24 millonarios, 40 millones de pobres

Mientras en 1994 la cifra de los mexicanos en pobreza extrema era de 17 millones y al cuarto año de la administración zedillista la cifra ha aumentado a 26 millones (cifra proporcionada por Esteban Moctezuma, Secretario de Desarrollo Social), el número de supermillonarios en México aumentó entre 1991 y 1994 de dos a veinticuatro.

Con más de 40 millones de mexicanos en la pobreza, más de 26 en pobreza extrema y un proceso brutal de concentración del ingreso, la «prioridad» del gobierno federal es atender exclusivamente a los miserables, lo que puede redituar en algún beneficio político particularmente a la hora de las elecciones. Sin tener porcentajes ni fechas específicas como meta, con compromisos hechos en la abstracción, el gobierno mexicano sigue firmando acuerdos internacionales. Sin embargo, la gran dificultad que enfrenta el país para combatir la pobreza se sitúa, por un lado, en los intereses de grupos de poder y en la enorme corrupción dentro de éstos y, por el otro, en la instrumentación de las políticas económicas dictadas por los centros financieros internacionales, que excluyen a gran parte de la población y que el gobierno mexicano cumple sin reparo.

El derecho constitucional a vivienda digna, salud, empleo y educación sigue siendo restringido sólo a quienes tienen recursos suficientes; mientras, la alimentación se encuentra aún al margen de ser derecho constitucional. En este sentido, el cumplimiento de los acuerdos sobre erradicación de la pobreza y el cumplimiento al respeto de los Derechos Humanos firmados en Copenhague, están muy lejos de ser contemplados por las políticas sociales del gobierno federal.

Contexto económico

La caída de los precios del petróleo a fines de diciembre de 1997 trajo consigo una fuerte desestabilización económica. Ésta hizo que el gobierno tomara la decisión de llevar a cabo recortes al gasto público, siendo los sectores más afectados el de energía (Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad), educación, erradicación de la pobreza y salud. Estos recortes han sido el equivalente al 0,7% del Producto Interno Bruto. El Programa de vivienda sufrió un recorte de 280 millones de pesos mexicanos, lo que equivale al 54% menos de lo que había aprobado la Cámara de Diputados. El Programa de Superación de la Pobreza se redujo de 510 millones a 310, lo que implicó casi el 40% de lo aprobado por la misma Cámara. En lo que se refiere al sector educación, además de que el presupuesto se ha visto disminuido entre 1994 y 1998 de 4,1 a 3,9% del gasto público, el recorte fue de 961 millones de pesos, lo que implica dejar de construir 500 escuelas en niveles medio y superior, de producir 15 millones de libros de texto gratuitos y de proporcionar becas para quienes más lo necesitan. La Secretaría de Desarrollo Social redujo su presupuesto en 8,5%, mientras que el total del gasto programable se redujo en 3,5%. La alimentación popular también sufrió una reducción de 106 millones de pesos al fideicomiso de la tortilla, lo que reduce el número de familias beneficiarias, además de que este alimento básico ha sufrido un aumento del 18,8%. En contraste con esto, los subsidios a la banca representan el 14.5% del PIB.1 Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el gasto programable por habitante dejan ver que éste ha caído 55% en lo que va de la década – aspecto que se ha hecho visible en las condiciones de vida de más del 40% de la población.

Otra acción indignante, tomada por los gobernantes en la economía mexicana durante el primer semestre del año, ha sido la propuesta de conversión en deuda pública del rescate de la Banca hecho por el gobierno mexicano en 1997 (Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa). Tras la acusación de lavado de dinero que pesa sobre algunos funcionarios, así como de la reciente investigación de las fuentes de la campaña del partido oficial (Partido Revolucionario Institucional), que se presume provienen del «lavado», es más que injusta la imposición del pago de dicha deuda a la población mexicana. Sin embargo, existe la amenaza de que si dicho subsidio no pasa legalmente como deuda pública, los capitales foráneos se irán y la economía mexicana tendrá una caída semejante a la de 1995. El reconocimiento del costo del Fondo Bancario de Protección al Ahorro como deuda pública elevará ésta de 27,9% del PIB a 42,2% del mismo.2 El Partido de la Revolución Democrática realizó una consulta pública el 30 de agosto de 1998 para conocer la opinión del pueblo en este sentido, habiendo participado más de tres millones de ciudadanos.3 No obstante, los tres principales partidos del país tienen una propuesta alternativa para canalizar el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro).

