Perú avanzó algo, pero no lo suficiente
CONADES
La inequidad reina en Perú, donde la riqueza crece y la pobreza se maquilla
El avance de Perú hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio no ha sido suficiente para cumplir con todas las metas ni para afianzar su sustentabilidad, señala la coalición peruana de Social Watch en su evaluación sobre las políticas públicas y los compromisos internacionales.
Si bien el crecimiento económico ha sido importante en lo que va del siglo XXI, la falta de un seguimiento y monitoreo adecuado por parte de la ciudadanía hace que las políticas antipobreza no tengan el mismo dinamismo y no ataquen los problemas de fondo, como la concentración en la propiedad de la tierra rural y urbana y los impuestos regresivos.
Si bien, se han reducido la desnutrición y la mortalidad infantil y la materna, entre otros progresos, estos avances deberían ser mayores si se toma en cuenta que el presupuesto del Estado se ha triplicado en un decenio. "Millones de hogares pobres dependen de las transferencias estatales; y aunque es evidente que se ha logrado mejorar ciertos indicadores sociales, la perdurabilidad de esos resultados es dudosa".
Mientras las reivindicaciones de corto plazo abrevan la conflictividad en los sectores más pobres y la riqueza de grandes empresarios y latifundistas se expande, el gobierno ha limitado su programa social al asistencialismo y ha carecido de una política de empleo, así como de voluntad para enfrentarse con los grupos económicos más poderosos, escribió la experta Martha Milagros Varela Gómez, integrante de la red peruana de Social Watch y autora del informe nacional.
Varela Gómez indicó que “las reservas internacionales crecen sin cesar”, hay “mucho dinero en circulación”, se expanden “los bancos, el comercio minorista, el crédito y el dinero plástico”, lo cual “alienta la adicción al consumo” entre los pobres, “al tiempo que la delincuencia y el tráfico de drogas y personas se incrementan”. Perú es hoy “el mayor productor mundial de cocaína” y “los casinos, la minería informal y el contrabando son negocios exitosos que le abren paso a una nueva burguesía”.
El informe destaca un “crecimiento (económico) sostenido desde el año 2000 con un promedio de 6% anual y una disminución estadística de la pobreza, también sostenida” de 52% en 1990 a 27% en 2011, así como “la caída significativa de la desnutrición crónica infantil (hoy en 19,5%) y también la disminución, aunque modesta, de la mortalidad materna”. Millones de hogares pobres dependen de las transferencias estatales; y aunque es evidente que se ha logrado mejorar ciertos indicadores sociales, la perdurabilidad de esos resultados es dudosa.
Sin embargo, “después de Brasil, Perú es el segundo país con mayor incidencia de tuberculosis en la región (…)”, mientras la “abismal” desigualdad económica y social “se mantiene y profundiza” entre “regiones pobres y no pobres; entre costa, sierra y selva, ciudad y campo; o entre barrios ricos y pobres de las mismas ciudades. La riqueza se sigue concentrando. La discriminación étnica, racial y de género persiste, separando clínicas privadas para ricos y hospitales para pobres, escuelas y universidades privadas y escuelas y universidades públicas”, sostiene el informe.
“Los éxitos han sido logrados gracias a una expansión de los servicios públicos de salud y de asistencia social. No se puede afirmar lo mismo de la educación, donde la precariedad de la escuela pública continúa siendo un problema lacerante (…). El presupuesto del sector público, que ascendía a 10.000 millones de dólares en 2000, sobrepasa ahora los 30.000 millones. (…) Emergen nuevas clases medias y grupos empresariales nacionales”, agrega Social Watch.
“Pero las tareas grandes, aquellas que pueden hacer este crecimiento sostenible, están abandonadas”, según el informe. “Las políticas ambientales existen solo en los documentos oficiales, no hay políticas de empleo, la producción agrícola de alimentos continúa abandonada. El pragmatismo de políticos y gobernantes incapaces de enfrentarse con los privilegios que custodian con agresividad los ricos conservadores es el obstáculo más grande para que se discutan realmente los temas de fondo relativos a la justicia económica y social.”
Entre las tareas pendientes, Varela Gómez resaltó “una distribución de la propiedad rural y urbana (hay nuevos latifundios formados para producir biocombustibles que sobrepasan las 50.000 hectáreas); una distribución de los ingresos actualmente concentrados en grandes empresas y sus ejecutivos; una reforma tributaria basada sobre impuestos directos universales y la reducción de los indirectos; el apoyo sostenido a las más de tres millones de microempresas. Y, en general, un ordenamiento del país bajo normas de sostenibilidad ambiental.”
