El Banco Interamericano de Desarrollo: 50 Años Financiando la Desigualdad y la Insustentabilidad

Las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están organizando una contra-Asamblea para visualizar los costos humanos y ambientales de las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo que han resultado en la extracción de recursos naturales no renovables, la privatización de servicios públicos y la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala.

Este año el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está celebrando un aniversario importante: sus 50 años de vida. A tal fin se están organizando diferentes festividades para la semana del 27 al 31 de marzo durante la Asamblea Anual de Gobernadores, que se llevará a cabo en Medellín, Colombia. Sin embargo, en lugar de celebrar, las organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe están organizando una contra-Asamblea para visualizar los costos humanos y ambientales de las fracasadas políticas de “desarrollo” del banco, orientadas principalmente en la promoción de megaproyectos ecológicamente perjudiciales que brindan muy pocos beneficios a las poblaciones locales más desfavorecidas y no respetan los derechos de las comunidades indígenas y otros grupos étnicos tradicionales.

El BID fue fundado en diciembre de 1959 para contrabalancear las demandas a favor de un mayor desarrollo social y democracia que estaban surgiendo en toda América Latina en el contexto de la exitosa revolución cubana, con un mandato explícito de “contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”. Cinco décadas más tarde, las contribuciones que el Banco ha hecho para lograr estos objetivos, en forma de préstamos, subvenciones y asistencia técnica, lamentablemente no han tenido un impacto significativo en una región que todavía sufre una pobreza persistente y los niveles más altos de desigualdad de ingresos del mundo. Concretamente, según  estadísticas de 2007, más del 34% de los latinoamericanos todavía vive debajo de la línea de pobreza, y en la mayoría de los países de la región, los ingresos per cápita del 10% más rico son cerca de 20 veces mayores que los del 40% más pobre.

En vez de mejorar estas injusticias sociales con proyectos de desarrollo de abajo hacia arriba que empoderan a las comunidades locales y fomentan la sustentabilidad económica y ambiental, muchas de las iniciativas del BID han tenido el efecto contrario, porque implican la extracción de recursos naturales no renovables, la privatización de servicios públicos y la construcción de proyectos de infraestructura a gran escala. Por ejemplo, en 2003, el Banco aprobó el proyecto Camisea para facilitar la extracción y la distribución de gas natural en el Amazonas peruano. Este proyecto ha provocado la deforestación, la erosión de los suelos y el agotamiento de la población de peces y animales de caza, afectando así el bienestar de las comunidades indígenas que habitan la región y amenazando su rica biodiversidad. Además, el BID financia intensamente la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), un enorme proyecto que procura unir el transporte, las comunicaciones y las rutas de la energía en todo el continente a fin de aumentar los flujos comerciales, respecto del cual los grupos de la sociedad civil temen que provocará un desplazamiento masivo de las comunidades rurales y la destrucción de ecosistemas frágiles como el Amazonas y la cuenca del Orinoco.

La crisis económica y financiera actual ha demostrado la insuficiencia del modelo de desarrollo neoliberal que el banco promueve; sin embargo, en vez de usar esta oportunidad para repensar su misión institucional, el banco ha decidido aprovechar la crisis para conseguir más deudores al crear en octubre de 2008 un fondo de liquidez de emergencia de USD 6 mil millones del cual Costa Rica, El Salvador y Jamaica ya están haciendo uso. Al mismo tiempo, la liquidez del banco mismo está en duda, con un portafolio que ha perdido más de USD 1.900 millones en valor en los últimos 18 meses debido a sus grandes inversiones en “activos tóxicos” en el sector de bienes inmuebles. Esto ha provocado la caída de tantas otras instituciones financieras que nos lleva a preguntarnos si el BID será la primera IFI en declararse en cesación de pagos a consecuencia de la crisis.

Luis Alberto Moreno, el presidente del BID, usará las celebraciones del 50 aniversario en Medellín para intentar demostrar la solvencia y la importancia de la institución. Por otra parte, las numerosas organizaciones de la sociedad civil y redes nacionales e internacionales que se reunirán en Medellín dos días antes de la inauguración de la Asamblea oficial, aprovecharán la oportunidad para reclamar una reforma fundamental de la institución a la luz de los impactos negativos comprobados sobre los derechos humanos, sociales y ambientales que han tenido sus proyectos. La “Asamblea de los Pueblos: Alternativas de Desarrollo”, organizada por una variedad de grupos de derechos humanos, laborales, ambientales y comunitarios entre los que se incluye Social Watch, presentará los testimonios de las personas directamente afectadas por los proyectos de BID e incluirá también debates conducidos por expertos y activistas de la sociedad civil sobre las alternativas al modelo de desarrollo destructivo propagado por los proyectos del banco. El objetivo de esta contra-asamblea es articular y fortalecer estrategias viables para convertir estas alternativas en realidad, de modo que los trabajadores, los campesinos, las mujeres, los indígenas, y los pobres de América Latina y el Caribe no tengan que sufrir otros 50 años de desigualdad creciente y devastación ambiental, algo que realmente valdría la pena celebrar.

Por más información sobre la campaña “BID. 50 Años Financiando la Desigualdad” y el programa de la Asamblea de los Pueblos, visite: http://www.frentebid2009.org/.