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Dos años después de iniciadas las mediciones de progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), el énfasis se ha desplazado de la búsqueda de un marco de indicadores globales a la necesidad de desarrollar capacidades. Esto hace que se dirija la atención a los institutos nacionales de estadística (INE) para la desagregación de datos, no solo por ingresos, género y grupos de población, sino también hasta llegar a los niveles municipales y de barrio, en un esfuerzo por “no dejar a nadie atrás”. Este desplazamiento hacia la implementación y la capacitación ha impulsado una variedad de iniciativas y asociaciones (partnerships), diseñadas sobre todo para permitir a los INE integrar datos de fuentes no tradicionales, como las imágenes de satélite, teléfonos móviles, redes sociales y datos de escaneo.

Casi tres años después de la adopción de la Agenda 2030 al más alto nivel de las Naciones Unidas, los indicadores para evaluar su progreso aún se están debatiendo. El conjunto de indicadores sobre los cuales hay metodología acordada y datos disponibles (conocido como Nivel I en la jerga de los iniciados) muestra un gran grado de superposición con los indicadores existentes para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y pasa por alto la mayoría de los aspectos transformadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que representan un cambio de paradigma.

Hay 93 indicadores en el Nivel I de los ODS (ver Tabla 1), de los cuales 42 son idénticos a los indicadores de ODM ya existentes, a menudo con mejoras (por ejemplo, desglosados por sexo, etnia o discapacidad). Pero algunos indicadores importantes de los ODM, en particular sobre aspectos relacionados con la implementación, se han perdido.

Así lo afirma el uruguayo Roberto Bissio, coordinador de la red Social Watch, quien tiene serios reparos sobre las alianzas público privadas como modelo de desarrollo en América Latina.

La República Popular China, convertida en actor global y de importancia para la región de América Latina (AL), no solo mantiene relaciones de comercio y flujos de inversión y financiamiento, sino también relaciones políticas y estratégicas a nivel bilateral y multilateral.

Estos son procesos que configuran la dinámica de permanente expansión y conquista pacífica de territorios y recursos en el que se encuentra China a partir del lanzamiento de su política Go Out (también llamada Go Global Strategy) definida el 2001.

Han pasado más de 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) en 2006, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad. En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité DESC sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor en el país desde 1981- las organizaciones y redes de la sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de trabajo de muchos años en su promoción y defensa, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para la plena realización de los DESCA en México.

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.

Los invitamos a participar en 2018 en el esfuerzo colectivo para que los gobiernos rindan cuentas por las ambiciosas promesas que nos han hecho.

La Agenda 2030, adoptada al más alto nivel de las Naciones Unidas en 2015, resume en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) una visión de un mundo sin pobreza, con menos desigualdades y más justicia social y de género respetando los límites planetarios. En 2016 y 2017, la red Social Watch ha contribuido a transparentar esos compromisos al publicar y difundir informes alternativos de 47 países y enriquecer con sus conclusiones los informes globales Spotlight.

El Foro Político de Alto Nivel es el organismo de la ONU encargado de que la supervisión de la Agenda 2030 a nivel mundial. La próxima reunión del FPAN se realizará del 9 al 18 de julio en Nueva York. Allí se realizará una revisión de los ODS 6, 7, 11, 12, 15 (los llamados "objetivos ambientales") y del ODS17 sobre implementación. El tema será "Transformación hacia sociedades sostenibles y resilientes".

Cuarenta y ocho países presentarán sus informes nacionales y se realizarán reuniones preparatorias regionales que tendrán lugar en marzo y abril y conferencias temáticas específicas entre febrero y junio.

Hay varias y diferentes formas y oportunidades para que los grupos nacionales y las coaliciones de la sociedad civil contribuyan en este proceso y vea en las pautas más detalles sobre los planes de Social Watch y cómo participar.

Desde el secretariado de Social Watch esperamos contribuir a los esfuerzos por una mejor rendición de cuentas de los gobiernos, vinculando a organizaciones de la sociedad civil entre sí y difundiendo sus esfuerzos.

UNITAS (punto focal de Social Watch en Bolivia) se pronuncia en relación a la Ley del Nuevo Sistema del Código Penal que fue aprobado a fines de 2017 y que ha generó reacciones de muchos sectores dando lugar a grandes movilizaciones ciudadanas durante el mes de diciembre y enero. Ante tanta presión, el presidente Morales solicitó a la Asamblea Legislativa (parlamento) que abrogue dicha Ley y el 26 de enero promulgó la ley corta que abroga el Código de Sistema Penal como demandaron organizaciones sociales que se movilizaron en contra de esa norma que sancionaba la protesta social entre otras cosas.

La implementación de la Agenda 2030 en Túnez enfrenta casi los mismos desafíos que enfrentan el resto de las economías árabes. No es jurídicamente vinculante y proporciona al gobierno solo pautas. Además depende de la buena voluntad del gobierno y de sus propias prioridades. Está sujeto a diferentes amenazas, como la inestabilidad, los conflictos regionales, la inmigración y los movimientos demográficos, las desigualdades sociales, las crisis económicas y el alto endeudamiento público. La crisis económica y la falta de fuentes de financiación a menudo se mencionan para justificar la incapacidad del gobierno tunecino para invertir en infraestructura y proyectos de desarrollo.

Los grupos de derechos de las mujeres piden a los gobiernos que rechacen la Declaración de la OMC sobre "Empoderamiento económico de las mujeres"

Más de 160 organizaciones de derechos de las mujeres y aliadas enviaron una carta urgente a los gobiernos miembros de la OMC, pidiendo a los estados partes en la Organización Mundial del Comercio que se abstengan de adoptar la propuesta "Declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres". Argumentan que la Declaración propuesta no aborda el impacto adverso de las normas de la OMC sobre la mujer y, en cambio, parece estar diseñada para enmascarar los fallos de la OMC y su papel en la profundización de la desigualdad y la explotación.

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