¿Qué opciones le quedan a la política global de sostenibilidad?
Impulsos para una Agenda más allá de 2030 a partir del legado de Jens Martens
Intervención de Roberto Bissio, Bonn, 23 de septiembre de 2026
„Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“
¿Qué tiempos son estos en los que
hablar de árboles es casi un delito
¡Porque implica guardar silencio sobre tantas atrocidades!
Señoras y señores,
He comenzado mi intervención con una cita del poema de Bertolt Brecht «A los que vendrán», con la esperanza de que hablar de árboles, bosques y desarrollo sostenible no signifique ocultar las injusticias, sino más bien buscar formas de superarlas.
El objetivo de este encuentro es debatir opciones para una política de sostenibilidad global, que es precisamente el tema de la última obra de Jens Martens. La sostenibilidad global y el papel de la sociedad civil en la reorganización mundial tras la caída del Muro de Berlín ya fueron objeto de los primeros trabajos de Jens a principios de la década de 1990. La primera entrada de la bibliografía publicada por GPF-Europe data de 1988 y hace balance de los primeros diez años del Informe sobre el Desarrollo del Banco Mundial.
El Banco Mundial, con sus proyectos faraónicos que destruían el medio ambiente y sus políticas de «ajuste estructural», fue identificado por los ecologistas como el enemigo contra el que había que luchar en aquella época.
Junto con otros compañeros ecologistas y defensores de los derechos humanos, viajé por países de habla alemana en 1994 como parte de la campaña «Cincuenta años ya son suficientes» contra el Banco Mundial, participando en intensos y profundos debates en Wuppertal y Bonn, organizados por WEED. Peter Wahl, Barbara Unmüssig y muchos otros estaban allí. WEED era la organización en la que trabajaba el joven Jens, y es muy posible que él también estuviera presente, aunque debo admitir que no lo recuerdo.
En Suiza, la campaña se denominaba «Dos años ya son suficientes» porque, debido a su neutralidad, Suiza estuvo ausente de organizaciones internacionales como el Banco Mundial hasta la década de los noventa. En Berna, un alto funcionario del Ministerio de Hacienda nos dijo con franqueza: «¿Por qué deberíamos abandonar el Banco Mundial, si obtenemos más dinero de los contratos del que aportamos?».
Quizá sin darse cuenta, su franqueza puso al descubierto la raíz del problema. Décadas más tarde, el secretario general de la ONU, António Guterres, lo expresó así: «El sistema financiero mundial está en bancarrota moral. Favorece a los ricos y castiga a los pobres».
En 1994 se creó la OMC, otro paso hacia la institucionalización de la globalización, y ese fue también el año en que comenzó el proceso de negociación previo a la Cumbre Social y, con él, mi colaboración con Jens. WEED se trasladaba a Berlín; Jens decidió quedarse en Bonn y fundó el Global Policy Forum Europe. Durante los siguientes 30 años debatimos, hicimos campaña y redactamos folletos, peticiones e informes juntos.
Las ONG mantuvimos un acalorado debate con el entonces embajador chileno Juan Somavía, que acababa de ser nombrado presidente del proceso preparatorio de la Cumbre Social. «¿Qué sentido tiene una Cumbre Social si el ajuste estructural —que está recortando los servicios sociales por todas partes— no figura en la agenda?».
«Primero teníamos que celebrar la Cumbre», respondió Somavía. «Ahora es responsabilidad de la sociedad civil incluir el ajuste estructural en la agenda».
Logramos ese objetivo y, con él, la primera resolución de las Naciones Unidas que criticaba la forma despiadada en que se estaban aplicando esos ajustes —ajustes que incluso han cambiado de nombre y ahora se denominan «políticas de austeridad» o, más recientemente, «creación de amortiguadores», sin alterar su esencia—.
