Una nueva forma de cometer los mismos errores

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Rafael Uzcátegui

Tras un período de bonanza económica entre 2004 y 2008 – ayudada por los altos precios internacionales del petróleo – las políticas sociales del Gobierno mejoraron los indicadores y los Objetivos de Desarrollo del Milenio formaron parte de la agenda oficial y de la discusión pública. Hoy, la crisis financiera internacional y el aumento de la conflictividad social derivada del debilitamiento de los programas sociales ponen en riesgo los avances anteriores. Esto era dable esperar de un modelo de desarrollo que, repitiendo los mismos viejos errores, no elaboró políticas contracíclicas y hoy paga caro las consecuencias de la crisis mundial.

En el año 1999, tras la elección de Hugo Chávez como presidente, se realizó un proceso para modificar la Constitución con un proyecto de país consensuado por la mayoría. Debido a las amplias garantías ofrecidas en materia de derechos sociales, esta nueva Constitución generó grandes expectativas y popularizó el tema de los derechos humanos en diversas capas de la población.

Al mismo tiempo, el alza sostenida de los precios internacionales del petróleo – principal eje dinamizador de la economía venezolana – en el período 2004-2008, permitió al gobierno alcanzar resultados positivos en diferentes indicadores. Dos años más tarde, sin embargo, la situación comenzó a revertirse. Hubo dos principales razones para ello.

En primer lugar, tras la ratificación para un segundo mandato presidencial de Chávez, el Gobierno intentó modificar la Constitución mediante un referendo – realizado en diciembre del año 2007 –, si bien la propuesta fue rechazada. Desde ese momento diversas organizaciones de derechos humanos han venido alertando acerca de la promulgación de diferentes leyes, normativas y actos administrativos que contradicen el texto constitucional aprobado en 1999.

En segundo lugar, la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera internacional han impactado negativamente en las políticas sociales destinadas a reducir la pobreza, sin que existan respuestas gubernamentales a las demandas populares, lo que ha hecho crecer significativamente la conflictividad social.

Descenso de la pobreza

Hasta el año 2008 el Gobierno de Chávez promocionaba sus avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). En primer lugar sobresalían los resultados en la erradicación de la pobreza extrema[1].

Entre los años 2004 y 2006 las cifras oficiales estimaron en 20% la disminución de familias pobres en el país. Para el primer semestre del año 2007, los cálculos del Instituto Nacional de Estadística indicaron que el porcentaje de población en situación de pobreza extrema era de 9,4%[2]. En términos de población las cifras oficiales reflejaron que, entre 1999 y 2009, 4.324.075 personas lograron superar la condición de pobreza.

Estos progresos han sido reconocidos por organismos internacionales como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, para la cual la tasa de pobreza en Venezuela había descendido de 49,4% en el año 1999 a un 28,5% en el año 2007[3]. En su Informe Anual 2009 Provea indica que, en parte, esta caída fue posible gracias a los esfuerzos realizados en el desarrollo de programas sociales para la distribución de alimentos a bajo costo – tales como la Misión Mercal, cuya cobertura estimada para el año 2008 alcanzaba mensualmente a un promedio de 13 millones de personas, alrededor del 45% de la población del país[4].

En materia de equidad de género y educación se registró un aumento del porcentaje de alumnas atendidas en el sistema educativo, que pasó de 31,25%, para el período 1990-1998 a 47,56% entre 1999 y 2006. En este sentido la tasa neta de escolaridad en educación básica creció de 84,7% en el período 1999-2000 a 93,6% entre 2006 y 2007, lo cual se tradujo en la incorporación al sistema educativo de 684.782 niños y niñas. Resultados similares se produjeron en los niveles superiores. Para el año 2005 la cantidad de personas inscritas en las misiones educativas llegó a cuatro millones.

Por otra parte, las políticas de salud, denominadas Barrio Adentro, permitieron avanzar en la meta de reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años. Es así como la mortalidad infantil se redujo, de 25 en 1990 a 14,2 por cada mil nacimientos en 2007. Estas misiones aumentaron en muy corto plazo la atención médica directa con la participación de 14.345 profesionales y la construcción de módulos asistenciales en todo el país. Sobre la atención a personas portadoras de VIH/SIDA, los registros presentaron un incremento en la distribución gratuita de medicamentos, pasando de 335 pacientes atendidos en 1999 a 21.779 durante 2007.

