Disminuye la protección a los derechos humanos

Oumar Ndiaye
Association pour le Développement Economique Social Environnemental du Nord (ADESEN)

En los últimos años se han debilitado los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. En tanto los derechos sociales, económicos y culturales distan de su implementación, los derechos y libertades democráticos fueron violados sobre todo en vísperas de las elecciones. La legislación nacional no está a la altura de los compromisos contraídos por el país, y tampoco lo está la Constitución nacional en varios temas, entre ellos los relativos a discriminación de género y salud reproductiva. Ante el deterioro de la calidad de vida de los senegaleses, la sociedad civil se ha venido manifestando de diversas formas

A pesar de haber implementado el Documento de Estrategia de Lucha contra la Pobreza (DELP) en 2003-2005, y de la adopción y puesta en marcha del DELP II que se está ejecutando para el período 2006-2010 a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el acceso de la población a los servicios básicos no ha mejorado.

La pobreza afecta a más de 60% de los hogares y 29,6% de la población no tiene acceso a agua potable (el porcentaje es aún mayor en la zona rural). Sólo 58% de los hogares está conectado a un sistema de saneamiento adecuado (en áreas rurales, apenas 17%) [1] . La capital, Dakar, no tiene suficiente capacidad para tratar las aguas servidas: 19.000 m3/día, para una necesidad de 20.000 m3/día.

El acceso a la educación no es mejor: en 2006, la tasa bruta de matriculación era de 9,1% en el nivel preescolar, 81,8% en la escuela primaria y 49,1% en la educación media [2] . Miles de niños, sobre todo niñas, siguen sin acceder a la escuela y muchos/as la abandonan sin haber adquirido un nivel mínimo de conocimientos. Las tasas de retención son 11% y 13% para educación primaria y secundaria, respectivamente [3] .

El acceso y la calidad de los servicios de salud y seguridad social siguen siendo escasos, a pesar de los esfuerzos del Estado y las autoridades comunitarias para mejorar la salud de los adultos mayores (el “Plan Sésame” de atención de salud gratuita para los mayores de 60 años, que aún no se ha implementado), así como la salud materna y neonatal. La malaria sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, además de las epidemias anuales de enfermedades diarreicas.

Son malos también los indicadores de nutrición. Se estima que la falta de vitamina A afecta a 61% de los niños y niñas menores de seis años; 17% de los niños y niñas menores de 5 años padece insuficiencia ponderal y 84% de ellos tiene anemia – lo mismo sucede con 61% de las mujeres. Además, la insuficiencia de yodo entre las mujeres es endémica en el sudeste del país, donde afecta a 34% de ellas, y alcanza a 51% en algunas áreas.

Las políticas de ajuste estructural, incluyendo la privatización de la mayoría de los servicios básicos (agua, energía, transporte) han fracasado en sus intentos de relanzar la economía. En realidad, estas políticas llevaron a una desindustrialización del país que tuvo consecuencias sociales desastrosas: una tasa de desempleo muy alta, la supresión de miles de empleos y un éxodo masivo hacia los centros urbanos. El país volvió a tener un crecimiento económico de 6% pero éste no ha servido para mejorar las condiciones de vida de la población, ni para reducir sustancialmente la pobreza.

En los últimos años se han debilitado los mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos. En 2000, el Presidente de la República estableció una oficina de derechos humanos e introdujo reformas que dieron lugar a la creación de un alto Comisariado de Derechos Humanos, sumergido hoy en un profundo letargo. En cuanto al Comité Senegalés de Derechos Humanos, creado en 1970, funcionó en forma irregular entre 1993 y 2000, pero actualmente no cuenta con personal y está incapacitado para reaccionar ante las violaciones a los derechos humanos.

Entre las violaciones que originan campañas de la sociedad civil se cuentan:

  • Prohibición de las protestas populares. Aunque el derecho a manifestar está reconocido en el artículo 8 de la Constitución, la prohibición se volvió la norma y la autorización la excepción.
  • Criminalización de la libre expresión. La División de Investigaciones Criminales se ha convertido en una policía política que llama a declarar a los líderes políticos y a miembros de la sociedad civil por el simple hecho de expresar sus opiniones, además de mandar presos a periodistas sin proceso judicial.
  • Impunidad. Los responsables de delitos políticos, malversación de fondos o tortura no son llevados a la justicia. El último caso fue el del joven Dominique Lopy, torturado hasta la muerte en la Comisaría de Kolda; los responsables quedaron impunes.
  • Violaciones a los derechos de mujeres y niños. Estos hechos han alcanzado proporciones inquietantes con el recrudecimiento de los casos de abuso y acoso sexual, violaciones, asesinatos, matrimonios forzados, mutilación genital y pedofilia.

