La Conferencia en Doha sobre Financiación para el Desarrollo: Oportunidades perdidas en un momento decisivo

La Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Doha era una oportunidad única para fortalecer los compromisos de los Estados, agencias intergubernamentales y actores privados de erradicar la pobreza y poner fin a la discriminación de género a través del uso adecuado de ayuda para el desarrollo. No obstante, la Conferencia fue una “oportunidad perdida” y se han aplazado las acciones concretas de seguimiento, pese a que las necesidades de las personas pobres y desfavorecidas no pueden ser aplazadas.

Durante la ultima semana de Noviembre del 2008, mas de 250 miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo representantes de los grupos nacionales de Social Watch de Alemania, Bélgica, Canadá, EE.UU., España, Filipinas, Francia, Kenia, Líbano, Nepal, Sudan y Tailandia, se reunieron como parte de la Conferencia Internacional de Seguimiento sobre Financiación para el Desarrollo, para abogar por mejores y más extendidas políticas de ayuda para el desarrollo.

Durante los tres días previos a la inauguración de la Conferencia oficial, las activistas de la sociedad civil se reunieron para explorar los temas de fondo de la agenda de financiación para el desarrollo en el contexto de las actuales crisis financiera, ambiental, y alimenticia, y para redactar una declaración a ser luego presentada ante los delegados oficiales de la Conferencia como las recomendaciones principales de los representantes de organizaciones sociales de todas partes del mundo.1 Esta declaración urge a los gobiernos partícipes de la Conferencia a comprometerse a implementar cambios en sus políticas que pongan “el desarrollo eficaz, la erradicación de la pobreza, los derechos humanos, la equidad de género, el trabajo decente, y la sostenibilidad ambiental en primer plano.”

Se esperaba que en el evento en Doha se consolidaran los avances logrados durante la Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo de Monterrey en el año 2002, que era el primer esfuerzo por parte de la ONU de abordar de manera integral los asuntos financieros y sociales relacionados a la ayuda para el desarrollo, con la participación activa de lideres de la sociedad civil y del sector privado, conjuntamente con representantes gubernamentales. El Consenso de Monterrey abordaba todas las fuentes de ayuda financiera, incluyendo el comercio y la inversión privada, además de las fuentes publicas, y también temas como la deuda y las llamadas “cuestiones sistémicas” relativas a la estructura del sistema internacional financiero y las limitaciones sociales, que impactan sobre la capacidad de los países de movilizar eficientemente todos los recursos disponibles para estimular el desarrollo social y económico.

En Doha, se volvieron a abordar todos los temas discutidos en Monterrey, pero finalmente se alcanzó escasa sustancia. Lamentablemente, la llamada a la acción realizada por la sociedad civil fue en gran parte ignorada, sobre todo por los delegados gubernamentales de países altamente industrializados como los EE.UU., quienes dieron poca importancia a la Conferencia, prefiriendo enfocar su atención en las negociaciones sobre los impactos de la crisis financiera entre los países del G-20, un grupo que excluye la participación de la mayoría de los países receptores de ayuda como los Países Menos Adelantados (PMA). El evento de Doha pasó casi desapercibido para las Instituciones Financieras Internacionales, a pesar del hecho que los condicionamientos neoliberales que las mismas anexan a sus préstamos y paquetes de ayuda económica tienden a coartar la libertad para crear políticas para los países en vías de desarrollo, limitando así sus posibilidades de utilizar ayuda para promover el bienestar de sus ciudadanos.

Como corolario, no hubo mención alguna, en el documento final de los resultados de la cumbre en Doha, de la necesidad de reformular las políticas comerciales para que promuevan la acumulación de capitales y la creación de trabajos decentes en los PMA y los países de mercados emergentes. En cambio, se realizó una llamada para terminar rápidamente la ronda de Doha de la Organización Mundial de Comercio.2 Asimismo, en la sección sobre la deuda, todas las referencias a la legitimidad de las deudas y los impactos negativos de las condiciones políticas impuestas sobre procesos de cancelación de deudas, fueron borradas del documento final como resultado de las negociaciones sobre el lenguaje del texto. La sociedad civil en Doha también exigió un lenguaje más contundente sobre la necesidad de parar flujos ilícitos de capitales y cerrar los paraísos fiscales, como manera de preservar los recursos para el desarrollo; sin embargo, el texto final solo exige un “fortalecimiento” del Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios de la ONU, sin mención especifica sobre la necesidad de eliminar los paraísos fiscales.

Como aspecto positivo, la declaración de Doha mantuvo todos los compromisos realizados en Monterrey respecto a los mecanismos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la promesa de destinar el 0,7% del PIB de los países industrializados para ayuda oficial para el desarrollo. El texto también reconoce explícitamente que la promoción de la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres es clave para lograr un desarrollo equitativo.

El resultado mas tangible de la cumbre de Doha fue la convocatoria a otra cumbre, en la cual todo el “G-192” (todos los Estados miembros de la ONU) se reunirán para discutir soluciones a la crisis financiera y proponer cambios a la arquitectura financiera internacional. Esto es un paso positivo, si se compara con las negociaciones del G-8 y G-20 actualmente en proceso. No obstante, el documento no clarifica el mandato y el alcance de la cumbre de la ONU, al tiempo que resta urgencia, dado que el texto solo establece que las “modalidades” de la cumbre tienen que ser acordadas en marzo del 2009, sin una fecha más precisa para la conferencia misma.

Viendo en retrospectiva, la clasificación del resultado de Doha por los representantes de la sociedad civil como “oportunidad perdida” parece apta. Se desaprovechó una oportunidad única de fortalecer – y no solo reafirmar – los compromisos de los Estados, agencias intergubernamentales y actores privados de erradicar la pobreza y poner fin al la discriminación de género a través del uso adecuado de ayuda para el desarrollo, aplazando cualquier acción concreta a una cumbre que tendrá lugar pero cuyo futuro está rodeado de incertidumbre. ¿Es posible que las necesidades de la gente pobre y desfavorecida, sobre la que sin duda más habrán de impactar negativamente las múltiples crisis que azotan el mundo, puedan ser también aplazadas?