El desmantelamiento de la cooperación para el desarrollo

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Coalición italiana de Social Watch[1]

La sociedad italiana ha sido duramente golpeada por la crisis financiera. La principal respuesta del Gobierno fue recortar recursos en sectores clave, como la educación, la salud, la asistencia social y los fondos para las autoridades locales. El financiamiento para el desarrollo también sufrió una reducción drástica e Italia no está cumpliendo sus compromisos internacionales. La indiferencia del Gobierno hacia la cooperación para el desarrollo mientras Italia preside el G8 no sorprende a la sociedad civil, que ha criticado la falta de estrategias del país en la materia.

El impacto social de la crisis financiera en Italia ha sido enorme. No sólo afectó la economía del país en general – el déficit nacional aumentó 5,2% en 2009 y más de 9.000 empresas cerraron (23% más que en 2008[2]) – sino también a los trabajadores y a las familias en particular. La tasa de desempleo aumentó hasta casi 8%[3] y un tercio de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes sin endeudarse[4]. Entre ellos, los inmigrantes son los más golpeados[5].

El sistema bancario no fue particularmente afectado ni aplicó los incentivos que recibió del Gobierno para ayudar a las empresas y a los individuos con facilidades crediticias. Al mismo tiempo, el Gobierno recortó los recursos en  varios sectores clave, como la educación, la salud, la asistencia social y los fondos para las autoridades locales. En 2009, la reunión del G8 tuvo lugar en la ciudad italiana de L'Aquila, recientemente devastada por un terremoto, en medio de críticas por la falta de liderazgo fuerte por parte de Italia en el proceso previo a la cumbre y los últimos recortes en su presupuesto de ayudas. Fue un año de avances en la privatización de empresas públicas e infraestructura junto a mayor corrupción y evasión de impuestos (los casos de corrupción aumentaron 229% con respecto a 2008, mientras que se estima que un tercio de los italianos no paga los impuestos)[6].

Indiferencia hacia la AOD

Los últimos presupuestos del Estado decretaron el desmantelamiento de la AOD. Para el período 2009-2011 se asignaron EUR 321,8 millones, EUR 331,26 millones y EUR 215,7 millones, respectivamente, que representan un recorte de 56% de los recursos disponibles para los proyectos de cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las acciones del Gobierno en esta área en el mismo año de la presidencia de Italia en el G8 pueden parecer contradictorias; sin embargo, no sorprenden si se consideran los costos de organización del evento mismo del G8 – que cuesta mucho más (su costo se estima en USD 600 millones[7]) que las asignaciones anuales para la cooperación internacional.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 74% de la AOD italiana se canaliza a través del sistema multilateral. Esto significa que hace falta una adecuada transparencia y responsabilidad democrática en la efectividad de la participación del país en instituciones internacionales que gestionan el financiamiento para el desarrollo. En 2010, la AOD de Italia estará por debajo del compromiso del 0,50% del PIB y determinará que Europa no alcance la meta colectiva del 0,56% a pesar del buen desempeño de países que ya lo han superado[8]. Durante la legislatura anterior se intentó llevar a cabo la reforma de la AOD – necesaria para garantizar mayor efectividad, coherencia y estabilidad de recursos – pero luego fue abandonada.

En enero de 2010, se presentó en Roma el primer informe de la OCDE en seis años sobre la AOD en Italia (la llamada Revisión por pares). En 2004, el Comité de Ayuda para el Desarrollo sugirió 13 reformas esenciales a ser implementadas hasta 2009. Estas reformas incluían, entre otros puntos, un aumento de los recursos comprometidos y de su fiabilidad, mejor priorización, contratación de nuevos expertos, racionalización de los procesos administrativos y establecimiento de la monitorización, la evaluación y la aprobación de una nueva ley que definiera un marco regulador para el sistema de cooperación de Italia. Lamentablemente, las recomendaciones de 2004 fueron ampliamente ignoradas y la lista creció. Las recomendaciones aumentaron a 19, incluida la persistente necesidad de una nueva ley, de un ajuste del volumen de los recursos destinados a los compromisos asumidos a nivel internacional, atención a la coherencia política e implementación de procesos de monitorización y evaluación[9].

