Un modelo inseguro y corrupto
El modelo económico hondureño impulsa las inversiones transnacionales, el turismo y la concesión a extranjeros de los recursos naturales, generando fenómenos que amenazan seriamente la seguridad humana: pobreza, inequidad, criminalidad, violencia de género, discriminación. Un sistema político corrupto, aislado y cerrado al diálogo con la sociedad civil completa el escenario de la inseguridad.
Causas y efectos
La inversión externa en las industrias maquiladoras[1] y del turismo y las concesiones a extranjeros para explotar los recursos naturales caracterizan a una economía que apuesta a la globalización. Los efectos directos e indirectos de esta concepción neoliberal obstruyen la seguridad humana en todos sus aspectos.
Industria y violencia de género
El Banco Central da cuenta de 252 plantas maquiladoras - predominantemente textiles - que generan 105.000 puestos de trabajo, 60% de los cuales corresponden a mujeres.[2] La concentración urbana en torno a los parques industriales está generando problemas de inseguridad y violencia, sobre todo para las obreras.
El Valle de Sula, núcleo de estas industrias, con una alta composición femenina en su población, carece de servicios básicos, a lo cual deben sumarse los bajos salarios y desconocimiento de los derechos laborales. Las organizaciones de mujeres han denunciado violaciones de los derechos humanos de las trabajadoras, como la negación al derecho de organización, cierre de fábricas sin pago de despido, despidos por embarazos, exigencias de pruebas de embarazo antes de contratarlas, malas condiciones sanitarias, discriminación por edad.
El Foro de Mujeres por la Vida de San Pedro Sula ha denunciado que, según datos de la Dirección General de Investigación Criminal, entre enero y junio de 2003 se registraron 146 muertes violentas de mujeres, 71 con arma de fuego y puñal, 42 por accidente y 33 están en proceso de investigación. La cifra aumentó a 398 mujeres para diciembre de 2003. Según estos mismos datos, las características de la muerte de las víctimas son similares: tiros en la cabeza o el corazón, decapitaciones y señales de tortura, descuartizamiento de los cadáveres, en tanto que se señala que la mayoría de las mujeres fueron abusadas sexualmente antes de ser asesinadas. En la misma zona, según datos proporcionados por Medicina Forense, más de 60% de las víctimas de agresiones sexuales informadas de menores son niñas.
Los abusos de la industria turística
La industria del turismo en la costa caribeña avanza ocupando las tierras costeras y presionando a las comunidades negras para que vendan sus tierras. También ha aumentado la presión para ocupar áreas protegidas para desarrollo de grandes complejos turísticos.
La explotación sexual también se relaciona con el turismo. Al menos 30% de las niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual eran abusadas por turistas extranjeros.[3]
Educación
La situación económica ha sido la excusa dada por sucesivos gobiernos para no atender adecuadamente los niveles de enseñanza secundaria y universitaria. En la actualidad, poco más de 50% de la población estudiantil de secundaria es atendida en colegios privados, que tienen mayor número de maestros que los públicos. La calidad del sistema educativo en general, con énfasis en el público, se considera “baja”. La Encuesta Nacional de Epidemiología y Salud Familiar señala que 40% de niñas y niños entre 7 y 14 años de edad ha experimentado una de las tres barreras para el desarrollo normal dentro del sistema educativo: ingreso tardío, abandono del sistema y lento progreso de grado a grado.
Formalmente no hay obstáculos que impidan el acceso de las niñas a la educación (apenas 2% menos que los varones en educación primaria). Sin embargo, son las primeras en abandonar la escuela cuando la familia enfrenta problemas.
Salen personas, entran dólares
La pobreza y la falta de empleo impulsan la emigración y, como consecuencia, el tráfico y la trata de personas, afectando sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Se estima que 35.000 ciudadanos al año abandonan el país, preferentemente con destino a Estados Unidos. Para el Estado y para una amplia gama de operadores financieros privados, esa emigración es rentable. En 2003, los ingresos de divisas por concepto de remesas familiares, procedentes en su mayoría de Estados Unidos, sumaron unos USD 1.000 millones, aunque la cifra puede ser mayor, puesto que se calcula que 25% de los envíos se hacen por mecanismos no controlados por el Estado. Las remesas son ya la primera fuente de divisas, lo que consolida al país como exportador de mano de obra barata.[4]
El actual gobierno ha considerado un éxito de su política exterior haber logrado la extensión, por un año más, del Estatus de Protección Temporal, por el cual Estados Unidos autoriza un tratamiento migratorio excepcional a unos 75.000 indocumentados hondureños.
Reformas penales y asesinatos
En su campaña electoral, el actual Presidente Ricardo Maduro hizo énfasis en el tema de la seguridad ciudadana. Luego presionó al Poder Legislativo para que realizara reformas al Código Penal, específicamente al artículo 332, planteando castigos más severos para los pandilleros y otros ciudadanos “que se asocien permanentemente con el propósito de ejecutar acciones tendientes a agredir físicamente, dañar bienes, amenazar o distorsionar a personas, o cometer cualquier otro acto constitutivo de delito”. La pena es de 9 a 12 años de reclusión. Casi 800 jóvenes sospechosos de integrar pandillas (llamadas “maras”) han sido llevados a prisión desde que se aprobó la reforma a mediados de 2003. En algunos barrios es evidente la disminución de la acción de las maras. Esta reforma ha sido calificada como anticonstitucional por el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Colegio de Abogados y las organizacionesprotectoras de los derechos humanos. Sin embargo, Maduro ha insistido en mantenerla.
