En manos del oligopolio del capital extranjero

Durante la década del 90, las políticas económicas se caracterizaron por la profundización del modelo neoliberal promovido por las instituciones multilaterales de crédito. Los servicios públicos y el sector financiero, luego de un proceso de privatizaciones, fueron oligopolizados por empresas de capitales extranjeros. La devaluación fue causada, en gran parte, por la “Ley de Convertibilidad”, que fue mantenida hasta las últimas consecuencias por el FMI y la “comunidad financiera”. La fuga masiva de capitales durante 2001 finalmente selló la suerte de Argentina.

Crisis institucional yextranjerización de la economía

El devenir de la situaciónde los derechos humanos en la Argentina durante 2002 remite, una y otra vez, alos acontecimientos de diciembre de 2001. La inédita crisis económica, políticay social que por entonces atravesaba el país dio origen a un estallido socialque determinó el fin del consenso alrededor de las políticas neoliberalesimplementadas durante la década de los 90. En el lapso de quince días sesucedieron cinco presidentes, llevando al país al período de inestabilidadinstitucional más importante desde el retorno a la democracia en 1983.

Durante la década del 90,las políticas económicas en la Argentina se caracterizaron por la profundizacióndel modelo neoliberal promovido por las instituciones multilaterales de crédito.Durante este período, el Estado argentino garantizó el mantenimiento en eltiempo de un tipo de cambio extremadamente elevado, financiado en gran medidapor un alto nivel de endeudamiento y sin relación alguna con la estructuraproductiva del país.[1]

El sector de los servicios públicosy el financiero obtuvieron una alta rentabilidad que, luego de un proceso deprivatizaciones, fueron oligopolizados por empresas privadas de capitalesextranjeros. Ello incluyó la privatización de la mayoría de los servicios públicosesenciales, tales como la energía eléctrica, el gas, la telefonía, el petróleo.El traspaso masivo de empresas públicas a manos privadas coincidió con unproceso de extranjerización de la economía que, combinada con la completaliberalización de la cuenta de capitales, permitió, sin ningún tipo derestricción, la remisión de divisas al extranjero. Esto provocó, a su vez,que actualmente haya en el exterior capitales de origen argentino por un montoequivalente a la deuda externa del país.[2]La situación devino cada vez más insostenible, y desembocó a fines del año2001 en una devaluación de casi el 75% del peso con relación al dólar.[3]

La devaluación en Argentinafue causada, en gran parte, por la “Ley de Convertibilidad”, que fijó elvalor del peso al dólar estadounidense. Este tipo de cambio inflexible,propuesto inicialmente para reducir la alta inflación, fue mantenido hasta lasúltimas consecuencias por el FMI y la “comunidad financiera” como la clavede la estabilidad. Sin embargo, el valor del peso subió simultáneamente con eldel dólar, reduciendo artificialmente el precio de las importaciones yaumentando el déficit de la balanza de pagos de tal forma que al cabo deltiempo se tornó insostenible para los inversores. La fuga masiva de capitalesdurante 2001 finalmente selló la suerte de Argentina.

Las demandas de cambioexpresadas dramáticamente por la sociedad se mantuvieron inalterables en elmarco del gobierno de transición encabezado por Eduardo Duhalde, quien se limitóa administrar la crisis, sin instrumentar soluciones alternativas a lapauperización de los derechos sociales de cada vez más amplios sectores de lapoblación.

Las variables sociales sedescontrolaron por completo, como lógica consecuencia de un procesocaracterizado por la concentración de la riqueza y el aumento inédito de lapobreza. En este sentido, la profundización del modelo socio-económico decorte neoliberal iniciado por la dictadura militar instaurada en 1976, con elapoyo y promoción de las instituciones multilaterales de crédito, provocó queactualmente la Argentina soporte la peor crisis en su historia como nación.

A su vez, la contención dela protesta social en carriles relativamente pacíficos, tal vez el único logroque podía mostrar el gobierno de transición, se hizo trizas el 26 de junio de2002. En el marco de una manifestación de los sectores más empobrecidos delsur del Gran Buenos Aires, las fuerzas de seguridad desataron una brutal represión,que fue calificada por el propio presidente como una virtual “cacería”,cuyo resultado más trágico fue el asesinato de dos manifestantes a manos deintegrantes de los grupos represores.

La agenda de la transición,por su parte, se ha circunscrito a la discusión en torno a la perpetuación delactual modelo de organización político-económico, sin que la cuestión socialocupe un espacio preponderante. La sociedad civil se encuentra completamentealejada de los espacios donde los grupos dominantes pulsean entre sí paraevitar asumir los costos de la crisis, lo que ha determinado una clara degradaciónde la calidad del sistema democrático.

