Lejos de los ODM pero cerca de un movimiento popular fuerte

Centro de Estudios de la Mujer Honduras
Suyapa Martínez
Ana Ferrera

Además de enfrentar el retroceso que en todos los aspectos, y principalmente en materia de violación de los derechos humanos, implica un golpe de Estado, el país tendrá que encarar la represión que padecen las mujeres, por parte de las fuerzas del Gobierno de facto. Si bien las reacciones del movimiento popular no se han hecho esperar y se ha conformado un Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, no existe voluntad política de acercarse a la meta propuesta por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En este marco, el país necesita una refundación y no un mero acto de reformismo.

Tras el golpe de Estado del 28 de junio 2009 – perpetrado por la oligarquía hondureña en alianza con los sectores más ultraderechistas de América Latina y Estados Unidos de América, que derrocó por la vía armada al legítimamente electo presidente constitucional de la República, Manuel Zelaya Rosales –, los y las hondureñas siguen resistiendo en las calles. Zelaya había venido impulsando una serie de medidas, fuertemente resistidas por las empresas privadas, tales como el incremento del salario mínimo – que pasó de USD 176 a USD 285[1] – y la firma del convenio Alternativa Bolivariana para los pueblos de las Américas (ALBA), que despertó grandes expectativas, sobre todo en los sectores populares de la población, porque incluía asistencia médica, educativa, donación de maquinarias y equipamiento.

Otra de las medidas adoptadas por el gobierno de Zelaya fue la aprobación de la iniciativa Petrocaribe, que permitió compras de petróleo con financiamiento a largo plazo e intereses muy bajos, el ahorro logrado, como producto de esa iniciativa, permitió abrir un fondo de fideicomiso cuya intención era financiar proyectos de desarrollo social. Con sus acciones, Zelaya se fue vinculando cada vez más a los sectores populares del país, hasta cerrar esta alianza con la decisión de llamar a una consulta popular denominada la “cuarta urna”.

En ese marco de acercamiento, el presidente decidió plantear la revisión de la Constitución, dado que la actual incluye artículos pétreos que no permiten la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos de decisión y solución de los problemas locales y nacionales. Para ello se reunió con diferentes sectores, incluso con los partidos políticos. De esos sondeos surgió la idea de realizar una Asamblea Nacional Constituyente y colocar una “cuarta urna” en las elecciones del 29 de noviembre, con el objeto de preguntarle al pueblo hondureño si deseaba que se convocase a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución[2]. La consulta popular se transformó en una encuesta de opinión que se realizaría el 28 de junio, día en que se efectivizó el golpe de Estado.

Las reacciones del movimiento popular no se hicieron esperar. El mismo día del golpe la ciudadanía se volcó a las calles, manteniéndose de manera permanente más de 200 días en manifestación y se conformó el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado, que hoy en día se conoce como Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

En medio de unas elecciones muy cuestionadas, realizadas en medio de constantes violaciones de derechos humanos y con un alto nivel de militarización – al estilo Iraq –, resultó electo, en noviembre 2009, Porfirio Lobo Sosa, del partido Nacional que, al igual que la cúpula del Partido Liberal, fue actor intelectual y material del golpe de Estado.

La gestión de gobierno del Presidente Lobo se ha caracterizado por la búsqueda del reconocimiento internacional, sin lograr la incorporación a instancias regionales estratégicas como la SICA y la OEA. Prevalece en el discurso del presidente la intención de una reconciliación y diálogo, de la que reniega en los hechos, al aprobar sin consulta la Ley de Visión de País y Plan de Nación, la integración de la Comisión de la Verdad de manera unilateral y el no reconocimiento del FNRP.

Ante ese panorama, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado su preocupación porque altos mandos del Ejército o ex miembros del mismo, contra quienes se han formulado denuncias por su participación en el Golpe de Estado, ocupen la gerencia de dependencias públicas en el gobierno de Porfirio Lobo. Así, el general de división Venancio Cervantes – que era sub jefe del Estado Mayor Conjunto al momento del golpe de Estado – es hoy director general de la Dirección de Migración y Extranjería, el general de brigada Manuel Enrique Cáceres es director de Aeronáutica Civil, el ex general Nelson Wily Mejía se halla a cargo de la Dirección de la Marina Mercante y el ex general Romeo Vásquez Velásquez – que era comandante en jefe de las FFAA en momentos del golpe de Estado – es gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones[3]. También continúan en sus cargos el fiscal general del Estado y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que fueron parte material e intelectual de la ruptura del orden constitucional en el país.

