Estrategias excluyentes

Suyapa Martínez
María Elena Méndez
Ana María Ferrera
Centro de Estudios de la Mujer Honduras

La condonación de parte de la deuda externa ha oxigenado la economía y el Gobierno está comprometido a usar esos recursos para luchar contra la pobreza, que sigue afectando a más de la mitad de la población. Es necesario que la estrategia nacional para aliviarla pase del discurso a la práctica y aplique programas de la lucha contra la inequidad y la violencia de género.

Tras el huracán Mitch en 1998, el endeudamiento del país alcanzó altísimas proporciones, y en 1999 el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial declararon a Honduras elegible como beneficiario de la iniciativa de los Países Pobres Muy Endeudados. Entre 1990 y 2003 el país registró un incremento de la deuda externa de USD 1.973 millones, cerrando en 2003 con un saldo de USD 4.772 millones y en 2004 con un saldo de USD 5.213 millones. En 2005 el servicio de la deuda externa alcanzó USD 225 millones[1].

En marzo de 2006 el Club de París concretó la condonación de deuda por un monto oficial de USD 1.061 millones (FOSDEH, 2005). La medida oxigenó la economía, y el gobierno está comprometido a destinar los recursos condonados exclusivamente a la ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Éstos solo podrán cumplirse a través de medidas sociales y macroeconómicas responsables que incluyan reformas judiciales, una mayor lucha contra las distintas formas de la violencia, el fortalecimiento del combate a la corrupción, la consolidación de un crecimiento económico equitativo y de la competitividad, mejoras en la recaudación fiscal, la revitalización de la modernización del Estado y la implementación de mecanismos que aseguren la transparencia.

Pobreza persistente

Honduras es un país con un ingreso per capita de aproximadamente USD 1.000. Se estima que 64% de la población vive bajo la línea de pobreza y de esta proporción, 45% lo hace en pobreza extrema. En 1999, el 20% de la población del país con más altos ingresos recibió casi 49,8% del ingreso total y el 20% de menores ingresos, solo 4,7% (FOSDEH, 2005).

Al igual que en otros países centroamericanos, en Honduras se han mantenido sin mejoras las condiciones de pobreza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el porcentaje de pobres bajó de 80,5% en 1990 a 79,1% en 1997, es decir apenas un punto porcentual. Entre 2000 y 2004, la extrema pobreza pasó de 49% a 44,6%, mientras que el nivel general de pobreza se redujo a 64%, lo que significa únicamente dos puntos porcentuales durante el período. (FOSDEH, 2005). En esos años la ERP y los recursos que se le asignaron no han logrado reducirla de manera significativa.

Honduras se comprometió a cumplir con los ODM para 2015. No obstante, al ritmo que reflejan los indicadores de pobreza, esto no será posible. Si bien es cierto que hubo cambios en los indicadores de salud y educación y ha mejorado la cobertura de infraestructura eléctrica y saneamiento, aún prevalecen deficiencias en la calidad de la educación y la salud.

También hubo mejoras en la ampliación de la cobertura telefónica tras la política de privatización de servicios implementada por el Gobierno. Sin embargo, a mediano plazo estas privatizaciones podrían tener un impacto negativo en la población, cuya situación de pobreza podría verse agudizada por los efectos del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que entró en vigor en enero de 2006.

Inequidad de género

De los siete millones de habitantes que se estima tiene Honduras, 51% son mujeres. De ellas, al menos 7 de cada 10 son pobres. En el censo de 2003 se registraron 1.262.020 hogares, 25% de los cuales están a cargo de una mujer (FOSDEH, 2005).

Existe una diferencia entre el valor del Índice de Desarrollo Humano (0,667) y del Índice de Desarrollo relativo al Género (0,650) del PNUD que refleja la persistencia de importantes inequidades entre hombres y mujeres en el desarrollo de sus capacidades básicas. El Informe de Desarrollo Humano 2006 sobre Honduras refleja importantes desigualdades económicas y políticas entre los sexos. A pesar de contar con un marco legal que obliga a la inclusión de un mínimo de 30% de mujeres en los cargos de elección popular, de 298 alcaldías únicamente 23 son dirigidas por mujeres, lo que representa 7,7% de los cargos en el ámbito local. Si bien el promedio de escolaridad de las mujeres es de 5,7 años, superior al de los hombres, de 5,3 años, esto no se traduce en mejores ingresos para las mujeres, que obtienen aproximadamente 67,6% del salario promedio que reciben los hombres por igual trabajo (INDH, 2006).

Las mujeres continúan viviendo situaciones de violencia. Las denuncias de violencia doméstica en los juzgados nacionales ascendieron a 10.392 en 2004 y 11.850 en 2005. Solo 10% de éstas siguieron un proceso judicial culminante en una sentencia. A pesar del incremento del número de casos, el Estado sigue sin agilizar el acceso de las mujeres a juicios justos y aún no se crearon los juzgados especializados en violencia doméstica previstos por la ley.

