Trampas a la democracia

Aida Seif El Dawla
Centre for Trade Union Workers Services

Según estadísticas oficiales, los índices de pobreza bajaron en el país durante la década de 1990, pero aún se encuentran entre los más altos del mundo árabe. Un cuarto de la población vive por debajo de la línea de pobreza y otro 20% es moderadamente pobre.1 Se incrementa la desintegración social al mismo tiempo que se le recortan derechos a las organizaciones de la sociedad civil. Se estima que en 1996 el 7% de los egipcios vivía en situación de extrema pobreza y el 23%  por debajo de la línea de pobreza. Según una encuesta sobre la pobreza de 1990-91, el 7,6% de la población recibía menos de un dólar diario y el 51,9% menos de dos.2 Se estima que el 34% de los egipcios no tiene acceso a los servicios públicos básicos debido a la pobreza (están en situación de “pobreza de capacidades”). 

 

Extrema pobreza

Pobreza (incluye extrema  pobreza)

Pobreza Moderada

Total

1990/1991

10,9%

25%

14%

39%

1995/1996

7,4%

22,9%

25,1%

48%

Aunque no existe una fuerte relación entre la pobreza y el desempleo abierto en el país, sí está íntimamente ligada con el acceso al empleo productivo.3

Año

1960

1976

1986

1995

Tasa de Desempleo

2,2%

7,7%

10,7%

11,3%

El medio millón de puestos de trabajo que se calcula se crean anualmente no cubren las necesidades de la demanda laboral. El alto índice de desempleo ha obligado a cada vez más personas a incorporarse al sector informal,4 donde la mayor parte de los pobres urbanos son absorbidos por éste. El 27% del total de la fuerza laboral urbana (de entre 15 a 65 años) correspondía al sector informal en 1990. (Encuesta Muestra Fuerza Laboral); mientras que en 1994, su número había aumentado a 1,9 millones, es decir, 60% del total de la fuerza laboral del sector privado.

Los altos índices de desempleo hacen competir al hombre y la mujer por una cantidad decreciente de empleos públicos. En el sector privado, la mujer tiene acceso limitado a los escasos empleos disponibles o se ve obligada a acceptar condiciones laborales que se deterioran día a día. Hasta las pequeñas industrias que ofrecen le empleo dan trabajo temporario, mal remunerado y sin garantías de derechos laborales.

Ajuste estructural

Los pobres soportan la mayor proporción de los costos de la estabilización y el ajuste estructural. Mientras el 50% de los que se encuentran por encima de la línea de pobreza dijeron no haber sufrido cambios o deterioro en sus condiciones de vida desde el comienzo del ajuste, el porcentaje de pobres que dijeron haberlos vivido fue de un 76%.5

El Laithy y Osman6 muestran que el 20% más pobre de la población urbana participó del 8,4% del total del gasto urbano durante 1981/82 . En 1990/91 esta participación en el gasto bajó levemente a 8,2% y continuó decreciendo hasta 8,0% en 1995/96. El 20% más rico de la población urbana participó del 41% del total del gasto urbano en 1981/82, incrementándose a 43% en 1990/91 y a 43,5% en 1995/96. La participación en el gasto correspondiente al 10% más rico de la población excede la de la mitad de la población urbana y la del 40% más pobre de la población rural.7   

Según datos oficiales, se estima  que entre 12 y 15%  del total de los hogares son dirigidos por mujeres. Una encuesta de 1997 halló que dichos hogares son 1,3 veces más vulnerables a la pobreza que los hogares con hombres como jefes de familia en las zonas urbanas y 1,2 veces más en las zonas rurales.

Desde su comienzo, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) han estado asociados a la reducción del gasto público destinado a los servicios básicos- un aspecto del cual se van haciendo cargo cada vez más los sectores privados y las ONG.  

En 1991, el gobierno instauró el Fondo Social para el Desarrollo (FSD) para contrarrestar los efectos adversos de los PAE sobre la pobreza en Egipto. Pero al ser encarado como proyecto, el FSD excluye a quienes están incapacitados para trabajar y a quienes son demasiado pobres para solicitar y luego esperar los fondos del proyecto. Los fondos, además, están lejos de ser accesibles a los hombres y mujeres carenciados. Su utilización por parte del público es limitada dado que muchos no saben que existen. Apenas 18% de los hogares encuestados sabían que los fondos estaban disponibles y solamente 5% reconoció haber hecho usufructo de ellos. 

