Venezuela: Un panorama desolador

El triunfo de un candidato outsider a la Presidencia de Venezuela, ocurrido a finales de 1998, despertó simpatías sin precedentes. Desde la vuelta en 1958 a la democracia en el país caribeño, dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder, estimulando un proyecto modernizador basado en la extensiva producción y venta de petróleo. Este populismo de conciliación de élites, como fue calificado por el investigador Juan Carlos Rey, mostraba su vigor a mediados de la década de 1970 tras la incorporación al juego democrático de los principales actores armados de las guerrillas de izquierda y en la nacionalización de la industria de hidrocarburos que motivó una bonanza económica conocida en la jerga popular como “época de las vacas gordas”. Pocos se imaginaban que el modelo naufragaría apenas 10 años después.

En 1982 la moneda local, el bolívar, experimentó una considerable devaluación frente al dólar, y se abrió así un periodo de crisis económica que, a su vez, catalizó la social, que se expresó violentamente el 27 de febrero de 1989. La aplicación de un paquete de medidas económicas de inspiración neoliberal generó pobladas y saqueos en diferentes partes del país. Las cifras oficiales contabilizaron 276 muertos, pero para diversas organizaciones sociales la cantidad real se duplicaba.
El “Caracazo” significó un momento de inflexión por dos razones: 1) la demostración fehaciente de la creciente ingobernabilidad democrática debido a la fragmentación del pacto social erigido en 1958; y, 2) la irrupción de una serie de nuevos actores sociales —ONG de derechos humanos, organizaciones vecinales, ambientalistas y estudiantiles— que, relacionándose a diferentes niveles, promocionan la urgente necesidad de un cambio. Varios años continuos de conflictos, que incluyen la inhabilitación del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993, crearon las condiciones para que, a finales de la década, una generación diferente de funcionarios tomaran las riendas del Estado, fundando expectativas similares al fin de la hegemonía partidista del Partido de la Revolución Institucional (PRI) en México.

Los primeros años del bolivarianismo
El presidente Hugo Chávez abrió su periodo presidencial con la convocatoria a una Asamblea Constituyente a la que se incorporaron, de manera intensa, las organizaciones de derechos humanos. Es así como la Carta Magna resultante, aprobada en 1999, incluye muchas de sus recomendaciones en lo que sería un texto constitucional ampliamente garantista en materia de derechos sociales, lo que fue saludado y reconocido por organizaciones ciudadanas de todo el orbe.

Una segunda consecuencia positiva fue la popularización, como nunca antes, del discurso sobre derechos humanos entre amplias capas de la población. El reto era, a la par de continuar poniendo en sintonía la legislación venezolana con los estándares internacionales, hacer realidad los derechos tal como estaban establecidos en la Constitución. Sin embargo, el Primer Mandatario no administró con sabiduría su amplia popularidad y comenzó a mostrar signos de intolerancia, mofándose de las primeras movilizaciones de cuestionamiento a sus políticas de reforma en el sector educativo y adjetivándolas, en un discurso transmitido por televisión a todo el país, como “escuálidas”. Esto sería el inicio de una forma de gobernar caracterizada por la exclusión.

Con razón o sin ella, pero ejerciendo su derecho a protestar pacíficamente bajo la criminalización, aquellas primeras docenas de manifestantes fueron creciendo hasta sumar el millón de personas que en abril del año 2002 intentaron, infructuosamente, llegar hasta el Palacio de Gobierno en un confuso incidente que originó 19 muertos y cientos de heridos, tras el cual un grupo de empresarios y militares interrumpió, el 12 de abril, el hilo constitucional, derogando la Carta Magna aprobada tres años antes y proclamando a Pedro Carmona como presidente. El golpe de Estado duró solo 24 horas.

En este contexto, y ante la posibilidad de ser removido mediante la convocatoria a un referéndum presidencial —un derecho incluido en la nueva Constitución—, el Ejecutivo Nacional diseñó las llamadas “Misiones”, una serie de políticas sociales de corto impacto con el que lograría extraordinarios avances en el combate a la pobreza en el país. De las 21 misiones ejecutadas hasta la fecha, las más promocionadas han sido las destinadas a educación, salud y alimentación.

En el año 2008, según el Informe Escolar 2008 de la ONG Campaña Mundial por la Educación, Venezuela presentaba algunos de los mejores indicadores de América Latina en materia educativa, con un aumento significativo en sus índices de alfabetismo, matrícula, disponibilidad de establecimientos escolares y prosecución escolar, entre otras. Por su parte, la Misión Barrio Adentro mostraba para el año 2006 un evidente incremento de la atención primaria, mediante la presencia de más de 13.000 médicos en 4.600 módulos edificados en barrios populares. En el caso del derecho a la alimentación, el Ejecutivo promocionó una red de mercados, denominados Mercal, con alimentos pertenecientes a la canasta básica a precios regulados, que en su primer año de funcionamiento (2003) benefició a más de medio millón de personas. La cifra se elevó cinco años después, en el periodo de mejor funcionamiento del Mercal, a 13 millones de personas. Esta amplia cobertura incidió en el aumento de la capacidad de consumo de los sectores más desfavorecidos, así como en una reducción del 20% en la cantidad de familias en situación de pobreza entre los años 2004 y 2006.

