No hay desarrollo sin justicia: denuncia de la farsa democrática

Burma Lawyers’ Council

En el marco de un estado de derecho inexistente, la economía de Birmania ocupa el 5º peor lugar del mundo en cuanto a libertad económica.La Constitución de 2008 y las elecciones generales previstas para 2010 sólo perpetuarán el gobierno militar y el estancamiento.El desarrollo necesita instituciones transparentes, imparciales y responsables, que no pueden coexistir con las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la opresión política.EEs necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establezca una Comisión Investigadora para aclarar los crímenes cometidos.

El régimen militar, a través del Consejo para la Paz y el Desarrollo del Estado (SPDC por sus siglas en inglés), ha devastado la población birmana mediante flagrantes violaciones de los derechos humanos y actos de criminalidad generalizada desde 1988. El SPDC acompañó estos abusos con impunidad, creando un sistema en el que no hay responsabilidad para los autores de los crímenes, ni siquiera de los más brutales. La criminalidad y la impunidad están propiciadas por un sistema judicial que se somete a la voluntad de las autoridades y doblega las leyes de la nación para preservar y aumentar el poder de la Junta.

En este marco, la economía del país cayó hasta el punto de ser recientemente catalogada como la 5ª peor del mundo en términos de libertad económica[1]. Internacionalmente se la considera una economía corrupta y pésimamente administrada[2]. Birmania está ubicada además en el puesto 138, entre 182 países, en el Índice de Desarrollo Humano 2009 del PNUD, evidenciando las graves carencias de desarrollo económico y social[3]. Sólo podrá haber avances en el desarrollo económico cuando termine el clima actual de criminalidad y opresión y los culpables respondan ante la justicia.

Sin transparencia no hay desarrollo

La desconfianza generalizada en el SPDC y su forma de gobierno tiene importantes efectos sobre el desarrollo económico. Las empresas extranjeras son reacias a operar en un país donde los litigios son resueltos por un poder judicial parcial al Gobierno y donde el Estado no respeta plenamente los derechos de propiedad individual. En algunos casos empresas extranjeras han sido cerradas. La Ley de Empresas Públicas reserva para el Estado muchos sectores de la economía, como la banca, los seguros, las telecomunicaciones, la extracción de determinados recursos y la explotación de la madera de teca, dándole control exclusivo de los mismos al SPDC[4].

Un buen ejemplo de la corrupción desenfrenada del SPDC y su falta de respeto por los derechos de propiedad es el caso de Yaung Chi O, que involucra un emprendimiento conjunto entre una compañía con sede en Singapur y el Ministerio de Industria para reabrir la fábrica de cerveza Mandalay. La cerveza Mandalay llegó a convertirse en una marca reconocida, pero antes de que finalizara el acuerdo de cinco años surgió una disputa. A pesar de que el Ministerio debía someter la disputa a arbitraje, el SPDC embargó la fábrica y todos los bienes sin acatar el proceso legal establecido por sus propias leyes. Congelaron las cuentas bancarias de la empresa asociada y amenazaron con arrestar a sus propietarios por supuesta apropiación indebida de fondos.  Cuando las partes llegaron a la justicia, el juez ignoró los argumentos de la compañía de Singapur y utilizó injustificadamente su amplia discrecionalidad jurídica para fallar a favor del Gobierno[5].

Violencia sexual y violación como armas de guerra
En medio de la constante opresión y violencia, la situación de las mujeres en Birmania empeora. Varias organizaciones de base a lo largo de la frontera entre Tailandia y Birmania documentan las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas militares. Los crímenes de la junta militar abarcan un amplio espectro de delitos que incluyen asesinatos, desapariciones forzosas, violación, trabajos forzados y traslados forzosos, entre muchos otros. Cada uno de estos crímenes afecta a las mujeres, pero los crímenes de violencia de género tienen quizás el impacto más directo en la situación de las mujeres en Birmania.
Los integrantes del SPDC cometen crímenes de violencia sexual con escandalosa regularidad. fn fn fn fn fn El SPDC usa la violación como arma de guerra, especialmente cuando ataca a grupos étnicos en el este del país [10]. El régimen aumentó sus ataques a grupos étnicos durante los últimos quince años y estos ataques incluyen el uso sistemático de la violencia sexual [11]. Muchas mujeres fueron violadas en grupo por militares que a veces también torturan o matan a sus víctimas [12]. La violencia sexual no es un crimen cometido por algunos integrantes de las fuerzas militares, sino parte de la estrategia concertada del SPDC para atacar a los grupos étnicos y opositores [13]. Los que cometen estos crímenes no comparecen ante la justicia y la impunidad reina en Birmania [14]. Como los tribunales birmanos no son independientes del Gobierno militar, las víctimas de violencia de género u otros crímenes no pueden recurrir al sistema legal birmano. La cultura de la impunidad que protege a los culpables de violencia sexual permite que estos crímenes se sigan cometiendo.