La salud

Según el Informe Egipcio sobre Desarrollo Humano (IEDH)8 de 1996, la inversión en salud  aumentó del 1% sobre el total del gasto público en 1990/91 a 1,5% en 1995/96, pero aún sigue por debajo del 1,8% del gasto promedio de los países de menor desarrollo.9 El 55% del gasto en salud proviene de fondos privados.10 A pesar de la baja calidad de los servicios y de la falta de infraestructura, el sector de salud financiado públicamente se mantiene como el mayor proveedor de servicios para los pobres. Se calcula que un 75,9% de la población no puede pagar los costos.11

La subvención gubernamental del sector de la salud ha sido retirada paulatinamente y los servicios médicos  del gobierno aumentaron los programas de recuperación de costos desde principios de los años 90. Estos factores, combinados con el hecho de que el gobierno fomenta el desarrollo de clínicas privadas, provocó el aumento en las tarifas de los servicios de salud privados. Se estima que sólo entre 3 y 5% de los pacientes puede acceder a ellos.12

Las mujeres pobres son las que tienen menos apoyo en el sistema de salud. A pesar de las grandes promesas y programas referidos a la planificación familiar y la salud reproductiva, el índice de mortalidad materna sigue siendo alto: 174 mujeres cada 100 mil niños nacidos vivos. Asimismo, el 22,1% de las embarazadas y el 25,3% de las mujeres con lactantes tienen anemia y más de dos tercios de los partos se llevan a cabo sin la presencia de personal capacitado. 

Educación

Cuanto más bajo es el ingreso familiar, menos se gasta en educación. El alto índice de abandono en primaria (51%) es resultado de la pobreza en el hogar y la carencia de los servicios educativos.13 Otra consecuencia de la pobreza y de la mala calidad de la educación primaria es el aumento en la exclusión de las niñas. Se calcula que alrededor de 600 mil niñas de 6 a 10 años son excluidas de la escuela primaria. Casi 81% de ellas residen en el ámbito rural, la mayoría (56%) en Alto Egipto.14

El costo de la educación es alto para los hogares pobres. El costo promedio anual de la educación por niño en familias cuyo ingreso anual es inferior o igual a £E 3.600 (USD 1.028) se estima en £E 348 (USD 99) en primaria y £E 452 (USD 129) a nivel de preparatorio.15 En comparación, el ingreso anual de un niño trabajador –calculado en £E 534– equivale al 14% de la línea de pobreza en zonas urbanas y al 17% en zonas rurales. Resulta fácil razonar por qué los niños provenientes de hogares pobres abandonan la escuela. El alto índice de abandono contribuye a que predomine el matrimonio precoz entre las niñas y también al fenómeno de los “niños de la calle”, que se ha vuelto preocupante a nivel nacional. Se estima en 1,5 millones el número de niños trabajadores de 6 a 14 años de edad que representan un promedio del 12,5% de la mano de obra. El índice de niños que trabajan es de 13%, mientras que el de las niñas es de 12%.16

Campaña contra las ONG

Con el incremento de la desintegración social en el país, se hace imprescindible tener fuertes organizaciones civiles. El gobierno egipcio admite, con algunas condiciones, el papel de las ONG en cuanto a la provisión de servicios. Sin embargo, las ONG que abogan por los derechos han visto decrecer su libertad de acción y sufren una campaña de difamación constante por parte de la prensa oficial. La sociedad civil ha sufrido nuevas restricciones legales de sus derechos a la libre asociación y a la expresión, en flagrante violación del primer compromiso de la Cumbre Social.17

El 26 de mayo de 1999, la Asamblea del Pueblo adoptó una nueva ley sobre Asociaciones Civiles e Instituciones ( Ley 153 de 1999), que limita severamente el derecho a la libre asociación, y fue ratificada ese mismo día por el presidente Mubarak. Sustituye a otra, también restrictiva, pero obsoleta debido al rápido crecimiento del sector de las ONG.

La ratificación se dio luego de dos años de acciones civiles para modificar sus disposiciones. Durante ese período, la interacción entre las organizaciones de la  sociedad civil egipcia y el Ministerio de Asuntos Sociales, llamada ‘diálogo y consulta’ por  el gobierno, careció de los requisitos mínimos que debe tener un diálogo entre socios. El gobierno nunca se dirigió directamente a las ONG; proyectos de la ley se filtraron a éstas en vez de haber sido presentados para su consulta, y las “consultas” fueron rigurosamente controladas por la Ministra de Asuntos Sociales y sus asesores. Las ONG que intervinieron en la comisión de redacción fueron nombradas por ella y no elegidas por la comunidad de ONG. 

