La desregulación de servicios: delito corporativo y restricciones para los pobres

Steve Suppan
Institute for Agriculture and Trade Policy

Aunque la actividad delictiva en las industrias privadas de servicios ha sido un factor importante en la recesión actual, la industria de los servicios sigue orientando la posición negociadora de Estados Unidos en el GATS. Estas industrias mantienen el objetivo de controlar los activos públicos de los servicios y de globalizar sus prácticas, incluso cuando todos los días surgen escándalos nuevos. El plan del presidente Bush para ayudar a los pobres en EE.UU. impone una variedad de normas rigurosas que exigen que los beneficiarios de la ayuda social trabajen más a cambio de menores beneficios.

Desregulación corporativay delitos

Desde el último informe deSocial Watch, la prensa de EE.UU. publicó casi a diario artículos sobre elprocesamiento penal, sanciones civiles o fallos de leyes administrativas contrauno o más de los asesores corporativos del GATS. La proporción del mercadocapturada por los infractores de leyes y normas en los servicios financieros,los servicios de energía, las telecomunicaciones, etc., es enorme. Aun mayoresfueron sus “declaraciones incorrectas” de ganancias en los años 90,reveladas por la caída de Enron y otras firmas.

“En los últimos seis años,los inversores han perdido USD 200 mil millones, según 783 auditoríasnegativas realizadas en firmas que exageraron sus ganancias, y este tipo deincidentes se duplicó entre 1997 y 2000.”[1]Todavía quedan por calcularse los costos que la conducta delictiva corporativageneró para los trabajadores, clientes, contribuyentes, jubilados, gobiernos yaquellos que perdieron sus empleos, además de las consecuencias trasnacionalesque generó la exageración de presuntas ganancias debido a la desregulacióncorporativa en las privatizaciones recomendadas por el Banco Mundial en los años90.

 Aquíno hay crisis de gestión de gobierno

A pesar de la dudosaprocedencia de gran parte del asesoramiento corporativo que recibieron losnegociadores comerciales de EE.UU. en el GATS, no se produjo un debate públicoacerca de la “crisis de la gestión de gobierno de la política comercial”entre quienes fomentaron la liberalización de los servicios y la autorregulacióncorporativa. El resumen de la propuesta para el GATS sigue abogando por una“presencia comercial” mundial que limite la regulación gubernamentalconsiderada onerosa para el comercio. Muchas de las principales firmas quedefienden dichas disciplinas mantuvieron prácticas de creación y provisión deservicios que, instigadas por la desregulación gubernamental, hicieron muchopara provocar la actual recesión económica en EE.UU. Por ejemplo, WilliamGreider ha escrito acerca de la industria de los servicios financieros que “lafusión de bancos comerciales y casas de inversión de Wall Street, ratificadapor el Congreso en 1999 y legalizando los nuevos conglomerados financieros comoCitigroup y J.P. Morgan Chase, ya ha producido los mismos escándalos denegocios en provecho propio e inversores timados que condujeron a la separaciónjurídica de estos dos ámbitos hace 70 años por la ley Glass-Steagall.”[2]

Sin embargo, no existenpropuestas legislativas para impedir el tipo de prácticas comercialescertificadas como “legales” y “normales” por bancos, firmas contables yabogados en sus tratos con Enron, Global Crossing, WorldCom y otras. Aparte derespaldar la redacción de leyes nuevas y de iniciar investigaciones paraprocesar el delito más difícil de comprobar – el fraude – el gobierno deBush aún no ha superado su repulsión a ejercer la regulación gubernamentalsobre las corporaciones. El gobierno incluso intentó debilitar el texto noobligatorio sobre responsabilidad corporativa incluido en la Declaración Políticade la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. La resistencia a la reforma esespecialmente feroz en la industria de los servicios financieros, donde elincumplimiento de las normas federales sobre conflicto de intereses fuefacilitado por la subfinanciación sistémica de la Comisión del Mercado deValores (Securities and Exchange Commission, SEC) y otras autoridades normativaspor parte del Congreso en respuesta a la presión de la industria. Las empresasbuscan desesperadamente llegar a un acuerdo con la SEC para evitar unareestructura fundamental de la industria de los servicios financieros.

