Migrantes africanos llegan a Lampedusa. (Foto: Kate Thomas - IRIN)

La trágica muerte de unos 300 refugiados en Lampedusa el 3 de octubre ha llamado atención pública sobre la dura y cruel realidad que enfrentan miles de personas que huyen de la inseguridad y la opresión en sus países de origen. En el barco que viajaba desde Libia y se incendió cerca de la costa italiana había unos 500 eritreos a bordo, de los cuales sólo 147 fueron rescatados, según informes de prensa.

La gran pérdida de vidas humanas que tuvo lugar frente a las playas italianas ha conmocionado a Italia, Europa y el mundo. Se ha hecho hincapié en que Europa y África han fallado en proteger los derechos de los refugiados que se embarcan en sus peligrosos viajes, ya que creen que no tienen otra opción. Según la ONU, 30.100 inmigrantes llegaron a Italia por mar en lo que va del año, entre los cuales se han registrado unos 7.500 eritreos.

Representantes de distintos movimientos sociales afirman que al proyecto de un nuevo código de minería, cuya votación en el congreso está prevista para el 15 de octubre, se le deben realizar cambios, debido a los daños sociales y ambientales que la explotación minera puede causar. Una de las medidas consiste en presionar para que el proyecto reciba enmiendas relacionadas con temas que no están contemplados en la nueva ley.

Secretario General Ban Ki-moon. (Foto: ONU Rick Bajornas).

El informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, no aborda las cuestiones estructurales y macroeconómicas fundamentales que dan forma a los medios de aplicación. Seis bancos multilaterales y el Fondo Monetario Internacional han ofrecido llenar ese vacío. En una carta dirigida al secretario general de la ONU enviada en julio pasado los jefes de estas instituciones se ofrecen como voluntarios para trabajar en "la definición de objetivos y metas en materia de pobreza y equidad de género, gobernanza, creación de empleo, comercio y financiación para el desarrollo".

Sin embargo, esto no se puede dejar en manos de estas instituciones, que recomiendan activamente las políticas de liberalización financiera que condujeron a la crisis o empeoran sus impactos sociales y económicos. También han indicado con frecuencia, como condición para sus préstamos, políticas inadecuadas que atentan contra los objetivos de desarrollo de la ONU y han sugerido en el pasado metas e indicadores equivocados para ambiciosas resoluciones de la ONU que exigen una acción más transformadora.

El presidente Mariano Rajoy declaró en la 68º Asamblea General de Naciones Unidas que el Gobierno español mantiene su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres así como con los objetivos de ONU Mujeres. Resulta paradójico escuchar esta afirmación del responsable de un ejecutivo que se ha caracterizado, desde que entró en el poder, por un ataque directo a las políticas e instituciones de igualdad de género y por el impulso de medidas que van contra los derechos de las mujeres. Una posición que también se ha visto en su acción exterior y, en concreto, en la Cooperación Española. No hay que olvidar que, pese al declarado compromiso del presidente del Gobierno con los objetivos de ONU Mujeres, en diciembre de 2012 el mismo Gobierno forzó el cierre de la oficina de dicha agencia de Naciones Unidas en el Estado español.

Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a cuatro generaciones de personas que durante ocho décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.
La sentencia, que viola al menos quince artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.