La constante violencia sexual del SPDC y su falta de responsabilidad no pasan inadvertidas en la comunidad internacional. fn El Secretario General de las Naciones Unidas reconoció recientemente que el SPDC está incumpliendo sus obligaciones de acuerdo a la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad. Y esta resolución fue específicamente pensada para proteger a las mujeres de la violencia sexual en situaciones de conflicto [15]. El Secretario General tomó nota del uso extendido de la violencia sexual contra las mujeres de las minorías étnicas en áreas rurales por parte del régimen, el acoso sexual de los militares a mujeres y niñas solas, la incapacidad o falta de voluntad del sistema legal para procesar los crímenes de violencia sexual y la impunidad dominante que impide que los culpables de violencia de género sean procesados.
Además de la violencia sexual, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad del SPDC han afectado a las mujeres en mayor proporción. DDesde 1996, el SPDC quemó 3.500 aldeas en el este de Birmania. Las consecuencias fueron comparadas por el Consorcio Fronterizo Birmano Tailandés con la destrucción brutal que tiene lugar en Darfur [16]. La quema masiva de hogares y alimentos ha generado grandes cantidades de personas desplazadas. Las mujeres se ven particularmente perjudicadas por los desplazamientos forzosos de sus hogares, resultando más vulnerables a la trata de personas y al trabajo peligroso.

Fuente: Putting gender economics at the forefront.15 years after the IV World Conference on Women.Social Watch Occasional Papers 06. Febrero de 2010

La Ley de Inversión Extranjera (FIL, por sus siglas en inglés) de Birmania garantiza que ninguna empresa extranjera sea nacionalizada durante el período de inversión permitido. [6]La FIL también contiene una sección que permite al SPDC terminar un contrato antes de su vencimiento66. El caso Yaung Chi Oo demostró que el régimen y sus tribunales pueden manipular las reglamentaciones para nacionalizar una empresa cuando le resulta conveniente al Gobierno.

Una economía de mercado exitosa depende en gran medida de la confianza de los participantes del mercado en que el sistema legal defienda sus derechos y dirima sus litigios con imparcialidad. Debe existir un sistema judicial eficaz, justo y asequible para resolver los litigios, incluso aquellos que involucren a los gobiernos. Evidentemente no es el caso en Birmania. Sin instituciones que protejan los derechos de la propiedad privada, las empresas extranjeras desistirán de invertir en la economía birmana.

El desarrollo económico requiere instituciones transparentes, imparciales y responsables, que no pueden coexistir con las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la corrupción y la opresión política. El desarrollo de Birmania sólo se podrá lograr cuando el poder judicial sea independiente del SPDC y todas las partes respeten el estado de derecho. Además de instituciones legales y judiciales fuertes, la salud económica del país necesita instituciones políticas responsables y transparentes. Este tipo de instituciones no existe actualmente.

Medios pseudo democráticos para perpetuar la Junta

Durante décadas el SPDC administró pésimamente la economía del país. La Constitución de 2008 y las elecciones generales previstas para 2010 sólo perpetuarán el Gobierno militar y el correspondiente estancamiento económico. La Constitución incluye artículos problemáticos que restringen la participación electoral de grupos opositores y garantizan la impunidad de los crímenes cometidos por funcionarios del Gobierno.

La Constitución birmana de 2008 no significa un avance de la democracia sino un intento descarado del SPDC para mantenerse en el poder. Fue concebida por los militares sin aportes de los partidos políticos opositores ni de expertos legales. La Constitución retira la supervisión civil sobre los militares; rompe así una norma perentoria de las leyes internacionales y permite que las fuerzas militares sean la institución más poderosa del país[7]. El artículo 121 de la Constitución impide que muchos opositores políticos puedan ser candidatos, porque prohíbe la elección para bancas parlamentarias de quienes cumplen condenas de prisión. El SPDC tiene actualmente detenidos a más de 2.000 opositores políticos, quienes por lo tanto están excluidos[8]. El texto del documento prohíbe además la candidatura de los opositores principales en la elección. El artículo 59, por ejemplo, impide que una persona pueda ejercer el cargo de Presidente si está casada con un extranjero o una extranjera. Esta disposición excluye a Aung San Suu Kyi, casada con un ciudadano británico, de la candidatura presidencial. De aDe acuerdo a esta Constitución, los únicos autorizados a participar en las elecciones serán integrantes del SPDC o simpatizantes del actual Gobierno.