En lugar de reformar lasdisciplinas y objetivos de la liberalización de los servicios, los negociadorescomerciales buscan “asegurar” las ventajas para sus clientes de la industriade los servicios. Al mismo tiempo, ignoran el equivalente de la diligenciadebida corporativa de los negociadores, incorporado como un requisito del GATSen el artículo XIX.3, para realizar una “evaluación del comercio deservicios en términos generales y sobre una base sectorial”.[3] Aparentemente, la estrategia negociadora es “asegurar” nuevasdisciplinas del GATS en forma irreversible antes de que el alcance y las causasde la corrupción financiera se conviertan en asunto de conocimiento público enlas demandas judiciales.

Inflexibilidad hacia lospobres

Por supuesto, no toda ladesregulación de la industria de servicios ha tenido consecuencias delictivas.Sus propulsores siguen considerando la regulación como una amenaza para laprosperidad: “La única amenaza importante y vigente para la continuidad de ladesregulación es una consecuencia del colapso de Enron: la amenaza de unacreciente regulación de la contabilidad, la gestión corporativa y el mercadode valores”.[4]Esta postura a favor de la desregulación tiene gran peso en el gobierno. Estono es en sí delictivo, pero ha profundizado las dificultades económicasenfrentadas por millones de ciudadanos. Por ejemplo, la negativa del presidentede la Reserva Federal, Alan Greenspan, a disciplinar la volatilidad y laespeculación del mercado de valores, haciendo más estrictos los requisitospara otorgar crédito a los inversores, fue sumamente perjudicial para la economía.

El retorno de los índicesaccionarios a los niveles de precios de 1998 erosionó gravemente muchos ahorrosjubilatorios y contribuyó con el incremento del desempleo, calculado en agostode 2002 en 5,7% de la fuerza laboral del país. Sin embargo, esto subestima elalcance del problema, porque la información que maneja el gobierno sobre eldesempleo se basa principalmente en aquellos que solicitan prestaciones pordesempleo. Debido a los recortes del seguro de paro, el número de trabajadoresque se quedan sin prestaciones antes de hallar otro empleo se ha duplicado enlos últimos dos años.[5]El aumento del desempleo y el consecuente descenso del consumo tuvo severasconsecuencias para los gobiernos estaduales que respondieron a los grupos depresión corporativa recortando los impuestos en USD 35 mil millones de 1993 a1999. Los 50 gobiernos estaduales carecen de reservas suficientes paraproporcionar los servicios públicos básicos durante una recesión.

La situación financiera delos gobiernos estaduales no había sido tan mala desde los recortes impositivosdel gobierno de Reagan. “La situación fiscal de los estados, en decadenciaantes de los atentados del 11 de septiembre, se aproxima rápidamente al estadode crisis. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estaduales, losingresos de 43 estados son inferiores a lo estimado, y 36 estados yaplanificaron o aplicaron recortes en los servicios públicos.”[6]Pero estos programas – que proporcionan alimentos, dinero, atención médica ycuidado de los hijos a personas de bajos ingresos – son uno de los medios máseficaces para asegurar el consumo, fomentar la actividad económica estadual yreducir la volatilidad económica. Por otra parte, los enfoques por “goteo”,como la reducción de impuestos a las personas de altos ingresos y lascorporaciones, son muy ineficaces a la hora de generar actividad económica,especialmente entre las personas de bajos ingresos.

La crisis presupuestal de losestados será agravada por el masivo recorte impositivo del gobierno de Bush,aprobado en junio de 2001, que comenzará a reducir la distribución de ingresosfederales a los estados este año y que habrá de acelerarse en los próximos, amenos que sea revocado. El éxito de las gestiones de la industria de losservicios contra los impuestos en la mayoría de los servicios también perjudicóa los ingresos estaduales, dado que el estado promedio depende de los impuestosestaduales en aproximadamente 40% de sus ingresos.

