UEC, por sus siglas en inglés), el organismo gubernamental responsable de asegurar que las elecciones sean libres y justas[6]. Las leyes electorales prohibieron a los presos políticos afiliarse a los partidos y asentaron restricciones en las actividades de campaña de los partidos políticos. En respuesta a las leyes restrictivas, la Liga Nacional para la Democracia (NLD, por sus siglas en inglés), y otros grupos clave de la oposición boicotearon las elecciones, deslegitimando ulteriormente los resultados[7].
Las elecciones estuvieron marcadas también por la intimidación a los votantes, el fraude electoral y la corrupción[8]. Una de las quejas más comunes refiere a la manipulación de los resultados de la votación a través de la recolección de los votos por adelantado y del fraude electoral[9]. En algunas áreas, los pobladores fueron amenazados con la confiscación de tierras y con la interrupción de los servicios públicos si no votaban por el partido respaldado por el régimen, el Partido de la Unión Solidaria y el Desarrollo (USDP, por sus siglas en inglés)[10].
El régimen militar ha afianzado aún más su posición a través de leyes que obstaculizan la independencia judicial[11]. El Presidente tiene el poder de nombrar y destituir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia a su discreción[12]. La Corte Suprema no tiene jurisdicción sobre los asuntos militares o constitucionales. Además, la Constitución garantiza la impunidad a los miembros del régimen militar en el poder, impidiendo así que el poder judicial haga cumplir la ley en los casos en los que los militares se puedan ver envueltos[13]. La corrupción generalizada socava aún más la legitimidad del poder judicial, así como su capacidad para proteger los derechos de las personas y que los funcionarios gubernamentales rindan cuentas[14].
En la mayoría de los países, las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de los principios democráticos y en ayudar a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, la defensa de los derechos humanos, y la participación pública. En Birmania, estas organizaciones son sofocadas por restricciones represivas o por prohibiciones a las actividades de la sociedad civil[15]. En ausencia de una sociedad civil vibrante la junta militar no tiene obstáculos, no es monitoreada, y no rinde cuentas.
La triste cara del desarrollo militarizado
El SPDC ha vendido a países vecinos los derechos para explotar los recursos nacionales, generando miles de millones de dólares; sin embargo, el pueblo birmano no ha visto los beneficios económicos[16]. En cambio, en la búsqueda de sus propios intereses y militarizando los proyectos de desarrollo, el Gobierno ha explotado a los pobladores locales y los ha expuesto a violaciones de los derechos humanos.
Los pobladores son sistemáticamente sometidos a trabajos forzados a manos del ejército birmano[17]. Por ejemplo, durante la construcción del gasoducto de Yadana, en Birmania oriental, una sociedad conjunta de la francesa Total y de la estadounidense Unocal (ahora propiedad de Chevron), soldados del Gobierno y representantes de grupos militares proporcionaron seguridad obligando a civiles a cortar árboles, a servir de ujieres, y a construir infraestructura militar[18]. Los que se negaron fueron golpeados, violados, torturados y asesinados[19].
A gran escala, la confiscación de tierras es otra tendencia prevalente relacionada con el abuso del Gobierno. Los pobladores reciben una remuneración nominal o ninguna compensación por las tierras de cultivo incautadas. En 2010, aproximadamente 2.500 acres de tierra en el sur de Birmania fueron confiscadas y distribuidas a compañías madereras[20].
Gran cantidad de birmanos basan su subsistencia principalmente en la agricultura. El trabajo forzado les deja menos tiempo para cultivar sus tierras, mientras que la confiscación los priva por completo de su fuente de alimento y de ingresos[21]. Además, la militarización de las áreas con proyectos de desarrollo, la cual es común, a menudo se acompaña de un aumento no oficial de los impuestos, decretado a los pobladores locales por los soldados[22]. Estas prácticas corruptas no solamente aumentan la inseguridad alimentaria, sino que también cierran las oportunidades a la educación
Impacto medio ambiental
La grave degradación del medio ambiente que con frecuencia es el resultado de estos proyectos agrava todavía más su negativo impacto social y económico. La explotación forestal no sustentable, la cría de camarones y los proyectos hidroeléctricos, así como las industrias extractivas han dañado gravemente el medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación del aire y del agua generada por una asociación para la extracción de carbón entre empresas de China y Birmania, en el Estado de Shan, ha contaminado los suministros de agua y ha causado cerca de 2.000 casos de enfermedades de la piel[23]. Esta asociación es el proyecto más grande de minería cooperativa entre China y Birmania, ubicada en la División Sagaing. La empresa puede liberar sustancias tóxicas durante el proceso de refinación[24].
Los riesgos ambientales asociados a proyectos de desarrollo no se dan a conocer a las comunidades afectadas[25], y en ausencia del mandato de la ley las víctimas relacionadas con las acciones del Gobierno no tienen ningún recurso legal viable. La orden 1/99, que prohíbe el trabajo forzado, es a duras penas implementada[26]. Cuando las personas sometidas a trabajos forzados y a la confiscación de tierras han presentado denuncias, el SPDC ha tomado represalias contra ellos y contra sus abogados mediante cargos criminales y condenas arbitrarias a los campos de trabajo forzado[27].
Las leyes ambientales del país no se aplican. Aunque la Ley Forestal hace hincapié en la importancia de la conservación y protección de los bosques de Birmania[28], entre 1990 y 2005, el país perdió casi el 20% de sus bosques[29], y en los últimos años la tasa de deforestación se ha incrementado. Del mismo modo, si bien la Ley de Minas de Myanmar de 1994 requiere el permiso de los usuarios de la tierra antes de que un permiso de explotación haya sido concedido, en la práctica los pobladores no son consultados y sus tierras, por lo general, son confiscadas[30].