Somavía logró su objetivo de garantizar que la Cumbre Social no fuera una imposición de políticas del Norte al Sur, y cada uno de sus diez «compromisos» incluía medidas que debían adoptar a nivel nacional e internacional los gobiernos tanto del Norte como del Sur, entre ellas el pleno empleo, la erradicación (y no solo la reducción) de la pobreza y la igualdad de género.
Nosotros, las OSC, no logramos nuestro objetivo de introducir un impuesto global sobre las transacciones financieras, pero, no obstante, acogimos con satisfacción los resultados de la Cumbre de Copenhague y, el último día de la conferencia, se creó Social Watch para promover la rendición de cuentas de los gobiernos, tanto del Norte como del Sur, en relación con sus compromisos. La Cumbre Social había suscitado enormes expectativas y, en Alemania, se formó una coalición muy amplia, presidida por Ruth Brandt y compuesta por sindicatos, fundaciones, instituciones religiosas, centros de investigación y organizaciones solidarias. Jens Martens ejerció de secretario.
Un breve paréntesis. Por aquella época, viajé a Berlín por primera vez, cuando la ciudad se encontraba en plena reconstrucción tras la caída del Muro, y tuve el inmenso privilegio de que Ruth fuera mi guía turística, mostrándome su ciudad desde su perspectiva única.
En 1997, Ruth Brandt presentó ante las Naciones Unidas el primer informe de la coalición alemana de Social Watch. Apenas tenía diez líneas y causó un escándalo porque afirmaba que «el Gobierno alemán se niega a admitir que existe pobreza en Alemania». Otros miembros de la UE comentaron en privado que esto no era justo, ya que, según los estándares europeos, la pobreza en Alemania rondaba el 9 %, pero el incidente puso de manifiesto la reticencia de los gobiernos de los países desarrollados a informar sobre sus propias políticas en un foro mundial.
Los informes posteriores fueron redactados casi siempre en colaboración con Jens Martens, junto a Ruth Brandt, y más tarde incluyeron las firmas de Peter Eisenblätter, Klaus Heidel, Jürgen Reichel, Saskia Richter y muchos otros. El Foro Alemán de ONG pasó a denominarse Social Watch Deutschland y publicó extensos informes anuales, además de su contribución al informe mundial.
Entre los miembros de Social Watch-Deutschland se encontraban Brot für die Welt, Cáritas Internacional, DGB-Bildungswerk, Diakonisches Werk der EKD, Evangelischer Entwicklungsdienst, la Fundación Friedrich Ebert, IG Metall, terre des hommes, WEED, WOMNET/NRO-Frauenforum y, por supuesto, el propio Global Policy Forum Europe de Jens.Jens pasó a formar parte del grupo directivo internacional de SW y, más tarde, fue su copresidente durante muchos años, por lo que, técnicamente, era mi jefe.
Pero el neoliberalismo estaba en auge. Las Naciones Unidas, que en la década de 1970 habían intentado frenar los excesos de las multinacionales —o, al menos, supervisar su impacto—, les abrieron las puertas en el año 2000 a través del Pacto Mundial, que el secretario general se desplazó a Davos para promover. Los países de la OCDE se mostraban reacios a rendir cuentas, como hemos visto. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas temían perder relevancia en un mundo globalizado que favorecía a otros foros, como la OMC o el FMI, y se estaban llevando a cabo debates, al margen de la ONU, para imponer a los países en desarrollo un acuerdo multilateral sobre inversiones que resultara ventajoso para las empresas multinacionales.
Así, durante el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la Cumbre Social al cabo de cinco años, en 2000, la ONU, el FMI, la OCDE y el Banco Mundial presentaron conjuntamente su informe «Un mundo mejor para todos», que resumía siete «objetivos internacionales de desarrollo» y enumeraba las metas que se esperaba que alcanzaran los países en desarrollo. La resistencia de Social Watch y otras organizaciones llevó a la inclusión de un octavo objetivo, bastante vago, en el que se detallaban algunas de las responsabilidades de los países ricos para hacer posibles los demás objetivos —y que nunca cumplieron—.
