La hora decisiva

»

Social Development Network (Red de desarrollo social)
Prof. Edward Oyugi, Philip Thigo, John Kipchumbah, Ayoma Matunga
Campaña del Milenio de las Naciones Unidas (UNMC)
Charles Abugre
Kenya Treatment Access Movement (KETAM, Movimiento para el Acceso de Tratamiento de Kenia)
James Kamau
SEATINI
Oduor Ong’wen
KENDREN
Wahu Kaara
Foro de iniciativas cívicas de Daraja
Esther Nzioka
CLAN- Migori
William Oloo Janak
Realidad de la ayuda
Vitalice Meja

Después de muchos años de lucha los keniatas lograron negociar una constitución revolucionaria en 2010. Su enfoque orientado a los derechos básicos,  la responsabilidad de los ciudadanos y los servicios públicos establece las bases para la definición del rol central del Estado en la construcción de una economía que cumpla las promesas de equidad, participación y derechos básicos. Al hacer de la participación popular y la prestación de servicios el núcleo de la política del desarrollo sustentable, las personas se convierten en una nueva fuerza revolucionaria. La nueva Constitución también establece el derecho de todos los kenianos a un medio ambiente limpio y saludable.

En diciembre de 2010, después de años de lucha en pos de ciudadanía y soberanía, el pueblo keniano logró negociar un nuevo contrato social bajo la forma de una constitución renovadora. El recorrido hasta la Constitución de 2010 fue sinuoso y accidentado, y la reforma constitucional había sido el tema principal desde que el país conquistó la independencia. Los intentos de enmendar la Constitución de 1963 se intensificaron a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, pero recién tuvieron éxito después del estallido de violencia postelectoral a comienzos de 2008 y la intervención de la Unión Africana a través de la mediación del Secretario General de la ONU, Kofi Annan. La Constitución fue presentada ante el Ministro de Justicia el 7 de abril de 2010, publicada oficialmente el 6 de mayo de 2010 y sometida a referéndum el 4 de agosto de 2010. Fue aprobada por el 67% de los votantes kenianos y promulgada el 27 de agosto de 2010.

Esta nueva Constitución promete una agenda de transformaciones que, si se llevan a cabo íntegramente, darán lugar a un nuevo marco político y económico que  permitirá al país romper con el sistema neo-patrimonial (en el cual los patrocinadores usan los recursos del Estado para garantizar la lealtad de los clientes en la población general) heredado del neocolonialismo. Sus cuatro características transformadoras son: una Declaración de Derechos y una promesa de atender la inequidad y la marginalidad[1]; muy amplia descentralización de la autoridad pública; un capítulo sobre liderazgo e integridad basado en los principios de servicio público desinteresado, disciplina y responsabilidad; y un sistema de valores basado en la soberanía del pueblo y una cultura de derechos humanos.

Si se implementa adecuadamente, la Constitución les ofrecerá a los kenianos una oportunidad única para obtener respuestas honestas a dos cuestiones antiguas, que hasta el momento dan origen a conflictos intermitentes y violentos a nivel subnacional: ¿cuál es el significado concreto de ser un ciudadano keniano y qué le ofrece el Estado a la mayoría del pueblo? El enfoque de la Constitución de 2010 orientado a los derechos básicos, la participación, la responsabilidad de los ciudadanos y el servicio público desinteresado crea también el contexto necesario para la definición del rol central del Estado en la construcción de una economía que cumpla las promesas de equidad, participación y derechos básicos tanto sociales como económicos.

Esto habilitará a Kenia a liberarse del dominio absoluto de las políticas neoliberales impuestas por varios medios, incluidas las condiciones de la ayuda para el desarrollo, las presiones políticas, las obligaciones multilaterales asimétricas y la connivencia de los intereses locales con las prioridades extranjeras. También ayudará a encarar el tema de la corrupción generalizada. Por ejemplo, las recientes auditorías sociales revelan que los beneficios tanto para el Local Authorities Trust Fund (LATF, Fondo fiduciario para las autoridades locales) como para el Constituency Development Fund (CDF, Fondo de desarrollo del electorado) apenas llegan a sus grupos de interés primario. La mayoría de los fondos destinados a ellos fueron malversados por los miembros del parlamento y sus compinches que debían administrar estos fondos en representación de los ciudadanos.

