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También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia presenta un estudio sobre las industrias extractivas, basada en la importancia de la minería en el país y sus impactos en el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la generación de fuentes de empleo y la captación de ingresos para las regiones y el país merecen un profundo análisis. Con esta nueva versión del Reporte de Industrias Extractivas, CEDLA aporta elementos esenciales para ese debate.

En Egipto, el Banco Mundial sostiene que los logros en las tasas de mortalidad y los niveles de esperanza de vida alcanzados desde el comienzo del siglo pasado no continuarán si el sector privado no se involucra, debido a que el Gobierno no dedica más recursos al sector de la salud y a que hay una menor posibilidad de mejorar los hábitos diarios no saludables de las personas pobres.

En el informe de Social Watch, se advierte que, si bien el Gobierno anunció la creación de algunas APP en el Hospital Universitario de Maternidad y Banco de Sangre de Smouha y el Hospital Al Mowasat, la unidad central de la APP no ha dado a conocer al público los detalles de los proyectos ni la naturaleza de las responsabilidades de los inversionistas.

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Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo «Amandis», asociado al grupo francés «Veolia», cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 «conexiones sociales» (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.

Desde 2015, con la elección de un nuevo Gobierno, Argentina experimentó un cambio radical de políticas: de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento de los mercados locales, el proteccionismo del comercio, la expansión de los derechos sociales y un rol activo del Estado en la redistribución del ingreso de las exportaciones agrícolas a un modelo inspirado en el neoliberalismo, el libre comercio, la competitividad en mercados globales y las exenciones fiscales.

Según el informe de Social Watch sobre Argentina, «esto derivó en una redefinición sustancial del rol del sector privado en las políticas de desarrollo», de las cuales la privatización de tierras de propiedad del Estado es un ejemplo contundente. Desde 2015, el Gobierno autorizó la venta a inversionistas privados de 93 extensiones pertenecientes al Estado, la mitad de ellas en la ciudad de Buenos Aires, donde la décima parte de la población vive en condiciones superpobladas y casi 200 000 personas viven en barrios marginales. Las propiedades públicas que podrían haberse utilizado para cubrir la demanda habitacional no satisfecha pasaron a manos privadas, lo que fomenta la especulación que alimenta el déficit habitacional y contradice directamente el ODS 11 que urge a los Gobiernos a «lLograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles».

En Tailandia los ODS han servido de pretexto para incluir representantes del sector privado en organismos gubernamentales de alto nivel. En el Comité de Desarrollo Sostenible, la sociedad civil solo juega un papel menor en comparación con las empresas, sostiene el informe alternativo de la sociedad civil tailandesa.

La política denominada Pracha-Rath (Estado del pueblo) iniciada por el gobierno se dedica a promover el papel del sector privado, establecer la cooperación entre el sector privado y las empresas comunitarias y desarrollar nuevos esquemas agrícolas. Aunque esto pretende ayudar a los agricultores al reducir los precios de los fertilizantes químicos, el informe de Social Watch señala que la verdadera intención es aumentar las ventas de estos productos químicos agrícolas. La política es irrelevante para el desarrollo de una agricultura sostenible, afirma, porque el uso excesivo de pesticidas siempre ha sido un problema para los agricultores tailandeses, no una solución.

El gobierno chipriota apoyó firmemente el proceso de desarrollo de la agenda de desarrollo sostenible después de 2015 y ha expresado reiteradamente su compromiso con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, todavía tiene que adoptar un marco de política integral para la implementación de los objetivos en el contexto nacional, concluye el informe independiente aportado por CARDET, miembro de la red Social Watch.

Este informe analiza el progreso realizado hacia un marco estratégico nacional para la implementación de los ODS e identifica los pasos realizados, los desafíos y las oportunidades, así como el tema del presupuesto. Como Chipre es un país dividido que busca la reunificación, los ODS podrían actuar como catalizadores durante la implementación de una solución al problema nacional.

La nueva agenda de desarrollo, la Agenda 2030, representa una contradicción evidente: su literalidad aboga por alcanzar transformaciones tan profundas y complejas que no encajan con el paradigma dominante de desarrollo. La Agenda 2030 no puede ser considerada como un plan de gobierno global, ni como un consenso básico, ni mucho menos un documento de carácter jurídico que establezca acuerdos y obligaciones que fueran a dar lugar a acciones previsibles por parte de los distintos actores implicados. Tan sólo se trata de un agregado de demandas transnacionales, reflejo de las tensiones actualmente existentes entre los diferentes actores y sus distintas visiones del desarrollo1, de ahí sus numerosas contradicciones e insuficiencias. La Agenda 2030 es producto de un tiempo caracterizado por el agotamiento de un paradigma de desarrollo que no logra ya extender su completa dominación, y por la emergencia de temáticas, actores y evidencias que exigen una revisión en profundidad del mismo. 

Movilización contra la minería.
(Foto: Upside Down World)

El Salvador es el primer país de América Latina y tal vez del mundo que proscribe en forma terminante toda actividad de exploración y explotación de metales del subsuelo, subterránea y a cielo abierto. Social Watch El Salvador celebra la aprobación de la “Ley de Prohibición de Minería Metálica”, ya que es un triunfo de la lucha llevada a cabo por la sociedad salvadoreña que ahora cuenta con esta herramienta legal para defender la vida.

Sin embargo históricamente ha habido un vacío en la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que garantizan la protección del medio ambiente y de las zonas vulnerables. La sociedad civil salvadoreña demanda, además, una reforma fiscal integral con un combate efectivo a la evasión y elusión, garantizando así una efectiva financiación para el cumplimiento de los ODS.

TEl Gobierno ha declarado que es necesario un enfoque inclusivo del desarrollo para que las poblaciones más pobres y más vulnerables puedan ser integradas en los esfuerzos de desarrollo que implican el compromiso y la participación de todos los actores involucrados en el proceso. Para esto se requiere un plan claro para fortalecer las instituciones democráticas y la gobernanza participativa en el logro de los ODS que cuente con la participación de la sociedad civil en todos los niveles de implementación, tanto a nivel nacional como de base.

En este contexto las IFIs y la OMC deben respetar los espacios normativos para los PMA y los países en desarrollo, de manera que se pueda proteger la soberanía nacional en la toma de decisiones y la naturaleza misma del Estado con respecto al bienestar y la justicia redistributiva.

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