En el mismo sentido, otramanifestación de la crisis institucional se reflejó en el juicio políticoiniciado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En un primer momento, elimpulso del proceso estuvo a cargo del Poder Ejecutivo, pero luego de una seriede fallos contrarios a sus intereses (que fueron calificados de extorsivos porel propio Presidente de la Nación), el juicio político se fue diluyendo, yfinalmente desestimado en octubre de 2002. Esta disputa instalada entre lospoderes del Estado alcanzó niveles ajenos a los cauces que debería seguir unproceso constitucional de tal importancia institucional, y no hizo más queagravar, tal vez sin retorno en este contexto, el desprestigio del que gozanactualmente los poderes del Estado.

Indicadoresalarmantes: pobreza e indigencia

El desarrollo de lasvariables sociales durante el año 2002 demostró que las políticas económicasimplementadas durante los últimos años no hicieron más que llevar los índicesde pobreza e indigencia a niveles incompatibles con un sistema democrático. Enefecto, a mayo de 2002 aproximadamente 18,5 millones de personas (el 53% de lapoblación total) se encontraba por debajo de la línea de pobreza,^[4]mientras que 8,7 millones (el 24,8% del total) era considerado indigente.^[5]Esta última variable experimentó un aumento del 135% en el períodocomprendido entre octubre de 2000 y mayo de 2002.^[6]

La situación es dispar enlas distintas regiones del país, ya que en numerosos aglomerados urbanos delinterior la cantidad de pobres alcanza magnitudes más escandalosas aún,llegando a un pico del 78,3% en la provincia de Formosa. Más dramática resultala situación si se tiene en cuenta que del total de pobres, 8,32 millones sonniños y adolescentes; esto significa que el 70% de niños y jóvenes de menosde 18 años vive en hogares pobres. A su vez, 4,14 millones son indigentes.

Nuevamente, la situación másgrave se verifica en el interior del país, especialmente en las provincias delNorte, donde la proporción de niños pobres alcanza al 80%, llegando al 87,7%en Formosa. Asimismo, existen otros once aglomerados urbanos donde la pobreza enniños menores de 14 años supera el 70%.^[7] Además, en Formosa, Corrientes, Posadas yConcordia, más del 50% de la población de menores de 14 años de edad, al mesde mayo de 2002, resulta indigente.[8]

Resulta incomprensibleverificar que, en un país cuya producción de alimentos alcanzaría parasatisfacer las necesidades de 330 millones de personas, alrededor de un cuartode la población (casi 9 millones de personas) pase hambre.^[9]Respecto a la tasa de mortalidad de niños menores de un año, según cifras dela Sociedad Argentina de Pediatría, en Argentina se producen 11 milfallecimientos anuales: un bebé cada 48 minutos.[10]De ese total, el 60% de las muertes se producen por causas evitables.

A la luz de este contexto depobreza e indigencia debe interpretarse, también, el significado del aumento dela población con problemas laborales. En la actualidad, según datos recientesdel Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) correspondientes a lamedición efectuada en mayo de 2002, la tasa de desempleo llegó a su récordhistórico. En efecto, actualmente la Argentina registra 3,04 millones dedesempleados, el 21,5% de la PEA. La subocupación llegó al 18,6%, es decir quealcanza a 2,63 millones de personas. Los picos más altos de desocupación seregistraron en Gran Catamarca (25,5%), Gran Córdoba (25,3%), Gran Rosario(24,3%) y Gran Buenos Aires (22%). En un año, 755 mil personas más estándesocupadas, según señala la Encuesta Permanente de Hogares que se llevó acabo en mayo de 2002 en 28 aglomerados urbanos del país.

Además, teniendo en cuentalos niveles inéditos de pobreza e indigencia, la condición de ocupado noimplica el acceso a una vida digna. Los datos del INDEC dan cuenta de que elingreso del 25,7% de los ocupados no alcanza a cubrir la canasta básica dealimentos y servicios que demanda un adulto para encontrarse por encima de la líneade pobreza. Por otra parte, a medida quela gran mayoría de los argentinos se empobrece, una pequeña fracción seenriquece sostenidamente, continuando con un proceso de concentración de lariqueza verdaderamente transformador de la estructura social existente en el país.

Eneste sentido, al comparar el decil de ingresos más pobre y más rico, este últimoes hoy 33,6 veces mayor que el primero. Es decir, que mientras que el 10% máspobre de la Argentina se apropia del 1,1% del ingreso, el 10% más rico se quedacon el 37,6%.^[11] Esta brecha es, probablemente, la mayor de lahistoria en la Argentina, y explica en gran parte el cuadro de desintegraciónsocial que afecta actualmente a nuestro país.

