Privatización: un legado perturbador

Las privatizaciones han dejado un legado perturbador. Las empresas transnacionales controlan numerosos servicios básicos, lo cual a menudo exige una compleja reglamentación para proteger la provisión de los mismos. Muchas veces la fuerza laboral se ve reducida y existen numerosos trabajadores mal remunerados en los sectores privatizados, especialmente las mujeres, que ganan menos y pierden en seguridad laboral. La venta de viviendas públicas ha aumentado el número de personas en situación de calle y las dificultades para acceder a la vivienda entre las personas de bajos ingresos y otros grupos vulnerables.

Losgobiernos conservadores del Reino Unido fueron pioneros de una política deprivatizaciones sumamente activa entre 1979 y 1997. Esta política fue impulsadapor la creencia en la eficacia superior de la propiedad privada y de losmecanismos del mercado frente a la provisión estatal, y en la convicción deque el gasto público “excluye” a la empresa privada. La misma tuvo lugarluego de un historial de inversión insuficiente en los servicios públicos enel Reino Unido.

Muchosde los servicios básicos fueron privatizados, entre ellos la distribución delagua, el gas y la electricidad, las telecomunicaciones y el transporte (aéreo,ferroviario y de autobuses), así como las funciones de apoyo, entre otras, entodo el sector público, como la salud, la educación y la administración delos gobiernos central y locales. Asimismo, una gran parte de las viviendas delos gobiernos locales se transfirió a propietarios particulares u otrosproveedores no gubernamentales de viviendas. La privatización también seextendió a la capacitación laboral, los laboratorios de salud pública y hastala administración de las prisiones. El énfasis puesto en las pensiones y laatención de largo plazo a niños y adultos también se desplazó hacia laprovisión privada.

Conlos gobiernos laboristas a partir de 1997, el ritmo de las privatizaciones se haenlentecido y el énfasis se ha puesto en cambio en la financiación y laadministración privada de proyectos estatales como la construcción dehospitales y escuelas, en parte para limitar el endeudamiento público.

Apesar de que la opinión pública es contraria a esta política, los gobiernosdel Reino Unido durante las dos décadas pasadas han permitido que las empresasprivadas adquieran un papel clave a la hora de brindar servicios antesexclusivamente estatales. Los compromisos asumidos en tratados internacionales,como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OrganizaciónMundial del Comercio, limitaron la reglamentación nacional y podrían impediren el futuro que los gobiernos británicos pretendan ejercer un control socialsobre los servicios que son esenciales para la vida diaria de millones deciudadanos.

Serviciosbásicos

Lamayoría de los servicios básicos – agua y saneamiento, provisión de energíay telecomunicaciones – fueron privatizados en la década de 1980. Las empresasestatales fueron reconstituidas como empresas privadas, y sus acciones fueronvendidas a particulares.

Apartir de las privatizaciones, la propiedad ha sido en muchos casos transferiday consolidada, por lo cual las empresas trasnacionales (a menudo radicadas fueradel Reino Unido) ahora controlan gran parte de las industrias de suministro deagua y energía. Asimismo, con la apertura de los mercados, las empresasprivadas entraron a competir con los monopolios estatales de antaño, lo cualsocava aún más la posibilidad de ejercer control social sobre los servicios.

Lasprivatizaciones han tenido efectos importantes sobre el empleo en los sectoresde servicios afectados. En los años posteriores a las privatizaciones, losniveles de empleo cayeron sustancialmente en áreas como el agua y elsaneamiento. Además, los trabajadores que permanecieron en las industriasprivatizadas sufrieron el deterioro de su situación laboral y la pérdida desus derechos sindicales.[1]

Lasautoridades públicas impusieron precios máximos a las nuevas empresasprivadas, pero también debieron tomar en cuenta el interés de los accionistasprivados por maximizar las ganancias y dividendos y la necesidad de generarnuevos capitales de inversión como, por ejemplo, en la industria del agua y elsaneamiento.[2]Los grupos de consumidores se han pronunciado constantemente contra los precioscobrados por los servicios privatizados, aunque algunos precios han disminuido.También existe inquietud por la eficacia de las normas vigentes para protegerel suministro de servicios a grupos vulnerables como los ancianos y losdiscapacitados,[3]y por el efecto discriminatorio que ejercen algunas prácticas de fijación deprecios y facturación en los grupos de bajos ingresos.[4]En el caso de la provisión del agua, la privatización produjo una reducciónde precios pero, a su vez, condujo a que existan cada vez más contadores deagua, lo cual resulta en un encarecimiento para los grupos de bajos ingresos.[5]

