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La implementación de la Agenda 2030 en Túnez enfrenta casi los mismos desafíos que enfrentan el resto de las economías árabes. No es jurídicamente vinculante y proporciona al gobierno solo pautas. Además depende de la buena voluntad del gobierno y de sus propias prioridades. Está sujeto a diferentes amenazas, como la inestabilidad, los conflictos regionales, la inmigración y los movimientos demográficos, las desigualdades sociales, las crisis económicas y el alto endeudamiento público. La crisis económica y la falta de fuentes de financiación a menudo se mencionan para justificar la incapacidad del gobierno tunecino para invertir en infraestructura y proyectos de desarrollo.

Los grupos de derechos de las mujeres piden a los gobiernos que rechacen la Declaración de la OMC sobre "Empoderamiento económico de las mujeres"

Más de 160 organizaciones de derechos de las mujeres y aliadas enviaron una carta urgente a los gobiernos miembros de la OMC, pidiendo a los estados partes en la Organización Mundial del Comercio que se abstengan de adoptar la propuesta "Declaración conjunta sobre comercio y empoderamiento económico de las mujeres". Argumentan que la Declaración propuesta no aborda el impacto adverso de las normas de la OMC sobre la mujer y, en cambio, parece estar diseñada para enmascarar los fallos de la OMC y su papel en la profundización de la desigualdad y la explotación.

En la India, se espera que las PPP movilicen casi la mitad del billón de dólares prometido para inversión en infraestructura en el plan quinquenal 2012-2017. El gobierno ha fomentado activamente las APP en diversos sectores de la economía y el informe de Social Watch sobre la India presenta un balance mixto. Varios proyectos de construcción de autopistas y carreteras, como el Golden Quadrilateral, y puertos, como el Jawaharlal Nehru Port Trust, son considerados exitosos.

Sin embargo, el informe observa que “muchas veces, las PPP son buenas en la teoría, pero en la práctica [...] se convirtieron en vías para que los agentes inmobiliarios se enriquezcan a costa de los contribuyentes”.

El gobierno argentino decidió no autorizar la entrada al país de 63 expertos de organizaciones no gubernamentales acreditados para participar en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Las organizaciones (entre las que se encuentran Global Justice Now, Amigos de la Tierra y el Transnational Institute) han participado en las cumbres anteriores sin ningún inconveniente y están lejos de defender actos violentos como afirma el gobierno argentino. En esta entrevista, Roberto Bissio -director de Social Watch- afirma que se silencian voces críticas de la llamada «globalización corporativa», mientras se recibe con alfombra roja a los lobbistas de las grandes empresas.

Foto: Times of Malta

La falta de una cohesión sustantiva en Malta entre una serie de políticas, como la educación o la salud, con la sustentabilidad es preocupante, concluye el informe de Social Watch Malta. La ausencia general de datos estadísticos, en particular de datos desagregados por diversos criterios sociales y económicos, ya sea por la falta de recopilación o por la práctica prevaleciente de no hacerlos públicos, dificulta la presentación de informes. Sin embargo, es evidente la falta de un enfoque coherente e integral del marco legal y de políticas relacionados con los ODS. Esto también oculta una visión débil tanto sobre la acción requerida a nivel nacional como sobre el papel de Malta dentro de la comunidad internacional y su contribución (a pesar de ser un país pequeño) a nivel mundial.

Foto: ACNUR/F.Juez

Lograr el desarrollo sostenible en el Líbano requiere abordar las causas profundas de los problemas estructurales a nivel político, económico y social y, además, enfrentar los desafíos adicionales derivados de la gran afluencia de refugiados sirios en el país. La crisis de los refugiados arroja luz sobre los problemas estructurales y sistémicos y los agrava. En este contexto, el sector privado, como en muchos otros países, debe jugar un papel activo en el logro de los ODS, junto con otros actores del desarrollo. Al mismo tiempo, todos deben seguir siendo responsables de su contribución al desarrollo sostenible.

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También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia presenta un estudio sobre las industrias extractivas, basada en la importancia de la minería en el país y sus impactos en el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la generación de fuentes de empleo y la captación de ingresos para las regiones y el país merecen un profundo análisis. Con esta nueva versión del Reporte de Industrias Extractivas, CEDLA aporta elementos esenciales para ese debate.

En Egipto, el Banco Mundial sostiene que los logros en las tasas de mortalidad y los niveles de esperanza de vida alcanzados desde el comienzo del siglo pasado no continuarán si el sector privado no se involucra, debido a que el Gobierno no dedica más recursos al sector de la salud y a que hay una menor posibilidad de mejorar los hábitos diarios no saludables de las personas pobres.

En el informe de Social Watch, se advierte que, si bien el Gobierno anunció la creación de algunas APP en el Hospital Universitario de Maternidad y Banco de Sangre de Smouha y el Hospital Al Mowasat, la unidad central de la APP no ha dado a conocer al público los detalles de los proyectos ni la naturaleza de las responsabilidades de los inversionistas.

Foto: Christopher Irwin /
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Según indican los informes del equipo de Social Watch, en Marruecos, la institución suprema de auditoría del reino informó un incumplimiento sistemático de las obligaciones contractuales por parte de proveedores privados de servicios públicos de agua, electricidad y saneamiento: en la ciudad de Tánger, el grupo «Amandis», asociado al grupo francés «Veolia», cumplió solo 3.030 de 10.000 obligaciones de este tipo durante los primeros cinco años de sus operaciones. En Casablanca, se llevaron a cabo solo 45.806 «conexiones sociales» (en beneficio de los pobres) en 10 años (de 1997 a 2006) de las 90.000 prometidas por la empresa francesa Lédique, del grupo Suez.

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