El principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (CBDR, por su sigla en inglés) es considerado uno de los principales logros de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. Veinte años después, este principio se ha convertido en un punto focal de las actuales negociaciones sobre el cambio climático y la agenda post-2015. Los países en desarrollo que conforman el Grupo de los 77 quieren preservar el principio sin cambios. Pero los EE.UU., la UE y otros países industrializados quieren eliminarlo en su forma actual. Argumentan que las estructuras de poder globales han cambiado. En su opinión, el intercambio equitativo de la responsabilidad debe incluir contribuciones a la protección del clima de las economías emergentes como China, India y Brasil. "Si no se logra el consenso, en 2015 no habrá ni un nuevo tratado climático global ni un programa mundial de desarrollo digno de este nombre", escribe Jens Martens, director de Global Policy Forum.

Los Principios Rectores de la ONU, aunque no son perfectos, proporcionan hasta ahora la expresión más clara de las expectativas de la comunidad internacional sobre las responsabilidades de derechos humanos de las empresas, incluidos los bancos del sector privado. La respuesta más notable del sector bancario hasta la fecha ha sido la formación, en 2011, del Grupo de Thun para discutir la implementación de los Principios, y su primer documento de debate, puesto en marcha en 2013.

Más de un año después del lanzamiento de este trabajo, y más de tres años desde el lanzamiento de los Principios Rectores, un nuevo estudio publicado por BankTrack cuyo título es “Banking with principles? Benchmarking banks against the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, intenta evaluar cómo los bancos están aplicando los Principios en sus propias operaciones, políticas y presentación de informes.

Prof. Leonor Briones.

El presupuesto suplementario de P23-millones solicitado por la oficina de Presidencia –Malacañang– está "esencialmente lleno de vacíos ", dijo Social Watch Filipinas.

El Departamento de Presupuesto y Gestión (DBM por sus siglas en inglés) dijo que el presupuesto adicional fue propuesto, en parte para la rehabilitación posterior al tifón Yolanda y también para financiar los preparativos para recibir a la Cumbre 2015 de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pero Social Watch Filipinas dice que no hay suficientes datos sobre el desglose de los componentes del presupuesto.

La pérdida de ingresos tributarios debido a la evasión y la elusión fiscal internacional disminuyen considerablemente los fondos disponibles para financiar las políticas orientadas al cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y la justicia de género.

Debido al carácter estructural de la desigualdad de género y su intersección con otras categorías como la edad, la raza-etnia y la orientación sexual y el ingreso, las mujeres en la mayoría de las sociedades siguen estando sobrerepresentadas en los quintiles más bajos de la distribución del ingreso, siguen siendo las principales responsables del trabajo no remunerado y  de cuidados, siguen estando concentradas en los empleos más precarios y peor remunerados, siguen siendo minoría en los espacios de representación y dirección en ámbito político, laboral o territorial, siguen enfrentando la violencia de género, la trata, el tráfico y siguen viendo limitados sus derechos sexuales y reproductivos y su autonomía.

La Red de ONG Árabes para el Desarrollo (ANND, por su sigla en inglés), en colaboración con Christian Aid y Social y el Monitor de Política Económica de Palestina, explora en el estudio comparativo sobre "Sistemas Tributarios en seis países árabes" de qué manera los sistemas fiscales de los países árabes han contribuido a la falta de oportunidades, las crecientes desigualdades, la marginación y la exclusión que sufre la mayoría de las personas que viven en la región árabe. Las revoluciones en algunos países de la región, la inestabilidad y las crisis en otros son, en parte, una manifestación de rechazo del pueblo a estas inherentes disparidades estructurales. Paradójicamente, como muestra el informe, son las políticas fiscales de estos países las que presentan uno de los principales medios por los cuales los recursos locales pueden ser redistribuidos y movilizados para restablecer la justicia socio-económica para los pobres y para fomentar más el desarrollo.