Transcurridos siete meses de gobierno de Lobo Sosa, persiste la polarización política nacional y se abren frentes de lucha popular en diferentes sectores. Tal es el caso del gremio magisterial – en el que el 80% son mujeres – que se vio obligado a tomar las calles para evitar la privatización del Instituto de Previsión del Magisterio y protestar para que no se apruebe la ley general de educación, que elimina los grados preescolares y el ciclo básico de educación pública.

Otro frente abierto es el de las organizaciones de mujeres que forman parte de Feministas en Resistencia (un espacio que surgió después del golpe de Estado), que han visto amenazados sus avances en materia de derechos de las mujeres cuando, por ejemplo, la administración golpista emitió decretos para la prohibición de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia y recortó el II Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.

En medio de toda esta convulsión social se fortalece cada vez más el FNRP, integrado por todas las organizaciones del movimiento social hondureño con el objetivo común de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución, que incluya a las mujeres, la juventud, la población afro descendiente, los indígenas y otras colectividades que históricamente han sido excluidas, pensando que, con estas transformaciones, el país podrá caminar hacia su refundación.

Impacto económico del Golpe de Estado

En el 2009 la economía nacional fue impactada doblemente. Por un lado, fue golpeada por la crisis económica mundial que vino acompañada de una reducción en las remesas familiares y la pérdida de empleos en el sector maquilero (compuesto por fábricas que importan y manufacturan productos sin pagar impuestos para luego exportarlos). Por otro lado, experimentó el impacto de la crisis generada por el golpe de Estado.

En 2009 se esperaba que, con las medidas tomadas por el gobierno de Zelaya con el plan anticrisis, la economía hondureña tuviera un crecimiento de un 2% o un 3%[4]. Pero luego del golpe de Estado la comunidad internacional congeló los fondos de la cooperación internacional – alrededor de unos USD 500 millones – parando simultáneamente el acceso al crédito de los organismos multilaterales, como una medida de presión económica. La medida representó un gran impacto en el presupuesto público, pues la financiación externa representa el 16,4% del presupuesto dirigido para la Administración Central y un 56% de los fondos destinados a la inversión pública[5].

Otra realidad post golpe que agudizó la situación en el país fue el cierre del 60% de los negocios y empresas productivas, durante aproximadamente dos semanas, esto, según la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, provocó pérdidas de alrededor de USD 52,6 millones. La presencia de la resistencia en diferentes puntos de la capital y del norte del país, trajo pérdidas de al menos USD 6,6 millones de dólares, esto sumado al cierre de fronteras como parte de las medidas de presión por parte de los países centroamericanos representaron pérdidas de alrededor de USD 3.000 millones[6].

Las actividades económicas que fueron más afectadas son la construcción y el comercio. Sólo el mes de julio la primera decayó en alrededor de 50% y el comercio en 11% y en el mes de septiembre descendió en un 17%[7].De enero a noviembre la deuda interna creció en 505.5 millones de dólares, de los cuales dos tercios corresponden a la administración del gobierno de facto[8].

Retroceso en materia de derechos humanos

Si bien la crisis financiera internacional trajo serias dificultades para el país, lo acontecido el 28 de junio marcó un claro retroceso en materia de derechos humanos. Más de 86 personas fueron asesinadas, entre el 3 de julio de 2009 y el 20 de junio 2010, por oponerse al golpe de Estado, entre ellos 9 eran mujeres y 20 de la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Travesti, Bisexual e Intersex[9]. Además se cerraron varios medios de comunicación.

Los asesinatos perpetrados por sicarios suceden diariamente: “durante 2010 han sido asesinados al menos siete periodistas en Honduras por causas que podrían estar asociadas al ejercicio de su profesión”[10]; así como, a mayo de 2010, nueve dirigentes del movimiento popular habían sido ejecutados.

Durante las manifestaciones realizadas por la resistencia hondureña, las mujeres recibieron diferentes tipos de agresiones sexuales – fueron atacadas con gas, golpeadas con garrotes e incluso abusadas sexualmente, como forma de humillarlas por su oposición al golpe de Estado. De 240 casos denunciados, 23 mujeres dijeron haber sido objeto de distintos tipos de agresión sexual – entre ellos se contaron siete violaciones perpetradas por militares[11].