Financiamiento para los planes de desarrollo: falta de estrategias

A pesar de la pérdida de preponderancia del G8 y del surgimiento del G20 como nuevo foro internacional, el Gobierno italiano ha intentado utilizar la presidencia del primero para mejorar su imagen pública, tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, Italia mantuvo un perfil extremadamente bajo durante las principales cumbres multilaterales en 2008 y 2009 dedicadas al financiamiento del desarrollo y al impacto de la crisis global sobre el desarrollo[10]. La única idea original que impulsó fue la de establecer “estándares legales globales”, un conjunto de reglas pensadas para regular las finanzas, limitar las actividades especulativas y ayudar a la recuperación global después de la crisis. Hasta el momento, esta propuesta – cuyo contenido aún está siendo redactado – no tuvo suficiente apoyo internacional ni condujo a medidas importantes para la muy necesaria reglamentación más rígida de los mercados financieros.

En el marco de la iniciativa de Ayuda por Comercio de la EU, desarrollada en 2007 con la Estrategia conjunta de ayuda por comercio, los programas de ayuda de Italia aún no incluyen una estrategia específica sobre comercio. El informe Aid for Trade Monitoring Report 2009[11] de la Comisión Europea destaca que la ayuda por comercio es parte de las estrategias de asistencia para menos del 25% de los países socios de Italia. También existe mucha preocupación relacionada con la calidad, la cantidad y los objetivos de los programas.

La mayor parte de la ayuda por comercio va para infraestructura, que junto al desarrollo de capacidades sumó el 76% del gasto total durante el período 2002-2006. Italia está al frente de la promoción de la inversión en proyectos de infraestructura por parte de empresas privadas con programas de ayuda tanto bilateral como multilateral, en particular con el Banco Europeo de Inversiones. Este último está financiando proyectos controvertidos en países africanos, como represas (Gigel Gibe en Etiopía y Bujagali en Uganda) y actividades extractivas (República Democrática del Congo y Zambia) sin parámetros claros desde el punto de vista social, ambiental y de desarrollo.

En líneas generales, aún no está claro si, después de la crisis financiera y de las recientes fusiones y adquisiciones que afectan a las empresas multinacionales italianas, el Gobierno está dispuesto a revisar los tratados de inversiones bilaterales que tuvieron graves consecuencias para los países en desarrollo en los últimos años. Al mismo tiempo, el Gobierno no asume un liderazgo claro en la promoción de estándares más altos para las agencias de crédito para la exportación que respaldan las inversiones de las empresas italianas en todo el mundo, a menudo con consecuencias negativas para el Sur.

Violación de los derechos humanos en el extranjero

En su informe sobre la industria del petróleo en el Delta del Níger[12], Amnistía Internacional documentó el impacto de las actividades de exploración y producción de petróleo, realizada por las empresas petroleras multinacionales, sobre la población local y el medio ambiente. Una de las empresas más activas en Nigeria es la italiana Eni, presente en 77 países, que representa el quinto grupo petrolero más grande del mundo después de Exxon Mobil, BP, la Compañía Real Holandesa Shell y Total.

La industria del petróleo en el Delta involucra al Gobierno nigeriano y a las empresas subsidiarias controladas por multinacionales como Eni, Shell y Total, así como a empresas locales. Los inmensos campos de petróleo producen miles de millones de dólares de beneficios para el país, pero la mayoría de la gente que reside en las áreas de extracción vive en la pobreza. La contaminación y el daño ambiental tienen un profundo impacto sobre la tierra, el agua y el aire, violando los derechos humanos de la población del Delta. Amnistía sostiene que las empresas de extracción que operan en el Delta, incluida Eni, deben iniciar las actividades de limpieza, consultar a las comunidades y mantenerlas informadas de los resultados. Las empresas también deben hacer pública toda la información relacionada con el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos, incluida una evaluación del impacto ambiental o cualquier otro estudio realizado sobre los efectos de sus operaciones sobre las comunidades locales.

