Global Eye on Social and Gender Rights ( Français)

por Roberto Bissio

La transnacional tabacalera Philip Morris, propietaria de la marca Marlboro que identifica a los cigarrillos más vendidos en el mundo, está en franca retirada en el país de los cowboys y caballos, pero crece aceleradamente en el resto del mundo.

En Estados Unidos más de la mitad de la población adulta fumaba habitualmente en los años cincuenta, pero ahora apenas veintiuno por ciento lo hace. En cambio, según el último informe anual de la companía, las ganancias en el resto del hemisferio occidental aumentaron veintitrés por ciento entre 2008 y 2009, y el crecimiento fue de diecisiete por ciento en los “mercaos emergentes” del Tercer Mundo, que ya superan en ganancias a la Unión Europea.

Para evitar que el resto del mundo siga el ejemplo éxitoso de Estados Unidos al lograr un cambio masivo en los hábitos de la gente, Philip Morris parece haber lanzado una campaña mundial de litigios contra los gobiernos que están innovando en la guerra contra el tabaquismo en las últimas semanas. A mediados de febrero la compañía anunció una demanda contra el gobierno uruguayo, el 9 de marzo demandó a Noruega y se anuncian medidas similares contra Australia si se aprueba la política “preventiva” que está estudiando el gobierno laborista.

Uruguay limitó a veinte por ciento el espacio que los paquetes de cigarrillos dedican a la marca, debiendo el resto contener anuncios antitabaco de interés público y prohibió, además, que tengan varias presentaciones que induzcan a creer que, por ejemplo, la identificada con azul es menos peligrosa para la salud que la roja. En Noruega, donde fumar está prohibido en bares, restaurantes y discotecas desde 2004, ahora se impide que los establecimientos autorizados a venderlos los muestren en las estanterías. Una medida aun más radical es la que se discute en Australia, donde el tabaco debería venderse en envoltorios standard, similares a los de los medicamentos, todos con las mismas advertencias médicas, colores y presentación, sólo distinguibles por la marca impresa siempre con las mismas letras y guardados como en las farmacias fuera de la vista del público.

Al igual que en el litigio contra Uruguay, la tabacalera argumenta en Australia que se estaría violando el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio. “Tonterías”, responde Simon Chapman, profesor de salud pública en la Universidad de Sydney. Estos acuerdos “protegen al propietario de las marcas contra su uso por terceros, pero no hay nada en ellos que autorice al propietario a usarlas por encima de las normas legales en vigor”.

Con relación a la supuesta “expropiación” del espacio de promoción en los paquetes, la Corte Suprema de Justicia australiana ya ha determinado que las limitaciones a lo que se puede imprimir en un envoltoriono constituyen una “expropiación” como la describe la Constitución, ya que ésta no transfiere al gobierno supuestamente expropiador un beneficio antes disfrutado por la firma sino que prohíbe determinadas prácticas en beneficio de la salud pública.

Pero mientras en Australia la justicia local será la llamada a dirimir el pleito y el conflicto con Noruega fue planteado ante un tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio, el gobierno uruguayo se verá obligado a defenderse ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un órgano del Banco Mundial con sede en Washington con una larga historia de fallos favorables a los inversores extranjeros, incluyendo su escandaloso arbitraje a favor de la empresa Bechtel, concendido tras su retiro voluntario de Cochabamba (Bolivia), o en contra de Uruguay, que fue obligado a pagar más de cien millones de dólares a cuatro bancos transnacionales cuyas filiales locales quebraron durante la crisis financiera de 2001.

Philip Morris invocó el tratado bilateral de inversiones entre Uruguay y Suiza para hacer esta demanda, alegando que si bien su sede está en Nueva York, su centro de operaciones internacionales se encuentra en Lausanne. Irónicamente, desde el 1 de enero de 2010 Suiza es uno de los países europeos que más limitan el packaging de los cigarrillos.

