En la Agenda 2030, los gobiernos se comprometieron a revitalizar la Asociación Mundial entre los Estados y declararon que las finanzas públicas deben desempeñar un rol fundamental para alcanzar los ODS. Sin embargo, en las últimas décadas, la combinación de ideologías neoliberales, cabildeo empresarial, políticas fiscales pro-empresariales, y elusión y evasión de impuestos ha derivado en un debilitamiento masivo del sector público y de su capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales. El informe "Spotlight" sobre desarrollo sustentable, publicado por una amplia coalición de ONGs, sindicatos, movimientos de mujeres y la red Social Watch sostiene que "las mismas estrategias empresariales y las políticas que generaron este debilitamiento han permitido una acumulación sin precedentes de riqueza individual y una mayor concentración del mercado".

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La falta de una cohesión sustantiva en Malta entre una serie de políticas, como la educación o la salud, con la sustentabilidad es preocupante, concluye el informe de Social Watch Malta. La ausencia general de datos estadísticos, en particular de datos desagregados por diversos criterios sociales y económicos, ya sea por la falta de recopilación o por la práctica prevaleciente de no hacerlos públicos, dificulta la presentación de informes. Sin embargo, es evidente la falta de un enfoque coherente e integral del marco legal y de políticas relacionados con los ODS. Esto también oculta una visión débil tanto sobre la acción requerida a nivel nacional como sobre el papel de Malta dentro de la comunidad internacional y su contribución (a pesar de ser un país pequeño) a nivel mundial.

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Lograr el desarrollo sostenible en el Líbano requiere abordar las causas profundas de los problemas estructurales a nivel político, económico y social y, además, enfrentar los desafíos adicionales derivados de la gran afluencia de refugiados sirios en el país. La crisis de los refugiados arroja luz sobre los problemas estructurales y sistémicos y los agrava. En este contexto, el sector privado, como en muchos otros países, debe jugar un papel activo en el logro de los ODS, junto con otros actores del desarrollo. Al mismo tiempo, todos deben seguir siendo responsables de su contribución al desarrollo sostenible.

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También en México, el agua es una inquietud importante . Cien organizaciones de la sociedad civil presentaron un informe conjunto ante la ONU donde documentaron el modo en que las «políticas de privatización benefician a las industrias extractivas y los megaproyectos, en lugar de reducir las desigualdades en el acceso a los servicios esenciales». A los usuarios con dificultades para pagar las tarifas más altas se les está negando el derecho humano al agua y, en muchos lugares, la calidad del agua distribuida se ha deteriorado tanto que, en Aguascalientes, el 95 % del agua que bebe la gente es embotellada. En el informe, se señala que los problemas con el agua afectan a las mujeres de manera desproporcionada. «Cuando existen problemas de poca disponibilidad, suministro irregular y/o calidad del agua, las mujeres destinan mayor tiempo a acarrearla hasta sus hogares, hervirla, filtrarla y hacer las gestiones con las autoridades, lo cual a menudo les implica hasta 30 horas adicionales de trabajo doméstico a la semana».

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia presenta un estudio sobre las industrias extractivas, basada en la importancia de la minería en el país y sus impactos en el medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, la generación de fuentes de empleo y la captación de ingresos para las regiones y el país merecen un profundo análisis. Con esta nueva versión del Reporte de Industrias Extractivas, CEDLA aporta elementos esenciales para ese debate.