México: Telecracia no es democracia
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Coalicíon Ciudadana Democracia y Medio Convocada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), e integrado, entre otras, por DECA Equipo Pueblo (punto focal de Social Watch en el país latinoamericano), la alianza se presentó la semana pasada en el Distrito Federal y elevó de inmediato sus interrogantes a los candidatos presidenciales Josefina Vázquez Mota (Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto (Coalición Alianza Compromiso por México), Andrés Manuel López Obrador (Coalición Movimiento Progresista) y Gabriel Quadri de la Torre (Partido Nueva Alianza). Bajo la consigna “Telecracia no es democracia”, la flamante coalición advirtió que la concentración de los medios de comunicación “es la causante de prácticas anticompetitivas, contenidos audiovisuales de baja calidad, de servicios escasos y caros, del otorgamiento histórico de prebendas, la complicidad con el poder político y la ausencia de una legislación integral en la materia”. Lo que sigue a continuación es el texto con el cual se presentó la Coalición Ciudadana Democracia y Medios y las preguntas que presentó a los candidatos que competirán en las elecciones del 1 de julio.
Nadie puede ocultar la importancia de los medios de comunicación, las telecomunicaciones y las nuevas tecnologías, incluidas las redes sociales, en la construcción y el ejercicio pleno de la democracia. Sin embargo, en México los medios de comunicación y las telecomunicaciones presentan altísimos grados de concentración, convirtiéndolos en poderes fácticos, desafiando la legalidad, la autoridad y las instituciones. Esta concentración es la causante de prácticas anticompetitivas, contenidos audiovisuales de baja calidad, de servicios escasos y caros, del otorgamiento histórico de prebendas, la complicidad con el poder político y la ausencia de una legislación integral en la materia. Esta situación daña considerablemente el interés público, el derecho y el acceso a la información, así como la libertad de expresión. A cambio de coberturas favorables, los medios electrónicos han comprometido la autonomía de partidos, políticos y gobernantes, así, en las listas a candidatos plurinominales al Congreso constan nombres de personeros de las televisoras, que no pretenden defender el interés público sino garantizar que prevalezcan los ya excesivos privilegios de esas empresas, obstáculos de la consolidación democrática. En razón de lo anterior las organizaciones que conformamos la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, pedimos atentamente que la y los aspirantes a la Presidencia de la República, nos contesten, por la vía que consideren conveniente, las siguientes preguntas de la agenda ciudadana por el derecho a la información y la libertad de expresión: ■ ¿Impulsaría una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones sustentada en la rectoría del Estado, el servicio público, los derechos humanos y que reduzca la concentración de la propiedad, promueva la competencia en el sector, combata las prácticas monopólicas, garantice certidumbre jurídica a los sectores privado, público, indígena, comunitario y social de la radiodifusión, fomente la cobertura de servicios, regule la propiedad cruzada de medios y la convergencia de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en beneficio de los usuarios? ¿Bajo que propuesta y cómo lo haría? ■ ¿Cómo diseñaría una política pública integral con objetivos, estrategias y líneas de acción precisas y medibles que fomente el desarrollo del sector, reduzca la brecha digital, promueva y facilite el acceso alfabetizado a nuevas tecnologías, incremente la penetración de banda ancha, garantice el acceso universal a un Internet libre, rápido y barato, así como la neutralidad de la red? ¿Cómo garantizaría nuevas opciones de televisión digital y su acceso a toda la sociedad, así como una redistribución a nuevos competidores del dividendo digital? ■ ¿Qué medidas impulsará para regular y fiscalizar el gasto en comunicación social para evitar que estos recursos del Estado se utilicen de manera discrecional y terminen en las arcas de las televisoras, o bien se desvíen de su verdadero propósito que es el servicio público de informar a la población de acciones que le beneficien y no para la promoción de los gobiernos en turno o bien para premiar o castigar las líneas editoriales de los medios? ■ ¿Qué acciones realizará para acabar con la impunidad de las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación y cómo salvaguardará y garantizará el quehacer de los trabajadores de la información para que se respete la cláusula de conciencia y sus derechos laborales y de protección para que puedan informar libremente a la sociedad? ■ ¿Qué legislación y política públicas implementará para garantizar la producción nacional, regional y local independiente que permita una mayor diversidad de contenidos audiovisuales, tanto en su producción como en su distribución, así como el impulso sustancial a las industrias culturales que actualmente se encuentran controladas por unas cuantas empresas, como es el caso de la exhibición de cine? ¿Qué medidas tomará para que los derechos de las audiencias sean respetados por los medios de comunicación con base en los acuerdos internacionales en la materia? ■ ¿Cómo fortalecerá la reforma electoral y el modelo de comunicación político-electoral para que sea el debate y no los spots los que guíen las preferencias electorales de los ciudadanos y evitar que sea el dinero el que determine quienes tengan mayor acceso a los medios de comunicación? ■ ¿Qué acciones concretas tomará como gobernante con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras, para asegurar que por el conflicto de interés no legislen a favor de los intereses de éstas? |