El 26 de febrero de 2002, elgobierno de Bush reveló su plan para reautorizar la Ley de Reconciliación dela Responsabilidad Personal y la Oportunidad de Trabajo. Esta ley de seguridadsocial de 1996 exigía a los padres que trabajaran para recibir prestacionessociales de los programas estaduales, pero la reducción en el número de casosque reciben ayuda social de los estados hizo disminuir el número debeneficiarios bajo programas de “workfare”, o del trabajo a cambio deprestaciones, a 6,5% del total de receptores de ayuda de seguridad social. Elplan de Bush exigirá que el 70% de los beneficiarios estaduales, en gran medidamadres solteras con hijos, trabajen 40 horas semanales a cambio de salarios queprobablemente no cubran el costo creciente del cuidado de los hijos. El plan deBush seguirá aplicando rigurosas reglas de cumplimiento de la seguridad social,recortando los subsidios a las familias si uno de los padres deja de asistir auna reunión con un empleado de la asistencia social. Mientras el gobierno deBush exige “flexibilidad” para la regulación corporativa y la capacidad delos administradores del gobierno para contratar y despedir empleados, se muestrainflexible cuando se trata de los ciudadanos, residentes o inmigrantes máspobres.

El enfoque de “porque tequiero te castigo” hacia la pobreza, incluido en la ley de seguridad social de1996, rebajó el número total de personas que reciben asistencia en un 50%entre 1996 y marzo de 2001. Sin embargo, un informe que el gobierno sometiera alCongreso el 3 de junio de 2002 mostró que sólo un tercio de la reducción sedebió a que las familias ganaban lo suficiente para salir del (bajísimo)umbral federal de la pobreza.[7]Entre otras razones para el descenso del número de casos se incluyen ladescalificación de los receptores debido a la infracción de normas y a que losfuncionarios correspondientes no informaban a los pobres de los beneficios a sualcance. Según un estudio de 1999, un 20% del número de casos sencillamentehabía “desaparecido”.[8]Para aquellos que permanecieron en los programas de seguridad social, para enerode 2000, los beneficios en ayuda monetaria y alimentaria “para una familia típicade tres personas [es decir, una madre y dos hijos] había descendido a menos dela mitad de la pauta de pobreza en todos los estados, salvo seis.”[9]Es probable que estos subsidios desciendan aun más como consecuencia de lascrisis presupuestales de los estados y las restricciones más rigurosasimpuestas por el gobierno de Bush a los subsidios sociales.

Una perspectivapresupuestal desde los derechos humanos

A medida que aumenta el númerooficial de pobres, los estados han recibido mayores responsabilidades peromenores recursos para suministrar los servicios básicos a los pobres. Losintentos de privatizar los servicios públicos orientados a ayudar a los pobresfueron limitados por la falta de interés del sector privado: los servicios noson lo suficientemente lucrativos. En las últimas dos décadas se produjo laerosión del empleo en el sector público a medida que los gobiernos federal,estaduales y municipales otorgaban a los contratistas privados las oportunidadesde inversión en servicios más lucrativos, como el transporte hacia y desde lossuburbios adinerados, dejando los servicios de los mercados menos lucrativos alsector público. Incluso se permite a firmas con reiteradas violaciones a lasleyes federales, malos antecedentes y procesos penales licitar para podercontrolar activos públicos.