En este contexto nacional, es importante señalar también que para junio de este año el dólar se llegó a cotizar en 9,10 pesos y el precio del petróleo mexicano en ocho dólares el barril, cuando el precio promedio que se había previsto oficialmente era de trece. Con finanzas públicas dependientes casi en su totalidad de los ingresos del petróleo, se puso en la mesa de discusión el tercer recorte presupuestal del año, que se llevó a cabo en julio. La gravedad del asunto no queda ahí, la crisis de la economía mundial ha traído como lógica consecuencia –en tanto que la estructura económica mexicana es dependiente– que el peso cayera a su nivel más bajo en la historia, cotizándose a un dólar por 10,22 pesos en septiembre y el precio del barril de petróleo a 8,30 dólares en el mismo mes. Esto ha traído fuertes problemas financieros que se reflejan tanto en el incremento de las tasas de interés como en la caída del poder adquisitivo.

Empleo

Con respecto al empleo, para 1998 se había planeado generar 1.200.000 nuevos puestos, cosa que no se cumplió debido a los recortes hechos por el gobierno y a la crisis económica internacional. Esto no sólo implica que la población que sale al mercado de trabajo no tenga empleo, sino que un buen número de la que sí lo tiene se quedará sin él. En este sentido, el INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) dio a conocer las cifras de desempleo para las zonas urbanas, la cual abarcó 3.9% de la Población Económicamente Activa, lo que significa que en las tres principales zonas urbanas del país subsisten 254 mil personas sin empleo.4 Por grupos de edad, el desempleo se concentra en los grupos de PEA más jóvenes, donde los resultados al primer trimestre de 1998 indican que entre 12 y 19, y 20 y 24 años de edad, las tasas fueron de 7,6 y 6,8% respectivamente. En la población adulta de las áreas urbanas se presentaron los siguientes niveles de desempleo abierto durante el primer trimestre de 1998: en el grupo de edad de 25 a 34 años fue de 3,0%, entre 35 y 44 de 1,6% y para los de 45 años y más 1,8%. Estas cifras oficiales permiten que se aprecie una desaceleración en el desempleo, ya que durante el primer trimestre la tasa pasó de 7,06 a 6,11% de la PEA, mientras que la tasa de ocupación parcial por razones de mercado y desocupación bajó de 6,0 a 5,21%.

En el área agrícola, el desempleo es resultado del incremento de la importación de maíz, ya que este año trajo consigo la ausencia de creación de 300 mil empleos permanentes, además de que se invertirán en esta importación 8 mil millones de pesos, que bien podrían utilizarse en el apoyo a los productores mexicanos o en los programas de prevención de sequía.5

Salarios

Oaxaca, como representante de uno de los estados más pobres de México, junto con Chiapas y Tlaxcala, presenta un Ingreso Medio Mensual de 59 dólares (a precios de 1997); de la misma forma se encuentra aquí el porcentaje más alto de población que gana menos de 1.500 pesos al mes, esto es el 89%. No sólo se hace claro que la pobreza se encuentra altamente regionalizada, sino que después de largos años de presentar esta situación, ningún programa gubernamental, mucho menos transgubernamental, ha sido eficaz en lo que a salarios se refiere.

Las cifras nacionales sobre ingresos dejan ver que dos terceras partes de la fuerza laboral subsiste con ingresos inferiores a los tres salarios mínimos y que la pérdida del poder adquisitivo de éste ha alcanzado el 70% en los últimos diez años. El promedio de ingresos de las familias en extrema pobreza era en 1997 de nueve pesos por familia al día (Secretaría de Desarrollo Social, 1997).