La crisis en el sistemasanitario

Durantelos últimos meses del año 2001, se desencadenó una crisis sanitaria sinprecedentes en nuestro país, que se fue agravando durante el transcurso del año2002. Esta vino a complementar trágicamente el cuadro de desnutriciónque afecta principalmente a niños y ancianos.

Lafalta de provisión y acceso a medicamentos y el desabastecimiento de insumos básicosen los hospitales públicos fueron, tal vez, los elementos más importantes ynotorios que pusieron en evidencia la crisis socio-económica que transita laArgentina. A ello debe agregarse la reaparición de enfermedadesasociadas a la pobreza que habían sido erradicadas hace años.

Elprimer síntoma de esta profunda crisis se hizo visible cuando una gran cantidadde ciudadanos no pudo acceder a los medicamentos indispensables para tratar susdolencias. Por un lado, la imposibilidad de las obras sociales más importantesde afrontar las deudas con sus prestadores implicó la suspensión de la atencióna sus afiliados por parte de las farmacias. Por otro, la devaluación del pesocon respecto al dólar y la incertidumbre acerca de su valor generó conductasespeculativas por parte de laboratorios, droguerías y farmacias, que provocaronun aumento exorbitante en los precios de los medicamentos.

En segundo lugar, el yadeteriorado sistema de atención de la salud en hospitales públicos – que enlos últimos años debió hacer frente al incremento de la demanda debido alaumento de los niveles de pobreza e indigencia – colapsó por eldesabastecimiento de las reservas de antibióticos, corticoides y drogasimprescindibles para el tratamiento de pacientes trasplantados, oncológicos yenfermos de HIV/SIDA, etc. También se acabaron las reservas de todo tipo deinsumos básicos, desde guantes plásticos y materiales de esterilización hastacargas de oxígeno. La situación es de tal gravedad que muchos hospitales hanimplementado un sistema de trueque de insumos para garantizar su funcionamiento.Asimismo, se han iniciado numerosas acciones judiciales tendientes a normalizarla provisión de medicamentos y la continuidad de los tratamientos.

El asistencialismo delgobierno como respuesta

Como respuesta a esta gravísimasituación social, el gobierno implementó una serie de programas sociales querepiten la perspectiva asistencialista que direccionó las políticas públicasde la última década. No se discute la forma de combatir a la pobreza sino tansólo de qué manera contener a los pobres, por lo que la redistribución delingreso y el respeto estricto de los derechos sociales son tópicos ausentes deldiscurso oficial.

En este sentido, y con el finde garantizar el “derecho de inclusión familiar” (sic), en el mes de abrilde 2002 se lanzó el Programa de Jefes de Hogar, cuya cobertura consiste en laentrega de ARS 150 (alrededor de USD 40) que reúnan determinados requisitos.

Cabe señalar que dichoprograma estableció una fecha de corte para la inscripción de solicitantes, loque impidió a muchos individuos acceder a sus prestaciones. Por otra parte, lavigencia del mismo se extiende exclusivamente hasta el 31 de diciembre de 2002,circunstancia que genera una gran incertidumbre sobre su continuidad.

El plan social diseñado porel Gobierno Nacional no alcanza siquiera a cubrir la mitad de las necesidades básicasalimentarias de una familia tipo. Según las propias mediciones oficiales, elvalor de la canasta básica alimentaria correspondiente a dos adultos y dos niñosascendía, al mes de septiembre de 2002, a un monto de ARS 324,06 (USD 86).

Puede concluirse entonces queel programa implementado a nivel nacional no tiene como objetivo combatir lapobreza mediante una estrategia que apunte seriamente a una distribuciónequitativa del ingreso, sino que tan sólo se ha transformado en un paliativoasistencial destinado a disminuir la magnitud del conflicto social.

Porúltimo, la intervención del Gobierno Nacional para paliar el déficit delsistema sanitario ha sido a todas luces insuficiente. La crisis sanitaria esotra muestra de la debilidad e incapacidad de las instituciones argentinas parahacer frente a las violaciones de derechos humanos básicos, como la vida y lasalud.

Losmedicamentos fueron desposeídos de su carácter social y se convirtieron ensimples mercancías, sujetas a las leyes de la oferta y la demanda, mientras quelos responsables políticos de garantizar la salud a toda la población sóloatinaron a tomar medidas aisladas que en su mayoría se transformaron – a losumo y hasta el momento – en un decálogo de buenas intenciones.

En suma, el gobierno omite ladefinición de políticas económicas duraderas y responsables que prioricen laigualdad sustancial y la plena realización de los derechos sociales, únicomodo de reconstruir una democracia verdadera. En este sentido, el año 2002 haimportado un avance en el proceso de desintegración social que pone en serioriesgo la viabilidad de la Argentina como nación, tanto presente como futura.