Corrupción y racismo ambiental y colonial

Grupo Observatorio de la Deuda de Arecibo

Martha Quiñones Domínguez1 e Iván Elías Rodríguez

Informe completo formato PDF.

En Puerto Rico se ha abierto una caja de Pandora de los males y se llaman –corrupción- cuando se intenta evaluar las leyes gentrificadoras y con los casos de destrucción ambiental de parte de las élites económicas. El problema deja de ser de justicia ambiental y se convierte en racismo ambiental y colonial dado las formas violentas de destruir la sociedad de parte de los llamados a defendernos y de entregar el Estado a las empresas, fomentando otra forma de corrupción llamada captura del Estado, representada con la Junta de Control/Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso de EEUU2. Los intentos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado, son representados con la Junta de Control/Supervisión Fiscal, compuesta por empresarios que cambian leyes, establecen reformas que favorecen la corrupción y la venta del país, por encima del gobierno y el pueblo. En el 2019 con la Ley 60 del Código de Incentivos3 que envuelve diversas leyes y reformas que favorecen, reconoce todo lo que han realizado para lograr sus agendas, “… esta administración ha tomado decisiones contundentes dirigidas a lograr un mejor y más eficaz ambiente de negocios e inversión.” Incluyen en el código desde la ley de reforma laboral, la reforma de permisos hasta acuerdo con AirBNB y otros que refleja la agenda neoliberal, racista y colonial.

Favorecido por las circunstancias que han acontecido, el huracán María en el 2017, la inacción del Gobierno, los temblores de tierra en 2019 y la Pandemia del COVID-19 y torciendo y distorsionando los discursos para llamarlo Desarrollo Económico4. A esto se une las Zonas de Oportunidades5 de la administración Trump donde el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio Federal de Rentas Internas (IRS) designaron que un 98% de Puerto Rico es de bajos ingresos y se puede utilizar para el objetivo que es incentivar la inversión privada a largo plazo en comunidades. Y la pregunta es ¿desarrollo para quién?, esto claramente no es desarrollo, ningún desarrollo se da entregando y vendiendo el país, y mucho menos con atraer inversión extranjera con exenciones en detrimento contra las empresas locales, que a nivel internacional sabemos que genera crecimiento, pero no desarrollo y excluyendo a las comunidades.

Puerto Rico se vio como el paraíso, sol, playa y espacio para invertir, viviendas para alquiler a corto plazo, en todo el archipiélago, al igual que la venta de propiedades. Creando esquemas de gentrificación o aburguesamiento y desplazamientos de comunidades y ayudado por el gobierno. De la Caja de Pandora salieron muchos males, pero todos tienen el apellido corrupción.

El aspecto colonial lo encontramos en los gentrificadores que son personas con capital económico y estadounidenses, que buscan el paraíso fiscal, con bajos impuestos que van sustituyendo a las poblaciones locales. Esto tiene efectos en los pobres y los trabajadores que son desplazados, no encuentran vivienda, deben pagar impuestos y reciben salarios bajos. El aspecto de racismo ambiental y colonial6, institucionalizado ligado a otras formas de discrimen dentro de la colonia, racismo intersectorial y su relación al modelo de desarrollo y crecimiento económico que presupone la desigualdad y la negación de los derechos a viviendas dignas.

Gentrificación costera

La gentrificación, la encontramos también asociado a los permisos de construcción en las costas y en fincas agrícolas sin ninguna consideración de análisis ambientales y social. Las raíces la encontramos desde el 2009 que se viene legislando para ir eliminando los permisos y evaluaciones ambientales, con una clara ideología neoliberal, que incluía desde la Ley Número 7 de 20097 (que despide a los funcionarios públicos) junto con la Ley de Reforma de Permisos de Puerto Rico o Ley Número 161 de 20098 leyes que permitieran consolidar las estrategias trazadas de desmantelar y privatizar el Estado y a su vez pasar ese presupuesto a las empresas privadas por medio de privatizar. Se crean la Oficina de Gerencia de Permisos9 donde consolidan todos los permisos y se crea un andamiaje legal que permitiría pasar por encima de la Constitución, las leyes y reglamentos ambientales10, todo se aprueba con un permiso simple, creando y fomentando más corrupción. Esta oficina llega a resolver el eterno problema de los constructores, los permisos y evaluaciones ambientales, que ahora desaparecen y se puede hacer todo, pues ante la falta de personal no hay supervisión y son los entes privados los que evalúan. Con un discurso distorsionado de lo que es desarrollo y planificación esta Ley 161 establece la agenda neoliberal: “…lograr un gobierno simple y eficiente. Con esta pieza legislativa, se persigue reestructurar los procesos de planificación para facilitar el desarrollo económico, devolver la confianza en nuestras agencias planificadoras, brindar certeza al proceso de permisos y garantizar un desarrollo sustentable en armonía con nuestro ambiente.” Posteriormente se fueron consolidando con otras leyes, con la Ley PROMESA del Congreso de EEUU y su Junta de Control/Supervisión Fiscal que maneja todas las finanzas públicas, aplicar reformas neoliberales (laboral y ambiental), a pagar la deuda y recortar en la inversión social. En el 2019 con la Ley 60 del Código de Incentivos que envuelve las leyes gentrificadoras causado por la Ley 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios), Ley 22 (para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico), Ley 273 (Ley reguladora del Centro Financiero Internacional de Puerto Rico) del 2012, Ley 161 del 2009 y otras.