Sin embargo, otras misiones arrojaron resultados contraproducentes. La Misión Villanueva y la Misión Hábitat, destinadas ambas al sector Vivienda, no pudieron amortizar la histórica deuda social en la materia, un déficit calculado en tres millones de unidades habitacionales. Año tras año el Gobierno incumplía sus propias metas de construcción; además, algunas iniciativas como la promoción de cooperativas con participación comunitaria fueron permeadas por vicios institucionales y corrupción. De esta manera el presidente Chávez se ha convertido en el segundo primer mandatario del periodo democrático con el menor promedio de construcción de viviendas por año.

Crisis económica y conflictividad
Si bien las misiones impactaron positivamente en el corto plazo a la población de menos recursos, diversas organizaciones expresaron sus preocupaciones acerca de la falta de una transformación estructural que garantizara el disfrute pleno de los derechos consagrados en la Carta Magna. Además, alertaron sobre la ausencia de una planificación que hiciera sustentable en el tiempo dichas políticas sin afectarse por los vaivenes del mercado energético mundial.

En julio del año 2008 el petróleo venezolano alcanzó su cénit al cotizarse en US$122,40 el barril. Cuatro meses después se ubicaba a la mitad. La celebración de elecciones para gobernaciones y alcaldías, en noviembre del 2008, y, posteriormente, una enmienda constitucional en febrero del 2009, postergó la discusión de las posibles consecuencias para el país de la crisis económica global. Días después el presidente Chávez anunció un conjunto de medidas económicas, como la reducción del gasto público, el aumento del impuesto al valor agregado (IVA), la disminución de gastos suntuarios e innecesarios, así como la promulgación de una ley que limitaría los salarios percibidos por los funcionarios de alto rango en la administración estatal.

A pesar de los anuncios gubernamentales acerca de la no disminución de las políticas sociales, el incremento del 20% en el salario mínimo es inferior al índice de inflación, que solo en el sector alimentos se ubicó durante el año 2008 en 43%. Por otra parte, la situación de inseguridad ciudadana continuaba agravándose, cerrando ese mismo lustro la cifra de 14.467 homicidios en todo el país y un aumento en los últimos dos años de la cantidad de secuestros del 202%. Para complejizar más la situación, la prolongada sequía y la falta de inversión en el sector originaron una crisis en el suministro de energía eléctrica y agua, con lo que algunas ciudades comenzaron a experimentar interrupciones en el servicio de varias horas al día.

Este contexto potenció un aumento de la conflictividad y la movilización por exigencia de derechos. Durante los años 2004 al 2008, en medio de una aguda polarización, las manifestaciones estuvieron protagonizadas por demandas de rechazo y apoyo al Presidente. Por primera vez en varios años el 2009 transcurrió sin la celebración de actos electorales, con lo que algunos sectores sociales pudieron avanzar en la elaboración de una agenda propia y la recuperación de su autonomía. Éste fue el caso de los sectores sindicales, que durante ese año protagonizaron el 36% de las movilizaciones en el país por demandas laborales, para un total general de 3.297, un promedio de nueve al día, el número más alto de todo el Gobierno del presidente Chávez.

Esta beligerancia en ascenso aumentó a su vez el proceso de criminalización, y así se contaron en más de 2.400 los casos de personas sometidas a regímenes de presentación en tribunales por haber participado en una manifestación pacífica. En lo que es un grave precedente, el dirigente sindical de Ferrominera Rubén González fue privado de su libertad el pasado mes de agosto, tras apoyar una paralización de actividades en exigencia del cumplimiento de la contratación colectiva.

La respuesta de la sociedad civil
Diferentes leyes y reglamentos promulgados desde el año 2004 han venido limitando y revirtiendo las garantías constitucionales, por lo que en Venezuela se ha configurado un grave problema de institucionalidad democrática, con un aumento de la concentración de poder acompañada de una erosión de la independencia de los poderes. Sin embargo, la sociedad civil aún no logra articularse como un efectivo contrapeso. Los partidos políticos de oposición no sintonizan con las demandas populares, y, reacios al aprendizaje de las lecciones de la experiencia bolivariana, reinciden en mantener su dirigencia histórica. En un año de votaciones para los representantes a la Asamblea Nacional, previsiblemente se vigorizará la polarización política, no obstante lo cual algunos sectores sociales han desarrollado capacidad de mantener sus prioridades a pesar de la ‘electoralización’ de la dinámica general movimientista: los indígenas y ecologistas enfrentados a los proyectos de expansión carbonífera en la Sierra del Perijá, estado Zulia, así como las diferentes organizaciones populares, como el Comité de Víctimas contra la Impunidad, que en el estado Lara se enfrentan a la impunidad y la participación de funcionarios policiales y militares en delitos de diversa índole.

En este escenario, las organizaciones de derechos humanos tienen planteados diversos retos. Uno es su propia relegitimación como un actor social vinculado a las comunidades en conflicto con posibilidades de fortalecimiento y acompañamiento. En segundo lugar, una comprensión cabal, desde la perspectiva de derechos, de la vertiginosa realidad venezolana, con la consecuente posibilidad de incidencia en el diseño y ejecución de políticas públicas. Luego, ser un agente proactivo en la articulación social desde la base, así como en la recuperación de la autonomía de los movimientos sociales. Por último, el desarrollo de nuevas estrategias y prácticas que permitan renovar el discurso sobre derechos humanos dentro de los diferentes escenarios.