Así lo afirma el uruguayo Roberto Bissio, coordinador de la red Social Watch, quien tiene serios reparos sobre las alianzas público privadas como modelo de desarrollo en América Latina.

La República Popular China, convertida en actor global y de importancia para la región de América Latina (AL), no solo mantiene relaciones de comercio y flujos de inversión y financiamiento, sino también relaciones políticas y estratégicas a nivel bilateral y multilateral.

Estos son procesos que configuran la dinámica de permanente expansión y conquista pacífica de territorios y recursos en el que se encuentra China a partir del lanzamiento de su política Go Out (también llamada Go Global Strategy) definida el 2001.

ONU Mujeres realizó el lanzamiento de su informe “Hacer las promesas realidad: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, que presenta una evaluación de los avances, dificultades y posibilidades de la aplicación de los  Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde una perspectiva de género. 

El informe hace seguimiento de las tendencias mundiales y regionales con miras a la consecución de los ODS para las mujeres y las niñas sobre la base de los datos disponibles, y ofrece orientación práctica para la ejecución de políticas sensibles al género y los consiguientes procesos de rendición de cuentas. Como fuente de análisis de alta calidad de datos y políticas, el informe es una referencia e instrumento de rendición de cuentas esencial para responsables de la formulación de políticas, organizaciones de mujeres, el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas.

Han pasado más de 11 años desde la última vez que el Estado mexicano fue examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (Comité DESC) en 2006, y aunque en este período el país no ha dejado de ser objeto del escrutinio internacional en derechos humanos, éste se ha centrado mayormente en los derechos civiles y políticos cuando la grave crisis de derechos humanos que vivimos en el país también está conformada por múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) cometidas por acciones y omisiones del Estado y actores no estatales que permanecen en la impunidad. En este contexto, y con el ánimo de contribuir a la importante y urgente labor de supervisión del Comité DESC sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en México -en vigor en el país desde 1981- las organizaciones y redes de la sociedad civil que suscribimos este Informe Alternativo sobre DESCA ponemos a disposición información relevante sobre estos derechos, basada en la investigación, el seguimiento y la experiencia de trabajo de muchos años en su promoción y defensa, exponiendo tanto el estado que guarda su cumplimiento, como los obstáculos, los retrocesos, las limitaciones y los desafíos que identificamos para la plena realización de los DESCA en México.

Asociación Ambiente y Sociedad participó como parte de los representantes del público en el largo proceso de negociación del “Acuerdo regional para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, que reúne a 24 estados de la región. El proceso que comenzó en el 2012 acaba de concluir este fin de semana en San José, Costa Rica.

Después de cinco años, nuestro trabajo de incidencia finaliza con la consecución del primer Tratado ambiental de Latinoamérica y el Caribe y además el primer instrumento vinculante donde se incluye una protección expresa a los defensores de derechos humanos ambientales.