Qué ofrece la nueva Constitución

La nueva Constitución presenta un enfoque integral basado en los derechos que garantiza el desarrollo social equitativo afianzado en la capacidad productiva de la sociedad, como alternativa al paradigma actual basado en la captación de ingresos. Implica una nueva política económica que se apoye en la participación popular, no solo en los mecanismos de la política sino también en la conformación de la economía y en la distribución de los beneficios de la producción de valor agregado. Esta política económica buscará volver a equilibrar los intereses de los sectores corporativos con los objetivos de desarrollo de los ciudadanos y la obligación del Estado de proveer un piso de protección social para todos los sectores de la sociedad. Sugiere que el nuevo Estado sea democrático y a la vez desarrollador.

Un Estado democrático desarrollador separará el dominio público del privado de modo que los que brindan servicios públicos no puedan integrar al mismo tiempo el sector privado. Es esencial para evitar conflictos de intereses y para que el Estado equilibre el bien público y la motivación por el lucro. Un Estado democrático desarrollador alejará la economía de la captación de ingresos improductivos y la guiará hacia la producción de valor agregado basada en el fomento de la capacidad productiva de sus ciudadanos. Intervendrá para garantizar que las ganancias provengan de la actividad productiva y de la innovación y en este proceso no solo las redirigirá sino que las reformará. Centrará su atención en la creación de empleo, no solo en el crecimiento agregado y garantizará que el proceso de crecimiento sea en sí mismo distributivo y orientado a la mejora del bienestar. Usará los impuestos como principal fuente de financiación del desarrollo, como herramienta de redistribución y reorientación de incentivos y como medio de mejora de las agencias ciudadanas.

La nueva Constitución también parece propicia en relación con los temas medioambientales. Por ejemplo, la sección 42 de la parte 2 ("Derechos y libertades fundamentales") establece: "Todas las personas tienen derecho a un medio ambiente limpio y saludable, que incluye el derecho a) a un medio ambiente protegido por el bien de las generaciones presentes y futuras (...) y b) a tener obligaciones con el medio ambiente...", mientras que el artículo 69 establece que "el Estado debe (...) garantizar la explotación, la utilización, la gestión y la conservación sustentables de los recursos ecológicos y naturales y garantizar la distribución equitativa de los beneficios resultantes".[2] Esto significa un avance considerable en un país con tantos desafíos medioambientales, como la desertificación, la erosión del suelo, la deforestación, la escasez y la contaminación del agua.[3] Por ejemplo, cerca de 16,8 millones de personas (43% de la población) no tienen acceso a una fuente mejorada de agua[4],  mientras que el 80% de las áreas áridas o semiáridas del país se convierten rápidamente en desiertos, principalmente a consecuencia de la mala gestión de los recursos naturales.[5]

Kenia antes de la Constitución: crisis alimentaria, financiera y de combustible

Las acusaciones de irregularidades en las elecciones presidenciales de 2007 dispararon una ola de disturbios políticos, económicos y sociales que combinados con la crisis financiera global causaron estragos en el país en los años siguientes. Se perdieron más de USD 500 millones en el mercado de acciones solo el primer día de 2008 y los líderes empresariales también denunciaron la pérdida de millones de dólares.[6] Escaló la violencia dirigida contra las minorías étnicas y la gente salió a las calles en todo el país para protestar contra la manipulación electoral.
A raíz de esta situación, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per capita de ese año fue negativo y el impacto de la crisis financiera se sintió inmediatamente en los precios de los alimentos, en el comercio (las importaciones y exportaciones decrecieron abruptamente) y en las inversiones, con el desplome de la inversión fija bruta que cayó más desde un nivel que ya era pésimo. Las consecuencias sociales de esta conmoción múltiple fueron aún más nefastas, con el aumento del desempleo (65% en 2010)[7] y el crecimiento brusco de la pobreza por ingresos, el hambre y la malnutrición (al menos 100.000 niños en riesgo de malnutrición extrema).[8] Mientras los pobres sufrían, los dueños de bienes raíces, los banqueros y los proveedores de servicios de telecomunicaciones disfrutaban de un período de auge[9], poniendo en evidencia la irracionalidad del capitalismo neoliberal que protege a los ricos de los caprichos de las crisis cíclicas y castiga a los pobres con su desigual estructura de compensaciones.

La respuesta a la crisis siguió un patrón similar con una inyección de capital significativa e inmediata en el sistema financiero por parte del Estado, rápida suba de los precios de las acciones e impulso a los negocios inmobiliarios de alto valor, mientras que las inversiones en infraestructura social y en las condiciones de vida de los pobres se hicieron a cuentagotas o nunca llegaron.

