Prof. Leonor Briones

Mucho se ha hablado de la asociación público-privada (PPP). Es aquí donde los sectores público y privado se combinan para producir resultados favorables a la nación. En la práctica, esto ha resultado en proyectos de infraestructura de transporte ​​en Luzón. Visayas y Mindanao han quedado bastante al margen. El presidente Rodrigo Duterte va a cambiar esto, que es en parte la razón por la que la friolera de 62 por ciento de mindanaenses votaron por él. En una contienda presidencial en la que hubo cuatro candidatos fuertemente apoyados, esto es un mandato notable.

Pero el PPP más grande y con mayor apoyo se encuentra en el mundo de la educación. En este caso, el sector privado, formado por los estudiantes y sus familias, se combinan con el sector público en forma hasta el momento desafortunada del Departamento de Educación para producir una población educada. No nos olvidamos de las familias de los estudiantes que a menudo hacen sacrificios increíbles para que el estudiante pueda desarrollar su potencial.

Al favorecer los megaproyectos por encima de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambientales de la población mexicana, la reforma energética pone en peligro el cumplimiento de siete de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), según la organización Social Watch.

Con estos objetivos, los países miembros de las Naciones Unidas aspiran a erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, proteger la naturaleza y promover los derechos humanos en el mundo hacia el horizonte 2030.

De acuerdo con un informe que publicó la organización internacional, la reforma energética promovida por el presidente Enrique peña Nieto da prioridad a la inversión en megaproyectos, incluyendo a los que emplean “las técnicas más nocivas” para el ambiente, como la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica.

¿Se puede lograr la Agenda 2030 sin un enfoque global de impuestos? ¿Puede valorarse sin promover los derechos humanos y sin hacer frente a las responsabilidades de los ricos y poderosos? ¿Puede ser revisado sin tener en cuenta el cambio climático, los flujos financieros ilícitos, los conflictos y los acuerdos comerciales y de inversión? ¿Se puede medir con un solo número? ¿O con 300 de ellos? ¿O necesitamos un nuevo tipo de panel de control para monitorear la sustentabilidad?

Éstas y otras cuestiones se han abordado mediante una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil y redes en su primer "Informe Spotlight”, que se presentará el 19 de julio, durante a decimocuarta sesión de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD 14) tendrá lugar en Nairobi, Kenia, del 17 al 22 de julio, 2016.

 “No dejar a nadie atrás” pasó a ser el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pero queda mucho por hacer para llegar a concretarlo, coincidieron esta semana organizaciones de la sociedad civil en una conferencia de revisión de los avances de la Agenda de Desarrollo Posterior a 2015.

A diferencia de los los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que no lograron atender la desigualdad estructural, la sostenibilidad ecológica y las responsabilidades del Norte global, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce “la enorme disparidad de oportunidades, de riqueza y de poder” como inmensos desafíos para lograr el desarrollo sostenible, una novedad en materia de documentos intergubernamentales.

En el primer año de los 15 de la Agenda para 2030 todavía deben verse los cambios en el camino hacia el desarrollo global, según el informe Spotlight on Sustainable Development 2016 (El foco en el desarrollo sostenible), publicado esta semana por el Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil.

Tomáš Tozicka (de V Ekumenické
akademii), Ilona Švihlíková (de
Alternativa Zdola) y Markéta
Mottlová (de Fórum 50 %)

El informe alternativo de la sociedad civil checa sobre implementación nacional de la Agenda 2030 reconoce que el gobierno cumple con sus tareas sociales a través del Ministerio de Trabajo, pero critica los déficts en el área ambiental. Por un lado Chequia expresa apoyo político a la paz y la justicia fiscal, pero por otro estimula la exportación de armas y veda la participación de los países pobres en las discusiones internacionales sobre refugios fiscales y evasión de impuestos. Aunque en general el gobierno apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la participación de los actores no estatales en el proceso de planificación, algunas instituciones gubernamentales fallan y en ciertos caso incluso se niegan a tomar en serio la Agenda 2030.

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