En el contexto de la violencia urbana, la Iglesia Católica y algunos organismos humanitarios privados y estatales han denunciado la existencia de “escuadrones de la muerte” (de los cuales participan policías), culpables de algunos asesinatos atribuidos a las pandillas en la ciudad de San Pedro Sula.[5]
En 2003, Carlos Arturo Reyes, un campesino de la provincia de Olancha defensor del bosque hondureño y opositor a un proyecto hidroenergético, fue asesinado, como lo fue también el periodista Germán Rivas, de Santa Rosa de Copán, enfrentado a los intereses de la empresa minera Minosa. El asesinato de Arístides Soto, periodista de Tegucigalpa, ocurrido el 6 de de octubre de 2001, aún sigue impune.
La inseguridad y el hacinamiento en las cárceles derivan en episodios de violencia, por ejemplo, el asesinato de 58 reclusos el 5 de abril de 2003, en la granja penal de El Porvenir, cercana a la ciudad de La Ceiba.
Desde la corrupción a la injusticia
No hay seguridad humana si las leyes no se cumplen. En 2002 el país figuraba en el puesto 71 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional; un año después llegaba al puesto 106 (entre 133 países incluidos).[6]
Ciertos grupos económicos vinculados con la clase política, responsables de la quiebra de varios bancos y financieras privadas por un monto superior a los USD 200 millones, se mantienen en la impunidad sin que la justicia haya actuado de manera eficiente. Los fondos, pertenecientes a pequeños ahorristas, en su mayoría personas de la tercera edad, han tenido que ser compensados con fondos públicos.
Otro ejemplo de corrupción ha sido la condonación de deudas aprobada por el Congreso Nacional de más de USD 250 millones a favor de algunos agricultores morosos, sobre todo cafetaleros, entre los cuales los principales beneficiarios han sido representantes de la clase política, y figura incluso el presidente del Congreso con uno de los montos más altos. Otro escándalo, que ocupó el primer lugar de atención de la prensa, involucra al actual presidente del Parlamento Centroamericano (y miembro del Partido Nacional) Mario Facusse, quien fue demandado por el Procurador de la República por la supuesta compra de terrenos estatales a precios subvaluados.
En 2003, algunos diputados miembros del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano han sido vinculados con el narcotráfico, pero la justicia no ha logrado esclarecer totalmente estos hechos y es probable que prevalezca la corrupción e impunidad. Según noticias recientes, uno de los enjuiciados por el delito de narcotráfico fue condenado a 15 años de reclusión. Esto no garantiza, sin embargo, que los todos los implicados - algunos de ellos vinculados a las esferas de poder - vayan a ser capturados.
El Poder Judicial también se encuentra envuelto en casos de corrupción. Blanca Valladares, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, renunció alegando actos de corrupción y toma de decisiones en interés de grupos de gobierno. El sistema también ha recibido críticas por el caso de las siete cartas de libertad autorizadas a favor del ex presidente Rafael Callejas, acusado de abuso de poder y corrupción.
Otro de los aspectos donde el funcionamiento inadecuado del aparato judicial genera inseguridad es la discriminación de género en el acceso a la justicia. Del total de casos de violencia y delincuencia denunciados a la Policía Preventiva, 60% corresponden a violencia doméstica, lo cual indica la gravedad del problema. En las dos ciudades más grandes del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, únicamente 10% de los casos que inician juicio legal llegan a sentencia, situación que perjudica particularmente a las mujeres más pobres. Uno de los problemas por los cuales las mujeres abandonan los procesos es el monto que deben pagar para que se realicen las citaciones a los agresores, aunque la ley establece la gratuidad de los procesos.
Sociedad civil: frente al monólogo
En 2003, el Poder Ejecutivo estuvo cercado por conflictos sociales y laborales muy fuertes, sobre todo con los gremios magisterial y médico, que se oponen a la eliminación de los estatutos de los gremios profesionales y obrero, y al congelamiento de salarios, medida exigida por el Fondo Monetario Internacional como parte de sus condiciones para la firma de la carta de intención.
En medio de una ruptura con diputados de su propio partido y con la Democracia Cristiana, el gobierno convocó en 2003 a un Diálogo Nacional que muchos sectores consideraron inoportuno o tardío, y que fue catalogado por gran parte de la sociedad civil como un “monólogo”. Una de las principales debilidades del diálogo fue el no contemplar soluciones de corto y mediano plazo a los problemas nacionales. Durante el proceso se retiraron varias organizaciones de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición.
De la misma forma que el Diálogo Nacional fue catalogado como un fracaso, otras instancias de participación creadas por el anterior y el actual gobierno han corrido la misma suerte. Tal es el caso del Consejo Consultivo para la Estrategia de Reducción de Pobreza y la Comisión Enlace entre Sociedad Civil y Congreso Nacional. A la fecha, no han cumplido con la función asignada, pues los representantes del gobierno en esas comisiones siempre son mayoría y dificultan el accionar de los sectores de la sociedad civil representada en dichas instancias. Se hace necesario que las organizaciones de la sociedad civil afinen mecanismos claros de monitoreo y auditoria social para el seguimiento de los espacios mencionados.
Notas:
[1] Las maquiladoras son plantas de una empresa extranjera o transnacional que se establecen en países donde la mano de obra es más barata para fabricar o ensamblar algunos componentes de un producto terminado.
[2] Banco Central de Honduras. “Actividad Maquiladora en Honduras 2002”. www.bch.hn/download/Maquila-2002.pdf
[3] Informaciones de la Dirección de Investigación Criminal.
[4] Datos del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo (FOSDEH).
[5] Palencia, Gustavo: “Terror y dudas generan decapitaciones”, en Raíces desde El Salvador. www.desdelsalvador.com.sv
[6] Transparencia International.www.transparency.org