Beneficios pagados con petróleo

Desde el año 2004 la situación económica venezolana experimentó una abundancia desconocida en las tres décadas anteriores. Desde ese año, el precio del petróleo alcanzó niveles históricos en los mercados internacionales hasta el año 2008, fecha de su mayor cotización. Como resultado de esta bonanza el Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela vivió cuatro años seguidos de crecimiento, el fortalecimiento de las reservas internacionales del país y un saldo positivo en su balanza de pagos. Los crecientes ingresos fiscales de origen petrolero permitieron financiar extensos programas de inversión pública, así como las políticas sociales denominadas “misiones”. El Estado pudo expandirse en diferentes áreas, tales como la generación de empleos. Se estimaba que para el año 2008 el sector público empleaba al 18,2% de la población económicamente activa[5].

En julio del año 2008 la cotización del barril de petróleo venezolano alcanzó su cenit, llegando a USD 122,40. Desde ese mes comenzó a descender y cuatro meses después se ubicaba a la mitad: USD 63,49[6].

Ajuste y políticas sociales

La celebración tanto de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre de 2008, como de una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias de la crisis económica mundial para Venezuela. Pasado el período electoral, el 21 de marzo de 2009, el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas:

  • Reducción del gasto público.
  • Aumento del Impuesto al Valor Agregado.
  • Disminución de gastos suntuarios e innecesarios.
  • Promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración pública.

La contracción de los ingresos petroleros ha traído como consecuencia la desaceleración, el estancamiento y, en algunos casos, el retroceso de las políticas sociales destinadas a reducir la pobreza y las desigualdades. Más allá de los anuncios oficiales acerca del mantenimiento de las políticas sociales a pesar de la crisis, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación – la cual, sólo en el sector alimentos, llegó a ser de 43% durante el año 2008[7].

En contraste con el significativo descenso experimentado entre el 2004 y 2006, la reducción de hogares en situación de pobreza entre los años 2007 y 2009 fue de 1,1%. Las cifras oficiales más recientes afirman que un 26,4% de los hogares venezolanos continúan sin poder satisfacer sus necesidades básicas.

Por otra parte, a excepción del sector educación, el gasto público como porcentaje del PIB se ha reducido desde el año 2008 para todos los ámbitos sociales. Según la Ley de Presupuesto del año 2010, el monto destinado a las 13 “misiones” sociales no alcanza el 4% del total, aunque los recursos son mayores debido a partidas asignadas por vías extraordinarias, lo que a su vez dificulta la transparencia y contraloría social de su ejecución. Para volver aún más compleja esta situación, la inflación disminuye la capacidad de los más pobres para mejorar sus condiciones de vida. Según datos del Banco Central de Venezuela la inflación para el año 2008 fue de 30,9%, mientras que la del 2009 fue de 25,1%, aún así el país se mantiene con una de las tasas más altas de la región[8].

Las peores consecuencias

La crisis de las políticas sociales es especialmente aguda en dos sectores: salud y vivienda. Desde hace años, Provea ha venido alertando acerca de la fragmentación del sistema sanitario del país, así como el deterioro de la Misión Barrio Adentro. Si bien estas preocupaciones fueron desestimadas por diferentes voceros gubernamentales en su momento, en septiembre del 2009 el presidente Chávez reconoció las irregularidades: “Declaremos la salud en emergencia. Detectamos 2.000 módulos de Barrio Adentro abandonados; sin médicos. Un descuido de todos. El fenómeno vino presentándose y se tomaron medidas, pero nunca pudimos con el problema” [9].

A esta situación hay que añadirle la continuación de las fallas estructurales y de dotación de la red hospitalaria del país, así como la falta de profesionales de la salud, lo cual tuvo diferentes repercusiones dramáticas como el llamado “ruleteo” de mujeres embarazadas, las cuales antes de dar a luz debían visitar varios centros sanitarios hasta ubicar uno donde ser atendidas.

