Ahora la responsabilidad recae en los individuos

Areli Sandoval Terán
DECA Equipo Pueblo, A.C.

Los programas de estabilización y ajuste estructural adoptados a partir de la crisis del endeudamiento externo en 1982 han incluido la privatización total o parcial de numerosas empresas y actividades estatales en diversos sectores: industrial, financiero, agropecuario, minero, de infraestructura, de comunicaciones, petroquímico, y hasta de seguridad social. Junto a los recortes al gasto social, asociados con tendencias privatizadoras de servicios públicos y básicos, la “novedad” radica en el traslado de la responsabilidad del Estado a los particulares.

El ritmo de lasprivatizaciones en el país fue tan vertiginoso como el de las quiebrasprovocadas por el propio gobierno. Así, “de las 1.115 empresas estatales quehabía en 1983, diez años después sólo quedaban 213.”[1]Entre las empresas paraestatales vendidas se ubican tanto estratégicas comosecundarias, generadoras de utilidades como ineficientes, y muchas fueroncompradas a precios muy por debajo de su valor real.

Elproceso privatizador en el terreno de los servicios públicos ha adquiridodistintas modalidades. En primer lugar, el desmantelamiento de institucionesgubernamentales y la desregulación de la actividad que impulsaban para darlugar al libre juego del mercado. Por ejemplo, la Comisión Nacional deSubsistencias Populares (CONASUPO) que se encargaba de la comercialización degranos básicos y la fijación de precios de garantía terminó de desmantelarsedurante la década de 1990 y ha tenido impactos negativos en el derecho humano aalimentarse.  Ensegundo lugar, el traslado formal de la administración de los servicios alsector privado, como en el caso de la seguridad social y la electricidad.

Seguridadsocial: al servicio del capital privado

Mediante la reformalegislativa de 1991, el gobierno de Salinas de Gortari estableció el Sistema deAhorro para el Retiro (SAR) que convirtió los fondos de pensiones administradospor el Estado en fondos de capitalización individual y de administraciónprivada. Posteriormente, el gobierno de Zedillo impulsó la nueva Ley del SeguroSocial[2]por la que el manejo de las cuentas individualizadas de cada trabajador pasó alas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), convirtiendo los fondossociales más importantes del país en fondos financieros, y poniéndolos adisposición de los grandes grupos financieros nacionales y extranjeros. Lareforma también afectó los servicios médicos, el aseguramiento por riesgos detrabajo, las guarderías y otras prestaciones, al promover la subrogación ocontratación de servicios con el sector privado y al restringir lasprestaciones sociales por su traslado al seguro de guarderías.[3] 

Comoseñala el Informe Alternativo sobre la Situación de los Derechos Económicos,Sociales y Culturales en México, el gobierno mexicano ligó el desarrollo delsistema de seguridad social al interés del capital privado, reformando suesencia solidaria, de  ayudaintergeneracional, reparto y subsidiaridad pública por una de corte mercantilque atenta contra un conjunto de derechos sociales garantizados tanto pornuestra Constitución,[4]como por el Pacto Internacional de DESC.[5]

Las consecuencias de estareforma “parecen configurar un juego de suma cero, donde el gobierno y elsector financiero ganan, mientras la mayoría de los asegurados yderechohabientes, en especial aquellos en los niveles de menor ingreso y másdesprotegidos, corren un alto riesgo de perder.”[6]Adicionalmente, se trata de una medida regresiva en términos de derechoshumanos, ya que provocó la pérdida de derechos adquiridos, por ejemplo, alaumentar el número de semanas de cotización para poder obtener pensión porvejez y edad avanzada.

Ahora bien, ¿cuál es latendencia de la seguridad social en la presente administración? Por un lado, nose han atendido las necesidades de ampliación de cobertura y mejoramiento en lacalidad de los servicios, y se ha seguido recortando el gasto público en estesector. La entrada a la seguridad social sigue siendo la participación en elmercado formal de trabajo.[7]

Por otro lado, lasautoridades del sector salud destacan que  esindispensable un proyecto de reforma de la seguridad social que detenga eldeterioro de los organismos públicos por su insuficiencia financiera paraenfrentar el costo de las pensiones, de cara al aumento de la esperanza de viday el marcado envejecimiento relativo. Poco dicen del deterioro salarial, eldesempleo y los recortes al gasto social que también presionan su sistemafinanciero. Santiago Levy, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha señalado que este instituto “perderá sucapacidad de operación dentro de 10 años porque todos los recursos se van adedicar a pagar las pensiones y no vamos a tener dinero para pagar medicamentos,guarderías o cualquier otro programa adicional.”[8]Por el lado de las propuestas incluso ha planteado la necesidad de reducir “encierta forma” algunos beneficios, incrementar “de manera gradual y prudentela edad mínima de retiro de los trabajadores” o explorar “cuidadosamente”la opción del coaseguro o copago.[9] 