A los administradores delgobierno se les convenció de que la privatización es una forma de reducir loscostos asociados con mejores salarios, beneficios de salud y jubilaciones paralos trabajadores del sector público, particularmente para aquellos sin un títulouniversitario, comparados con los trabajadores del sector privado en las mismascategorías. Un estudio demostró que “para las mujeres sin títulouniversitario, las ocupaciones ‘en riesgo’ de privatización constituyen63,9% de los empleos del sector público, como las trabajadoras de la atenciónmédica y la atención infantil, las empleadas de los servicios de alimentacióny el personal de oficina y administrativo”.[10]La privatización de estos empleos del sector público, escasamente remunerados,y el retiro de sus beneficios sanitarios y jubilatorios podría ahorrar dinero acorto plazo en la provisión de los servicios, pero llevaría a los trabajadoresmás cerca de la línea de pobreza en los empleos del sector privado sinbeneficios. Según cifras del gobierno para 1998, aproximadamente 69% de losempleos del sector público tenían seguro médico, comparado con el 47 % en elsector privado.[11]Una sola emergencia médica podría empujar a los trabajadores recientementeprivatizados a la pobreza. La Oficina del Censo informó el 30 de septiembre de2002 que “el 14,6 % de los estadounidenses – 41,2 millones – carecían deseguro médico en 2001, lo cual fue un incremento frente al 14,2 %, o 39,8millones, en 2000.”

No hay indicio de que lasprincipales potencias comerciales de la OMC tengan la intención de cumplir laregla del GATS y realizar una evaluación antes de exigir el cumplimiento de loscompromisos. Sin embargo, existen otras iniciativas de derechos humanos sobreprovisión de los servicios públicos que podrían tener mejores perspectivas deéxito, al menos a los niveles estadual y municipal de gobierno. Un enfoque hasido el de analizar los presupuestos gubernamentales en función de lasobligaciones de los gobiernos para cumplir con los compromisos de derechoshumanos. Los defensores de incorporar un marco de derechos humanos a laformulación y el análisis de presupuestos son muy conscientes de la oposicióna su proyecto, especialmente la del “excepcionalismo de EE.UU.”, o sea, ladoctrina que señala que las leyes aplicables a los demás gobiernos no seaplican a EE.UU. No obstante, se espera que si los presupuestos de esos paísesque han ratificado el Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos,Sociales y Culturales pueden adoptar un marco de derechos humanos, dicha adopcióntenga un efecto civilizador en el gobierno de EE.UU.

Notas:

[1] David Moberg, “Enronomics 101: Business as Usual in the Disinformation Economy,” In These Times, 4 de marzo de 2002, p. 15.

[2] William Greider, “The Enron Nine: Wall Street’s Most Prestigious Firms May Have Been Involved in a Ponzi Scheme,” The Nation, 13 de mayo de 2002.

[3] Chakravarthi Raghavan, “GATS talks without mandatory assessment?” Third World Economics, No. 282; 1-15 de junio de 2002, p. 2-4.

[4] William Niskanen, “Regulatory Change over the past Quarter Century,” Regulation (Summer 2002), Cato Institute en http://www.cato.org/pubs/regulation/regv25n2/regv25n2.html#features

[5] Wendel Primus y Jessica Goldberg, “The August Unemployment Rate Masks The Severity of the Downturn and the Problems of Those Exhausting Their Unemployment Benefits.” Center on Budget Policy Priorities, 16 de septiembre de 2002 en http://www.cbppp.org/9-13-02ui.htm

[6] Kevin Carey y Iris J. Lay, “States Are Cutting Low-Income Programs in Response to Fiscal Crisis: Less Counter-Productive Options Are Available,” Center on Budget Policy and Priorities, 17 de enero de 2002 en http://www.cbppp.org

[7] “Government Data Show Welfare Reform Failure,” National Organization of Women Legal Defense and Education Fund, 17 de julio de 2002 en http://www.nowldef.org/html/news/pr07-17-02.shtml. Los umbrales de pobreza, que definen los beneficios de ayuda a la pobreza, se establecieron en 1964 por una fórmula de pobreza que el Congreso se negó a modificar para reflejar los costos actuales de la vida. Con respecto a la metodología de EE.UU. para calcular la pobreza, consultar Steve Suppan, “Estados Unidos,” Control Ciudadano, No. 3, 1999, p. 150-153.

[8] “Welfare Reform: After Five Years, Is It Working?” Op. cit.

[9] Ibid.

[10] Annette Bernhardt y Laura Dresser, “Why Privatizing Government Services Would Hurt Women Workers,” Institute for Women’s Policy Research, 2002, en http://www.iwpr.org

[11] Ibid.