Es justo señalar que entre quienes promovieron con mayor entusiasmo estos «Objetivos del Milenio» se encontraban los ministros de cooperación al desarrollo —en su mayoría mujeres en aquella época—, al menos en el caso de los principales donantes. Intentaban defender los presupuestos de sus ministerios, entonces amenazados por la denominada «fatiga de la ayuda», demostrando «resultados concretos y tangibles» y una «relación calidad-precio» adecuada.
En retrospectiva, he llegado a la conclusión de que confundieron la aspiración del Sur Global —que es el desarrollo— con la herramienta destinada a contribuir a él, que es la cooperación al desarrollo. Y dado que la cooperación al desarrollo es lo que financia a las agencias internacionales de desarrollo y a la mayoría de las ONG internacionales, nadie —o muy pocas voces— se atrevió a criticar ese cambio.
La comunidad internacional redujo el objetivo de la cooperación internacional a una meta esencialmente única: reducir a la mitad la pobreza extrema en todo el mundo para 2015, medida según el umbral de un dólar al día establecido por la organización One- . Tras la aprobación de este objetivo, el Banco Mundial sugirió que, «por razones técnicas», el año de referencia no debería ser el 2000 —cuando se formuló el compromiso—, sino el 1990. Durante esa década, China llevó a cabo programas masivos de lucha contra la pobreza que allanaron el camino para su posterior salto económico; en consecuencia, el objetivo —medido de esta forma y previsto para 2015— ya se había alcanzado cuando se inició el proceso.
En este clima de «fin de la historia», en el que la globalización y la privatización se consideraban el único camino posible, Jens Martens siguió escribiendo en contra de la influencia de las empresas y a favor de un instrumento internacional que las hiciera responsables de las violaciones de los derechos humanos. Mucho antes de que se pusiera de moda, Barbara Adams y Jens Martens analizaron minuciosamente la insuficiencia de los mecanismos de financiación de la ONU, la influencia de las fundaciones privadas en el seno de las Naciones Unidas y cómo los mecanismos de financiación voluntaria distorsionan las agendas aprobadas por consenso en favor de la voluntad de un puñado de países donantes.
Pero la maquinaria del desarrollo internacional, deslumbrada por el (aparente) éxito de la globalización en la reducción de la pobreza, no supo reconocer el dramático aumento de las desigualdades y la destrucción del medio ambiente.
A medida que se acercaba la segunda cumbre sobre el desarrollo sostenible en Río en 2012, Jens Martens hizo un llamamiento a Social Watch, Terre des Hommes, Third World Network, DAWN, Global Policy Forum, la Fundación Friedrich Ebert y otras organizaciones y expertos, como Ernst Ulrich von Weizsäcker y Henning Melber, para formar un «grupo de reflexión» que pudiera inspirar a los gobiernos a cambiar de rumbo.
Así, el Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre Perspectivas de Desarrollo Global reunió a 18 activistas de la sociedad civil y académicos de diferentes disciplinas de todo el mundo para ir más allá de los conceptos y objetivos de desarrollo convencionales, cuestionar los modelos y las medidas de desarrollo y progreso social, y presentar alternativas. «Cambiar la mentalidad» fue el título de la primera declaración colectiva del grupo, en la que se defendía que los Estados, así como los gobiernos que los dirigen y los políticos que los integran, no deben eludir sus responsabilidades ni delegarlas en las fuerzas ocultas que manipulan los mercados.
