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Decidamos presenta el estudio Mujeres rurales y autonomía económica. Obstáculos de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar para aumentar su autonomía económica y reducir las brechas de género sobre la situación de las mujeres paraguayas ocupadas en la agricultura familiar campesina.

En el estudio se identifican los principales nudos de tensión que se interponen al empoderamiento de las mujeres, al desarrollo de su autonomía económica y, en última instancia, al ejercicio de una ciudadanía plena, libre de las trabas impuestas por la discriminación y la subordinación implicadas en las relaciones de género.

El trabajo tiene por objetivo analizar y describir la situación de las mujeres ocupadas en la agricultura familiar campesina en relación con su autonomía económica, explorando factores que pueden aportar claves interpretativas para comprender la especificidad de la problemática, desde el género, pero más allá del mismo, contextualizando en las realidades concretas de las mujeres.

En Filipinas, la preparación del informe oficial 2019 catalizó un proceso de consulta con múltiples partes interesadas al que se invitó a algunas organizaciones de la sociedad civil, como Social Watch Filipinas (SWP). SWP convocó un proceso de consulta más amplio para producir aportes al informe oficial y un informe independiente de la sociedad civil.

Filipinas es actualmente una de las economías de más rápido crecimiento del mundo, con un PIB que creció entre el 6 y el 7 por ciento en 2018 y aumenta a un promedio de casi el 5 por ciento anual en la última década, pero esas cifras coexisten con una alta tasa de pobreza, una situación paradójica llamada “crecimiento sin empleo”.

La Agenda 2030 y los 17 objetivos a la que va vinculada se basan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tratados internacionales sobre derechos humanos, la Declaración del Milenio y en Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. La Agenda reconoce que confiar solo en el crecimiento económico dejará sin atender a los más rezagados. Su visión transformadora es precisamente atender a estos en primer lugar, empoderar a los más desfavorecidos, y acabar con todas las formas de pobreza de aquí a 2030.

La protección social es crucial para hacer realidad esta visión, y está estipulado en la meta 1.3 del ODS 1. Si se diseña adecuadamente, la protección social consigue prevenir y reducir de forma efectiva la pobreza y la desigualdad. Una cobertura garantizada de protección social mejora la nutrición y el acceso a servicios básicos, con lo que puede romper el círculo vicioso que lleva a la pobreza y su transmisión de una generación a la siguiente.

En la India, el tema principal del informe oficial es cómo el rápido crecimiento económico ha reducido drásticamente la pobreza. Un estudio de 2018 respalda esta afirmación diciendo que la pobreza extrema está disminuyendo en India a un ritmo de 44 personas por minuto como resultado de lo cual, desde mayo de 2018, la India afirma que ya no tiene el mayor número de personas pobres del mundo. A pesar de esta dramática reducción de la pobreza, más de 73 millones de indios aún viven por debajo del umbral internacional de pobreza. La mayoría de estas personas que subsisten con menos de 1,90 USD al día se encuentran en zonas rurales.

Pero mientras el número absoluto de pobres disminuye, la desigualdad aumenta rápidamente. Un informe de Oxfam de 2018 dice que el uno por ciento más rico de la India obtuvo el 73 por ciento de la riqueza nacional generada en 2017.

En Finlandia, el informe alternativo de Fingo, la asociación de ONG de desarrollo finlandesas, concluye que «los conflictos de intereses entre los actores conducen a decisiones donde una ventaja económica a corto plazo eclipsa la sostenibilidad a largo plazo».

El gobierno de Finlandia se felicita por estar «entre los primeros en redactar un plan de implementación nacional, iniciar un presupuesto de desarrollo sostenible, establecer un sistema de monitoreo inclusivo y un panel de ciudadanos, y encargar una evaluación externa de la primera política nacional de la Agenda 2030 del mundo, el informe PATH2030 publicado en marzo de 2019». Sin embargo, el informe alternativo muestra que Finlandia no está consistentemente comprometida con un enfoque basado en los derechos humanos de la Agenda 2030, para garantizar que «nadie se quede atrás».

Se ha promocionado la «revolución de los datos» como una herramienta vital para conseguir los ODS o, al menos, conseguir cuantificar mejor el avance. Se considera que es útil que los países tengan acceso a grandes volúmenes de datos para planificar, diseñar y ejecutar políticas públicas en general y de desarrollo en particular. Este capítulo resalta la inquietud reinante acerca de esta revolución y sugiere cómo cambiar la concepción de gobernanza global para la era digital.

En Hungría, la fijación de objetivos para 2030 no está determinada tanto por los ODS como por la propuesta del objetivo mucho más simple de alcanzar a Austria para esa fecha, tal como lo propuso el Banco Central de Hungría (MNB). Cuando Austria-Hungría se separó, hace un siglo, el ingreso nacional húngaro per cápita era un 85 por ciento del de Austria. En 2015, según datos del Banco Mundial, el ingreso per cápita de Hungría, medido en paridad de poder adquisitivo, era aproximadamente la mitad del de su vecino.

Las proyecciones optimistas del MNB se basan en el supuesto de que continúan las altas tasas de crecimiento actuales de más del 4 por ciento anual, duplicando los salarios nominales y asegurando el pleno empleo.

Guatemala tiene un desempeño macroeconómico admirable, con décadas de crecimiento económico continuo, baja inflación, déficit pequeño y una deuda pública total de menos de una cuarta parte del PIB. Sin embargo, el informe alternativo de ODS de CONGCOOP (Coordinación de ONG y Cooperativas) muestra la coexistencia de esas envidiables figuras con «el abandono de la clase media, los pobres y los pueblos indígenas» como resultado de una «concentración masiva de activos productivos, comenzando con la tierra». La desigualdad de ingresos ha alcanzado un índice de Gini de 0.53, el más alto de Centroamérica y uno de los peores del mundo. Si bien la economía está en auge, gracias a las exportaciones agrícolas y las remesas de los migrantes, la pobreza afectaba al 59 por ciento de la población en 2018 (frente al 51% en 2006) y la pobreza extrema al 23 por ciento.

El impacto del cambio climático se está sintiendo en todo el mundo. Nadie escapa a sus efectos, pero los pobres en los países en desarrollo se llevan la peor parte. No es justo que aquellos que no han contribuido al problema del cambio climático sean los que más sufran y que, incluso a veces, paguen con sus vidas, sostiene Indrajit Bose, investigador de Third World Network (TWN). El mundo desarrollado, responsable histórico del cambio climático, tiene que asumir sus responsabilidades y cumplir sus compromisos de larga data para reducir las emisiones y facilitar a los países en desarrollo los medios financieros y tecnológicos así como los conocimientos y recursos necesarios para enfrentarse al cambio climático.

Después de 10 sesiones semestrales y un mes de consulta abierta, el Grupo Interagencial y de Expertos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (IAEG-SDG por su sigla en inglés) ha logrado importantes avances hacia la finalización de su marco de indicadores globales para medir el progreso a nivel mundial hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 metas. El Grupo ha acordado algunos indicadores adicionales, incluidos algunos reclamados desde hace tiempo por las organizaciones de la sociedad civil, y ha actualizado o reemplazado los indicadores estancados en el Nivel III, una demanda continua de los Estados miembros.

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