La corrupción y la mala administración amenazan a las fábricas de yute

Atiur Rahman; Ismail Hossain
Unnayan Shamannay

El sector del yute dominó la economía con respecto a la producción del sector manufacturero, al empleo y a los ingresos de divisas. En el momento de la independencia, contribuía con el 87% de los ingresos totales por concepto de exportación de mercancías. El cambio de gobierno en 1975 allanó el camino para un cambio en la política de nacionalización y se inició el proceso de privatización. Este informe analiza el impacto que tuvieron la nacionalización y posterior privatización de las fábricas procesadoras de yute en la economía nacional y en los trabajadores del yute.

Bangladesh conquistó la independencia el 16 de diciembre de 1971, tras una guerra de liberación de nueve meses que devastó gran parte de la infraestructura del país. Un número importante de empresas industriales y comerciales resultaron dañadas y fueron abandonadas por sus propietarios paquistaníes, lo cual creó un vacío administrativo. Ante esta difícil situación, el gobierno intentó echar a andar las ruedas del comercio y la industria emprendiendo la administración de las mismas por su cuenta. Asimismo, la ideología socialista de la Liga Awami en el poder condujo, en marzo de 1972, a la nacionalización de los sectores de las industrias, la banca, las finanzas, el transporte y las comunicaciones. En consecuencia, el Estado llegó a poseer el 92% de los bienes fijos del moderno sector industrial. Como parte del programa se nacionalizaron las 77 plantas procesadoras de yute del país. El sector del yute dominó la economía en cuanto a la producción del sector manufacturero, al empleo y a los ingresos de divisas. En el momento de la independencia, contribuía con el 87% de los ingresos totales por concepto de exportación de mercancías.

Se ha argumentado que la nacionalización se realizó con poca preparación para lograr una administración eficaz de las industrias nacionalizadas. La falta de una buena administración y autonomía operativa, una estructura salarial rígida, políticas de control de precios, la corrupción y otros problemas hicieron que las empresas estatales fueran deficitarias. Estas entidades dependían de enormes subsidios estatales, que resultaron ser muy costosos. En estas circunstancias, el cambio de gobierno en 1975 allanó el camino para un cambio en la política de nacionalización, y se inició un proceso de privatización.

Las empresas nacionalizadas respondían a intereses políticos y alimentaban la corrupción

Los críticos sostienen que la nacionalización se había realizado mecánicamente sin prestar atención alguna a la capacidad del sector público para dirigir las fábricas. Como se mencionó anteriormente, los principales cargos patronales quedaron vacíos, como resultado del éxodo de los administradores paquistaníes durante la guerra. Los cargos fueron ocupados por funcionarios de mediano nivel y, en algunos casos, hasta por administrativos. Las fábricas de yute nacionalizadas tuvieron desde el comienzo una administración mediocre.

Tras la nacionalización, las autoridades oficiales, la patronal de las fábricas y los Agentes de Negociación Colectiva comenzaron a apropiarse indebidamente de los fondos y recursos de las fábricas. El número de funcionarios e integrantes del personal aumentó entre 35% y 40% comparado con el período previo a la independencia. Otra ronda de incremento del personal superior, del orden del 30% al 40%, tuvo lugar tras los violentos cambios políticos sucedidos en el país en 1975, cuando estallaron una serie de golpes y contragolpes. En ambos casos, los nombramientos se basaron en consideraciones políticas. En muchas ocasiones, las autoridades de las plantas procesadoras declararon cifras infladas de adquisición de yute y, para encubrir este engaño, prendían fuego al yute en los depósitos. Por consiguiente, la calidad de la producción se resintió y las fábricas comenzaron a perder dinero. Las pérdidas crecientes y la ineficacia de las empresas comenzaron a tener un impacto negativo en la economía. La operación ineficaz de las empresas estatales condujo a una pérdida masiva de recursos, que, según cálculos conservadores, ascendían al 4,9% del PBI anual desde 1991. Las instituciones financieras públicas también tuvieron un rendimiento mediocre, a raíz de pérdidas importantes y sin declarar, y déficit de capital. La ineficacia de los servicios de las empresas estatales de energía, telecomunicaciones, banca, trenes, puertos y otros servicios públicos aumentaron el costo de hacer negocios en otros sectores de la economía y minaron el bienestar de los consumidores.