Poco antes de la Cumbre de Río 2012, el grupo publicó un informe titulado «No hay futuro sin justicia», en el que vinculaba el desarrollo sostenible con los principios y objetivos sociales y de género, así como con los derechos humanos. Ahora parece obvio, pero para las agencias de desarrollo el vínculo entre su labor y los derechos humanos simplemente no existía y sigue estando ausente para muchas de ellas. Introdujo en el debate el problema de las desigualdades, la insuficiencia del PIB como medida del progreso y la idea de que la aspiración humana a la justicia —ya sea justicia climática, justicia de género, justicia social o el simple y clásico sistema judicial justo de tribunales y jueces— es el mayor motor del cambio.
Río recogió algunas de estas ideas. Muchas otras se incorporaron a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que sustituyó los ODM por un conjunto mucho más completo de 17 ODS. El proceso de negociación intergubernamental fue bastante singular e interesante, ya que, en lugar de dar lugar a un «mínimo común denominador», como suele ocurrir en las cumbres de la ONU, los gobiernos se sintieron animados a ser ambiciosos. Y se deshicieron (al menos conceptualmente) de la división Norte-Sur. Ningún país está desarrollado de forma sostenible y la riqueza comparativa de algunos es a menudo el resultado de «externalizar» la contaminación y los costes sociales a los más vulnerables, y especialmente a las mujeres de los países pobres.
La nueva agenda de desarrollo sostenible incluía muchas dimensiones más allá de las típicas cuestiones «sociales» como la pobreza, el desempleo y la discriminación, por lo que Social Watch se fusionó con otras organizaciones y transformó su informe anual en los «Informes Spotlight», cuyo tamaño y formato se heredaron de los informes de Social Watch para evidenciar una continuidad, y de los que Jens pasó a ser uno de los editores y secretario de facto.
En una época en la que la tinta sobre el papel seguía siendo un soporte válido para las ideas, este equipo publicó 25 informes globales entre 1996 y 2021, la mayoría de ellos en varios idiomas, y recopiló más de ochocientos informes nacionales, cada uno de ellos presentado por organizaciones locales que se encargaban de su difusión y los utilizaban en el diálogo directo o indirecto con las autoridades. Se trata de una gran cantidad de datos ofrecidos a quienes elaboran las políticas.
Pero, ¿de qué pruebas disponemos sobre el impacto de tantos informes? Poco después de la aprobación de los ODS, impartí un taller en Chile con miembros de las coaliciones de Social Watch de América Latina sobre cómo elaborar informes y cómo evaluar los avances hacia el desarrollo sostenible. Para romper el hielo, sugerí un ejercicio. «Creemos un indicador», propuse, y pregunté a los participantes: «En una escala del 1 al 10, ¿cuál había sido el resultado de vuestros informes en cuanto a la influencia en las políticas?».
Las respuestas comenzaron a llegar del público y ninguna superó el 3; algunos incluso dijeron «cero», lo que era peor que lo peor. Temía un desastre, porque habíamos planeado toda una jornada de estudio sobre la elaboración eficaz de informes y quienes tenían experiencia afirmaban que los informes eran inútiles.
«¡Basta, basta!», intervino Helmer Velásquez, presidente de la confederación de cooperativas de Guatemala. «La verdadera cuestión no es el impacto de un documento que presentamos, sino el proceso de redacción de ese documento, la investigación que llevamos a cabo, la organización, la búsqueda de consenso y la elaboración de una narrativa común alternativa, y cómo todo ello contribuyó a construir una sociedad civil más fuerte. Y en eso la nota es un 10, aunque se necesite más tiempo para lograr el cambio».
Visto desde ese ángulo, el legado de Jens no es la recopilación de sus artículos y escritos, sino la red de organizaciones nacionales e internacionales que formaron parte de los procesos de redacción de los mismos.
La amplia coalición de actores y fuerzas que defienden el desarrollo sostenible se encuentra ahora a la defensiva, tal y como escribió Jens en mayo. Entre 2000 y 2025, el PIB per cápita mundial casi se triplicó, pasando de unos 5.000 dólares a 14.000. Sin embargo, el 41 % de esta nueva riqueza fue acaparada por el 1 % más rico de la población, mientras que el 50 % más pobre solo obtuvo el 1 %.