Una mirada a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM): la sociedad civil en acción

ODM 3: Falta de iniciativas para la equidad de género. El análisis oportuno de los informes y los documentos de la planificación por parte de la sociedad civil es muy importante en el área de las políticas de equidad de género, en las que prevalece la vaguedad, se carece de información y no se comparten las medidas, los resultados y las estrategias. Un buen ejemplo fue la preparación del expediente para Beijing+15 y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a pesar de que fue precisa en cuanto al cumplimiento de los compromisos globales por parte de Italia, tenía enormes deficiencias en materia de consulta con la sociedad civil y de transparencia de los procesos. En particular, el informe sobre CEDAW no respondió a las áreas sobre las que el Comité del CEDAW había expresado su preocupación en el informe de 2005, a saber, la salud de las mujeres inmigrantes, la persistencia de estereotipos de género en los medios y la inadecuada participación política de la mujer a nivel local y nacional. El informe reciente carece de una visión estratégica y de una política sistémica que promueva la igualdad de oportunidades y la atribución de poder a las mujeres; enumera medidas, leyes y datos sin un calendario claro; y muestra escasos avances concretos en asuntos que necesitan un mayor compromiso institucional.

En noviembre de 2009, los Ministros de Igualdad de Oportunidades y de Políticas Sociales presentaron el plan Italia 2020: Programa de acciones para la inclusión de la mujer en el mercado laboral. La mayoría de estas acciones se basan en empleos de medio tiempo, asumiendo que la conciliación de trabajo y responsabilidades de cuidado familiar deben seguir siendo resueltas mayoritariamente, si no exclusivamente, por las mujeres.

ODM 7: Un referéndum por el agua pública. El derecho de acceso al agua está cubierto por varios compromisos internacionales. El ODM 7 reclama la reducción de la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable segura y al saneamiento básico. La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, en su Convención sobre Protección y Uso de los Cursos de Agua y Lagos Internacionales Transfronterizos, promueve la participación pública en los procesos de toma de decisiones importantes[13], y la Directiva Marco en el Sector del Agua de la UE establece que “el agua no es un producto comercial como cualquier otro, sino una herencia que debe ser protegida, defendida y tratada como tal” [14].

Durante 15 años, en Italia se ha dado un proceso gradual de privatización de la gestión de los servicios integrados de agua (SIA) ya sea como iniciativas autónomas de las autoridades locales o como leyes nacionales que presionaron en esta dirección. La mitad de la población italiana recibe actualmente servicios de empresas por acciones de propiedad mixta (pública-privada) y la otra mitad por empresas de propiedad completamente pública. En ciudades como Arezzo y Aprilia, en las que se inició la participación de socios privados, hubo un aumento exponencial de los precios y una drástica reducción de la inversión. En al última década, los precios subieron 62% (comparados con una inflación del 25%) y la inversión cayó en dos tercios desde EUR 2 mil millones a EUR 0,7 mil millones. Se espera que el consumo de agua privatizada crezca cerca del 20% en los próximos 10 años.

Como reacción a los desastrosos efectos en términos sociales y ambientales, y con respecto al derecho al agua en Italia y en el mundo, durante la última década creció un fuerte movimiento italiano que agrupa cientos de organizaciones, asociaciones y comités nacionales y locales. En 2007 se juntaron más de 400 mil firmas en apoyo a una ley propuesta por la gente – que el parlamento no recogió – que delinea un nuevo modelo de gestión pública de los SIA.  En su centro está la participación democrática de los ciudadanos más que la maximización de beneficios. Luego, en 2010, se lanzó una campaña y se recogieron más de un millón de firmas para un referéndum en 2011 sobre la gestión pública y participativa del agua como bien común.