Senegal ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo adicional, y aprobó una ley relativa a la violencia contra las mujeres y reformó el Código Penal con nuevas disposiciones que reprimen la violencia doméstica, el acoso sexual y las mutilaciones genitales femeninas. Desde entonces, el Gobierno ha expresado su voluntad política de reforzar la protección de los derechos de la mujer, pero la realidad es que no ha habido verdadero progreso en la materia. El marco legislativo sigue sin estar a la altura de los compromisos y, por ejemplo, el código de familia contiene medidas discriminatorias contra las mujeres. Lo mismo sucede con los derechos de salud reproductiva, que no están reconocidos.

La Constitución de 2001 reafirma los principios de igualdad y equidad de género, pero se está demorando la promulgación de una ley relativa a la igualdad de acceso de hombres y mujeres a los mandatos y funciones electorales. En materia electoral, aún no se han tomado medidas para aplicar la paridad. El obstáculo para la aplicación de ese tipo de leyes y convenciones se constituye de factores socioculturales, económicos y políticos.

Se incorporaron disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) en la Constitución de 2001 y en diversas leyes. Se han hecho cambios para adaptar la legislación nacional a las disposiciones de la CDN y las convenciones No. 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo, con la adopción de leyes que prohíben el matrimonio precoz, la mendicidad y otras formas de explotación y trato inhumano de los niños. Pero muchas leyes tardan en ser aplicadas: hoy se estima que hay 800.000 niños y niñas en la calle o mendigos, a pesar de la existencia de una ley que prohíbe la mendicidad. Son varios los factores que dificultan la aplicación de la CDN (la pobreza de los hogares, la pervivencia de ciertas costumbres y prácticas) e impiden que los niños – y sobre todo las niñas ­– ejerzan plenamente sus derechos.

La economía

Para conseguir un alivio de la deuda externa, el Gobierno aceptó instituir una serie de reformas estructurales inscriptas en el Marco Estratégico de Lucha contra la Pobreza antes de fines de 2001.

Como se señaló más arriba, el DELP se convirtió en el marco para los programas económicos y sociales que se suponía debían promover el desarrollo y reducir la pobreza. Este marco es una nueva versión de planes previos de ajuste estructural impuestos por las instituciones financieras internacionales. Las reformas han incluido la eliminación de tarifas de algunas importaciones, y también de las cargas de otras, según lo requerido por acuerdos internacionales (arancel exterior común a la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico). Para la mayoría de los senegaleses, estas medidas han implicado un severo deterioro de su calidad de vida. El Estado, por otra parte, no ha aliviado su sufrimiento.

Los obstáculos políticos a la promoción de los derechos humanos incluyen la mínima separación de los poderes, con gran preeminencia del ejecutivo sobre los otros; la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos, sumada a una multiplicación de organismos que escapan a las normas de contabilidad pública, en detrimento de los ministerios técnicos y de la administración en general; el no ejercicio, de parte del Parlamento, de sus prerrogativas en materia de control y seguimiento de la ejecución del presupuesto; las enormes dificultades que enfrentan las instituciones de control (Inspección General del Estado, Tribunal de Cuentas) para llevar a cabo su misión, debido a la tutela presidencial y la falta de medios; la ausencia de mecanismos de participación de la sociedad en la formulación y puesta en marcha de las políticas y programas gubernamentales.

Para realizar sus pagos de deuda, que actualmente absorben la cuarta parte de los ingresos del Estado (7% del PBI), el Gobierno ha recortado otras secciones del presupuesto. Los gastos en educación han sido reducidos a 3,7% y los de salud apenas a 2,6%. El Gobierno ha congelado las contrataciones de personal calificado en ambos sectores.

Campañas de sociedad civil

La sociedad civil ha reaccionado contra el deterioro en la calidad de vida, realizando varias campañas contra la privatización de los servicios públicos (agua, salud, electricidad), el encarecimiento continuo del costo de vida, las violaciones contra los derechos y las libertades, la impunidad y la manipulación de las instituciones de la República, la violencia contra mujeres y niños y niñas, y los Acuerdos de Asociación Económica con la Unión Europea. Grupos de activistas han presentado una variedad de propuestas de reformas, como la racionalización del funcionamiento del Estado, la reducción de los pagos de la deuda externa para financiar los servicios sociales, mejorar la transparencia en la gestión de los fondos públicos, la inversión en el sector agrícola para explotar las potencialidades con vistas a adquirir seguridad y soberanía alimentaria y la construcción de una economía competitiva antes de abrirse al libre intercambio comercial.


 


[1] PNUD. Informe de Avance sobre los ODM 2006.

[2] El número de alumnos en la educación no formal (escuelas comunitarias, alfabetización funcional, daara o escuelas coránicas, etc.) no se toman en consideración para el cálculo de la tasa de matriculación.

[3] Según el sexto informe económico y financiero del Programa Decenal de Educación y Entrenamiento, realizado por el Consorcio para la Investigación Económica y Social, publicado en junio de 2007.