En el tema de la vivienda digna se encuentra una de las mayores debilidades del Gobierno de Chávez, que no ha podido nunca durante la gestión cumplir con sus propias metas. El déficit habitacional es de tres millones de viviendas – un cálculo que incluye las casas que deben reubicarse por encontrarse en zonas de alto riesgo. En los últimos 10 años, según los datos oficiales, se ha construido un total de 300.939 viviendas, por lo que Hugo Chávez es el segundo presidente del período democrático, iniciado en 1958, que en promedio ha construido menos casas durante su mandato.

El papel de la sociedad civil

Diferentes organizaciones que monitorean la situación de los derechos humanos venían alertando sobre la ausencia de una planificación, a mediano y largo plazo, que hiciera sustentables las políticas sociales independientemente de una situación de alta renta petrolera. Por su parte, otros investigadores han demostrado que la vulnerabilidad de la economía venezolana a los vaivenes de los precios petroleros en el mercado internacional se ha mantenido intacta a través del tiempo. Por ello, el modelo de desarrollo promovido por el presidente Chávez, la profundización del sector de la economía exportador de productos primarios, comparte los rasgos esenciales de proyectos promovidos en el pasado[10].

El 2008 fue el año de mayor movilización de la década con 2.893 manifestaciones, un aumento del 64,09% con respecto al año anterior. Del total, un 67,30% fueron motivadas por la exigencia de derechos económicos sociales y culturales, siendo las tres principales reivindicaciones las condiciones laborales (33,97%), vivienda (20,34%) y por seguridad personal (12,34%). En orden de importancia los principales mecanismos de protesta fueron los cierres de calle, concentraciones, marchas y paralizaciones laborales. En este período una de cada 15 manifestaciones fue reprimida, impedida u obstaculizada por los organismos de seguridad del Estado.

Además, murieron siete manifestantes, cinco en manos de funcionarios policiales o militares. Ante la pérdida de paciencia de las autoridades frente a la movilización popular se ha incrementado el proceso de criminalización de la protesta. Desde el año 2005 se registran por lo menos 2.240 casos de personas que han debido responder ante la justicia por haber participado en una acción de protesta. Un caso emblemático lo constituye el dirigente sindical Rubén González, que desde el mes de septiembre de 2009 ha sido privado de libertad por haber participado en una paralización de actividades en la empresa estatal Ferrominera, ubicada en el estado Bolívar, para exigir el cumplimiento de un contrato colectivo[11].

Conclusión

El modelo de desarrollo promovido por el gobierno de Chávez no ha logrado evadir la histórica dependencia que la economía venezolana tiene de los precios internacionales del petróleo. Los programas sociales han sufrido con los vaivenes de esa variable, cuya dimensión escapa totalmente a las intenciones y políticas del Estado.

Esto ha determinado, según vienen denunciando las organizaciones civiles y varios especialistas desde hace tiempo, que los indicadores sociales muestren avances durante los períodos de bonanza comercial y se estanquen, y aun retrocedan, cuando esas tendencias se revierten.

Así, la lucha contra la pobreza, la atención sanitaria, el acceso a la educación y, muy especialmente, la vivienda digna de los venezolanos han sido rehenes de las curvas internacionales de oferta y demanda de crudo, por un lado, y de la falta de previsión y políticas contracíclicas adecuadas, por otro.

[1] Para un completo seguimiento de los resultados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte del gobierno venezolano, consultar: <www.sisov.mpd.gob.ve/metas_milenio/>.

[2] Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, Venezuela sobresale en el cumplimiento de las Metas del Milenio (2008).

[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama Social de América Latina - 2008. Disponible en: <www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008_Cap1_Pobreza.pdf>.

[4] Provea, Informe Anual 2009. Disponible en: <www.derechos.org.ve/titulares/informe-anual-2009-1607>.

[5] Instituto Nacional de Estadísticas. Ver: <www.ine.gov.ve/ine/indexine.asp>.

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Banco Central de Venezuela. Ver: <www.bcv.org.ve/>.

[9] “Chávez admite cierre de módulos de Barrio Adentro y declara en emergencia la salud”, La Cl@se.info. Disponible en: <laclase.info/nacionales/chavez-admite-cierre-de-modulos-de-barrio-adentro-y-declara-en-emergencia-la-salud>.

[10] Margarita López Maya y Luis Lander. “El socialismo rentista de Venezuela ante la caída de los precios petroleros internacionales”. Cuadernos del Cendes, 67 mayo-agosto de 2009.

[11] Ver: <www.derechos.org.ve>.