La aprobación de la Agenda 2030 por las Naciones Unidas coincidió con el cambio de gobierno en la Argentina y el rápido abandono de las políticas públicas impulsadas como salida a la grave crisis social, económica, institucional y política de 2001 y 2002. En los primeros seis meses de 2016, la Argentina ha vivido el pasaje de un modelo de desarrollo basado en el fortalecimiento del mercado local, el proteccionismo comercial, la ampliación de derechos sociales y un rol activo por parte del Estado en la redistribución del ingreso a través de los impuestos a la exportación de productos agrícolas, hacia un modelo más afín a los principios del liberalismo económico, vinculado a las reglas del libre comercio, una inserción competitiva en el mercado global, un menor nivel de intervención estatal en el funcionamiento general de la economía y una reducción de los impuestos a la exportación de productos agrícolas.

Muchos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 se aplican a la situación interna de Alemania, en las áreas de educación, salud y seguridad social. Para cumplir con los ODS, Alemania debería, por ejemplo, reducir a la mitad las personas en situación de pobreza y aumentar la cantidad de jóvenes que completan la educación secundaria.

Otros objetivos se refieren a los efectos externos de las políticas económicas alemanas, que también exigen medidas internas con impacto inmediato sobre los países en desarrollo. Esto incluye los objetivos de reducción del uso de recursos, el cambio de modelos de consumo y producción insostenibles, así como una nueva relación con los migrantes y refugiados.

Finalmente, otros objetivos apuntan a la responsabilidad y la solidaridad internacional de Alemania. Además de las obligaciones tradicionales de cooperación, los ODS refieren también a las áreas del comercio, la inversión y las finanzas. La necesidad de actuar es urgente.

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La caída de los precios del petróleo, que es la principal exportación de Azerbaiyán, ha obligado a este país de asia Central a disminuir su presupuesto y recortar gastos. La coalición de Social Watch en Azerbaiyán examina como estas restricciones también pueden obstaculizar la financiación de iniciativas de desarrollo sostenible. La situación fiscal se ha deteriorado considerablemente a medida que los precios del crudo se desplomaban. El desmejoramiento de la balanza fiscal podría resultar en un aumento de la carga de la deuda pública y poner en peligro la viabilidad fiscal a largo plazo. El fondo soberano de Azerbaiyán, SOFAZ, tiene ahora limitadas ganancias provenientes de la venta de petróleo y, como consecuencia de ello, contribuirá menos a los ingresos del Estado, en tanto que la compañía petrolera y de gas estatal, SOCAR, canceló temporalmente sus planes para un nuevo complejo de refinación petrolera y petroquímica. Al mismo tiempo, el nuevo panorama de precios bajos del petróleo también ofrece una oportunidad para impulsar una nueva ola de reformas de la administración fiscal y pública en el país.

Debido al impacto duradero de la crisis financiera internacional y el consiguiente aumento de la pobreza y la inseguridad, y sobre todo a las amplias políticas de austeridad del gobierno, Italia se enfrenta a desafíos en muchos de las áreas abordadas por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Incluso en el área que ha visto una tendencia positiva en los últimos años, el desarrollo de las energías renovables, se ha revertido el ciclo virtuoso desde 2015. En ausencia de un plan nacional de energía, las políticas del gobierno continúan fomentando los combustibles fósiles y grandes obras de infraestructura trabajan con nuevas reglas para eliminar controles ambientales. A esto se agrega una situación macroeconómica muy débil y recesiva.

Un área que podría reactivar el papel de Italia en la implementación de la Agenda 2030 es el de la cooperación internacional, gracias a la reciente nueva ley y hasta una pequeña señal de marcha atrás de la disminución del año anterior. Todavía tenemos que ver cómo se utilizarán los fondos y cómo la sociedad civil participará en los países en desarrollo. Pero el esfuerzo podría ser anulado si continúan las políticas de exportación de armas, que tuvieron un incremento de 300 por ciento en 2015, alcanzando un récord de más de 8.2 millones de euros en ventas desde la Segunda Guerra Mundial, incluso a países en guerra, pese a que las leyes nacionales lo prohíben explícitamente.

Foto: UNHCR/S. Malkawi

Varios retos obstaculizan la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el Líbano. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2012, el presidente libanés Tamam Salam identificó a los problemas humanitarios causados por la crisis de los refugiados de Siria como uno de los mayores retos para el desarrollo. Sin restarle importancia a esto, el país se enfrenta desde antes a una crisis política y socioeconómica que se refleja en la alta tasa de desempleo y de personas marginadas. Por lo tanto, es importante destacar que la guerra de Siria ha puesto de manifiesto los problemas estructurales y sistémicos del Líbano y los agrava.

Hasta el momento, el Líbano no tiene una estrategia nacional para el desarrollo sostenible ni un plan económico nacional, ni una estrategia de reducción de la pobreza. Según el informe anual de 2014 del secretario general de la Unión Parlamentaria Internacional, "el Parlamento libanés informó que la Iniciativa para el Desarrollo Sostenible estaba en el orden del día de la Comisión de Obras Públicas para el periodo 2009-2010. Las inestabilidades políticas actuales, sin embargo, obligaron al Parlamento a cambiar sus prioridades. "El mismo informe indica que el Parlamento no ha sido informado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y no se ha tomado ninguna medida para discutirlos.

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