Author:
José Ferrer Rivera
Para Social Watch, que se define a sí misma como red internacional de organizaciones ciudadanas que luchan para erradicar la pobreza y las causas de la pobreza, “la cuestión no es si la seguridad social es posible con la globalización, sino más bien si la existencia civilizada global es posible sin implementar el derecho humano universal a la seguridad social(1).
La cita viene a cuento debido a que, en relación con mis dos pasadas entregas, he recibido comentarios y críticas que, por sus implicaciones, bien merecen una respuesta. Me explico:
En uno de ambos textos, afirmé que la seguridad social universal es un derecho que debería garantizar el Estado a todo mexicano y a toda persona radicada en México, independientemente de su nacionalidad. En el otro, concentré una numeralia aterradora sobre la precariedad laboral y la indefensión en la que viven varias decenas de millones de mexicanos, abandonados a su suerte no sólo por el Estado, sino por la indolencia de partidos –especialmente los autollamados de izquierda– y por las propias organizaciones sindicales –especialmente las que presumen de mayor autonomía y radicalismo combativo–. Por supuesto que dichas sentencias despertaron las más variadas opiniones entre quienes me hacen el favor de leer y comentar mis textos.
De los muchos rebotes que suscitaron, algunos me parecieron particularmente interesantes: unos, porque dadas las condiciones de precariedad económica nacional (abandono del campo, ausencia de política industrial, competencia despiadada extranjera, desempleo, corrupción y demás) a sus ojos la seguridad social y las políticas sociales en general son una quimera sin remedio. “El país se ha ido empobreciendo paulatinamente –me dice el empresario y líder empresarial Ricardo Villa Escalera– y es por esto que es difícil dar la batalla y ganarla en áreas como la que usted menciona de la agenda laboral social… La agenda social es muy bonita cuando hay dinero con el cual llevarla a cabo... pero cuando no hay harina todo es mohína... como dice el dicho”.
Para otros, el déficit de seguridad social simplemente se añade al largo catálogo de infamias, como el desempleo o el raquitismo salarial, frutos de los gobiernos de derecha (priístas incluidos, desde luego). “Una raya más al tigre... ya ni se nota –me comenta un buen amigo y severo crítico de mis textos–. Total que entre el trato miserable a los indígenas, la ‘guerra’ en contra del narco, el desempleo, la crisis económica, la miseria de los salarios y los salarios de miseria, la falta de prestaciones sociales dignas y los políticos de altura que tenemos, el país la va pasando en medio de la posibilidad de que la gente ya no se contenga y nos vayamos a los golpes”.
En otros más la reacción fue de sorpresa, al saber que la seguridad social, tradicionalmente ligada al derecho laboral formal, en realidad es un derecho humano y que, por ese solo hecho, el Estado está obligado a garantizarla a cualquiera, mexicano o extranjero radicado o de paso, sin importar su condición laboral, edad, origen étnico o condición migratoria.
“¿Derecho universal? –me interroga otro buen amigo– ¿Desde cuándo? ¿Lo que quieres decir es que todos deberíamos tener acceso al Seguro Social, aunque no estemos afiliados? Suena bien pero ¿no te parece descabellado?”.
En general, la mayoría de los comentarios despiden un aire de indignación y desencanto sobre el estado de cosas, y, en general, marcan una suerte de límite al que está llegando la paciencia que, de continuar así, más pronto que tarde podría desencadenar respuestas sociales de violenta reivindicación de derechos.
No obstante, lo curioso es que tales comentarios se dan en condiciones de la más absoluta ausencia de debate público en México sobre estos asuntos, a pesar de que este es un tema central en las deliberaciones mundiales; y que, desde hace muchos años, en el país se insiste y reprocha al Congreso su “irresponsable desinterés” en una reforma laboral y en la que el déficit de la seguridad social, la exclusión y la precariedad e insuficiencia de los servicios institucionales existentes debería ser una parte crucial (reforma laboral, dicho sea sin ánimos de entrar en materia, cuya preocupación central es la desregulación del mercado laboral, con toda la desprotección que traería consigo, y la más desvergonzada omisión de las condiciones de precariedad laboral y salarial que han degradado el mundo del trabajo).