En este marco se inscribe elpaulatino y silencioso proceso de privatización de los servicios de salud en México,como parte de las reformas estructurales dictadas por la institucionesfinancieras internacionales. Las modalidades de esta privatización son: 1) elpago por el servicio público; 2) la subrogación de los servicios auxiliares;3) formas gerenciales de administración y financiamiento; y 4) venta de activoso de servicios. La modalidad más importante en nuestro país es “la atenciónmédica amparada por seguros privados. El objetivo central es resolver losproblemas de salud de la manera más radical ofreciendo a la iniciativa privadaun mercado rentable y garantizado”.[10]¿Cuál es el motor de este proceso? Es la “descapitalización y deterioro dela seguridad social y la presentación de una oferta de soluciónindividualizada”.[11]

 Ladescapitalización del sector se ha venido dando con la disminución delpresupuesto en ciertos rubros de la atención de la salud y con los recortes algasto social ante la baja de los precios del petróleo. De acuerdo con cifras dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 1999 se aplicaronrecortes de MXP 1.693 millones (USD 178,72 millones) al IMSS y de MXP 97millones (USD 10,24 millones) al ISSSTE. En el año 2000 los recortes fueron deMXP 100 millones (USD 10,11 millones) a la Secretaría de Salud, MXP 700millones (USD 70,80 millones) al IMSS y MXP 300 millones (USD 30,34 millones) alISSSTE. Durante 2002, el recorte al IMSS fue de MXP 2.500 millones (USD 245,94millones).

Asimismo, la Subsecretaríade Egresos de la SHCP sostiene que en los próximos años “será difícil quehaya más recursos públicos para el sector salud.”[12]Pero esta insuficiencia de recursos es sólo un mito; basta constatar lasprioridades gubernamentales en el presupuesto de egresos de la federación; porejemplo, los recursos para la prevención y el control de VIH/SIDA norepresentan ni el 1% de todo lo que el gobierno ha invertido en el rescatefinanciero de la banca privada desde 1995,[13]sin embargo, el presupuesto se recortó de nuevo en 2002. Y en medio de estepanorama, el Secretario de Salud, Julio Frenk, ha mencionado en varias ocasionesla posibilidad de establecer un “seguro popular” generalizado, que dependeríade la capacidad de pago de las familias. La propuesta gubernamental, aunque aunno está elaborada en detalle, resulta preocupante, ya que no ampliaría lacobertura del servicio público actual sino que trasladaría el costo a losparticulares. Es decir, el seguro popular no se presenta como un derecho, sinocomo una mercancía que se adquiere si se tiene con qué comprarla. En uncontexto de pobreza y pobreza extrema como la que se vive en México, lasfamilias no tienen “sobrantes” para destinar a un seguro de esa naturaleza.

La descapitalización dela electricidad

Desde 1995, en la Estrategiade Asistencia al País (CAS) del Banco Mundial (BM) ya se contemplaba y promovíala privatización de la industria eléctrica nacional. Se consideró la ayuda técnica para la privatización de infraestructura como un áreaestratégica clave y se aprobaron USD 30 millones para este proyecto en 1995.En el Informe de Avance del CAS 1998, el BM hizo un llamado a la acción delgobierno mexicano para privatizar los sectores eléctrico y petroquímico, comocondición para  la ayuda económicainternacional y el apoyo de garantía del BM para la inversión privada en el país.[14]El CAS de 1999 destacó que en la agenda pendiente estaba la privatización dealgunos sectores como el de electricidad.

Asimismo,en la Carta de Intención y el Memorando de Políticas Económicas y Financierasdel gobierno mexicano enviados al FMI en junio de 1999, se especificaba (párrafo9) que “El gobierno contribuirá al aumento de la inversión a través de susplanes para expandir la infraestructura básica, incluyendo coinversiones con elsector privado y con la participación de este sector en áreas anteriormentereservadas al Estado, como la generación de electricidad... De ahí que elgobierno haya enviado una propuesta al Congreso para dar espacio a lacompetencia en el mercado de la electricidad y atraer inversión privada a laindustria eléctrica.”[15]

Dicha iniciativa fueexitosamente detenida por una amplia oposición social y sindical. Sin embargo,el actual gobierno mantiene las intenciones, y aunque al interior del país, elPresidente Vicente Fox promete que la industria eléctrica no se privatizará,el ofrecimiento ha sido reiterado a los inversionistas extranjeros en variasoportunidades. Las posibles consecuencias de una mayor y determinante inversiónprivada en este sector son, entre otras, el incremento en las tarifas eléctricas,la afectación de derechos laborales, y por supuesto, la pérdida de controlsobre una industria estratégica para el desarrollo del país. Además, comosostienen especialistas en el tema, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)y los sectores democráticos del Sindicato Único de Trabajadores Electricistasde la República Mexicana (SUTERM), la industria eléctrica no está en unacrisis tal que haga indispensable su privatización. Lo que sucede es que elgobierno también la ha venido descapitalizando con recortes sistemáticos algasto público en los últimos años. Vale la pena destacar que durante más de50 años esta industria nacional ha estado en expansión, demostrando capacidady eficiencia.