Enel transporte, la privatización de los trenes resultó desastrosa. Se impusouna estructura de propiedad privada fragmentada, lo cual desalentó la inversiónnecesaria para compensar décadas de descuido. Las empresas ferroviarias pequeñascarecían del mismo acceso al capital de inversión que las mayores, y todos losoperadores padecieron del plazo relativamente breve de las concesionesiniciales. Dos grandes accidentes ferroviarios pusieron sobre el tapete lapreocupación por la seguridad. La principal compañía de infraestructura(responsable de las estaciones, las vías y las señales) padeció reiteradascrisis financieras antes de colapsar finalmente en 2001. La privatización delos servicios de autobuses, de los cuales dependen mucho los grupos de bajosingresos, llevó a la inquietud por los precios, el daño al medio ambiente y lapérdida de servicios de transporte en las áreas rurales.[6]

Funcionesadministrativas y de respaldo en los servicios públicos

Algunosde los efectos más dañinos del proceso de privatizaciones para lostrabajadores fueron causados por la tercerización a empresas privadas de lasfunciones administrativas y de respaldo de los servicios públicos. Muchos delos trabajadores desplazados eran mujeres y pertenecían a minorías étnicas.

En1980, entre el funcionariado (que brinda funciones al estado central) había unafuerza laboral de 50 mil empleados en diversos servicios de respaldo de oficinacomo limpieza, abastecimiento de alimentos y seguridad. En la década siguiente,estos empleos fueron casi totalmente tercerizados a empresas privadas. Elgobierno central luego impuso una política similar de tercerización a losgobiernos locales y al servicio de salud pública.

Lostrabajadores transferidos a los contratistas privados frecuentemente sufrierondespidos, recortes salariales, peores condiciones de trabajo y la pérdida derepresentación sindical. Las trabajadoras sufrieron más que sus compañeros.[7]Investigaciones realizadas sobre la privatización en ámbitos como losservicios del gobierno local han demostrado que los intentos de maximizar lasganancias también pueden presentar riesgos importantes para los usuarios de losservicios.[8]La decadencia de los estándares de limpieza en los hospitales, por ejemplo,alcanzó tal grado para 2001 que fue necesaria una iniciativa especial delgobierno para mejorarlos. Los contratistas privados tuvieron una serie de fallasen la administración de la información electrónica, en áreas como el pago demanutención infantil, registros de inmigración, la emisión de pasaportes y, másrecientemente, verificación de antecedentes penales, lo cual en algunos casosperjudicó la calidad del servicio para aquellos con bajos ingresos.

Vivienda

Enlos años 80, los gobiernos conservadores emprendieron la ‘privatización’de viviendas pertenecientes a autoridades estatales locales que las alquilaban aquienes no podían comprar o alquilar viviendas por cuenta propia. Se ofrecierona la venta bienes inmuebles a sus inquilinos a precios inferiores a los delmercado. En conjunto, 2,4 millones de unidades de vivienda fueron vendidas entre1979 y 2001, ya fuera a sus inquilinos u otros proveedores, como asociaciones devivienda, dejando 2,75 millones de unidades bajo propiedad estatal.[9]

Esta‘privatización’ – combinada con una inversión insuficiente en laconstrucción de viviendas públicas y con el cambio del subsidio a la viviendapor una ayuda de ingresos sujeta a comprobación de recursos sólo para lospobres – ha creado una fuerte escasez de viviendas accesibles para laspersonas de bajos ingresos u otros grupos vulnerables, como los desempleados,los ancianos y los padres solteros.[10]La transferencia de viviendas municipales (propiedad de gobiernos locales) aasociaciones de viviendas (organizaciones sin fines de lucro fuera del sectorestatal) tuvo el propósito de permitir el crédito en el mercado abierto, peroenfrentó la resistencia de muchos inquilinos, especialmente en Escocia. Tambiénexisten dificultades crónicas para reclutar personal de servicios públicosesenciales en zonas donde estos trabajadores de bajos ingresos no pueden accedera viviendas económicas.

