Crecimiento sin equidad

A inicios del siglo XXI, Chile presenta características paradojales. El país que se exhibe como paladín de la apertura económica, constata en los hechos que las medidas adoptadas no son suficientes para reactivar su economía, reducir un persistente y alto desempleo y las profundas asimetrías existentes. El sector privado no es receptivo a los estímulos monetarios y tributarios y el viejo Estado debe intervenir financiando miles de empleos de emergencia que recuerdan los momentos más duros de la década de los 80.

Las dificultades económicas impuestas por la crisis mundial son aprovechadas por el sector privado para reducir al mínimo las precarias regulaciones ambientales, obstaculizar incrementos tributarios necesarios para financiar gasto social, reducir substancialmente los alcances de una reforma laboral básica y finalmente imponer una agenda empresarial que se ha dado en llamar "agenda pro crecimiento".[1]

En este marco el gobierno se esfuerza por concretar una agenda comercial que parece marchar por un rumbo distinto a la de desarrollo. La primera ha exhibido un fuerte dinamismo, con la suscripción de variados tratados de libre comercio, no ocurriendo lo mismo con acuerdos, pactos y convenios de derecho internacional que enfrentan grandes dificultades para su implementación.

La extrema apertura comercial no ha resultado coherente con la necesaria protección de la producción enfocada al ámbito interno –medianas y pequeñas empresas y agricultura tradicional–, que son las grandes generadoras de empleo en el país. A su vez, la persistente cesantía genera inseguridad en la población, reduce la demanda e impacta negativamente en la economía, en el empleo y consecuentemente en la calidad de vida de la población: en Chile hoy se vive peor que hace treinta años.

Aun así, en la esfera oficial se insiste en una estrategia de apertura comercial acorde con las reglas de la OMC, bajo el concepto de “regionalismo abierto”, impulsada desde el comienzo de los años 80 y continuada en los 90. Si bien Chile ha logrado compromisos con varios países del orbe, uno de los principales objetivos es lograr un tratado de libre comercio con EEUU.

Libre comercio a todo trance

A finales del año 2000, previo a la Cumbre de MERCOSUR en Florianópolis, Brasil, Chile fue invitado a iniciar negociaciones para un TLC, por el entonces Presidente Clinton.[2] Aun cuando el gesto carecía de valor por el término de su administración, dicha invitación fue acogida. Con ello, se postergó una estrategia de articulación a nivel de MERCOSUR que hubiera permitido consensuar una posición subregional frente a las negociaciones para la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Sin embargo, y pese al esfuerzo de países como Chile y EEUU, el ALCA no ha avanzado a la velocidad esperada por sus impulsores, las sucesivas administraciones estadounidenses. En este contexto, nuestro país busca su viabilización, a través de la suscripción de tratados bilaterales como los que ya ha subscrito con Canadá, México y Centroamérica y que afanosamente busca establecer con EEUU.

Las razones que se esgrimen para un acuerdo comercial entre ambos países se fundamenta en que el país del norte es el principal destino (como país) de las exportaciones chilenas, el principal origen de las importaciones y el principal país inversionista.[3] Es necesario señalar que la balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente deficitaria para Chile, alcanzando en el 2000 a los USD 150 millones.

Buscando la sociedad con el gran hermano

Las ventas hacia EEUU siguen la regla general del conjunto de las exportaciones chilenas hacia diferentes destinos. En su mayoría se trata de exportaciones provenientes de recursos naturales (53,4%), seguidas por un 36% de manufacturas basadas en recursos naturales y sólo menos de un 10% corresponden a manufacturas no basadas en recursos naturales.

Esta relación se rompe a nivel subregional: ya que las exportaciones hacia países miembros del  MERCOSUR tienen un mayor grado de elaboración o provienen del sector servicios.[4]

Hasta ahora, los principales rubros de exportación a Estados Unidos se ubican en cuatro sectores básicos:

• agricultura (fruticultura):

  principalmente uvas y vino que constituyen un tercio de las exportaciones totales;

• minería : Un 27,1% de productos mineros, fundamentalmente cobre;

• pesca: salmones, productos del mar frescos, congelados y conservas, con una participación relativa de 15,1%;

• forestal: un 11,7% corresponden a exportaciones derivadas de esta actividad.

Con relación a las importaciones, cerca del 20% del total proceden del país del norte. En el 2000, estas alcanzaron a los USD 3.338,5 millones. De ellos, un 51,8% correspondía a productos intermedios, seguido por bienes de capital (39,5%) y bienes de consumo (8,4%).

EEUU es, lejos, el principal proveedor de las importaciones de bienes de telecomunicación e informática, por un monto que superó, en el 2000, los USD 650 millones. Los equipos telefónicos móviles constituyen 62,8% de las importaciones en telecomunicaciones y las computadoras, el 57,9% de las importaciones de bienes informáticos.

Según CEPAL, en relación a las inversiones durante los años 90, Chile captó unos USD 41.800 millones, registrando ingresos sin precedentes en áreas de recursos naturales (un 33% derivó hacia el sector minería) y servicios ( 22,6% ). De ellas, las provenientes del país del norte representaron un 29% del total recibido por Chile. Según la misma fuente, "estos ingresos de IED tuvieron un fuerte impacto sobre el desempeño exportador del país, principalmente en minería y otras áreas vinculadas a recursos naturales (forestal, agrícola, pesca)."

Deuda interna

La estrategia económica aplicada por Chile ha provocado un incremento en la concentración de la riqueza, entre otros impactos negativos que relativizarían la fórmula mágica de que mayores flujos de inversiones y exportaciones se traducen en mayor crecimiento económico y más empleos para el país.[5] Sin embargo, ello ha estado lejos de ocurrir porque tales inversiones se han concentrado en compra de empresas ya en funcionamiento, en los ámbitos de telecomunicaciones, electricidad y financiero o en recursos naturales con escaso valor agregado.