Según analistas del Congreso del Trabajo y del Frente Auténtico del Trabajo, la caída del salario representó un 35% entre 1995 y 1996 y sólo se recuperó en un 3% en 1997, esperándose una recuperación nula para 1998, debido a la gran crisis financiera. Por otro lado, la Comisión de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios Básicos del Senado de la República informó que el salario mínimo general promedio ha perdido durante este sexenio 26% de su poder adquisitivo. Con información del Banco de México y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la misma Comisión informó que durante mayo de 1998 el aumento de precios y tarifas correspondió a productos básicos; el incremento de la canasta básica en lo que va del sexenio ha sido de 381.5%, esto es de 688.50 pesos se ha incrementado a 3.315.

Sector agropecuario

A la ya de por sí grave situación de descapitalización y rentabilidad que afecta al sector agropecuario, se suma la severa sequía que azotó al país este año.

Las regiones más afectadas han sido el norte y el centro, donde las lluvias han disminuido hasta en un 90% con respecto a 1997. Los programas que se han anunciado para enfrentar la sequía implican apoyos por un monto equivalente al Programa Alianza: esto es 2 mil 657 millones de pesos. Sin embargo, éstos sólo alcanzan a cubrir, según cifras oficiales, la pérdida de 2 millones de toneladas de maíz; desgraciadamente las pérdidas también abarcan a la ganadería y la silvicultura. La baja en los precios internacionales de los granos y la reducción de la producción, debido a los anteriores aspectos, dieron como resultado en el primer trimestre de 1998 una reducción del 6% del Producto Interno Bruto Agropecuario (Consejo Nacional Agropecuario); de continuar así, el promedio anual será de 4,5%, lo que implica la caída más baja en 50 años.

Sector industrial

En los últimos dieciocho años, México ha contado con un aparato productivo heterogéneo, vulnerable y deteriorado debido a la ruptura de cadenas productivas y dependiente de la importación de bienes intermedios. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dio a conocer que las importaciones de los bienes intermedios en los dos últimos años se han incrementado hasta en 80% y que el grado de dependencia de las importaciones aumentó en 21,2% con respecto al período 82–86. De acuerdo con el mismo organismo, la capacidad de producción interna ha sufrido una caída de ocho puntos porcentuales respecto a la oferta agregada durante los últimos dieciocho años.

Justicia social

En México la distribución de la riqueza se ve marcada fuertemente entre sectores, regiones, clases sociales, sexos y edades. Es un hecho que el norte del país se separa violentamente del centro y del sur, ya que en este último se concentra 77% de la pobreza extrema. De los municipios considerados de alta marginalidad, ninguno se encuentra ubicado en el norte. Según estudio realizado por el Partido Acción Nacional, son cerca de 16 millones las personas que se encuentran en pobreza y marginación, cifra que coincide con la del Consejo Nacional de Población. Y mientras en 1994 la cifra de los mexicanos en pobreza extrema era de 17 millones y al cuarto año de la administración zedillista la cifra ha aumentado a 26 millones (cifra proporcionada por Esteban Moctezuma, Secretario de Desarrollo Social), el número de supermillonarios en México aumentó entre 1991 y 1994 de dos a veinticuatro.6 En este sentido, es asimismo escandalosa la cifra del capital contable que alcanzan las empresas de los cien hombres más ricos del país, ya que rebasa los 600 mil millones de pesos, cifra superior a la deuda interna, que asciende a poco más de 259 mil millones al cierre de 1997.

Por otro lado, en cuanto a las aportaciones programadas para obra pública en los estados del territorio, éstas se redujeron de una manera dramática de entre el 67 y el 99% en los municipios menores, mientras que en los municipios mayores se incrementó hasta en 136%.

En lo que se refiere a la distribución del ingreso, la información derivada de las Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) muestra el aumento en la concentración de éste en la última década. Entre 1984 y 1994, el 20% de la población más rica aumentó su participación en el ingreso corriente total de 49.5 a cerca del 55%, mientras que el 20% de la más pobre la redujo de 4,8 a 4,3%. Adicionalmente, los estratos medios, que durante décadas mejoraron su posición relativa, han visto deteriorada su situación en cuanto a la posición del ingreso que perciben.