Aún más chocante resulta que la Constitución incluya un artículo que pretende garantizar la amnistía para todos los responsables del SPDC[9]. Esta disposición está vagamente escrita y consagraría la impunidad para los crímenes más atroces, incluidos los de lesa humanidad y los de guerra. El artículo sobre la amnistía invalida la Constitución completa frente a las leyes internacionales. Garantizar la amnistía general a los culpables de crímenes graves viola la Convención de Ginebra, el derecho internacional tradicional y las disposiciones de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad, que prohíben la impunidad de la violencia sexual en áreas de conflicto.

Instituciones fuertes que defiendan el estado de derecho y un poder judicial independiente son esenciales para el avance económico. Estas instituciones deben encarnar la responsabilidad, el acceso a la información y la transparencia. La Constitución de 2008 representa una desviación manifiesta del estado de derecho y continuará denigrando el sistema judicial de la nación. No significará avances en la transparencia, la independencia ni la responsabilidad de las instituciones legales o políticas de la nación, ya que incluye varios artículos que obstaculizan estas exigencias de las instituciones legales, judiciales y políticas. La Constitución beneficia al Gobierno militar que hasta ahora ha destruido la responsabilidad institucional, el acceso a la información y la transparencia.

Por su parte, las elecciones de 2010 consagrarán la Constitución de 2008. Después de las elecciones, las instituciones legales, judiciales y políticas de Birmania serán demasiado débiles para hacer avanzar la economía de la nación. En lugar de favorecer el progreso del país, las elecciones afianzarán la impunidad, la criminalidad y las prácticas políticas desleales. La nueva Constitución hundirá al país en una depresión económica más profunda y un mayor aislamiento, mientras que las elecciones de este año consolidarán la cultura de la criminalidad y la militarización en el país.

Recomendaciones

El desarrollo económico debe ir acompañado de instituciones fuertes, buena gobernanza, paz y seguridad. La constante represión de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por parte del SPDC se tradujo en un mínimo desarrollo económico durante las últimas décadas.

En relación a la Constitución de 2008 y a las próximas elecciones de 2010, el Consejo de Abogados de Birmania (Burma Lawyers’ Council) recomienda:

  • Para promover un desarrollo económico significativo en Birmania y mejoras reales en la calidad de vida, el SPDC debe comprometerse a revisar globalmente la Constitución con todas las partes involucradas, formar un poder judicial independiente y restituir el respeto del estado de derecho.
  • La Constitución debe establecer un sistema político responsable, transparente y que brinde acceso a la información.
  • Dado que la redacción actual de la Constitución de 2008 viola normas perentorias de las leyes internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe declararla nula. Todos los estados deben negarse a reconocer esa Constitución y los resultados de las elecciones basadas en ella.
  • En virtud de que la parcialidad del poder judicial y las condiciones de impunidad dadas por la Constitución impiden que los tribunales locales juzguen los crímenes del SPDC, el Consejo de Seguridad de la ONU debe establecer una comisión investigadora para aclarar los crímenes internacionales que se hayan cometido en Birmania.

 

[1] Heritage Foundation, “2010 Index of Economic Freedom: Burma.”     <www.heritage.org/Index/Country/Burma>.

[2] Ver por ejemplo: Transparency International, “Corruption Perceptions Index 2009.”   <www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2009/cpi_2009_table>.

[3] PNUD, “Human Development Report 2009: Myanmar.”   <hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MMR.html>.

[4] Ley de Empresas Públicas (ley Nº 9/89), 1989.

[5] BK Sen y Peter Gutter, “The Burmese Junta’s Abuse of Investment Laws,” Legal Issues on Burma Journal (Agosto de 2001).

[6]   Ibid.

[7] Id., art. 343 (“In the adjudication of Military Justice … the decision of the Commander-in-Chief is final and conclusive”).

[8] Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticosen Birmania. Disponible en: <www.aappb.org>.

[9] Constitución de la República de Myanmar (2008), art. 445 (“No se emprenderá ninguna acción contra dichos Consejos o cualquiera de sus miembros, o cualquier miembro del Gobierno, con relación a cualqueir acto realizado en la ejecución de sus respectivas funciones”.).

[10] Ver por ejemplo: Shan Women’s Action Network, License to Rape (Mayo de 2002).

[11] Ibid.

[12] U.S. Campaign for Burma, People, Politics, Poverty. Disponible en: <www.uscampaignforburma.org/learn-about-burma/people-politics-poverty> (consultado el 8 de diciembre de 2009).

[13] Ver Shan Women’s Action Network, supra nota 2.

[14] Ibid.

[15] Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Informe del Secretario-General en relación a la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad, del 15 de julio de 2009, S/2009/362.

[16] Consorcio Fronterizo Birmano Tailandés, comunicado de prensa: “Rising Instability in Eastern Burma”, 29 de octubre de 2009. Disponible en:<www.tbbc.org/announcements/2009-10-29-media-release.pdf>.

Focal points

Human Rights International Treaties
DFG
ILO Conventions
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
» View detail


SUSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

Submit