Además, no existe una ley que requiera que las compañías que buscan invertir en proyectos de desarrollo en Birmania consulten a las comunidades afectadas. Incluso cuando las empresas han tomado la iniciativa de hacerlo, las evaluaciones del impacto ambiental que fueron enviadas han sido fundamentalmente defectuosas, lo que lleva a conclusiones inexactas[31].
Conclusiones
La existencia de sólidas instituciones democráticas que promuevan la buena gobernanza es un requisito previo esencial para el desarrollo sustentable. Esto implica el respeto por la norma de la ley y de los derechos humanos, la participación pública efectiva, el acceso al conocimiento, y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos.
Los principios democráticos deben ser fortalecidos en Birmania a través de elecciones libres y justas, un poder judicial independiente que vele por la norma de la ley, y una revisión constitucional que involucre a todas las partes interesadas. La participación pública también debe ser incorporada en todas las etapas del desarrollo, de modo tal que la gente pueda dar forma a las políticas económicas, alcance plena conciencia del impacto social y medio ambiental de todas las iniciativas de desarrollo, y tenga el poder para hacer que los actores gubernamentales y las empresas rindan cuentas de cualquier violación de los derechos.
[2] PNUD, The Real Wealth of Nations: Pathways in Human Development, (Nueva York: 2010).
[3] Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Progress report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.
[4] Index mundi, Burma Economy Profile, (2010).
[5] Constitution of the Republic of the Union of Myanmar, (septiembre 2008), arts 74, 109, y 141.
[6] Asamblea General de las Naciones Unidas. Situación de los derechos humanos en Myanmar, (15 de septiembre de 2010).
[7] M. Maung, “Ethnic leaders join NLD vote-boycott roadshow”, Mizzima News, (13 de octubre 2010).
[8] J. Davies y H. Siddique, “Burma election observers report voter intimidation”, The Guardian, (8 de noviembre 2010).
[9] Burma Fund UN Office,Burma's 2010 Elections: A comprehensive report, (enero 2011).
[10] Ibid.
[11] A.U. Htoo, “Analysis of the SPDC's Constitution from the Perspective of Human Rights,” en Legal Issues on Burma Journal, No. 30 (2008).
[12] Constitución de la República de la Unión de Myanmar, (septiembre 2008), arts 299, 302, 308, 311, 327, y 334.
[13] Ibid., art. 445
[14] US Department of State, 2008 Country Report on Burma (Washington, DC: 25 de febrero de 2009).
[15] Human Rights Watch, I Want to Help My Own People, (28 de abril de 2010).
[16] EarthRights International, Energy Insecurity, (julio de 2010).
[17] Ibídem, The Human Cost of Energy: Chevron's Continuing Role in Financing Oppression and Profiting From Human Rights Abuses in Military-Rule Burma, (Myanmar: abril de 2008); Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe de situación del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, (10 de marzo de 2010).
[18] R. Sisodia y A. Buncombe, “Burmese villagers forced to work on Total pipeline”, The Independent, (14 de agosto de 2009).
[19] EarthRights International, The Human Cost of Energy, op cit.
[20] S.Y. Naing, “Land Confiscation Reported in Dawei Project”, The Irawaddy, 15 de diciembre de 2010.
[21] EarthRights International. Broken Ethics: The Norwegian Government's Investments in Oil and Gas Companies Operating in Burma, (Myanmar: diciembre de 2010).
[22] All Arakan Students' & Youths' Congress, Overview of Land Confiscation in Arakan State, (junio de 2010); Karen Human Rights Group, Pa'an District: Land confiscation, forced labour and extortion undermining villagers' livelihoods, (11 febrero de 2006).
[23] Pa-O Youth Organization, Poison Clouds: Lessons from Burma's largest coal project at Tigyit, (2011).
[24] J. Allchin, “China seals biggest Burma mining deal”, Democratic Voice of Burma, (30 de Julio de 2010).
[25] EarthRights International, China in Burma: The Increasing Investment of Chinese Multinational Corporations in Burma's Hydropower, Oil, and Natural Gas, and Mining Sectors, (setiembre de 2007).
[26] The Government of the Union of Myanmar, “Order supplementing Order No. 1/99,” in The Ministry of Home Affairs , (27 de octubre de 2000).
[27] International Trade Union Confederation, 2010 Annual Survey of violations of trade union rights – Burma, (9 de junio de 2010); M. Maung, Lawyer arrested for defending labour activist freed”, Mizzima News, (6 de marzo de 2010); N.K, Kaew, “Army seizes 30,000 acres of farmland”, Democratic Voice of Burma, (22 de febrero de 2011).
[28] The State Law and Order Restoration Council, The Forest Law (The State Law and Order Restoration Council Law No 8/92, (3 de noviembre de 1992).
[29] The National Coalition Government of the Union of Burma (NCGUB), in Human Rights Documentation Unit, (Noviembre de 2009).
[30] Pa-O Youth Organization, Poison Clouds, op cit; The State Law and Order Restoration Council, The Myanmar Mines Law No 8/94 , (6 de setiembre de 1994).
[31] EarthRights International, Getting it Wrong: Flawed Corporate Social Responsibility and Misrepresentations Surrounding Total and Chevron's Yadana Gas Pipeline in Military-Ruled Burma, (Myanmar, setiembre de 2009).