A pesar de que el programa de erradicación de la pobreza del gobierno federal, Progresa (Programa de Educación, Salud y Alimentación) atenderá este año a dos millones de familias, presenta graves precariedades en sí mismo, además de ser una herramienta de juego político. Las familias contempladas dentro de este programa recibirán 10 pesos al día (pesos de 1998) y serán las familias más necesitadas de comunidades de por sí carentes, lo que implica el surgimiento de problemas a nivel comunal. Por otro lado, mientras que el Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad, elaborado en el período salinista) representó 9,1% del PIB en 1994, el Progresa representó 7,9% del mismo para 1997. Este programa gubernamental ha sido sobremanera cuestionado, pues sólo constituye un paliativo en vez de una solución real.

 

Distribución del Ingreso por Hogares

       

Años seleccionados

       
 

Porcentajes del Ingreso Corriente Total

     
 

Total por Decil

     
         

Deciles

1984

1989

1992

1994

         

I

1.72

1.58

1.55

1.59

II

3.11

2.81

2.73

2.76

III

4.21

3.74

3.7

3.57

IV

5.32

4.73

4.7

4.64

V

6.4

5.9

5.74

5.87

VI

7.86

7.29

7.11

7.06

VII

9.72

8.98

8.92

8.74

VIII

12.16

11.42

11.37

11.34

IX

16.73

15.62

16.02

16.11

X

32.77

37.93

38.16

38.42

Gini

0.4292

0.4694

0.4749

0.477

Educación

La cifra de personas sin educación básica (ya sea sin primaria o sin secundaria) en México asciende a 36,2 millones –mayores de catorce años–, según datos del Instituto Nacional para la Educación de los adultos. El 13,3% de los mexicanos en edad de trabajar no cuenta con escolaridad alguna, un 24,5% adicional no culminó sus estudios elementales y otro 20.8% sólo tiene la primaria.7

Por otra parte, según cifras oficiales, el 93,6% de los niños entre 6 y 14 años están inscritos en educación básica. El grado de deserción en esta área ha descendido de 28 a 15 de cada 100 niños inscritos. Estas cifras oficiales abarcan el nivel nacional y no se desagregan por área urbana y rural, dejando de lado la alta deserción escolar de las niñas en las áreas rurales, cuyas cifras para 97 fueron las siguientes: la población de más de 12 años que no había estudiado fue de 7.819.769, el 40,4% eran hombres y el 59,6% mujeres. De esta última cifra, el 22,8% no estudiaron porque la familia lo impidió.8

Servicios públicos

La polarización entre zona rural y urbana es marcadamente importante. El acceso a servicios de luz eléctrica en las zonas urbanas es del 98,3% de las familias que se encuentran en extrema pobreza, mientras que el mismo tipo de familias de zonas rurales sólo tienen acceso el 66,8% de ellas. En cuestión de drenaje, la diferencia es también muy grave: siendo la cobertura de 50,7% y 6,4% respectivamente en los hogares mencionados.

La clase media ha recibido un duro golpe, pues el aumento en las tarifas de servicios ha sido importante. Tan sólo por ejemplificar, el incremento en la tarifa de servicios telefónicos fue de 33,07%, mientras que las medicinas sufrieron un aumento de 42,08%. Las tarifas telefónicas entran en una problemática de monopolio en los que se encuentra este servicio. Teléfonos de México es la única compañía que ofrece el servicio, así que el incremento de tarifas es libre y autónomo, ni siquiera regulado por el mercado, como se pretende en el modelo económico.