Todavíaexisten viviendas estatales, pero sus inquilinos, que pertenecen principalmenteal extremo inferior de la escala de ingresos, no pueden comprar una viviendapropia ni siquiera a un valor subsidiado, o viven en viviendas tan pobres o enzonas tan marginadas, que la compra no resulta interesante.[11]

Jubilacionesy pensiones

Losgobiernos conservadores redujeron el valor de las jubilaciones y pensiones básicasdel Estado, comparadas con los niveles de ingreso, y redujeron a la mitad losderechos futuros por el plan estatal de jubilaciones de acuerdo a los ingresos,fomentando en su lugar planes de jubilación privada, por los cuales laspersonas realizan aportaciones a compañías privadas de seguros. Ladesconfianza resultante de la provisión de jubilaciones estatales hadificultado revertir la tendencia hacia una mayor privatización. 

Elenfoque laborista

Desde1997, los gobiernos laboristas (centroizquierda) limitaron el proceso deprivatizaciones, flexibilizaron las políticas de tercerización obligatoria enlos servicios centrales y locales del Estado, y ampliaron la legislación deprotección al empleo.

Encambio, se produjo una importante expansión de los planes de ‘financiaciónprivada’ o de ‘sociedades público-privadas’, bajos los cuales losproyectos de capital se financian por empresas privadas que administran confrecuencia las instalaciones, al igual que otros planes elaborados para permitirque el sector privado asuma la operación de instalaciones públicas existentes,como las escuelas ‘que fracasan’.

Elhincapié que se hace en los planes de financiación privada representa unpeligro para el futuro a largo plazo de los proyectos públicos. Losinvestigadores que analizan los hospitales, por ejemplo, han sugerido que losproyectos de capital del sector público se financian con más eficacia mediantepréstamos emitidos por el Estado. Por lo tanto, los costos adicionales de losplanes privados (que siempre son más elevados debido al elemento de riesgo)tendrán que ser pagados por la próxima generación a través de impuestos yaportes más elevados.[12]A menudo no existe una auténtica ‘transferencia del riesgo’ al sectorprivado, ya que el Estado sigue siendo el banquero de último recurso.

Conrespecto a la vivienda, el laborismo redujo los descuentos en las ventas deviviendas públicas locales y permitió que parte de los ingresos obtenidos seinvirtieran en viviendas nuevas, pero siguió alentando la transferencia deacciones a asociaciones privadas de vivienda. En cuanto a las jubilaciones, ellaborismo tiene el objetivo específico de inclinar aun más la balanza de lasprovisiones hacia el sector privado. La redistribución entre los grupos condiferencia de ingresos o niveles de riesgo probablemente se limite. La provisiónpública se concentra cada vez más en aquellos con ingresos bajos.

Apesar de la continua oposición de sindicatos y otros grupos, el gobiernolaborista sigue firmemente comprometido con los planes de financiaciónprivados, los cuales considera esenciales para revertir la subinversión pasadaen los servicios públicos.[13]

Elfuturo

ElReino Unido está comprometido por las obligaciones asumidas en los tratados dela Unión Europea (principalmente el de Maastricht, de 1992), que dan formalegal a un ‘único mercado europeo’ de bienes y servicios. Estos tratadosestán diseñados, en parte, para impedir que los estados miembros intervenganindividualmente en las industrias o servicios nacionales de manera que vulnerela competencia libre entre los miembros.

Asimismo,el gobierno laborista considera en la actualidad solicitar la incorporación delReino Unido (sujeto a referéndum) al ámbito de la moneda única europea, locual implicaría la obligación de someterse a los límites impuestos alendeudamiento público, según el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Europeo.Existe gran inquietud, incluso entre partidarios de dicha incorporación, de quela medida limite la posibilidad de inversión de los gobiernos individuales enla infraestructura necesaria para los servicios públicos.

Lasnegociaciones actuales para ampliar el GATS y para liberalizar la provisión deservicios en el ámbito internacional también amenazan con impedir que losgobiernos británicos, actuales o futuros, tomen medidas para remediar losefectos de décadas de omisión y subinversión en los servicios básicos queafectan la vida de todos sus ciudadanos. La modificación del GATS amenaza conlimitar la legislación nacional y la capacidad del gobierno para canalizar losfondos públicos con el propósito de satisfacer las necesidades sociales.[14] 

Sistemáticamente,la opinión popular en el Reino Unido ha sido contraria a la privatización delos servicios públicos.[15]Muchos grupos, entre ellos los sindicatos, las asociaciones profesionales y lasorganizaciones de consumidores, siguen movilizándose contra la privatización.No obstante, las medidas para recuperar el control social y la responsabilidad públicacon respecto a los servicios públicos dependerán cada vez más en el futuro delos esfuerzos coordinados en los ámbitos europeo e internacional.[16]