Los presupuestos destinados a la protección social, la educación, la salud, la cooperación internacional y la lucha contra el cambio climático se están desviando hacia fines militares o para subvencionar enormes centros de datos que consumen mucha energía para alimentar la inteligencia artificial. La actual Administración estadounidense y sus seguidores, como el presidente Milei de Argentina, se están distanciando de la Agenda 2030. En su discurso ante la ONU del año pasado, Milei afirmó que la Agenda 2030 «fue mal concebida» y constituye «un programa supranacional de carácter socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que socavan la soberanía de los Estados-nación y violan el derecho de las personas a la vida, la libertad y la propiedad».
La alianza misógina y homófoba entre fundamentalistas del mercado y fundamentalistas religiosos está eliminando de la agenda internacional todas las referencias al cambio climático, la igualdad de género o la protección social cada vez que tienen la oportunidad.
En este contexto, iniciar un debate sobre «Más allá de 2030», como están haciendo muchas organizaciones y centros de estudio, probablemente provocará una reacción en contra. No tenemos una bola de cristal. Dada la rapidez con la que cambian hoy en día el poder y las alianzas, es imposible predecir qué punto de vista prevalecerá en 2030. Pero hay algo que parece seguro: alcanzar un consenso sobre cualquier cuestión global de importancia va a ser difícil. En el clima político actual sería imposible alcanzar un consenso sobre los ODS o incluso sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Pero, al igual que la Declaración Universal no es objeto de debate, tampoco deberíamos aceptar el año 2030 como fecha de caducidad del desarrollo sostenible. 2030 es solo una referencia temporal para algunas de sus metas cuantitativas, al igual que lo fue 2020 para otras. El núcleo del desarrollo sostenible no son los 17 objetivos y los 165 indicadores, sino los «principios de Río» acordados en 1992, reafirmados en Río 2012 y ampliados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Pacto por el Futuro. Y estos no caducan. No son un punto de llegada, sino un horizonte al que nunca se llega, pero que motiva el viaje y marca una dirección.
Lo que necesitamos para evaluar el progreso no es una cifra, sino un cuadro de mando con cifras, del mismo modo que un coche se conduce con un cuadro de instrumentos que muestra la velocidad, el nivel de carga de la batería y los kilómetros recorridos. Todos estos datos están relacionados, sí, pero no tiene sentido calcular su media. El cuadro de mando de la sostenibilidad debería ser el resultado del debate internacional —ampliamente ignorado, aunque extremadamente importante— sobre «Más allá del PIB». El PIB, o Producto Interior Bruto, nunca se concibió como una medida del bienestar, y presenta una correlación negativa con la destrucción e a del medio ambiente. Jens escribió sobre esto, por supuesto. El desarrollo de medidas alternativas ya fue encomendado por la Agenda 21 en 1992 y es, explícitamente, la última meta del 17.ºODS.
Este año, un grupo de expertos designado por el secretario general de la ONU propuso un cuadro de mando compuesto por unos 30 indicadores. Junto a él se presenta una agenda de datos e investigación: su objetivo es reforzar los sistemas estadísticos nacionales y desarrollar indicadores complementarios —indicadores que reflejen las dimensiones distributivas y no relacionadas con el mercado del progreso—. En abril de 2026 también se inició en la ONU un proceso intergubernamental sobre «Más allá del PIB», copresidido por España y Guyana.
El éxito de este debate podría cambiar la mentalidad y las políticas en materia de desarrollo sostenible, alejándolas de la obsesión por el crecimiento. Y supondría un paso clave para comprender lo que Willy Brandt denominó en 1980 «la reciprocidad de intereses entre el Norte y el Sur». De modo que «la búsqueda de soluciones no sea un acto de benevolencia, sino una condición para la supervivencia mutua».
Muchas gracias, danke schön