El número anual de muertes violentas de mujeres va en aumento. En 2003 hubo 138 mujeres víctimas de femicidios, en 2004 168 y en 2005 171[2]. Los crímenes presentaron características alevosas y reflejan una gran crueldad ejercida sobre el cuerpo de las mujeres.

Por ahora la batalla del Colectivo de Mujeres Contra la Violencia para que el Estado impulse acciones para enfrentar y eliminar el alto porcentaje de los femicidios y la violencia contra las mujeres no ha logrado avances.

La estrategia hacia los ODM

Luego del paso del Huracán Mitch en octubre de 1998 y como parte de las exigencias de los organismos financieros internacionales, el Gobierno elaboró la ERP, documento programático que se propone reducir la pobreza en 24 puntos porcentuales durante los siguientes 15 años, así como disminuir las inequidades. El Fondo de la ERP se constituye con recursos provenientes de las condonaciones del servicio de la deuda externa que los cooperantes internacionales otorgan al país.

Para la implementación de la Estrategia se conformó el Consejo Consultivo de la ERP (CCERP), integrado por representantes del Gobierno y de la sociedad civil, con reciente participación femenina. Asimismo se conformó el espacio de las mesas sectoriales (MS), de integración tripartita, con miembros del Gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil.

Una de las críticas más importantes al funcionamiento de las MS es que han derrochado recursos en consultorías que tecnificaron este ámbito tripartito. Además, las propuestas presentadas por la sociedad civil en cada una de las MS no fueron tomadas en cuenta. También se criticó la politización de las Mesas y se propuso promover su vinculación con los ámbitos de ejecución de la ERP tanto a nivel local como nacional.

Las organizaciones de la sociedad civil han hecho denuncias constantes sobre la asignación de recursos a la ERP. En lugar de ir aumentando, estos fondos han disminuido de HNL 4.000 millones (USD 221 millones) anunciados por el anterior Gobierno para el CCERP a tan solo HNL 2.700 millones (USD 142 millones). La nueva administración del presidente Manuel Zelaya Rosales asignó a este fin únicamente USD 47 millones. De estos, por decisión del Congreso, USD 37 millones se canalizarán a través de las alcaldías.

Esta decisión del Poder Legislativo provocó una serie de reacciones de los representantes del CCERP y de la sociedad civil en general. Los pronunciamientos de los distintos sectores provocaron la renuncia masiva de las y los miembros del Consejo. Una movilización pública culminó en una negociación con el Gobierno para que se respetaran las decisiones tomadas por el CCERP en relación a la prioridad dada a los proyectos y los porcentajes en que se distribuirán los recursos.

Según los especialistas, el monto de inversión en la ERP no alcanza el ritmo anual necesario para reducir la pobreza del 64% en que se encuentra actualmente a 42% en 2015. Para ello, Honduras debería obtener porcentajes anuales de reducción de la pobreza de 1,5. Solo faltan nueve años para la fecha fijada y es poco previsible que en ese lapso de tiempo pueda conquistarse la meta planteada.

Del monto asignado a los proyectos de la ERP consensuados con la sociedad civil, menos de 2% será destinado a programas especiales para mujeres. Esto marca una incoherencia entre el discurso de la ERP – que dispone la transversalidad de planes que aborden la temática de género – y la escasez de recursos estipulados a combatir la pobreza de las mujeres.

Una gran parte de los fondos asignados a la ERP se han destinado de manera demagógica al cumplimiento de compromisos de campaña electoral, como por ejemplo la matrícula gratis por un año, una medida que no resuelve el problema de la calidad de la educación, o la incorporación de 2.000 nuevos miembros al cuerpo de policía para hacer frente a la inseguridad ciudadana, mientras que no se aborda el problema estructural e integral de la violencia y en especial la violencia de género.

Un presupuesto cuestionable

El presupuesto nacional debería de ser uno de los medios para lograr cumplir con los ODM y por ende reducir la pobreza a la mitad en 2015. Sin embargo, en la región y en particular en Honduras los presupuestos planteados poco hacen por cambiar una situación económica y social en que los sectores ricos acumulan más riqueza y los pobres continúan siendo pobres.

A partir de 2000, la política tributaria ha sido regresiva, pues el Estado obtiene más impuestos de los segmentos de menores ingresos que de los segmentos más ricos de la población. Esto revela claramente cómo son los más desposeídos quienes sostienen una ERP cuyos resultados no son los esperados. Con la aprobación del tratado de libre comercio Honduras dejará de percibir más de HNL 1.200 millones (USD 63,25 millones) anuales en materia de impuestos y sufrirá lesiones a los intereses nacionales, por ejemplo teniendo que sacar del mercado medicamentos genéricos.
 