Desde hace muchos años, la preocupación de los consumidores por su salud viene siendo utilizada por las tabacaleras en su propio beneficio. Así, en 1983 Brown & Williamson implemento una campaña para generar miedo al tabaquismo “y estimular las marcas alternativas (light) para fumadores preocupados que no quieren dejar de fumar”. Un informe de la propia Philip Morris en Pakistán describe como una “oportunidad de marketing” los miedos y ansiedades generados por la mayor difusión de los riesgos del tabaco. La falta total de evidencia de que estos riesgos sean menores en unas marcas que en otras es lo que ha llevado a la casi universal prohibición del uso de términos como light para los cigarrillos. Ésta es la lógica detrás de la prohibición por parte del gobierno uruguayo del uso de colores y variantes de una marca, ya que años de propaganda han asociado al azul$ con la palabra engañosa light. Philip Morris sabe de esto, ya que el público en todo el mundo todavía asocia la marca Marlboro con un cierto cowboy, años después de que el actor que lo representaba muriera… ¡de cáncer de pulmón!

El inciso 1 del segundo artículo del tratado de inversiones Uruguay-Suiza que Philip Morris invoca establece sin lugar a dudas “el derecho de cada parte de no permitir actividades económicas por razones de orden y seguridad públicos, salud pública o moral”. Sin embargo, el artículo 5.1 establece el requerimiento de “compensación efectiva y adecauda” por cualquier “nacionalización, expropiación u otra medida de similar naturaleza o efecto”. Hasta el momento, jamás tabacalera alguna ha recibido compensación por restricciones basadas en la defensa de la salud en ninguna parte del mundo.

Pero si va a haber una primera vez, el CIADI sería el mecanismo ideal para ello. El tribunal del Banco Mundial ya ha sido denunciado por Bolivia y Ecuador como intrínsicamente desigual, pues obliga a los países en desarrollo a entablar la batalla jurídica en un terreno que no es el propio, ante un tribunal inapelable y no transparente. Además, el costo de presentar una defensa, que inevitablemente se debe contratar con grandes firmas legales de Estados Unidos, puede llegar a varios millones de dólares. En el caso de Philip Morris versus Uruguay, dada la pequeñez del mercado, la tabacalera no puede ignorar que el costo de presentar su posición ante el CIADI va a ser para Uruguay muy superior a las “ganancias expropiadas” de la tabacalera.

De lo que se trata es de ganar una primera batalla en la guerra global del humo.

Después de un mes de la  tragedia que ha golpeado al pueblo de  Haití y de que miles de personas, entidades sociales e instituciones de todo el mundo estén trabajando para apoyar la ayuda de emergencia y de reconstrucción del país. Las entidades abajo firmantes queremos expresar una vez más nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo de Haití pero también nos vemos en la obligación de expresar nuestra profunda preocupación por algunas cuestiones relacionadas con el despliegue de la ayuda de emergencia y las tareas de reconstrucción.

En primer lugar, queremos expresar nuestro rechazo a la militarización del país a través de la ayuda humanitaria. Se trata de una  falsa respuesta al desastre en la que están implicados el Ejército de Estados Unidos (qué tiene planeado desplegar un total de 16.000 militares en la zona), la Unión Europea (6.000 efectivos) y otros cuerpos militares (Naciones Unidas ha anunciado que 3.500 cascos azules se sumarán a los 9.000 que ya forman parte de la Misión para la Estabilización de Haití, la MINUSTAH, que ocupa el país desde 2005), a los que además debemos añadir otros contingentes como los 2.000 soldados de Canadá o los cerca de 2.000 de Brasil.

Esta presencia militar en Haití se ha desplegado a partir de decisiones unilaterales de los diferentes países sin una misión clara, sin rendir cuentas sobre el mando bajo que operan y, lo que es más grave, sin que el pueblo o las instituciones haitianas lo hayan solicitado. Asimismo, el papel de liderazgo y control que se ha otorgado el ejército de los Estados Unidos no sólo es del todo ilegítimo, sino que está entorpeciendo gravemente las tareas de ayuda de muchas ONG, poniendo en peligro la vida de los millones de afectados/as por el terremoto.

Por otro lado, es necesario valorar el tipo de ayuda de emergencia y la forma en la que se entrega, velando por la dignidad de las personas. Así, se debe prestar especial atención a mujeres, niños y niñas, que se han visto en una situación de vulnerabilidad y discriminación en muchas de las formas de entrega escogidas por los organismos internacionales.