Conclusión

El Estado mexicano continúadesentendiéndose de la protección social a la que está obligado en términosde derechos económicos, sociales y culturales, mientras que el proceso deempobrecimiento de la población avanza y las desigualdades se acentúan. Encifras oficiales, para 1995 el 42% de la población mexicana (40 millones depersonas) vivía en la pobreza, y para el año 2000, el 53,7%,[16]lo que representa el 45,9% del total de los hogares mexicanos, y de éstos,60,7% está ubicado en las zonas rurales y 37,4% en las zonas urbanas. En tan sólo cinco años, aumentó en más de10 millones el número de personas en situación de pobreza.

Cuadro 1.- Proporción depoblación pobre en México, 2000 (% del total de personas)

 

Pobreza alimentaria

Urbana

Rural

Nacional

12,6

42,4

24,2

 

Pobreza de capacidades

Urbana

Rural

Nacional

20,2

50,0

31,9

 

Pobreza de patrimonio

Urbana

Rural

Nacional

43,8

69,3

53,7

Fuente:Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría deDesarrollo Social.

Frente a esta alarmantesituación, ¿qué hace el gobierno de Vicente Fox? No redefine la políticaeconómica, sino que acentúa el ajuste estructural incluyendo los recortes algasto social asociados con tendencias privatizadoras de servicios públicos y básicos,mientras reduce la política social al impulso de una estrategia y un programade combate a la pobreza que conserva el enfoque compensatorio, focalizador yprimordialmente asistencial de la administración anterior. Finalmente, se tratadel mismo corte compensatorio en la política social, aunque con un ingrediente“novedoso” encabezado por el propio presidente de la República: la promociónde un desarrollo humano – que no social – a partir del traslado de laresponsabilidad del Estado a los particulares, favoreciendo un esquema de“teletón” que impulsa a la labor filantrópica de fundaciones privadas parasatisfacer necesidades básicas en vez del diseño y aplicación de las políticaspúblicas respectivas.

Notas:

[1] José Agustín. Tragicomedia mexicana 3. La vida en México de 1982 a 1994. México: Editorial Planeta, 1998, p. 192.

[2] En vigor desde julio de 1997.

[3] Basado en el análisis de Asa Cristina Laurell. No hay pierde: todos pierden. Lo que usted necesita saber sobre la nueva  ley del Seguro Social. Instituto de Estudios de la Revolución Democrática-Coyuntura, 1996.

[4] Fracción XXIX del artículo 123 sobre la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

[5] Artículo 9 sobre el derecho de toda persona a la seguridad social, en vigor para México desde 1981.

[6] Ma. de Lourdes Fournier y Pedro H. Moreno. “Los problemas de la reforma zedillista de la seguridad social”, en: Enrique Valencia Lomelí, coordinador. A dos años: la política social de Ernesto Zedillo. Red Observatorio Social, México, 1997, p. 202.

[7] Las instituciones de seguridad social, Instituto Mexicano  del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), prestan servicios médicos y de protección social al 56,6% de la población total, compuesto por: 14,9 millones de trabajadores en activo del IMSS e ISSSTE, 2,3 millones de jubilados y pensionados (1,9 millones del IMSS y 411 mil del ISSSTE), 35 millones de familias de ambos grupos beneficiarios. Fuente: Dirección de Análisis Económico. Consultoría Comunal. La Jornada, 17 de junio de 2002, p. 3.

[8] Ciro Pérez Silva y Miriam Posada. “El IMSS, en riesgo de perder su capacidad operativa: Levy.” La Jornada, 24 de septiembre de 2002, p. 12.

[9] Declaraciones en el marco de la reunión anual de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Ciudad de México, 7 de octubre de 2002.

[10] www.unam.mx/prolap/maingmex.html (síntesis por Thais Maingón y Cristina Torres del estudio de caso encomendado por la Organización Panamericana de la Salud a Asa Cristina Laurell y María Elena Ortega en 1991).

[11] Ibid.

[12] Angélica Enciso L. “Necesaria, la participación privada en servicios de salud: Hurtado López”. La Jornada, 30 de julio de 2002, p. 3.

[13] www.shcp.gob.mx y La Jornada, 5 de junio de 2002, p. 48, sección Sociedad y Justicia.

[14] Sonia Del Valle. Servicio Diario de Información de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, A.C., 18 de febrero de 1999, cuyo sitio en internet es http://www.cimac.org

[15] www.shcp.gob.mx

[16] La información más reciente con que cuenta el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, Secretaría de Desarrollo Social, es del año 2000. Por otra parte, el experto Julio Boltvinik, asegura que la proporción es mayor, entre el 70% y 75%.

Coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Programa Diplomacia Ciudadana, DECA Equipo Pueblo, A.C.