Los resultados mixtos de un proceso de privatización no transparente

El gobierno, en lugar de procurar atender los problemas reales de las fábricas mejorando la administración, las relaciones laborales y la productividad, inició un proceso de privatización de las empresas estatales que incluyó a las procesadoras de yute, según recomendación del Banco Mundial. Sin embargo, la experiencia general de las privatizaciones no ha sido alentadora. Un estudio del Banco Mundial sobre el rendimiento de las unidades privatizadas durante los años 80 revela que cerraron casi el 50% de las empresas (245 de las 497 pequeñas empresas industriales, con exclusión de las grandes textiles de yute y algodón). Una base de activos agotada, fuertes deudas y la mala administración son responsables de esta situación deplorable. Las fábricas textiles de yute y algodón privatizadas también han tenido resultados mixtos en cuanto a inversión, productividad, rentabilidad y otras medidas de eficacia.[1]

Binayak Sen, al analizar una muestra de 205 unidades manufactureras, halló un 40% de cierres tras la privatización, mientras no se pudo encontrar rastros de 5% de las unidades. Pero el estudio observó dos áreas que mejoraron: de las 112 empresas que están funcionando actualmente, 40% diversificaron sus negocios con la incorporación de productos nuevos y el 60% tuvo ganancias, frente al 38% anterior a la privatización.[2]

Resulta difícil brindar juicios concluyentes sobre la magnitud real de la privatización, debido a la falta de estadísticas concretas. Un estudio del Banco Mundial en 1997 reveló que se privatizaron un total de 1.089 empresas en Bangladesh entre 1972 y 1996. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo[3] calculó que existían 1.083 empresas privatizadas, de las cuales 610 eran industriales.[4] Entre 1978 y 1986 se privatizaron 43 fábricas de yute. Cabe destacar que entre 1986 y 1991 no se privatizaron empresas estatales y que desde 1993 se privatizaron 26. El gobierno también recurrió al cierre de empresas para resolver problemas en el sector nacionalizado. El cierre de fábricas inviables se limitó a seis plantas de yute desde principios de los años 90, mientras se cerraron más fábricas textiles, siderúrgicas y de ingeniería en los últimos años. El ejemplo más destacado fue el cierre reciente de las Fábricas de Yute de Adamjee.

El proceso de privatización no fue transparente. No hubo licitación pública y la tasación de las fábricas de yute que se privatizaron no se realizó de manera transparente. Poco antes de la privatización, las empresas estatales rentables se convirtieron en entidades deficitarias, y las fábricas se vendieron a un precio bajísimo a través de una alianza non sancta entre los propietarios y las autoridades. Asimismo, la corrupción continuó en la administración de las fábricas incluso después de su privatización. Con frecuencia sucedía que el mismo propietario sobrevaloraba el precio del yute adquirido o de otras materias primas, así como de la maquinaria, y declaraba una pérdida en el balance general. Esto permitía al propietario no pagar los préstamos bancarios. Algunas de las fábricas devueltas a sus antiguos propietarios luego fueron vendidas a empresarios nuevos y sin experiencia. La privatización no sería la respuesta a los problemas de la problemática industria del yute.

La situación de las fábricas también se agravó por otros factores, tales como el exceso de mano de obra, la maquinaria anticuada y la caída de la demanda  en el mercado nacional e internacional. Esto ha llevado a déficits constantes y al cierre de algunas fábricas, generando pérdida de empleos y de producción.

Consecuencias sociales

La privatización ha tenido serias consecuencias sociales. Unos 89 mil trabajadores fueron despedidos entre 1995 y 1997. Estudios de la situación laboral basados en una encuesta de 205 empresas privatizadas[5] indican que la mano de obra de las firmas aún funcionando se redujo aproximadamente un 25%. Al tomar en consideración aquellas firmas privatizadas que cerraron, resulta que casi 40% de los trabajadores antes empleados por empresas estatales perdieron sus empleos. Asimismo, se ha dado la tendencia de sustituir a los trabajadores permanentes por trabajadores temporarios, disminuyendo la seguridad laboral de aquellos que permanecen.

Los trabajadores que perdieron sus empleos han tenido muchas dificultades para encontrar un empleo alternativo. Existen pocos puestos disponibles y los trabajadores reciben escasa capacitación para facilitar su reintegración laboral. Por consiguiente, algunos ingresaron al mercado informal de trabajo, desempeñando tareas como tiradores de coches de transporte de pasajeros (rickshaw) y trabajando como jornaleros.

