Ecuador pide salvataje ambiental del planeta

El presidente Rafael Correa pidió ayer a las naciones industrializadas, en la Cumbre de la ONU Río+20, que asuman su corresponsabilidad para frenar la degradación del planeta. Defendió la iniciativa Yasuní.

Sally Burch y agencias

Río de Janeiro/ Brasil.-

Las denuncias contra la “economía verde” marcaron ayer la Conferencia de las Naciones Unidas Río+20, con acusaciones de Ecuador, Bolivia, indígenas y organizaciones no gubernamentales contra los países ricos por promover una nueva forma de colonialismo ambiental y enojo por la falta de resultados concretos.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, reclamó ayer la corresponsabilidad de los países industrializados para salvar el planeta y abogó por un cambio cultural y político en los esquemas de desarrollo, durante su intervención en la sesión plenaria de la cumbre, que reúne hasta hoy, en Río de Janeiro, a 86 jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de frenar la degradación ambiental del planeta y combatir la pobreza.

En su discurso ante los líderes, el mandatario explicó que el 20% de países más pobres genera una tonelada de emisiones de gases contaminantes mientras que el 20% de los países más ricos genera 83 toneladas.

El gobernante agregó que mientras que los países pobres son los que generan bienes medioambientales, los ricos son los que los consumen.

“Esa mala distribución la sufren los países pobres. Es una de las mayores injusticias planetarias y ahora que están de moda las multimillonarias ayudas a los bancos, deberíamos hablar de planes de ayuda ambientales”, mencionó.

Correa también propuso  que los países que preservan la naturaleza reciban compensaciones económicas de los países ricos, que son los principales responsables de las emisiones de gases contaminantes.

Correa citó como ejemplo de esa compensación la iniciativa ambiental Yasuní-ITT, con la que Ecuador pretende obtener 14.000 millones de dólares de fondos internacionales para desarrollar proyectos sostenibles a cambio de no explotar una gigantesca reserva petrolera que descubrió en la Amazonía.

El presidente boliviano, Evo Morales, también arremetió contra las naciones desarrolladas. “Los países del norte se enriquecen en medio de una orgía depredadora y nos obligan a los países del sur a ser sus guardabosques pobres”, denunció el gobernante.

“Nos quieren crear mecanismos de intervención para monitorear y juzgar nuestras políticas nacionales (...) con excusas ambientalistas”, lamentó Morales.

En tanto, cientos de indígenas del mundo que participan de la conferencia de la ONU Río+20 sobre desarrollo sostenible denunciaron en un documento entregado a la ONU que “la economía verde es un crimen de lesa humanidad y contra la Tierra”.

El acuerdo que lograron las delegaciones oficiales en vísperas de la cumbre evitó los retrocesos pronosticados, pero quedó muy corto para responder al tamaño del desafío que enfrenta el planeta, reconocieron muchos delegados oficiales y organizaciones sociales.

En este contexto, los más de 130 países que forman el bloque G77 más China mantuvieron su posición de no dejar que el concepto de “economía verde” se imponga sobre el de desarrollo sostenible, que se consensuó hace 20 años.

La “economía verde” -el tema más polémico de la conferencia- es un concepto que los países desarrollados han buscado presentar como solución, tanto a la crisis ambiental como a la económica. Sin embargo, para muchas organizaciones sociales, como también gobiernos del Sur, implica mercantilizar  la naturaleza, en beneficio de las grandes corporaciones, con serias implicaciones para el medio ambiente y la vida.

Si bien el tema permanece en el borrador de la declaración final de la cumbre, consta solamente como una de las herramientas del desarrollo sostenible. Adicionalmente, se han introducido una serie de salvaguardas para proteger los procesos y formas propias de desarrollo de los países del Sur, como la soberanía sobre sus recursos naturales, o el fortalecimiento de la población indígena y el respeto a sus enfoques no mercantiles que contribuyen a erradicar la pobreza.  

Al respecto Roberto Bissio, del Instituto Tercer Mundo, comentó que “la ofensiva de la economía proseguirá, pero al menos no podrá justificarse con este acuerdo”.