Junto a los movimientos de la sociedad civil, muchas autoridades locales están tomando medidas. La región de Puglia, por ejemplo, adoptó una resolución contra la privatización de AQP, el acueducto más grande de Europa, y delineó la gestión futura de los SIA a través del establecimiento de una ley sobre gestión pública.

 

Conclusión

La actual crisis financiera provocó recortes drásticos en el sector de cooperación para el desarrollo. La propuesta italiana de “estándares legales globales” recibió, hasta el momento, una atención limitada y la muy necesaria reforma del sector financiero está demorada. A medida que el país se vuelve más pobre y más xenófobo[15] y los inmigrantes  – en especial la población romaní – sufren discriminación y violencia continuas, las organizaciones de la sociedad civil intentan defender los derechos constitucionales atacados, como la libertad de prensa y el sistema judicial independiente.

Si la cooperación italiana no cumple con las recomendaciones de la OCDE, su contribución a los ODM será casi irrelevante o incluso contraproducente ya que estará enlenteciendo la acción europea y el liderazgo global. En particular, el primer objetivo del ODM 8 – “atender las necesidades especiales de los países menos desarrollados, los países sin acceso al mar y los pequeños estados insulares en desarrollo” –  necesita un aumento significativo de la AOD. A consecuencia de las políticas italianas, este objetivo parece estar aún más lejos de ser alcanzado.

[1] Jason Nardi escribió la introducción; “Indiferencia hacia la cooperación para el desarrollo” fue escrito por Tommaso Rondinella, “Financiamiento para los planes de desarrollo” por Andrea Baranes (CRBM) y Roberto Sensi (MAIS), “Violación de los derechos humanos en el extranjero” por Alessandro Palchetti (Amnistia Internacional - sección Italiana), “ODM3: Falta de iniciativas para la igualdad de género” por Beatrice Costa (Coord. Campagna 30 anni CEDAW - Lavori in corsa) y “ODM7: Un referéndum por el agua pública” por Tommaso Fattori (Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua).

[2] La Stampa, “Crisi, nel 2009 picco di imprese fallite,” 1º de marzo de 2010. Disponible en: <www.lastampa.it/redazione/cmsSezioni/economia/201003articoli/52697girata.asp>.

[3] La tasa de desempleo en Italia en 2009 fue 7,8% comparada con 6,8% en 2008. La tasa proyectada para el 2010 es de 10,5%. Consultar: EconomyWatch, “Italy Economic Statistics and Indicators.” Disponible en:   <www.economywatch.com/economic-statistics/country/Italy/>.

[4] Keynesiano, “Crisi: Duro impatto della recessione sul mercato del lavoro,” 29 de enero de 2010.

[5] Según los principales operadores de transferencias de dinero durante la primera parte de 2009 las remesas bajaron entre un 10% y un 15% con respecto a 2008. Consultar: Giulio Giangaspero, “Le rimesse dall’Italia in tempo di crisi,” Working Paper Cespi, 63/2009. Disponible en: <www.cespi.it>.

[6] NPR, “Culture of Corruption Creeps into Italian Life”, 12 de marzo de 2010.

[7] Anuradha Mittal, “G8 Summit: Feed the Hungry or Fuel Hunger?” Foreign Policy in Focus, 8 de julio de 2009.

[8] Consultar: OCDE, Italia: Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) Revisión por pares 2009. Disponible en: <www.oecd.org/dataoecd/54/59/44403908.pdf>.

[9] OCDE, “Italy (2009) DAC Peer Review - Main Findings and Recommendations” (2009).

[10] En la Conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial en junio de 2009, en la que muchos países estuvieron representados a nivel ministerial o superior, la delegación italiana fue presidida por un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores.

[12] Amnistía Internacional, Nigeria:Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta, Londres, 2009.

[13] Disponible en:   <www.unece.org/env/water/>.

[14] Disponible en:   <www.ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm>.

[15]  Grazia Naletto, ed., Rapporto sul razzismo in Italia, Roma: Manifestolibri, 2009.

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