Nos queremos sumar a las voces que se levantan en Haití y entre la sociedad civil internacional para pedir una respuesta no militarizada, formada por cuerpos civiles, y que tenga en cuenta el enorme potencial humano y de sociedad civil organizada con que cuenta el país a pesar de su complicada situación.

Creemos que la sociedad haitiana, sus organizaciones, movimientos sociales y representantes estatales deben ser los agentes protagonistas en el reparto de la ayuda y la reconstrucción del país. Deben ser los primeros que sean escuchados y contar con la última palabra. De hecho, la cooperación sólo puede ser efectiva si cuenta con este compromiso y con la plena participación popular.

Queremos insistir en la importancia de que los recursos ofrecidos por la Comunidad Internacional estén desligados de los intereses comerciales de los países donantes. Estos recursos deben ser verdaderas donaciones, no préstamos, de forma que no generen endeudamiento de nuevo.

En este sentido, el Gobierno español debería renunciar explícitamente al uso de instrumentos como los créditos FAD, fondos reembolsables y vinculados a la compra de bienes y servicios españoles, que se utilizaron en otras emergencias como las generadas por el huracán Mitch en Centroamérica o el tsunami en el Sudeste asiático.

Además de no generar nueva deuda, gobiernos e instituciones financieras internacionales deberán cancelar de forma inmediata e incondicional la deuda externa ilegítima de Haití. El país caribeño, aunque ha recibido una parte importante de la prometida reducción de deuda en junio de 2009, tiene todavía una cuenta pendiente de 891 millones de dólares principalmente con instituciones como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, y países como Taiwán o Venezuela.

Gobiernos como el francés o el italiano ya han anunciado cancelaciones de la deuda y el Club de París (agrupación de países acreedores de la OCDE) ha instado a todos sus miembros a proceder del mismo modo. Después de recibir múltiples demandas de la sociedad civil, partidos políticos de la oposición y administraciones municipales de todo el Estado, el Gobierno español ha anunciado que está finalizando los trámites para cancelar los 28 millones de euros de deuda haitiana de la que es acreedor. Para las organizaciones firmantes dicha cancelación debe ser del 100% de la deuda y sin condiciones, y no parcial ni en el marco de un acuerdo de conversión de deuda como pretende el ejecutivo español.

Esta cancelación debería ser el primer paso para un reconocimiento y restitución de las deudas históricas, ecológicas y sociales que los países del Norte tenemos con Haití. La larga historia de colonialismo y ocupaciones que ha sufrido el país, empezando por las colonizaciones española y francesa, y siguiendo por el intervencionismo norteamericano, que han dado lugar a injustas relaciones comerciales con el país, explotando sus recursos naturales y a sus trabajadores, han generado una importante deuda histórica, ecológica y social que los países del Norte deberán reconocer y restituir al pueblo haitiano.

Es importante que se actúe de forma contundente, no sólo para atender la situación de emergencia que se vive, sino para poner los cimientos que necesita el pueblo de Haití para reconstruir su país desde el ejercicio de su legítima soberanía. Es también el momento de revisar las políticas económicas y acuerdos comerciales impuestos al país a lo largo de las últimas décadas, analizando los impactos que éstas han tenido en el empobrecimiento y la crisis alimentaria que se han sufrido.

Finalmente, para garantizar un futuro para el pueblo haitiano libre de la explotación y la dominación que ha sufrido hasta ahora, harán falta, no sólo recursos y ayuda humanitaria, sino una reversión profunda de las relaciones comerciales, financieras y políticas con el país, es decir, una ayuda e inversión política.

Organizaciones firmantes:

ACSUR-las Segovias, Cooperacció, Ecologistas en Acción, Entrepobles, IEPALA, ¿Quién debe a quién? (QDQ), Mundubat, Observatorio de la deuda en la Globalización (ODG), Ospaaal Solidaridad, Paz con Dignidad, Veterinarios sin Fronteras, Plataforma 2015 y más.