El 12 de mayo de 1999, para sorpresa de las organizaciones civiles y parlamentarios por igual, el gabinete presentó una nueva versión de la ley a la Comisión para Asuntos Sociales y Religiosos de la Asamblea del Pueblo. Esta nueva versión era más limitante que las anteriores y, entre otras restricciones, impone como condición un permiso previo del Ministerio de Asuntos Sociales para registrar a las asociaciones.

La nueva versión ignoró las recomendaciones de la Comisión Redactora del Ministerio de Asuntos Sociales y las promesas que hiciera la Ministra en reuniones con activistas en El Cairo, Alejandría y Minya. Disposiciones favorables apoyadas por el gobierno durante reuniones anteriores fueron debilitadas en la última versión. Todas las modificaciones positivas entre la versión de la ley nueva y la existente  desaparecieron completamente. 

El 19 de mayo de 1999, quince grupos de derechos humanos y ONG de mujeres publicaron una declaración contra la nueva ley. Dijeron que sus esfuerzos durante un año y medio habían sido en vano. Cuatro mujeres activistas mantuvieron una huelga de hambre del 22 al 27 de mayo de 1999 para protestar contra las medidas restrictivas. Las activistas le pidieron al parlamento una sesión abierta sobre la nueva ley, de conformidad con una promesa que algunos parlamentarios habían hecho anteriormente ante el Foro para la Promoción de la Sociedad Civil en Egipto (conformado por 105 ONG de 12 provincias). El 24 de mayo de 1999, una declaración de los cuatro miembros de las ONG en la Comisión Redactora denunció que la versión presentada a la Asamblea del Pueblo no era la que ellos habían acordado.18

El 25 y 26 de mayo la nueva ley se debatía en la Asamblea del Pueblo mientras las ONG manifestaban pacíficamente frente al Parlamento. Durante la discusión legislativa, la ley fue severamente criticada por diputados independientes y de la oposición quienes argumentaron que comprometía los derechos civiles y las libertades políticas. A su vez, miembros del gobernante Partido Nacional Democrático y representantes del gobierno criticaron a las ONG diciendo que se debería prohibir a las que amenazan los intereses nacionales. El resultado fue la aceptación de modificaciones aún más restrictivas. 

La nueva ley limita el derecho a la libre asociación garantizado por el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (CIDCP), que fue ratificado por Egipto. Representa un retroceso en materia de protección y promoción de los derechos humanos dentro del marco del proceso de Barcelona y del Acuerdo de Asociación entre Egipto y EEUU.19 También viola el primer compromiso asumido por Egipto en la Cumbre Social.

Notas

1 Por moderadamente pobres se entienden aquellas personas que están apenas por encima de la línea de pobreza y que corren el riesgo de caer por debajo de la misma. Informe de Desarrollo Humano de Egipto, 1997/98. Instituto de Planificación Nacional.

2 Banco Mundial. Indicadores de Desarrollo Mundial, 1999.

3 Asaad R y Rouchdy M.  Pobreza y Estudios para Reducir la Pobreza en Egipto, enero, 1998.

4 Khalil, MH (1999). "Reflexiones sobre el estado de la pobreza en Egipto". Ponencia leída en la Red de ONG Árabes para el Desarrollo, Líbano.

5 Informe de Desarrollo Humano de Egipto, 1996. Instituto de Planificación Nacional.

6 El Laithy, H y Osman OM (1996). Perfil y Tendencia de la Pobreza y el Crecimiento Económico en Egipto.

7 Informe de Desarrollo Humano de Egipto, 1996, op.cit.

8 El Laithy y Osman, op.cit.

9 El Laithy y Osman, ídem.

10 LaTowsky, R.T. (1997). PVO Health Care, Egypt PVO Sector Study. Banco Mundial, Washington D.C.

11 Women’s Health, boletín de la coalición de ONG para el seguimiento de las recomendaciones de Beijing. UNICEF, marzo de 1999.

12  LaTowsky, op.cit.

13 El Baradei, M. (1995). Egyptian Children's Affordability to Education.

14 Fergany N (1995). Strategic Issues of Education and Employment in Egypt. Centro Al Mishkat de Investigación y Capacitación.

15 USD 1 = £E 3,5

16 El Baradei, op.cit.

17 Las declaraciones y comunicados a los que refiere esta sección se pueden obtener de Gasser Abdel Razek (Centro para el Derecho Hisham Mubarak, chrla@chrla.org).

18  Schade-Poulsen, Marc. Informe de una misión de derechos humanos enviada a El Cairo, mayo 26-30, 1999.

19  Schade-Poulsen, op.cit.