Así la corrupción ambiental colonial se impone y se legisla. En el primer año de gobernación de Pierluisi, en plena pandemia, aumentó la cantidad de permisos de construcción en las playas en 68% tanto en 2020 como en 2021, la cifra más alta en los pasados siete años11. Y al comparar la cantidad de permisos costeros entre ambos años, hubo un aumento de 29% en el primer año de Pierluisi, según datos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) analizados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Las construcciones que se han autorizado en las costas puertorriqueñas son, en su mayoría, hoteles, residencias o negocios. Casi ninguna busca lidiar con las externalidades creadas, con los efectos ya palpables del aumento del nivel del mar y la erosión costera, mitigar inundaciones o proteger comunidades vulnerables ante los riesgos de cambio climático. De corrupción ambiental colonial a destrucción ambiental manifestando racismo ambiental y colonial.

De repente comenzamos a notar que uno de los bosques de manglares, Reserva Bahía Jobos en Salinas12 al sur de la Isla, ha sido deforestada y rellenado los humedales, la ocupación y construcción illegal con residencias de alto valor económico, estructuras con puertos privados, que se alquilan como AirBnB. El gobierno ha legalizado de forma corrupta, las estructuras tienen permisos de usos, títulos de propiedad y los servicios de energía eléctrica y agua potable. Contrasta cuando los casos son invasores de terrenos por necesidad, que le niegan permisos y utilizan la violencia para sacarlos. La visibilizarían del caso surge de la denuncia política en enero de 2022, pero las comunidades llevaban años denunciándolo y presentando querellas en las agencias. Encontramos décadas de deforestación de manglares, el daño ambiental en el área de la Reserva se remota a partir de los años 1970, aumentó en la década del 2000, y aceleró sin control entre 2017 y 2020. Daño que exponen a las comunidades a los embates de la erosión costeras y los efectos de fenómenos atmosféricos, como huracanes. Hoy se debate la corrupción ambiental y colonial de las altas élites económicas en implica a múltiples ramas del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno Federal de EE.UU. que han sido consistentemente negligentes en el descargo de sus funciones. Es una nueva versión del racismos ambiental y colonial, donde el Estado protege y fomenta el daño ambiental, donde los pobres son desplazados de las comunidades y sustituidos por poblaciones de poder económico y estadounidenses.

Puerto Rico señala que cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidos que los países se han comprometido a cumplir para el año 2030. El objetivo 13 de Acción por el clima y buscar reducir el cambio climático, el cuál cumplimos pues se cobija detrás del Comité de Científicos que informan sobre la situación y recomiendan acciones ante el reto del cambio climático. Contradictoriamente, mientras el Gobernador permite que otorguen permisos en las costas dice “Es mi compromiso atender con prioridad y sentido de urgencia el tema de la erosión costera para elaborar y ejecutar medidas específicas que reduzcan su vulnerabilidad”,13 y evade e ignora la ley que busca contrarrestar el cambio climático, la Ley 33 de 201914.

Otro punto controversial es que en enero de 2022, el gobernador recibe el Informe del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático a los que le solicitó más información sobre 16 sugerencias para manejar el problema, en especial, las relacionadas con la implantación de moratorias de construcción, la delimitación de la franja costera y cambios en las calificaciones de zonificación que definen los usos de los suelos15. Pero en septiembre de 2021 les había solicitado recomendaciones para mitigar la erosión costera, para corregir, mitigar y prevenir los efectos del cambio climático en las costas “que propendan a la conservación y a un desarrollo socioeconómico sostenible”16. Lo cual lleva a cuestionar quién debe presidir ese comité, y es el Gobierno por medio de los Secretarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) apoyan que dicho organismo sea dirigido por un jefe de agencia17. De esta manera se puede controlar la agenda y a la vez cumplir con los compromisos de los constructores, era la nueva modalidad de corrupción ambiental.