Pese al dinámico comercio internacional, el país no logra revertir situaciones de exclusión y de progresivas asimetrías socio económicas y de género, lo cual cuestiona la estrategia de "crecimiento con seguridad social" delineada para 2002.[6]

Según la ultima encuesta CASEN[7], el porcentaje de desocupación en Chile –que amenaza con ser estructural- bordea los dos dígitos, alcanzando a un 11,5% en las mujeres y a un 9,4% en hombres. Con relación a los índices de pobreza, el 20% de la población se ubica bajo la línea de pobreza, mientras que el nivel de indigencia alcanza a un 5,7%, que equivale a 850 mil personas. De ellos, el 20% de la población más pobre corresponde a 32,5% de mujeres desempleadas y a un 23,1% de hombres.

La pobreza también muestra asimetrías por regiones geográficas, con bolsones de pobreza que superan 32% y 27% (9ª y 8ª Regiones, respectivamente), panorama del cual no escapa la Región Metropolitana.[8]

En materia de distribución del ingreso, Chile exhibe una de las realidades más desiguales del planeta. El 10% de la población percibe sólo el 3,7% del ingreso nacional, mientras que el 10% más rico continúa recibiendo el 53,4% de éste.[9]

Respecto al empleo, Chile tiende a una mayor flexibilidad laboral, precariedad e informalización. Uno de los principales rubros de ocupación en Chile es la rama de servicios y particularmente los comerciales y personales. En el caso de las mujeres, el servicio doméstico alcanza a un 16%. Si bien ha habido esfuerzos hacia la formalización de este sector y de extensión de beneficios previsionales y de salud, éstos no abarcan todo el ámbito de empleo femenino y especialmente el servicio doméstico.

Otro sector deficitario es la educación, donde el aumento del gasto estatal aún resulta insuficiente para acortar la brecha de calidad entre aquélla que reciben los sectores de menores ingresos y la obtenida por los más pudientes. En materia de cobertura de la enseñanza superior, esta brecha se incrementa a 7 veces entre el 20% más rico y el 20% más pobre.

En el año 2000, 106 mil niños y niñas entre 14 y 17 años, equivalente a un 10%, dejaron de asistir a la escuela; en su mayoría (76%) pertenecen al 40% de población de menores ingresos.

Modernización del campo, precarización del empleo

En este sector se ha producido una concentración de la propiedad de la tierra[10] y paralelamente se ha mantenido la presencia del minifundio[11] con una economía campesina de subsistencia.[12] Esto ha originado un fenómeno de migración de mano de obra desde la agricultura tradicional[13] hacia la agricultura de exportación y hacia otros sectores de la economía. La agricultura de exportación ha incrementado la presencia femenina en una actividad de creciente importancia en la economía nacional.

Sin embargo, la modernización del campo ha ido acompañada de un proceso de precarización del empleo.[14] Las "temporeras", o trabajadoras de temporada, alcanzan a 200 mil personas cada año y su trabajo aporta al país USD 1.000 millones,[15] soportando precarias condiciones tanto laborales como sanitarias (expuestas a pesticidas prohibidos en sus países de origen, con gravísimas consecuencias de malformaciones fetales[16]). Pese a algunos avances en materia previsional y de salud, la situación laboral de estas trabajadoras no ha mejorado, ya que continúan impedidas de sindicalizarse y de negociar colectivamente.

A fines del 2000, el 83,6% de la población pobre residía en zonas urbanas y el 16,4% restante en zonas rurales. En cuanto a indigencia, el 79,2% se ubicaba en zonas urbanas y el 20,8% restante en zonas rurales. Sin embargo, en el año 2000 las incidencias relativas de la pobreza y la indigencia eran más altas en el sector rural ( 23,8% y 8,3%, respectivamente) que en el urbano (20,1% y 5,3%, respectivamente).

La asimetría entre la población rural y urbana también se muestra en el acceso a la educación, presentándose en los distintos niveles (preescolar, enseñanza básica y media), y agudizándose en el primer y tercer caso: en el último, la cobertura asciende a 92%, mientras que en la rural llega sólo al 76,8%.

Conclusiones

La agenda oficial se inclina progresivamente hacia las demandas empresariales, confiando en que los inversionistas nacionales y extranjeros  creen fuentes de trabajo para reactivar la economía y hacer descender los índices de desempleo.

En esta lógica, se continúa priorizando la suscripción de tratados de libre comercio, de beneficio cuestionable para el país, sobre todo al plantearse "igualdad de condiciones" entre economías profundamente desiguales.

Además, las negociaciones comerciales se rigen únicamente por las legislaciones nacionales, descartándose compromisos suscritos en el marco de Naciones Unidas y a la vez debilitando progresivamente marcos protectores internos como los controles al capital financiero. Por otra parte, estas tratativas continúan desarrollándose a puertas cerradas, sin participación de la sociedad civil, y con una sesgada información sobre los compromisos asumidos y sus implicancias.

De ahí que surja la siguiente interrogante: ¿se trata de mejorar la vida de las personas en el marco de un fenómeno de globalización equitativo, o de hacer al país más rentable al mercado externo, y más competitivo para aquellos sectores que estén en condiciones de jugar con las reglas del juego impuestas por los organismos financieros multilaterales, por más anacrónico que ello pueda parecer, en un mundo pos guerra fría? ¿Estamos en presencia de una forma posible de avanzar hacia la implementación de principios del derecho internacional, consagrados en pactos suscritos por los Estados, en una especie de “globalización de los derechos”, o la dimensión internacional abarcará sólo las reglas de la OMC? El tema sigue pendiente.