Después de muchos años de campaña por parte de movimientos de mujeres, sindicales y de derechos humanos en contra de acuerdos bilaterales y regionales llamados “de libre comercio” o “de comercio e inversión,” el gobierno de los Estados Unidos ha pasado a la posición opuesta. El presidente Donald Trump ha impuesto tarifas proteccionistas al acero y el aluminio, con lo que desató medidas retaliatorias e inició una “guerra comercial” de incierto resultado. Trump quiere renegociar el tratado de libre comercio de América del Norte (también conocido como NAFTA, por su sigla en inglés) y ha retirado a los Estados Unidos del Acuerdo del Pacífico, antes conocido como TPP por “Trans-Pacific Partnership” y ahora rebautizado “Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico” por los once países que sí lo firmaron. Pero el agregado de dos adjetivos al nombre no refleja un cambio en la esencia del acuerdo que impulsara el presidente Barack Obama para oponerse a los avances de China en la región.

La Corte Constitucional de Ecuador notificó a las partes la resolución en la que niega la acción de protección solicitada por Chevron. Esta acción tenía por objetivo evitar el pago de la sentencia que le impusieron las Cortes de Justicia de Ecuador, y así evadir su responsabilidad legal por la reparación de las zonas contaminadas.

La Corte Constitucional dio a conocer oficialmente la resolución del pleno llevado a cabo el día miércoles 27 de junio del año en curso y que niega la acción extraordinaria de protección.  Con esta resolución culminan todos los recursos disponibles en Ecuador dentro de este proceso judicial.

¿Es inminente una nueva crisis financiera mundial? El reciente cruce de opiniones entre  el multimillonario especulador financiero George Soros y James Gorman, CEO del banco de inversión Morgan Stanley, me trajo el recuerdo de un debate del Centro del Sur celebrado en abril en Ginebra.

“La fortaleza del dólar ya está precipitando un vuelco de las monedas de los mercados emergentes. Es posible que nos encaminemos a otra gran crisis financiera”, advirtió Soros la semana pasada. “Honestamente, creo que eso es ridículo”, replicó Gorman.

Dos años después de iniciadas las mediciones de progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), el énfasis se ha desplazado de la búsqueda de un marco de indicadores globales a la necesidad de desarrollar capacidades. Esto hace que se dirija la atención a los institutos nacionales de estadística (INE) para la desagregación de datos, no solo por ingresos, género y grupos de población, sino también hasta llegar a los niveles municipales y de barrio, en un esfuerzo por “no dejar a nadie atrás”. Este desplazamiento hacia la implementación y la capacitación ha impulsado una variedad de iniciativas y asociaciones (partnerships), diseñadas sobre todo para permitir a los INE integrar datos de fuentes no tradicionales, como las imágenes de satélite, teléfonos móviles, redes sociales y datos de escaneo.

Casi tres años después de la adopción de la Agenda 2030 al más alto nivel de las Naciones Unidas, los indicadores para evaluar su progreso aún se están debatiendo. El conjunto de indicadores sobre los cuales hay metodología acordada y datos disponibles (conocido como Nivel I en la jerga de los iniciados) muestra un gran grado de superposición con los indicadores existentes para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y pasa por alto la mayoría de los aspectos transformadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que representan un cambio de paradigma.

Hay 93 indicadores en el Nivel I de los ODS (ver Tabla 1), de los cuales 42 son idénticos a los indicadores de ODM ya existentes, a menudo con mejoras (por ejemplo, desglosados por sexo, etnia o discapacidad). Pero algunos indicadores importantes de los ODM, en particular sobre aspectos relacionados con la implementación, se han perdido.

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