La "regulación ligera" promovida por el Banco Mundial en Kenia junto a la mala administración de las políticas de cuentas de capital provocó que el sistema financiero nacional no apoyara más al sector productivo ni a las pequeñas y medianas empresas. El efecto desestabilizador de los flujos de capital a corto plazo y el comportamiento impredecible de los mercados dejaron a la economía nacional a merced de los caprichos especuladores de los capitales golondrina. La crisis puso en evidencia que el paradigma de desarrollo neoliberal actual está impulsado por los intereses exclusivos de las grandes empresas y su capacidad multilateral de promover crecimiento desigual que conduce a un mayor desempleo.

Restablecer los límites de la participación

La nueva Constitución garantiza la participación pública en la gobernanza, elemento esencial de la política sin el cual se socava la democracia. Es un enfoque de atribución de poderes a los ciudadanos que se está convirtiendo en un elemento vital de la teoría y la práctica de la democracia. Se inspira en el espíritu de la Carta Africana de participación popular en el desarrollo y la transformación y, en el caso de Kenia, también en la nueva Constitución recientemente promulgada, los principios básicos esenciales para la práctica del compromiso de los grupos de interés informan del discurso de la gestión de sociedades sustentables.

Como principio central del diseño de políticas públicas, la "participación pública" presupone que todos los niveles del gobierno procuran fortalecer el compromiso de los ciudadanos y de los grupos de interés con sus respectivos procesos y actividades de diseño de políticas. Esto significa romper con los límites artificiales entre los "hombres" profesionales de la ley y los ciudadanos comunes. La verdadera ciudadanía es esencialmente una relación política que requiere respeto por el bien común y un rol específico en la sociedad basado en la responsabilidad hacia la política más que en los intereses específicos.

Es el momento para que los ciudadanos reclamen su soberanía como agentes del diseño de las políticas que cubren sus necesidades de desarrollo social lejos de los intereses hegemónicos hacia la voluntad popular.

Se debe forzar al Estado a quitarse la máscara de ejecutor neutral de la voluntad pública y obligarlo a convertirse en un instrumento al servicio de los sectores productivos de la sociedad y no ser escudo de los intereses parásitos de las clases dominantes. Al hacer de la participación popular y la prestación de servicios la base de la política de desarrollo sustentable, el pueblo logrará, al mismo tiempo, achicar la brecha creciente entre las tareas que deben cumplir los ciudadanos comunes y aquellas consideradas prerrogativas de las élites. Los kenianos se transformarán en una nueva fuerza revolucionaria a través de la participación y la acción colectiva.

[1] La Declaración de Derechos va más allá de los habituales derechos políticos y civiles e incluye derechos económicos, sociales y culturales. New Constitution of Kenya, (Nairobi: 2010), p. 4.

[2] M. McDermott, “Kenya Grants Environmental Rights in New Constitution,” Tree Hugger, (enero de 2011), <www.treehugger.com>.

[3]  P. Orengo, “Parts of Kenya Slowly Turning into Desert,” The Standard, (16 de agosto de 2010), www.standardmedia.co.ke/InsidePage.php?id=2000016338&cid=4>; EcoMerge, Kenya’s Soil Erosion Leads to Famine, (31 May 2010), <ecomerge.blogspot.com>; Mongabay.com, Kenya Forest information and Data, <rainforests.mongabay.com>; Water.org, Kenya, <water.org/projects/kenya>;  AllAfrica.com, Kenya: Rampant Pollution of Rivers Worries Ngilu, (23 de marzo de 2011), <allafrica.com/stories/201103240499.html>.

[4] Water.org, op. cit.

[5]  P. Orengo op cit.; EcoGeneration, Desertification in Kenya, (29 de noviembre de 2009), <eco-generation.org>.

[6] CNN World, Civil unrest damaging Kenya’s economy, (3 de enero de 2008), <articles.cnn.com>.

[7] M. W. Muthee, Tackling Youth Unemployment in Kenya, (Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, septiembre de 2010), <www.wilsoncenter.org>

[8] T. McConnell, “Recession Worsens Kenyan Famine,” Global Post, (2 de abril de 2009), <www.globalpost.com>.

[9] Blog de bienes raíces en Kenia, Analyzing the Real Estate Sector in Kenya, <www.kenyaluxuryhomes.com>; Kenya Buzz, Kenya’s Very Healthy Banking Sector,  <kenyabuzz.com>; C. Mungai, “Is Kenyan African Silicon Valley?”, Talk Afrique, (26 de febrero de 2011), <www.talkafrique.com>.