Vivienda

La vivienda, particularmente la de interés social, presenta una etapa crítica en México, debido principalmente al nuevo papel del Estado. A pesar de ser un derecho constitucional, se ha convertido en una mercancía sujeta a las reglas del mercado, en un país que ha entrado en él sin la suficiente capacidad y con sus cuarenta millones de mexicanos pobres. El Programa Sectorial de Vivienda había contemplado para 1998 una demanda de 3.468.205, respondiendo al conteo llevado a cabo en 1995 y a la tasa de crecimiento anual y respondiendo a los mismos cálculos, el rezago habitacional marcado por el Programa Sectorial de Vivienda 95–2000 es 8.068.205. Sumando estas cifras, hay una demanda de 11.336.410 viviendas que albergarían alrededor de 45 millones de habitantes, tomando el promedio de 4 miembros por familia. Estas familias se encuentran sin vivienda digna.9

Para 1990, el total de viviendas habitadas era de 16.035.233, de las cuales el 60% estaba construida con material tabique, concreto y similar y contaba con servicios públicos y agua potable, mientras que el resto estaba construido de lámina, madera, asbesto cartón y similares y no contaba con servicios públicos.10 Según cifras del PNUD, para 1996 los mexicanos que carecían de agua potable eran alrededor de 15,3 millones, mientras que los que carecían de acceso a servicios de saneamiento ascendían al 50% de la población.

A esto se suman los desalojos. Con base en un monitoreo sistemático, la Coalición Habitat encontró que en 1997 se registraron más de quince mil desalojos inquilinarios, en los que resultaron afectadas alrededor de 64 mil personas, siendo el Distrito Federal donde se sitúa la mayor parte de los desalojos inquilinarios, con 27% del total nacional.

La situación política que vive el estado de Chiapas a partir de 1994 ha llevado a que la población desplazada por conflictos armados sea de más de 16 mil personas. Polhó es el municipio que recibió más población, se calcula que entre 6 y 10 mil desplazados, y Chenalhó es el municipio chiapaneco que ha expulsado a una mayor población, con 38 de 52 caseríos. Mientras, en el estado de Guerrero, a consecuencia de la incursión del Ejército Federal en el Municipio del Charco en junio de 1998, alrededor de 1.300 personas tuvieron que abandonar la localidad por temor a las represalias.

Salud

A pesar de que la salud es un derecho constitucional básico, las estadísticas dejan ver que en cuestión de mortalidad infantil a nivel rural no se consiguió reducir la tasa de mortalidad de 26 por mil nacidos vivos.

Así como la situación económica se hace más polarizada, el problema de acceso a servicios médicos empeora en las áreas rurales pobres y aisladas. La cobertura en estas zonas no ha crecido al mismo ritmo que el de la población y sus necesidades. Los médicos más calificados se concentran donde los salarios y las condiciones de trabajo son mejores: las zonas urbanas. También es importante notar que hay un problema cultural en términos de salud rural y una resistencia de la medicina occidental a aceptar a la tradicional, como parte de la realidad nacional y como una alternativa en muchas áreas rurales pobres. Las cifras en cuanto a desniveles de cobertura institucional de salud son extremas. En los sistemas de salud militar y petrolero, se cuenta con un médico por cada 220 a 280 empleados. Los sistemas para asalariados civiles de los sectores privado y público, IMSS e ISSSTE, tienen un médico por cada 700 y 600 empleados, respectivamente. Para la población en general, sólo existe un médico por cada 2.715 personas, y el Instituto Nacional Indigenista (INI) cuenta con un médico por cada 20.487 indígenas.

Las mujeres, los niños y los indígenas son los más afectados por la falta de servicios médicos. Un estudio reciente muestra que el 55% de las muertes maternas ocurren en lugares de menos de 2.500 personas. Mientras que a nivel nacional, el índice de mortalidad materna es de aproximadamente 40 por 100.000 nacidos vivos; en Chiapas es de 117. La reproducción sigue siendo un riesgo para la mujer, y está directamente relacionada con la situación geográfica y el status socioeconómico.

La desnutrición es también un síntoma de la inequidad en México. De acuerdo con la Comisión Nacional de Nutrición, en 1997 aproximadamente cuatro millones de familias (cerca de 20 millones de mexicanos) sufrían deficiencias nutricionales. Según investigadores de la Universidad Iberoamericana, la desnutrición afecta a cerca del 40% de la población (alrededor de 38 millones de personas).