Entre los retrocesos en materia de la institucionalidad de los mecanismos para la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres acontecidos en el marco del golpe de Estado que aún no se han revertido figuran: el recorte que la administración golpista hizo al segundo plan de Igualdad y Equidad de Género en aspectos importantes relativos a los seis ejes de derechos, principalmente aquellos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, la violencia contra las mujeres y la participación política, el decreto ejecutivo que prohíbe la distribución y venta de las Píldoras de Anticoncepción de Emergencia y la aprobación de las reformas a la Ley de Municipalidades, que convierte las Oficinas Municipales de la Mujer en espacios de gerencia social, que atenderá a todo tipo de población.

Los ODM y las mujeres

El ODM 3 plantea promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para el año 2015. Aunque podemos ver un avance en cuanto a la alfabetización de las mujeres de edades entre 15 y 24 años con respecto a los hombres – pasando de 88,4% en 1990 a 95,3% en el 2009 –, el nivel de progreso de las mujeres en los últimos tres años no se encuentra al mismo ritmo favorable que el de los hombres.

Las mujeres están mejor preparadas a nivel educativo, tal como lo reflejan la tasa de asistencia, que siempre han sido superiores que las de los hombres – en 2009, por ejemplo, era 0,28 superior en enseñanza secundaria y 0,37 en enseñanza terciaria[12]. Sin embargo, si analizamos nivel educativo versus nivel de ingreso podemos ver que no existe una relación justa para las mujeres, pues el salario de los hombres continúa por encima del que obtienen las mujeres por igual trabajo, aunque estas tengan una mejor preparación profesional.

Si bien existe una ley de cuotas en el país, los partidos políticos nunca han cumplido con el mínimo de 30% de mujeres en los cargos de elección popular. El golpe de Estado agudizó esta situación, dado que las candidatas mujeres no pudieron hacer campañas y más de 50 mujeres se vieron obligadas a renunciar por la falta de garantías de transparencia en el proceso, además de la inseguridad por las constantes violaciones a los derechos humanos y la militarización del país. En el ámbito local, la representación femenina en las alcaldías pasó de un 9%, alcanzado en las elecciones 2005, a un 6% en las elecciones 2009, y en el nivel legislativo pasó de un 25% a un 19,53%.

En conclusión, podemos decir que Honduras está lejos de cumplir con todos los compromisos internacionales que ha asumido, por un lado porque no existe voluntad política para hacerlo – la más clara muestra de ello es el propio golpe de Estado – y, por otro lado, la población Hondureña está exigiendo que se cambien las reglas por completo en pro de una refundación del país y no de un reformismo maquillado, que en el fondo sigue encubriendo la concentración de la riqueza en pocas manos sin modificar el sistema patriarcal neoliberal.

[1] “Gobierno decreta salario mínimo en 5,500 lempiras”, La Prensa.hn. Available from: <www.laprensa.hn/content/view/full/97312>.

 

[2] Golpe de Estado en Honduras, Un Análisis Jurídico por Edmundo Orellana, Catedrático Universitario, 27 de septiembre de 2009

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones Preliminares del Comisión en su visita realizada a Honduras del 15 al 18 de mayo 2010.

[4] Grupo Sociedad Civil, 2009.

[5] Grupo Sociedad Civil, 2009.

[6]Entrevista Marvin Ponce, Diputado de Unificación Democrática.

[7] Entrevista Sergio Castellano, Diputado de Unificación Democrática.

[8] Entrevista con Martin Barahona, Analista Económico.

[9] Tomado de los listados del Comité de Familiares y Desaparecidos en Honduras COFADEH, Comité de Derechos Humanos CODEH, y Defensores en Línea.

[10] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Observaciones Preliminares del Comisión en su visita realizada a Honduras del 15 al 18 de mayo 2010.

[11] Informe “Las Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres después del Golpe de Estado”, Feministas en Resistencia, 2009.

[12] Mesa de trabajo de Naciones Unidas para el informe de los ODM, 2009.

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ABCDEFGHI
ILO Conventions
C 87 C 98 C 105 C 100 C 111C 138 C 182
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