Mientras las fábricas funcionaban, los trabajadores solían llevar vidas relativamente dignas. Desde que perdieron sus empleos, han enfrentado la adversidad. Muchos no han podido alimentar adecuadamente a sus hijos, menos aún enviarlos a la escuela o proporcionarles los servicios sanitarios que necesitan. Algunos trabajadores perdieron los bienes acumulados durante sus vidas de trabajo, y otros vendieron las tierras heredadas de sus padres. Además de perder sus bienes, los trabajadores despedidos padecen un creciente endeudamiento, ya que la mayoría vive con fondos prestados.

Como ya se mencionó, algunas de las fábricas privatizadas se vendieron nuevamente a propietarios nuevos. Ellos también administraron de manera ineficaz las fábricas y finalmente debieron cerrarlas. Los propietarios nuevos ni siquiera cumplieron los pagos de indemnización requeridos por la ley a los trabajadores cuando cerraron las fábricas.

Las mujeres no trabajan en las fábricas y, por lo tanto, el proceso de privatización no las afectó directamente. Pero como forman parte de familias que padecen dificultades económicas, las mujeres soportan una gran parte de la carga. Son las primeras en ser retiradas de las escuelas, por ejemplo, y con frecuencia deben sacrificar su parte de la comida para otros integrantes de la familia.

Recientemente, el gobierno intentó proteger los intereses de los trabajadores ofreciendo paquetes de indemnización a los trabajadores despedidos. Algunos de estos planes de indemnización son “despidos con compensación en metálico” y “planes de retiro voluntario”. Aunque los paquetes financieros parecen ser generosos, no pueden ser un buen sustituto para una fuente de trabajo vitalicia, en un momento en que los empleos son escasos. El gobierno también está preparándose para volver a capacitar a los trabajadores.

Conclusiones

Los vacíos en la administración y las ideologías socialistas motivaron la nacionalización de las empresas industriales y comerciales, incluyendo el sector de procesamiento del yute. El sector padeció una mala administración y corrupción desde el comienzo. En lugar de encarar los problemas reales del sector nacionalizado, el gobierno emprendió la privatización de las empresas estatales, entre ellas las fábricas de yute. El proceso de privatización en sí no fue transparente, y los propietarios privados resultaron ser tan ineficaces y corruptos como sus antecesores. A lo largo de todo el período, los políticamente poderosos pudieron apropiarse de los bienes de las fábricas y enriquecerse. Los trabajadores comunes y corrientes fueron quienes padecieron, y su sufrimiento se agravó con el cierre de las fábricas. El gobierno debe emprender programas de seguridad eficaces para salvaguardar los intereses laborales.

Referencias

Ahmed, Momtaz Uddin.Privatisation in Bangladesh: Minimising Negative Social Effects through Restructuring. Ginebra: OIT, 2002.

Banco Mundial,Bangladesh: Implementing Structural Reform, Dacca, 1993.

Notas: 

[1] R. Sobhan. “Disinvestment and Denationalisation Profiled Performance”, en The Bangladesh Journal of Political Economy, Vol. 6, No. 2, 1985.

[2] Binayak Sen. Wither Privatisation: Results of an Exploratory Survey of the Disinvested Industries in Bangladesh, copia, Dacca: BIDS, 1997.

[3] Organización Internacional del Trabajo, Retraining and Redeployment of Workers Affected by Privatisation in Bangladesh. Ginebra: OIT, 1999.

[4] Nota del Editor. Además de las fábricas de yute, una encuesta fechada en febrero de 1991, encargada por el gobierno del Presidente Shahabuddin, reveló que más del 50% de las unidades privatizadas no eran operativas. Un estudio del Banco Mundial también realizado en 1991-1996 concluyó que de 13 empresas privatizadas, cinco cerraron, una no era operativa y cuatro siguieron generando pérdidas tras su privatización. Esto ocurrió en el contexto de un plan de privatización del FMI y el Banco Mundial para Bangladesh, que incluía la venta de 42 empresas públicas y que se paralizó en 1991, pero continuó posteriormente con los resultados mencionados.

[5] Binayak Sen, op. cit.