En el presupuesto nacional, los sectores de educación y salud absorben 42% de los recursos (FOSDEH, s.f.). No obstante, estos recursos no se traducen en inversiones que impliquen una mejora de los servicios, en una mejor calidad de la educación que se brinda ni en una mayor cobertura de salud. En 2005 y comienzos de 2006 se hizo evidente el desabastecimiento de medicinas en los servicios de salud, al grado que hubo que hacer compras de emergencia para satisfacer la demanda.

Los ODM 5 y 6 contemplan disminuir la mortalidad materna en tres cuartas partes y combatir el VIH/SIDA. Sin embargo, “los niveles de desnutrición de la población indígena y garífuna del país son de particular mención, con niveles de desnutrición en menores de catorce años estimados en 95% y una tasa de mortalidad materna de las más altas de América Latina: 147 por cada cien mil nacimientos vivos” (Coiproden, 2005). Asimismo, “entre 1985, año en que aparecieron los primeros casos de SIDA, y noviembre de 2005, el país registra un total de 22,366 casos de personas infectadas con VIH, de las cuales 41,8% son mujeres. Estos datos demuestran el aumento de casos de VIH/SIDA entre las mujeres” (Ministerio de Salud Pública, 2005).

Las instituciones del Estado que atienden a los grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad son las que reciben menos presupuesto. El porcentaje asignado al conjunto de instituciones con fines sociales[3] suma 2,1% del total del presupuesto nacional, mientras el Instituto Nacional de la Mujer recibe 0,03% del total.

Una de las deficiencias del sistema presupuestario es la falta de referencias establecidas en planes operativos generales, sectoriales e institucionales en base a una evaluación de impactos de los diferentes programas. Asimismo, el Gobierno habla de la transversalización de la perspectiva de género en el presupuesto nacional, pero la administración del presidente Ricardo Maduro (2002-2006) eliminó la unidad de género creada en la Secretaría de Finanzas, cuya finalidad era acompañar con indicadores los procesos de elaboración y ejecución de presupuestos.

Cuestiones clave

El gobierno de Maduro se caracterizó por cumplir con las exigencias de los organismos financieros internacionales en materia fiscal y las demandas de los tratados de libre comercio y por favorecer los intereses de los empresarios más poderosos del país. Esto se reflejó en el aumento de los precios de la gasolina, lo que generó una reacción de la ciudadanía en general y en particular del gremio de los taxistas, que paralizaron Tegucigalpa interceptando los principales accesos a la ciudad. La crisis energética con que Maduro cerró su gestión ha sido heredada por el gobierno del Partido Liberal, que llegó al poder con la promesa de bajar el precio de los combustibles y de seguir las recomendaciones de la Comisión de Notables designada para aportar soluciones a la crisis.

Otra fuente de tensiones en el país son las concesiones mineras. Más de 31% del territorio nacional ha sido concesionado a compañías extranjeras dedicadas a la minería metálica y no metálica. La medida produjo una reacción de los movimientos sociales, en particular de los grupos defensores del medio ambiente. Es el caso del ex candidato a la presidencia por el Partido de Unificación Democrática Juan Almendares Bonilla, quien durante los dos últimos años ha mantenido una posición interpelante ante los gobiernos por la forma en que entregan el país sin tener en cuenta el deterioro ambiental y la calidad de vida de las y los hondureños.

Algunas líderes del movimiento de mujeres sostienen que la no incorporación de mujeres con una visión política de sus derechos a los diferentes espacios de poder es uno de los grandes obstáculos para la distribución equitativa de los recursos destinados a combatir la pobreza. La conformación de los espacios de representación de gobierno, sociedad civil y cooperación internacional se caracteriza por una mayoría de varones.

El modelo neoliberal imperante es excluyente, patriarcal y sostiene una doble moral pues mantiene un discurso ideológico favorable a la democracia, la justicia social y la equidad, pero toma decisiones políticas que conducen a la exclusión y a la discriminación de las mayorías, incluidas las mujeres.

 

Referencias

FOSDEH (2005). Balance Honduras 2005. Disponible en: <www.fosdeh.net/publicaciones.php?f=45>

FOSDEH (s.f.). Análisis del Proceso Presupuestario en Honduras.

Ministerio de Salud Pública (2005). “Estadio Clínico de la Infección VIH”.

PNUD (2006). Informe sobre Desarrollo Humano Honduras 2006. Disponible en: <www.undp.un.hn/INDH2006/descargas/inicio.pdf>.

Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) (2005). Informe de la Situación Actual de la Niñez Hondureña en el marco del Seguimiento a las Recomendaciones del Comité de la Naciones Unidas Por los Derechos del Niño. Tegucigalpa.

[1] Datos del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH) <www.fosdeh.net> y de la Secretaria de Finanzas <www.sefin.gob.hn>.

[2] Datos de la Dirección General de Investigación Criminal.

[3] Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de la Mujer, Programa de Asignación Familiar e Instituto Nacional de Juventud.