Lejos de reducir el ritmo de construcción en las costas de Puerto Rico para afrontar el cambio climático, como han solicitado los expertos, la administración del gobernador Pedro Pierluisi permite que se aprueben permisos de construcción en los litorales, sin evaluaciones ambientales y causando daño o crímenes ambientales. Los crímenes ambientales cometidos por élites económicas que invaden, construyen viviendas, destruyen ecosistemas se repite por todo el archipiélago, con permisos de la OGPe y también en el DRNA, que se encarga de evaluar concesiones de construcciones en la zona marítimo terrestre. Con los años se le fue quitando poder a las agencias, se despiden a los que deben inspeccionar, o corrompiendo a la Ley de Política Pública Ambiental y la Ley de reforma de permisos que ha tirado por el piso el ordenamiento ambiental fomentando la corrupción ambiental colonial. Se privatiza esas evaluaciones, que van a decir que lo hacen bien. Sin supervisión y en manos privadas, cuando se vienen a dar cuenta de lo que sucede tenemos el crimen ambiental replicándose por todo el archipiélago, con corrupción ambiental colonial.

La corrupción ambiental colonial se ejerció mediante tres estrategias: una compleja debilidad y maleabilidad legislativa en la aplicación de las leyes y reglamentos ambientales; la reforma de la ley de permisos que coloca en manos de técnicos la evaluación y otorgación de los mismos; y, la cesantía del personal que debería investigar y velar por el cumplimiento ambiental. La investigación profunda es sobre los diversos tipos de corrupción de forma intersectorial y multidimensional.

Las comunidades, reconociendo el racismo y la corrupción ambiental colonial que crea la destrucción ambiental y gentrificación recomienda que se evalúen y se elimine todas estas leyes que han generado problemas sociales. Participación en estas evaluaciones, y que se sustituyan por otras que corrijan las deficiencias y que a la vez exista transparencia y rendición de cuentas. Se han identifica sobre catorce modalidades de corrupción pública y privada, generado por estas leyes, que han sido costosas para la sociedad. Y las comunidades esperan que el Gobierno asuma responsabilidad por el bien de todos y todas y podamos diseñar alternativas de desarrollo económico y social en función de la gente y cumplir con los objetivos principales de erradicar la pobreza, lograr inclusión y prosperidad para todos/todas a la vez que protegemos el planeta.

Notas:

1 Martha Quiñones Domínguez, Observatorio de la Deuda, UPR Arecibo martha.quinones@upr.edu Iván Elías, UPR Río Piedras ivan.elias@upr.edu

2 Bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA, https://aldia.microjuris.com/promesa/. De nuestra parte le decimos Junta de Control Fiscal, aunque oficialmente es Supervisión. Entendemos que es Control que es lo que hace con poderes dictatoriales, que pasa por encima del Gobierno. El Gobierno hace el ejercicio de gobernar y cumplir con las directrices de la Junta, por eso legislan lo que le piden y hacen la reformas que les piden. En caso de no querer cumplir la última palabra la tiene la Junta.

4 Señalan que el desarrollo económico y la inversión de capital privado es piedra angular en el camino hacia la recuperación económica, y para eso tienen que reformar el deficiente sistema para la evaluación y otorgamiento de permisos de manera que éste sirva de dínamo a diversas alternativas de desarrollo que permitan al Gobierno de Puerto Rico atender las necesidades del pueblo puertorriqueño.

6 Construimos el termino racismo ambiental y colonial desde la definición de Benjamín Chavis Jr. identificando indicadores que manifiesta el racismos ambiental y colonial en Puerto Rico, dentro del marco legal. Publicado en 1987 en el informe Toxic Wastes and Race in the United States: A National Report on the Racial and Socio-Economic Characteristics of Communities with Hazardous Waste Sites, https://www.nrc.gov/docs/ML1310/ML13109A339.pdf

7 Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico en https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Presupuesto/...

9 Señala la ley que se establece el marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico; crear la Oficina de Gerencia de Permisos. Es en esta oficina donde se pasará por encima de las leyes y reglamentos ambientales y técnicos evalúan y aprueban permisos sin ningún juicio científico, simplemente por recomendaciones de arriba (la alta gerencia política).

10 Ley 9 de 1970 Ley de Política Pública Ambiental https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/9-1970.pdf, derogada y sustituida por la Ley 416-2004 concentrando todo en manos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

11 Rodríguez Velázquez, Víctor (2022/enero) En https://periodismoinvestigativo.com/2022/01/acelerada-construccion-costa.... Documento del Centro de Periodismo Investigativo.


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