Pues bien, contra lo que pudiera pensarse en el sentido de que la situación económica y los elevados niveles de pobreza existentes son la principal limitación que encontraría un esquema de seguridad social universal, resulta que, entre los especialistas en México y en el mundo, existe consenso en que no sólo sería la principal protección que puede brindarse a la sociedad en contra de la pobreza y la crisis financiera; sino que, además, opera a favor de la salud económica y crea mejores condiciones para resistir y remontar la crisis.
Por ejemplo, aunque acotada a las cuestiones de salud y atención médica, este enfoque se discutió en México en octubre de 2006, en el marco del Foro Interacadémico en problemas de salud global, organizado por la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal, conocida como Alanam(2).
El propio nombre del foro condensaba la preocupación de la comunidad médica nacional y de los visitantes extranjeros: Acceso universal al cuidado médico: ¿realidad o utopía?, se preguntaban. Desde luego la respuesta de los participantes, a través de análisis y exposición de diversas experiencias nacionales, fue que sí puede ser real, es un propósito viable.
De hecho ahí se dijo que “México es el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que no cuenta con acceso universal a la atención médica. Considerando la experiencia internacional en la materia –se decía–, queda claro que alcanzar la universalización del acceso a la atención médica requiere eliminar las barreras financieras, protegiendo la economía de las personas”.
Inclusive, según el doctor Manuel Ruiz de Chávez –entre otros expositores que coincidieron con él–: “la universalidad del aseguramiento en salud tiene el potencial… no sólo de promover el desarrollo económico a través de sus efectos más directos sobre la salud como una forma de capital humano y, por ende, sobre la capacidad de las familias para generar riqueza, sino también a través de sus efectos indirectos que promueven la competitividad y facilitan la simplificación del marco fiscal vigente... Para que México pueda migrar a este esquema –prosigue Ruiz de Chávez– es necesario diseñar un esquema en donde la contribución que realiza el Estado sea igual para toda la población y en donde la aportación de la población esté desvinculada de las necesidades de salud y de la condición laboral. La población contribuye al sistema de salud de manera indirecta y… el Estado toma recursos de los fondos generales y financia el sistema, de manera que las aportaciones sean homogéneas para toda la población. Bajo estas condiciones, en la medida en que el sistema fiscal sea progresivo, el financiamiento del sistema de salud también lo será”.
A escala internacional es la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) la que quizá expresa mejor este mismo enfoque(3): “La seguridad social –dice la AISS– es una condición previa a la realización de un desarrollo más justo y más viable y una condición indispensable para que las sociedades puedan hacer frente a los desafíos futuros. También es un factor esencial que contribuye a un desarrollo económico nacional más justo dentro del contexto de la mundialización y del envejecimiento de las poblaciones, así como un factor esencial para la cohesión social y la estabilidad nacional e internacional”.
Incluso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), más familiar, afirma que “entre los grandes desafíos de las reformas de la seguridad social está el de avanzar hacia sistemas universales que mantengan los equilibrios financieros y permitan un financiamiento sostenido de los beneficios. La construcción de un sistema de previsión social universal hace imprescindible incorporar crecientes grados de solidaridad en el financiamiento. Sin solidaridad no es posible avanzar hacia la universalidad”(4). Se refiere, desde luego, a esquemas de financiados con recursos fiscales y no a la fórmula vigente de las pensiones, sustentada en sistemas de aportación individual y administración privada, pues dado su propósito de rentabilidad, sencillamente resultaría imposible.
Para responder brevemente a estos generosos lectores que me hacen el favor de comentar mis textos, les diría, parafraseando a Social Watch, que la pregunta no es si es posible la seguridad social universal en las circunstancias actuales del país; sino más bien, si el país puede crecer, vivir en paz, con seguridad y ser viable, sin hacer realidad el derecho humano a una seguridad social universal.
Referencias
(1) Social Watch. Informe 2007: En dignidad y derechos Cómo hacer realidad la seguridad social universal (disponible en línea: http://www.socialwatch.org esp.pdf).
(2) Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, España y Portugal (Alanam). Acceso universal al cuidado médico: ¿realidad o utopía? Foro Interacadémico en problemas de salud global. Ciudad de México. Octubre de 2006.
(3) AISS. Evolución y tendencias: Una seguridad social dinámica. Foro Mundial de Seguridad Social. 29 Asamblea General de la AISS. Moscú, Septiembre 2007.
(4) Cepal. Hacia una nueva seguridad social en el siglo XXI: sin solidaridad en el financiamiento no habrá universalidad. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 8(1/2), 2000. P 113
jrferrer2@yahoo.com.mx