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma estiman que un tercio de la mortalidad infantil se debe a desórdenes biológicos que resultan de la desnutrición. A nivel nacional, hay 10,5 muertes por cada 100.000, debido a la desnutrición. Las mujeres de áreas rurales son particularmente afectadas por la desnutrición, ya que tienden a priorizar la comida para los hijos y los maridos. Se estima que el 29% de las mujeres entre 12 y 49 años se encuentran bajas de peso. En este mismo sentido de disgregación por género, las causas más frecuentes de muerte en mujeres son por cáncer cérvico–uterino y enfermedades asociadas a la maternidad.

También es importante señalar que a pesar de los programas y esfuerzos del gobierno federal y de las cifras oficiales que dicen que en lo que va del sexenio se ha alcanzado la cobertura en salud de 93 millones de mexicanos, las enfermedades diarréicas y respiratorias aumentaron en 1998 alrededor de 10% en comparación con 1997.11

Género

A pesar de que a partir de 1996 existe el Plan Nacional de la Mujer, éste no garantiza ni la aplicación concreta de su contenido –debido a los pocos recursos con que cuenta–, ni su propia continuidad post sexenal. Esto representa un problema en cuanto a garantizar que el contenido de las políticas públicas de salud, empleo, educación, vivienda, tenencia de la tierra, puestos de tomas de decisión, industria, violencia, entre otras, contemple la problemática de las mujeres. Aunque este programa retoma la plataforma de Beijing, no ha habido encuestas exhaustivas para el monitoreo al cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados por el gobierno en la IV Conferencia.

La situación de las mujeres en lo que a empleo se refiere deja ver que en 1997 representaron el 35% de la Población Económicamente Activa, mientras que al mismo tiempo un estudio reciente de la Universidad Autónoma de México constata que la contratación de las mujeres se da en muchos casos con salarios hasta 40% más bajos que los de los hombres, además de que presentan muchas desventajas en cuanto a prestaciones y se les exige o aplica, casi en un 70% de los empleos, un certificado de no gravidez.

En lo que se refiere a violencia intrafamiliar, en diciembre de 1997 fue aprobada una ley que reconoce a los niños y a las mujeres como las víctimas más frecuentes. Además, se incluye en esta ley la violación conyugal, enorme logro después de que la Suprema Corte lo calificara tan sólo como un «ejercicio indebido de derecho».

Es de suma importancia para las mujeres la instalación de la Comisión de Equidad y Género en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Asamblea Legislativa. La lucha se centra ahora en lograr que estas comisiones dejen de tener el carácter de «Comisión Especial» y se conviertan en comisiones permanentes. En este logro se incluye a mujeres de organismos civiles, parlamentarias y activistas de organizaciones de base.

Casa y Ciudad, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia, Coalición Habitat, Comisión Mexicana de Apoyo a la niñez, DECA, Equipo Pueblo, Foro de Apoyo Mutuo, Frente por el Derecho a la Alimentación, Liga Mexicana de Derechos Humanos, Milenio Feminista, Promoción de Servicios de Salud y Educación Popular, Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio, Red Mexicana para el Cabildeo.

Notas

1 El PIB al cierre de 1997 fue de 3 billones 187 mil 447 millones de pesos, que hasta abril de 1998 había crecido en un 6%, previéndose que para fines de año sea de 4,7%. Según el INEGI, el PIB per capita fue de U$S 4.217 mensuales para 1997.

2 Diario El Financiero, 3 de mayo de 1998.

3 Sin embargo, la consulta popular no ha sido legalizada en México, habiendo ya una propuesta de iniciativa de ley por parte de Partido Acción Nacional para tal efecto.

4 Encuesta Nacional de Empleo, INEGI, 16 abril de 1998.

5 CIOAC, 27 de mayo de 1998.

6 MEJÍA, Rocío y MONROY, Mario. In: Los saldos del ajuste estructural. México: SIPRO, junio de 1998.

7 Los Trabajadores del México de hoy frente al Nuevo Milenio. Frente Auténtico del Trabajo. Primera edición, febrero de 1998.

8 Anuario Estadístico del INEGI 1990–95.

9 Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

10 Anuario Estadístico del INEGI, 1995.

11 Boletín de Epidemiología del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México, agosto 1998.